Greenpeace
pide a la Unión Europea que se comprometa
a reducir la deforestación, una de
las principales causas del cambio climático
- 17 febrero 2009 - España — Una ley
respaldada hoy por el Comité de Medio
Ambiente del Parlamento Europeo refuerza,
de manera muy significativa, el borrador de
la Ley Europea de Madera. La norma obliga
al sector maderero a actuar de forma responsable
y establece un sistema efectivo de control
sobre su origen legal.
Además, los parlamentarios
europeos han destacado la necesidad urgente
de reducir el impacto social y ambiental que
sufren los bosques de todo el mundo.
“El Parlamento Europeo acaba
de mandar a la Comisión y a los ministros
de agricultura de la Unión Europea
una señal muy clara: son necesarias
mejoras sustanciales para transformar esta
ley en una herramienta efectiva y creíble
para luchar contra la ilegalidad de la destrucción
forestal”, ha afirmado Miguel Ángel
Soto, responsable de la campaña de
Bosques de Greenpeace..
Ahora, el plenario del Parlamento
Europeo tendrá que aprobar las recomendaciones
del Comité de Medio Ambiente para la
ley de madera de la Unión Europea (EU)
en la sesión plenaria que tendrá
lugar el 23 de abril. Greenpeace espera que
en dicha reunión los ministros de Agricultura
adopten una posición común antes
de que acabe la presidencia checa de la UE
en junio.
“Es un momento en que la
comunidad internacional está discutiendo
vías para reducir el impacto de la
deforestación en el cambio climático,
por lo que la UE debe liderar el trabajo para
adoptar reglas estrictas para los mercados
de productos forestales”, ha añadido
Soto.
La deforestación
y la degradación forestal son responsables
de la quinta parte de los gases de efecto
invernadero emitidos anualmente a la atmósfera,
así como causa de la extinción
a gran escala de la biodiversidad y la violación
de los derechos de las comunidades indígenas.
“España no debe ser
cómplice de la pérdida de biodiversidad
que suponen los OMG”, ha concluido Vandana
Shiva.
Greenpeace lamenta que Islandia
reasuma la caza comercial de ballenas a gran
escala
El nuevo ministro de Pesca
islandés no anula la cuota de caza
anual de 250 rorcuales aprobada con el anterior
Gobierno - 19 febrero 2009 - España
— Greenpeace ha mostrado su decepción
ante la decisión del nuevo ministro
de Pesca del Gobierno interino de Islandia
de no anular la absurda decisión adoptada
por el anterior equipo de retomar la caza
comercial de ballenas a gran escala en este
país.
En el último día
de su mandato al frente del Ministerio, Einar
Gudfinsson aprobó una cuota de caza
anual durante los próximos cinco años
de 100 rorcuales aliblancos y 150 rorcuales
comunes, especie clasificada como “en peligro”.
Sin embargo, el nuevo ministro, Steingrímur
Sigfusson, declaraba ayer que la cuota de
caza sólo está asegurada para
2009.
“Incluso si Sigfusson limita
las cuotas a tan sólo un año
y no cinco como figuraba en el plan original,
sigue siendo inaceptable” ha declarado María
José Caballero, coordinadora de campañas
de Greenpeace.
"La caza de ballenas
pertenece al pasado y no tiene ningún
sentido desde el punto de vista económico
en Islandia. No existe mercado para la carne
de ballena ni en Islandia, ni en Japón
ni en cualquier otro punto del planeta. En
lugar de considerar la caza de ballenas como
una solución a sus males económicos,
el Gobierno islandés debería
pensar en crear trabajo a partir de soluciones
que enfaticen en la naturaleza de Islandia,
como el turismo y el avistamiento de cetáceos”,
ha añadido Caballero
Greenpeace pide formar parte
del grupo de expertos para la restauración
de las balsas de fosfoyesos
La organización ecologista
exige el cese de los vertidos y la recolocación
de los trabajadores en labores de descontaminación
- 21 febrero 2009 - España — El anuncio
que Manuel Chaves hizo ayer relativo a la
creación de una comisión de
expertos para recuperar las balsas de fosfoyesos
de Huelva, donde vierte la empresa Fertiberia,
ha sido acogido por Greenpeace con satisfacción,
que considera que su presencia en ese grupo
de expertos es necesaria.
