09
febrero 2009 - DF, México — México,
vulnerable ante la contaminación transgénica
de cultivos; el gobierno federal debe fincar
responsabilidades a las empresas de biotecnología
que contaminaron el campo mexicano
El campo mexicano se encuentra
en una grave situación de vulnerabilidad
frente a la amenaza de contaminación
con transgénicos en cultivos de granos
básicos para el comercio y la alimentación
de México, advirtieron el agricultor
canadiense Percy Schmeiser (ver cuadro) productor
de canola en Canadá, Juan López
de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace
España, y por parte de Greenpeace México,
Patricia Arendar, directora ejecutiva y Aleira
Lara, coordinadora de la campaña de
agricultura sustentable y transgénicos.
A dos semanas de que se
realice en México una reunión
del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad,
del cual México es país signatario
y que abordará los temas de responsabilidad
y compensación, la organización
ambientalista convocó a un foro denominado
“Las voces campesinas frente a los transgénicos”,
en el que se compartirán las experiencias
de México, Canadá y España
frente a la contaminación transgénica
en estos países. En este foro tendrán
oportunidad de expresarse diversos actores
que han alertado sobre los daños para
la agricultura por el uso de transgénicos.
“Yo nunca compré
su semilla, nunca fui a ninguna reunión
con ellos, nunca me reuní con ninguno
de sus representantes, porque yo tenía
mi propio método. Y no me interesa
su semilla genéticamente modificada
por ciertas características que tiene.
Yo soy lo que se conoce en Canadá como
un desarrollador de semilla, un cuidador de
semilla, porque yo guardo y siembro mi propia
semilla año con año y la he
ido mejorando con el tiempo. Monsanto me ha
destruido 50 años de trabajo”, denunció
Percy Schmeiser, productor canadiense, y el
primero que demandó a Monsanto por
contaminar sus cultivos con transgénicos.
España es uno de
los países que autorizó la siembra
de granos transgénicos en su territorio.
En 2007 comenzaron a reportarse impactos negativos
en sus cultivos y en el medio ambiente, evidencias
claras de la imposible coexistencia. Los productores
convencionales y orgánicos afectados
por la contaminación transgénica
en sus campos no tienen la capacidad para
exigir la reparación de los daños
causados a sus tierras.
“En España contamos
con lamentables experiencias de contaminación
las cuales se han integrado en el reporte
La imposible coexistencia documentado por
las organizaciones Assemblea Pagesa de Catalunya,
Plataforma Transgènics Fora y Greenpeace,
en el cual se muestra la situación
de los cultivos transgénicos en España,
la presencia de variedades ilegales y de campos
experimentales no autorizados, así
como la ausencia de registros públicos
con la situación de estos campos contaminados
en 2007 por el maíz transgénico
de la transnacional Monsanto MON810”, declaró
Juan López de Uralde, director Ejecutivo
de Greenpeace España.
“En México a pesar
de ser ilegal la siembra de maíz transgénico,
el gobierno mexicano ha permitido el ingreso
de semillas de maíz contaminadas con
las variedades transgénicas: NK603,
MON810 y MON863, todas propiedad de la transnacional
Monsanto. Como lo demuestran los resultados
de las pruebas que fueron tomadas de una empresa
semillera del Valle de Cuauhtémoc,
Chihuahua, quien distribuye esta semilla como
el híbrido 7525. Nuestros productores
están siendo engañados y nuestras
autoridades facilitan el ingreso de estas
semillas al no implementar un sistema de inspección
y vigilancia en la frontera”, denunció
Aleira Lara, coordinadora de la campaña
de agricultura sustentable y transgénicos
de Greenpeace México.
“Esta situación no
sólo vulnera al medio ambiente y la
biodiversidad que existe en torno a los cultivos
de maíz convencional, sino también
a los productores, ya que en el caso de sufrir
contaminación transgénica de
cultivos aledaños no existen recursos
legales que los protejan. Las empresas transnacionales
no asumen su responsabilidad y peor aún,
nuestras autoridades no la exigen”, acusó
Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace
México.
“Exigimos al gobierno mexicano
la aplicación de medidas efectivas
de bioseguridad, de vigilancia y monitoreo
en la frontera; que reconozca que México
es centro de origen y diversidad genética
del maíz y que actúe en consecuencia
prohibiendo la liberación de maíz
transgénico en nuestro país.
La experiencia de muchos productores canadienses
y españoles demuestra lo erróneo
que es permitir la comercialización
de transgénicos. La siembra de maíz
transgénico únicamente traerá
ganancias a las grandes corporaciones, condenará
a los productores a depender completamente
de su monopolio y al país entero a
la pérdida de soberanía alimentaria”,
concluyó Arendar.
Monsanto contra Percy Schmeiser
En 1998, Monsanto, una de las empresas biotecnológicas
más poderosas del mundo, acusó
al agricultor Percy Schmeiser, de usar su
semilla de canola genéticamente modificada
sin pagarle las regalías correspondientes.
Un vecino de Schmeiser había
sembrado canola transgénica de Monsanto
y detectives genéticos de la empresa
se metieron en sus campos sin autorización
y tomaron muestras que comprobaban que la
variedad Monsanto crecía en su terreno.
