17
febrero 2009 - Buenos Aires, Argentina — Representantes
de dieciocho comunidades indígenas
salteñas viajaron hasta la ciudad de
Buenos Aires y se manifestaron este martes
en Plaza de Mayo, en vísperas de la
audiencia pública convocada para mañana
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en la que reclamarán que se paren los
desmontes en sus territorios.
En diciembre pasado, la
Corte resolvió hacer lugar a la medida
cautelar solicitada por las comunidades indígenas
de Salta y ordenó al Gobierno de la
provincia el cese provisional de los desmontes
y la tala de bosques nativos autorizados durante
el último trimestre de 2007 en los
departamentos de Orán, San Martín,
Rivadavia y Santa Victoria. Además,
requirió al estado provincial un informe
con los datos de todas las personas físicas
y jurídicas que solicitaron y obtuvieron
esas autorizaciones.
“Convocamos a toda la sociedad
a involucrarse en el debate, porque estamos
hablando de los desmontes de hoy, pero también
del futuro de las próximas generaciones”,
señalaron los representantes de las
comunidades. “Frenar todos los desmontes y
la tala indiscriminada de madera para poder
discutir a fondo un modelo de desarrollo que
les permita a todos vivir dignamente, respetar
las identidades culturales, los modos de producción,
las formas de vivir en armonía con
el medio ambiente, es el debate de fondo”,
expresaron.
En su demanda ante la Corte,
destacaron que entre 2004 y 2007, la Secretaría
de Medio Ambiente de Salta avaló 191
de los 195 pedidos de desmonte, por un total
de 807.509 hectáreas de bosque, y que
estos desmontes están afectando seriamente
su supervivencia.
En 2007, mientras Greenpeace
junto a más de treinta organizaciones
de todo el país reclamaban la sanción
de la Ley de Bosques, con el apoyo de casi
un millón y medio de firmas, el gobierno
de Salta quintuplicó el promedio de
autorizaciones de desmontes y posibilitó
la deforestación de más de 400.000
hectáreas, evadiendo la moratoria que
dicta la norma. (1)
“Lamentablemente, los salteños
estamos viviendo una nueva tragedia en la
ciudad de Tartagal donde sin duda alguna,
parte del problema fue desmontar la cuenca
alta del río con las consecuencias
que ya vivimos en el 2006 y que estamos viviendo
en la actualidad”, afirmaron los representantes
de las comunidades.
El 17 de diciembre último,
la legislatura salteña aprobó
una ley de ordenamiento territorial seriamente
cuestionada por las comunidades indígenas,
y organizaciones campesinas y ambientalistas
(2). Esta norma establece un plazo de 60 días
para que el poder ejecutivo provincial elabore
el mapa de las zonas de “alto valor de conservación
que no podrán transformarse”.
“Esperamos que el Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos de la provincia
de Salta que presente el gobernador Urtubey
contemple las evaluaciones y las opiniones
de las organizaciones ambientalistas y de
las comunidades que habitan los bosques, ya
que continuar con este ritmo de destrucción
de los recursos forestales producirá
un desastre ambiental y social que afectará
seriamente la biodiversidad, el clima, la
regulación hídrica, a cientos
de comunidades campesinas e indígenas
que dependen de los bosques para su subsistencia,
y a los habitantes de la provincia en general”,
afirmó Hernán Giardini,
Notas:
(1)Salta es una de las provincias
con mayores niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación entre 2002
y 2006 se desmontaron 414.934 hectáreas,
un 113,45% más que entre 1998 y 2002.
(2) La ley aprobada por
los legisladores salteños no tomó
en cuenta la propuesta de zonificación
que realizó el Poder Ejecutivo provincial,
mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos, luego de realizar
durante el año pasado talleres y reuniones
consultivas con actores locales de las diferentes
regiones de la provincia. La misma establece
cerca de 2 millones de hectáreas para
la Categoría I - Rojo (áreas
protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento),
aproximadamente 6.200.000 hectáreas
para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento
sustentable, no permite desmonte), y alrededor
de 1.300.000 hectáreas para la Categoría
III - Verde (permite desmontes).
+ Más
Celebrada la primera vista
previa contra Junichi y Toru
Esta primera sesión
es preparatoria para el juicio al que se enfrentan
los activistas de Greenpeace por denunciar
el contrabando de carne de ballena dentro
del programa de “caza científica” -
16 febrero 2009 - Japón — Junichi y
Toru se enfrentan a una pena de más
de diez años de cárcel si resultan
culpables por haber denunciado públicamente
el mayor escándalo de corrupción
en torno al programa de caza de ballenas,
subvencionado por el Gobierno japonés.
Los activistas de Greenpeace
destaparon una red de contrabando de carne
de ballena procedente del programa de “caza
científica” y con su denuncia pretendían
llamar la atención sobre el mal uso
de los impuestos japoneses y promover una
investigación independiente sobre este
programa que sirve de excusa a Japón
para seguir matando ballenas en la Antártida
(1).