Esta medida, junto con el
cese inmediato de los vertidos a las marismas
del río Tinto, fue una de las demandas
planteadas al presidente autonómico
en la última reunión que la
organización ecologista mantuvo con
él.
Greenpeace siempre ha mantenido
que las tareas de descontaminación
de las balsas de fosfoyesos permitiría
la creación de nuevos empleos, lo que
posibilitaría la reubicación
de los trabajadores afectados por el cese
de la actividad de Fertiberia.
“Éste es un buen
comienzo, pero Fertiberia debe cumplir la
resolución de la Dirección General
de Costas y la reciente sentencia del Tribunal
Supremo; el Ministerio de Medio Ambiente y
la Junta seguirán siendo cómplices
de la catástrofe sanitaria y ambiental
hasta que no obliguen a la empresa parar los
vertidos”, ha declarado Julio Barea, responsable
de la campaña de Contaminación
de Greenpeace.
Huelva vive cercada por
120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos
tóxicos y radiactivos procedentes de
la fabricación de fertilizantes químicos.
Estudios científicos, como los de la
Universidad Pompeu Fabra o el Instituto de
Salud Carlos III y el Centro Nacional de Epidemiología,
marcan a Huelva como el punto de España
con mayor grado de mortalidad por cáncer
como consecuencia de la intensa actividad
industrial.
+ Más
Arman ciudadanos un México
de maíz
26 febrero 2009 - DF, México
— Velan casi 300 mexicanos por el maíz
para exigir al gobierno federal su protección;
denuncian la irresponsabilidad del gobierno
que ha permitido la contaminación transgénica
de la cuna del maíz
El respeto al maíz
mexicano es la paz
México, anfitrión
irresponsable
Documento: El origen y la
diversidad del maíz en español
e inglés.
Revisión al caso
de contaminación y siembra ilegal en
Chihuahua en español e inglés
Blog en vivo desde el Zócalo
Firma la petición:
¿Transgénicos?... ni maiz
Con 35 mil kilos de maíces nativos
blancos y amarillos y 250 metros cuadrados
de manta, cientos de personas de la sociedad
civil y de organizaciones campesinas y ambientalistas
elaboraron un mapa de México de 4,500
metros cuadrados para exigir al gobierno federal
la protección de esta gran riqueza
biológica y cultural frente a la contaminación
transgénica.
El mapa fue formado en una
cuarta parte de la plancha del Zócalo
capitalino, y a su lado lanzaron los mensajes
“Sin maíz no hay país” y “No
a los transgénicos”. Su elaboración
arrancó a las 19:30 horas y se prolongó
hasta las 9 de la mañana de este día.
“Este mapa muestra claramente
que todo México es tierra de maíz
y lo elaboramos para enfatizar que haremos
todo lo posible para proteger nuestro principal
grano de la voracidad de las transnacionales
agrobiotecnológicas y que le exigimos
al licenciado Felipe Calderón que reconozca
que TODO el territorio mexicano es centro
de origen y diversidad del maíz y actué
de inmediato para evitar que empresas como
Monsanto sigan contaminando nuestro campo
y poniendo en riesgo nuestra salud y soberanía
alimentaria”, señalaron los miembros
de las organizaciones agrupadas en Sin maíz
no hay país.
En el marco de la reunión
del Protocolo de Cartagena que se lleva a
cabo en la Ciudad de México del 23
al 27 de febrero, las organizaciones convocaron
a esta velada por el maíz, una ceremonia
que recuerda las tradiciones de nuestros antepasados,
quienes brindaron este extraordinario alimento
al mundo. Con esta velada las organizaciones
alertaron a los representantes de los países
miembros del Protocolo de Cartagena reunidos
en el Grupo de trabajo de Responsabilidad
y Compensación de Daños sobre
la peligrosa situación del maíz
en su centro de origen.
“En Chihuahua ya se confirmó
la contaminación transgénica
de los campos de maíz tanto por parte
de las comunidades campesinas como de prestigiados
científicos mexicanos. Más aún,
el propio gobierno mexicano lo ha reconocido.
Esto, sin embargo, no ha sido suficiente para
que las autoridades se decidan a proteger
nuestro maíz”, declaró Miguel
Colunga, de la organización Frente
Democrático Campesino de Chihuahua.