Así, el brazo legal
de Monsanto, que ha demandado a cientos de
campesinos norteamericanos, lo acusó
de haber adquirido ilegalmente esa semilla
y amenazó con demandarlo legalmente
si no le pagaba 15 mil dólares de inmediato,
además de firmar un acuerdo donde él
y su esposa se comprometían a nunca
decir nada a nadie sobre su caso por el resto
de sus vidas. A Schmeiser le parecieron intimidatorias
e injustas las condiciones de la empresa y
se negó a firmar el acuerdo. Así
empezó la demanda legal de una empresa
transnacional en contra de un agricultor desconocido,
que se ha convertido en un emblema del movimiento
por la libertad de las semillas y por los
derechos de los campesinos de todo el mundo.
+ Más
Greenpeace pide proteger
la energía solar fotovoltaica ante
cualquier irregularidad
El mismo rigor para evitar
fraudes que el Gobierno quiere aplicar a la
fotovoltaica debería aplicarse a las
energías sucias - 10 febrero 2009 -
Madrid, España — Greenpeace apoya la
propuesta de decreto del Ministerio de Industria
para expulsar del régimen de ayudas
a la energía solar fotovoltaica a aquellas
instalaciones que no cumplan los requisitos
legales, y exige el mismo rigor para impedir
que se pueda hacer negocio con energías
sucias, como la nuclear, violando las normas
a costa de la salud pública.
Greenpeace se opone a cualquier
actuación fraudulenta, por lo que está
de acuerdo con la propuesta del Ministerio
de dejar sin derecho a prima a cualquier instalación
que no cumpla la normativa, pero rechaza cualquier
intento de criminalizar la energía
solar fotovoltaica, cuyos beneficios ambientales
y sociales están ampliamente contrastados,
y que por tanto sigue siendo merecedora del
régimen de apoyo que le permita avanzar
por su curva de aprendizaje.
Para la organización
ecologista, el Gobierno no puede eludir su
responsabilidad por haber aprobado una mala
regulación, al fijar una fecha (el
pasado 29 de septiembre) para una bajada brusca
de las primas. Esto fomentó una alocada
carrera para conectar las instalaciones fotovoltaicas
antes de esa fecha. Ahora se quiere inspeccionar
lo que no se vigiló en el momento de
la instalación.
“Cabe preguntarse cómo
es posible que si una instalación ha
obtenido el acta de puesta en marcha, no tenga
instalados en ese momento todos los equipos
necesarios para realizar la actividad que
se le autoriza. ¿Para qué sirve
y qué certifica entonces el acta de
puesta en marcha? ¿Quién es
responsable de que se conceda la puesta en
marcha sin que se reúnan todas las
condiciones para operar reglamentariamente?”,
ha declarado José Luis García
Ortega, responsable de la campaña de
Cambio Climático y Energía de
Greenpeace.
Greenpeace propone que el
procedimiento de verificación se base
en la presencia de inspectores que actúen
en nombre de la Administración pública
como condición necesaria para poner
en marcha una instalación y poder acogerse
al régimen especial.
La exigencia de demostrar
que se está actuando legalmente como
condición necesaria para cobrar debería
hacerse extensiva a todas las tecnologías
de generación, más aún
para aquellas que pueden dañar al medio
ambiente o la salud. El daño causado
por las instalaciones fotovoltaicas irregulares
es, como mucho, únicamente económico.
Sin embargo, tecnologías que sí
pueden causar daños, además
de económicos, al medio ambiente y
la salud, no son objeto del mismo celo inspector.
Así, sorprende ver cómo ante
sucesos tan graves como la liberación
de radiactividad de la central nuclear de
Ascó, el Ministerio de Industria no
ha exigido al Consejo de Seguridad Nuclear
una evaluación de la cantidad total
de radiactividad liberada, y se ha limitado
a aceptar propuestas de sanciones mínimas
por parte del CSN.
“Del mismo modo que el Ministerio
propone sacar del régimen especial,
a efectos económicos, a las instalaciones
fotovoltaicas que no acrediten el cumplimiento
de la norma, el Ministerio debería
sancionar a las operadoras de centrales nucleares
que incumplan las normas con la retirada del
permiso de explotación, especialmente
si han estado operando a sabiendas del incumplimiento,
y más aún si se han producido
hechos tan graves como la liberación
de partículas radiactivas”, ha declarado
José Luis García Ortega.
Todo lo acaecido con la
energía solar fotovoltaica en España,
en especial durante el último año,
debería ser motivo de reflexión
en varios aspectos:
a) La fotovoltaica es la
tecnología que más rápido
puede instalarse y ponerse en servicio. El
mercado está preparado para reaccionar
extraordinariamente rápido si se dan
los incentivos apropiados.
b) La regulación
a través de incentivos al kilovatio-hora
generado, mediante primas o tarifas, realmente
funciona y consigue que se realicen las inversiones,
que se instalen las plantas y que generen
tanta electricidad como sean capaces.
c) La remuneración
no debería cambiarse de modo abrupto,
sino evolucionar suavemente. Las primas se
pueden y se deben reducir con el tiempo, para
seguir, e incluso anticipar, el avance de
la tecnología fotovoltaica por su curva
de aprendizaje. Pero con un cambio progresivo
(por ejemplo una reducción de pequeñas
cantidades de céntimos/kWh cada mes)
probablemente no se darían situaciones
de crecimientos y decrecimientos explosivos
como los vividos en España.
d) Se debería establecer
un objetivo mucho mayor para la energía
solar fotovoltaica, acorde con las capacidades
de la tecnología y del mercado, ya
que la fotovoltaica realmente alcanza los
objetivos que se le piden. Esto debería
reflejarse adecuadamente en el próximo
Plan de Energías Renovables 2020.
