La
Ciudad de Buenos Aires enterró más
basura en el conurbano durante 2008
17 febrero 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace advirtió
que la basura enviada por la Ciudad de Buenos
Aires al conurbano bonaerense aumentó
durante 2008. Las 1.884.460 toneladas de residuos
enterradas durante el pasado año, constituyen
un 14, 5 por ciento más que las enviadas
a rellenos durante 2007. La cifra representa
un alarmante récord para la Ciudad,
un pico en el porcentaje de crecimiento no
registrado en los últimos 14 años.
La organización ambientalista criticó
la falta de una política de gestión
de residuos y exigió una vez más,
que los contratos con las empresas recolectoras
respeten la Ley 1.854 de “Basura Cero”.
Greenpeace advirtió
hoy que el Gobierno porteño aumentó,
durante el pasado año, la cantidad
de residuos enviada a entierro en rellenos
del conurbano, alcanzando un lamentable récord.
Durante 2008 la Ciudad de Buenos Aires envió
1.884.460 toneladas de residuos, un 14,53
por ciento más que las enviadas durante
2007 (1.645.368 toneladas). Los ambientalistas
pusieron énfasis en que el incremento
de las toneladas enterradas durante el año
pasado representan una marca nefasta: unas
239 mil toneladas más que el año
anterior, una cifra récord en el porcentaje
de crecimiento sólo igualada en 1994.
Desde la organización ambientalista
señalaron que el pico de crecimiento
record del 2008 debe ser una señal
de alerta para el Gobierno de Macri.
Alarmada por las cifras,
la organización ambientalista denunció
una vez más la falta de implementación
de la Ley de “Basura Cero” por parte del Gobierno
porteño y lo señaló como
uno de los principales responsables de la
contaminación del conurbano bonaerense.
Asimismo Greenpeace alertó que la falta
de implementación de la Ley 1.854 hará
que esta línea de crecimiento de la
basura enviada a entierro tienda a aumentar
año tras año, agravando el impacto
ambiental y sanitario en la población.
“Como lo señalamos
durante todo el 2008, el Gobierno de Mauricio
Macri esconde la basura debajo de la alfombra
y no se hace cargo de las consecuencias ambientales
y sanitarias. A la alarmante situación
de los residuos en la Ciudad, el Gobierno
responde con la muy promocionada campaña
“Jugá Limpio”, carente de sentido y
contenido, que solo sirve para publicidad
de Gobierno. Como vemos hoy la situación
es peor que hace un año: la Ciudad
no solo entierra cada vez más basura
sino que además está sucia.
Pero lo más preocupante es que, a pesar
de estos resultados escandalosos, el Gobierno
se niega a cumplir con la Ley de “Basura Cero”,
sostuvo María Eugenia Testa, Coordinadora
de la Unidad Política de Greenpeace
y agregó, “a este paso en un año
la Ciudad estará enterrando más
de 2 millones de toneladas de basura en el
conurbano”.
La Ley 1.854, aprobada por
unanimidad por la Legislatura porteña
en 2005, establece objetivos de reducción
en la generación y enterramiento de
basura y las medidas y herramientas para lograrlo.
En septiembre de 2008 y frente al vencimiento
de los actuales contratos de las empresas
recolectoras, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires envió a la Legislatura
el pliego para el diseño de los nuevos
contratos. El pliego enviado y defendido por
el Ejecutivo porteño, atenta abiertamente
contra la Ley 1.854 y va en contra de cualquier
intento de reducción de residuos destinados
a entierro en rellenos. A pesar de las críticas
de diferentes organizaciones ambientalistas
y sectores de la sociedad civil, y en una
clara violación a la normativa vigente,
el Gobierno de la Ciudad se niega a cumplir
la Ley, mientras se agravan los impactos ambientales
y sanitarios en las poblaciones del conurbano.
“Macri debería rever
la gestión de residuos de la Ciudad;
en lugar de disminuir la basura que va a entierro
como obliga la Ley vigente, la aumenta considerablemente”,
señaló Testa. “Viendo estas
cifras y el proyecto oficial para los nuevos
contratos con las empresas recolectoras, en
los cuales se niega toda posibilidad de recuperación
y reciclado y al mismo tiempo se les paga
por tonelada de basura enterrada, vemos que
el gobierno está muy lejos de cumplir
con los objetivos de la Ley 1.854, y muy cerca
de garantizar buenos negocios para las empresas”
agregó.
El proyecto oficial del
pliego para la elaboración de los nuevos
contratos con las empresas recolectoras se
encuentra actualmente en la Legislatura porteña,
junto a otros cuatro proyectos alternativos,
que están en consonancia con lo establecido
por la Ley 1.854, presentados por ONG y legisladores
de la oposición.