La vista previa –cerrada
al público y los medios de comunicación–
fue seguida por los abogados de los activistas,
incomprensiblemente acusados de robo y asalto
a la propiedad.
“Los dos activistas no tuvieron
intención alguna de adquirir ilegalmente
nada, que es uno de los elementos del delito
de “robo” según lo define la ley japonesa”
ha declarado el abogado defensor, Yuichi Kaido.
Kaido ha añadido
además, que “desde la perspectiva de
la legislación internacional, los actos
de Junichi y Toru fueron un ejercicio del
derecho de la libertad de expresión,
que está garantizada por el Convenio
Internacional de los Derechos Políticos
y Civiles. Los tribunales internacionales
han remarcado que el respeto a la libertad
de expresión es esencial en una democracia”.
La segunda vista previa
al juicio (2) para los dos activistas tendrá
lugar el 23 de marzo, mientras que la fecha
del comienzo del juicio público no
ha sido todavía fijada.
— Greenpeace
1. En abril de 2008, siguiendo las informaciones
de un informador que había trabajado
en el programa de caza de ballenas, Sato y
Suzuki descubrieron firmes evidencias de la
presencia de carne de ballena que era enviada
de forma secreta desde el barco ballenero
en cajas de cartón a las casas de tripulantes
de la flota ballenera para ser vendida posteriormente
de forma fraudulenta en el mercado negro.
Sato entregó una caja con esta carne
en la oficina de la Fiscalía de Tokio
en mayo de 2008 junto a un informe con todos
los datos de la trama de corrupción.
Sin embargo, esta trama dejó de ser
investigada el 20 de junio de 2008, el mismo
día que ambos activistas fueron arrestados
y retenidos durante 26 días antes de
ser acusados de robo y asalto a la propiedad.
2. Las vistas previas al juicio forman parte
de un procedimiento adoptado por Japón
previo a la introducción de los juicios
con jurado, que intenta acortar la duración
de los procesos judiciales.
+ Más
450 investigadores y representantes
de la sociedad civil firman contra los transgénicos
Vandana Shiva, premio Nobel
alternativo, pide al Gobierno español
que abandone su apoyo a los Organismos Modificados
Genéticamente (OMG)18 febrero 2009
Madrid, España —
“Los transgénicos no son la solución
al hambre. El futuro de la alimentación
no pasa por el control de las multinacionales,
que actúan como dictadores de lo que
comemos y cultivamos, sino porque las semillas
permanezcan en manos de los pueblos”, así
de contundente se ha mostrado la premio Nobel
alternativo Vandana Shiva durante su visita
a Madrid.
Shiva ha participado, junto
con Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas
en Acción y Greenpeace, en la presentación
de una nueva lista de adhesiones a la Declaración
de la Sociedad Civil contra el uso de transgénicos
en la agricultura y la alimentación1
Este documento cuenta con
el apoyo de una gran representación
de la sociedad. Desde que hace un año
se presentase la anterior edición,
la oposición social ha ido en aumento.
Ya son más de 450 investigadores, docentes
universitarios, organizaciones profesionales
agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores,
de productores de agricultura ecológica,
ONG de desarrollo y entidades privadas las
que se han sumado a este manifiesto.
A través de este
documento, se denuncian los graves peligros
de los transgénicos para la biodiversidad
y para la salud. El creciente rechazo social
evidencia que los transgénicos son
una cuestión que afecta al conjunto
de la sociedad. Si bien el mundo tecno-científico
es una parte importante del debate, es el
conjunto de la sociedad quien debe tomar las
decisiones que afectan a la agricultura, la
alimentación, las aplicaciones de los
transgénicos y el derecho a producir
y consumir en libertad.
“Este documento debe servir
para que el Gobierno de España, que
dice tener políticas progresistas y
a favor de la sociedad, tome nota de la abrumadora
oposición social a los transgénicos
y modifique sus políticas que solamente
benefician a las corporaciones agro-biotecnológicas”,
ha declarado Vandana Shiva, escritora y científica,
premio Nobel alternativo por su labor en defensa
del medio ambiente y los derechos de las mujeres
en la India. “El Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino debe reconsiderar su
apuesta transgénica y orientar la agricultura
española hacia soluciones realmente
progresistas y modernas, ambiental y socialmente
sostenibles, como la agricultura ecológica”
ha añadido.
Mientras los mayores productores de maíz
de la UE han prohibido el cultivo de transgénicos,
basándose en numerosos estudios científicos
sobre sus impactos ambientales y sanitarios,
España sigue siendo el principal productor
de maíz transgénico de la UE.
En 2008 se cultivaron en España 80.000
hectáreas en una condiciones de absoluta
falta de transparencia e incumpliendo de muchas
de las normas comunitarias y nacionales. Además,
el Gobierno de España se encuentra
en el pequeño grupo de países
que está ayudando a la Comisión
Europea a obligar a los estados miembros a
levantar sus prohibiciones y a cultivar transgénicos.