“A pesar de esto, no se
han tomado las medidas necesarias para determinar
la fuente de la contaminación y mucho
menos revertirla; es decir, el gobierno mexicano
no ha asumido su responsabilidad. Por el contrario
ha buscado legalizar lo ilegal y justificar
el crimen que significa la contaminación
del centro de origen del cereal más
importante y codiciado hoy en el mundo”, ahondó
Colunga.
“Solicitamos a los países
miembros del Protocolo de Cartagena que analicen
la trascendencia de proteger los centros de
origen y de diversidad genética, sabemos
que ante una crisis mundial de orden ambiental,
plagas o los cambios extremos del clima, la
biodiversidad y la protección de centros
de origen son las herramientas para mantener
la producción de alimentos para la
humanidad. Los cultivos transgénicos
no son una opción; al contrario, dejan
en estado de vulnerabilidad y dependencia
a las comunidades ante la posibilidad de contaminación
transgénica de sus semillas y cultivos
y a los consumidores del mundo frente a la
pérdida de diversidad genética”,
explicó Aleira Lara, coordinadora de
la campaña de agricultura sustentable
y transgénicos de Greenpeace México.
México es parte del
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnología. Sin embargo, la Ley
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM), publicada en 2005, no
cumplió con la responsabilidad de proteger
el carácter de centro de origen del
maíz, a pesar de que el Protocolo así
lo establece. Peor aún, la Ley pasó
por alto el mandato del Protocolo para establecer
medidas de bioseguridad respecto a los daños
causados por transgénicos a la diversidad
y los riesgos que éstos representan
para la salud humana.
“El gobierno mexicano ha
diluido notablemente los mecanismos de bioseguridad
en la LBOGM y en el Reglamento de la misma;
este último incluso violenta la Constitución
al establecer disposiciones que permiten liberar
transgénicos. El gobierno pretende
eliminar el Régimen de Protección
Especial del Maíz, ignorando con ello
la opinión de más de 500 mil
mexicanas y mexicanos que de diversas maneras
han expresado su rechazo a los transgénicos.
Asimismo no respeta los acuerdos emanados
de sus órganos de consulta”, denunció
Adelita San Vicente de la organización
Semillas de Vida.
Mientras esto sucede, representantes
del gobierno federal asistieron en los primeros
días del año a Singapur, invitados
por las grandes empresas productoras de transgénicos,
a escuchar una propuesta manipuladora en la
que las empresas se comprometerían
a destinar recursos para compensar los daños
a la diversidad biológica.
“En dicha propuesta, conocida
como Compact, las empresas establecen tramposamente
que serán ellas quienes determinen
su grado de responsabilidad y la manera en
que compensarán a los afectados. Esto
es inaceptable, pues los daños al ambiente
y a la biodiversidad no pueden quedar a discreción
de las transnacionales. Los gobiernos son
los encargados de la protección de
los recursos naturales, de la soberanía
alimentaria y de la sociedad. Por lo tanto,
deben evitar, con base en el principio precautorio,
cualquier riesgo planteado por una tecnología
que traerá ganancias únicamente
a las empresas y que plantea grandes riesgos
al medio ambiente, a la salud humana y la
producción local de alimentos”, agregó
San Vicente.
“Es urgente que México
como cuna del maíz se atenga al principio
de precaución y establezca formalmente
la prohibición a la siembra de maíz
genéticamente modificado por ser centro
de origen. Exigimos al gobierno mexicano que
en esta reunión actúe como le
corresponde, promoviendo activamente un régimen
de responsabilidad y compensación obligatorio,
que incluya medidas preventivas y de remediación
frente a las afectaciones de los transgénicos
al ambiente, la biodiversidad y la salud;
un fondo de indemnización que incluya
claramente los daños y perjuicios socioeconómicos
provocados a las comunidades y que, bajo el
principio de quien contamina paga, se finquen
responsabilidades a las empresas dueñas
de las patentes de los transgénicos”,
demandó Lara.
Las organizaciones concluyeron
exigiendo al gobierno federal que atienda
las demandas de la sociedad y declare a todo
el país como zona libre de transgénicos,
como lo hizo ya el gobierno de la Ciudad de
México. Necesitamos acciones decididas
como éstas para lograr la protección
de la gran riqueza con que cuenta nuestra
país y evitar la apropiación
de la misma por parte de las voraces empresas
trasnacionales.
