19
febrero 2009 - DF, México — Calderón
y Gómez Mont, incongruentes al permitir
la construcción de un desarrollo turístico
que viola la ley ambiental: ONG
Por permitir violaciones
a la ley ambiental y avalar la construcción
del Centro Integralmente Planeado (CIP) en
el Estado de Sinaloa, las organizaciones Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace
presentaron una denuncia ante la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
en contra del desarrollo avalado por el presidente
Felipe Calderón y Miguel Ángel
Gómez Mont, director de Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur).
Las organizaciones señalaron
que Calderón y Gómez Mont infringieron
la Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente (LGEEPA),
al permitir que se inauguren las obras de
este desarrollo sin contar con una Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA) como lo demanda
la legislación vigente (1). El nuevo
centro, que se pretende construir sobre una
duna costera en el poblado de Teacapán,
municipio de Escuinapa, también carece
de un plan de desarrollo, levantamiento batimétrico,
estudios geohidrológicos y de hidrodinámica
y de dictamen de seguridad jurídica
inmobiliaria del predio (2).
Este martes, al inaugurar
el CIP, el presidente Calderón afirmó:
“y que sea este Centro Integral un polo de
atracción también por su respeto
al medio ambiente” (5). También, el
29 de septiembre de 2008, cuando se anunció
este CIP en el marco de la Expo Mexicana de
Inversión Inmobiliaria y Turística
(EMIIT), Gómez Mont dijo que: “en todos
los proyectos que emprenda o avale FONATUR,
actuará bajo estricto respeto al medio
ambiente” (6). Tanto Presidencia como Fonatur
usan discursos mediáticos para comprometerse
con el medio ambiente, pero en los hechos
demuestran poco interés y la facilidad
con la que actúan para promover delitos
ambientales y la impunidad.
“Es muy claro que la política
del sector turismo está permitiendo
la construcción de desarrollos inmobiliarios
ilegales sin respeto al medio ambiente. Es
lamentable que Jesús Alberto Aguilar
Padilla, gobernador de Sinaloa y Rodolfo Elizondo,
secretario de Turismo, den su respado a este
tipo de proyectos sin medir las consecuencias
negativas que tendrán para esa región
del país (4)”, dijo Alejandro Olivera,
coordinador de la campaña de océanos
y costas de Greenpeace México.
“Solicitamos que se remueva
la maquinaria de trabajo, las plantillas de
trabajadores y, a su vez, se garantice la
legal protección de la clausura de
obras hasta que Fonatur legalmente esté
facultada a realizar obras o actividades,
conforme a la LGEEPA”, dijo Pablo Uribe, del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental sede
Noroeste.
CIP en Sinaloa, más
grande y menos planeado
El CIP en Escuinapa, Sinaloa será del
doble de tamaño que el de Cancún
(5), ya que contará con una superficie
de 2,381 hectáreas, tendrá una
capacidad de 44,200 cuartos y estará
orientado hacia los segmentos de: salud, náutico-deportivo,
naturaleza, sol y playa, cultural-educativo,
así como turismo residencial.
La inversión pública
para este proyecto será de 4,986 millones
de pesos, además de mil 212 millones
de pesos provenientes del Fondo Nacional de
Infraestructura, pero hasta la fecha carece
de instrumentos de planeación y trámites
ambientales.
Para el año 2025
este nuevo centro recibirá a casi 3
millones de turistas (7), sin embargo nada
de esto está sustentado ambiental,
legal y técnicamente.
Pero la fecha, Sinaloa carece
de un ordenamiento ecológico costero
y el municipio de Escuinapa no está
listo para recibir este desarrollo ya que
actualmente en la región hay una gran
escasez de vivienda, y sigue aumentando la
migración a ese municipio. Sólo
hay un inspector de obra y el Plan Municipal
de Escuinapa 2008-2010 no cuenta con líneas
estratégicas de preservación
de medio ambiente, pero sí con mecanismos
para hacer cambios de uso de suelo (8).
Cemda y Greenpeace exigieron
a los gobiernos federal y al de Sinaloa respetar
la legislación ambiental vigente; y
a la Profepa la clausura inmediata de las
obras de este desarrollo ilegal antes de que
se produzcan daños irreversibles a
los ecosistemas costeros de la región.
— Greenpeace México
Notas:
1. Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente. Artículo
28, fracciones IX y X.