“Esperamos que la Legislatura
porteña apruebe en los próximos
meses un proyecto acorde a la Ley votada por
ese mismo poder legislativo en 2005. También
esperamos que en el promocionado encuentro
de Mauricio Macri con el alcalde de San Francisco,
Gavin Newson, en Davos semanas atrás,
el Jefe de Gobierno porteño haya aprendido
algo de la formidable experiencia de “Basura
Cero” en esa ciudad”, dijo Testa, “el Gobierno
porteño no puede seguir haciendo cargo
de su pasivo ambiental a los vecinos de la
provincia, sobre todo teniendo a mano la normativa
necesaria para llevar adelante una adecuada
gestión de residuos en su jurisdicción”,
concluyó.
+ Más
Greenpeace reclama al gobernador
Urtubey que detenga la fiebre de desmontes
en Salta
Tras la audiencia pública en la Corte
Suprema, por los desmontes autorizados en
200718 febrero 2009
Buenos Aires, Argentina
— Greenpeace consideró que en la audiencia
pública convocada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación el gobierno
de Salta no pudo justificar por qué
se quintuplicaron los permisos de desmontes
antes de la sanción de la Ley de Bosques,
ni por qué motivo no fueron suspendidos
luego. La organización reclamó
al gobernador Urtubey que pare con la fiebre
de desmontes en la provincia.
En la audiencia pública
convocada por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, el gobierno de Salta
no pudo justificar por qué se autorizaron,
en pleno tratamiento legislativo de la Ley
de Bosques, el desmonte de más de 435.000
hectáreas de bosques nativos. Tampoco
pudo justificar por qué no decidió
suspender su ejecución para que no
se destruyan los bosques mientras realizan
el ordenamiento territorial que la ley nacional
les exige.
La audiencia pública
se realizó este miércoles luego
de que, en diciembre pasado la Corte resolviera
hacer lugar a la medida cautelar solicitada
por dieciocho comunidades indígenas
de Salta y ordenara al Gobierno de la provincia
el cese provisional de los desmontes y la
tala de bosques nativos autorizados durante
el último trimestre de 2007 en los
departamentos de Orán, San Martín,
Rivadavia y Santa Victoria.
En su demanda ante la Corte,
las comunidades destacaron que entre 2004
y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente
de Salta avaló 191 de los 195 pedidos
de desmonte, por un total de 807.509 hectáreas
de bosque, y que estos desmontes están
afectando seriamente su supervivencia. (1)
El 17 de diciembre último,
la legislatura salteña aprobó
una ley de ordenamiento territorial seriamente
cuestionada por las comunidades indígenas,
y organizaciones campesinas y ambientalistas.
Esta norma establece un plazo de 60 días
para que el poder ejecutivo provincial elabore
el mapa de las zonas de “alto valor de conservación
que no podrán transformarse”. (2)
“Teniendo en cuenta que
la deforestación es una de las principales
causas del desastre en Tartagal y que los
desmontes están afectando seriamente
a las comunidades indígenas que los
habitan, esperamos que el gobernador Urtubey
pare con la fiebre de los desmontes y presente
un Ordenamiento Territorial que contemple
las evaluaciones y las opiniones de las organizaciones
ambientalistas y de las comunidades que habitan
los bosques”, señaló Hernán
Giardini, coordinador de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
“Continuar con este ritmo
de destrucción de los recursos forestales
producirá un desastre ambiental y social
que afectará seriamente la biodiversidad,
el clima, la regulación hídrica,
a cientos de comunidades campesinas e indígenas
que dependen de los bosques para su subsistencia,
y a los habitantes de la provincia en general”,
afirmó Giardini.
Notas:
(1) Salta es una de las
provincias con mayores niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, entre 1998
y 2002 la superficie deforestada en la provincia
fue de 194.389 hectáreas, mientras
que entre 2002 y 2006 se duplicó la
superficie desmontada, alcanzando las 414.934
hectáreas.
(2) La ley aprobada por
los legisladores salteños no tomó
en cuenta la propuesta de zonificación
que realizó el Poder Ejecutivo provincial,
mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos, luego de realizar
durante el año pasado talleres y reuniones
consultivas con actores locales de las diferentes
regiones de la provincia. La misma establece
cerca de 2 millones de hectáreas para
la Categoría I - Rojo (áreas
protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento),
aproximadamente 6.200.000 hectáreas
para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento
sustentable, no permite desmonte), y alrededor
de 1.300.000 hectáreas para la Categoría
III - Verde (permite desmontes).