2. Solicitud de información a través
de INFOMEX. No de Folio. 0002100040908
3. Calderón: impunidad ambiental al
tope. Boletín 09016. http://www.greenpeace.org/mexico/prensa/releases/calder-n-impunidad-ambiental
4. Diversas intervenciones en la Presentación
del Proyecto Centro Integralmente Planeado
Costa-Pacífico. Sala de Prensa del
Gobierno Federal. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=42327
5. El Presidente Calderón en la Presentación
del Proyecto Centro Integralmente Planeado
Costa-Pacífico. Sala de Prensa del
Gobierno Federal. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=42326
6. Diversas intervenciones en la Inauguración
de la Expo Mexicana de Inversión Inmobiliaria
y Turística 2008. Sala de Prensa del
Gobierno Federal. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=38998
7. BOLETIN No. 03 / 2009. Fonatur designa
delegado para su nuevo centro turístico
en Sinaloa http://www.fonatur.gob.mx/es/comun_prensa/comunicados_prensa.asp
8. Plan Municipal de Escuinapa 2008-2010 http://www.escuinapa.gob.mx/planmunicipal.pdf
+ Más
Ocho meses sin justicia
para activistas de Greenpeace Japón
20 febrero 2009 - DF, México
— Activistas de Greenpeace México protestan
frente a la embajada de Japón para
exigir un juicio justo a Junichi Sato y Toru
Suzuki quienes enfrentan un juicio penal por
denunciar el tráfico de carne de ballena
con la complicidad del gobierno japonés
Con un mensaje gigante tridimensional
que formaba la palabra “justicia”, una veintena
de activistas de Greenpeace exigieron al gobierno
japonés que se retiren los cargos a
dos miembros de la organización que
enfrentan un proceso penal desde hace ocho
meses por denunciar públicamente el
mayor escándalo de corrupción
y tráfico ilegal de carne de ballena
con la complicidad de las autoridades niponas.
Han pasado ya 245 días
desde que arrestaron a los activistas japoneses
Junichi Sato y Toru Suzuki. Actualmente están
libres bajo fianza, con restricciones para
viajar y comunicarse, y se enfrentan a un
juicio en donde pudieran obtener una pena
de más de diez años de cárcel
si resultan culpables por haber denunciadoen
torno al programa de caza de ballenas, subvencionado
por el Gobierno japonés.
“Exigimos justicia para
Junichi Sato y Toru Suzuki. El gobierno japonés
debe retirar los cargos en contra de nuestros
compañeros activistas e investigar
la red de tráfico ilegal de carne de
ballena. Es claro que este juicio no está
más que motivado políticamente
en contra de Greenpeace para que Japón
pueda continuar con su supuesta caza científica
de ballenas. Por respeto al medio ambiente
y a los contribuyentes japoneses que sostienen
la caza de ballenas, liberen a nuestros activistas”,
dijo Alejandro Olivera, coordinador de la
campaña de océanos y costas
de Greenpeace México.
Cabe señalar que
protestas similares se han dado en el transcurso
de esta semana en Estados Unidos, India, Holanda,
Israel, Rusia, Grecia, Noruega, Turquía,
Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia, Italia
y Hong Kong (1). Más de un cuarto de
millón de personas han enviado una
carta al Primer Ministro Japonés, Taro
Aso pidiendo la liberación de Sato
y Suzuki, y otras 57 mil personas se han declarado
cómplices al firmar la petición
solicitando que las arresten si el oponerse
a la caza de ballenas es un crimen (2).
En México más
de mil 300 personas también la firmaron.
Además, otras organizaciones como Amnistía
Internacional (3) han denunciado las irregularidades
de este arresto y el juicio ante los medios
de comunicación.
Los activistas de Greenpeace
Japón destaparon una red de contrabando
de carne de ballena procedente del programa
de “caza científica” y con su denuncia
pretendían llamar la atención
sobre el mal uso de los impuestos japoneses
y promover una investigación independiente
sobre este programa que sirve de excusa a
Japón para seguir matando ballenas
en la Antártida (4).
La semana pasada se celebró
la primera audiencia, cerrada al público
y a los medios de comunicación, pero
fue seguida por los abogados de los activistas,
incomprensiblemente acusados de robo y asalto
a la propiedad.
“Desde la perspectiva de
la legislación internacional, los actos
de Sato y Suzuki fueron un ejercicio del derecho
de la libertad de expresión, que está
garantizada por el Convenio Internacional
de los Derechos Políticos y Civiles.
Los tribunales internacionales han remarcado
que el respeto a la libertad de expresión
es esencial en una democracia”, explicó
Yuichi Kaido, abogado defensor de Sato y Toru
Suzuki.
La segunda audiencia
del juicio para los dos activistas tendrá
lugar el 23 de marzo (5), mientras que para
el juicio público no ha sido fijada
una fecha todavía.
