10
marzo 2009 - DF, México — A pesar de
que está demostrada la imposible coexistencia
de los cultivos transgénicos con los
tradicionales y orgánicos, las autoridades
federales le restaron peso al Régimen
de Protección Especial del Maíz
para darle paso a las siembras experimentales
sin contar con la determinación de
centros de origen y diversidad genética
para este grano
Calderón entrega
maíz a monopolios
México, anfitrión
irresponsable
De manera deliberada e incongruente,
las secretarías de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), y la de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), aseguran que al aprobarse las siembras
experimentales en México no se viola
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM), a pesar de que no se
seguirán los procedimientos estipulados
en esta legislación y tampoco los preceptos
del Protocolo de Cartagena, firmado por nuestro
país, denunció Greenpeace.
A pesar de que la LBOGM
estipula la necesidad de atender el principio
precautorio ante la posibilidad de cualquier
riesgo de contaminación de cultivos
tradicionales de maíz con transgénicos,
que implica el establecimiento de una moratoria
a la liberación de dicho grano, tanto
la Sagarpa como la Semarnat insisten en que
sólo con la autorización de
permisos para siembras experimentales se podrá
controlar en flujo de transgénicos
en el país.
“Resultan inexplicables
las posturas de los titulares de Semarnat,
Juan Rafael Elvira Quezada, y de Sagarpa,
Alberto Cárdenas Jiménez, quienes
plantean que con la autorización de
las siembras de maíz transgénico
se evitarán más casos de contaminación
en el país, ya que todas las solicitudes
para estas siembras estarán controladas,
cuando existen en México ocho casos
de contaminación de cultivos tradicionales
con variedades transgénicas (1), y
han sido incapaces de resolverlos”, denunció
Aleira Lara, coordinadora de la campaña
de agricultura sustentable y transgénicos
de Greenpeace.
A pesar de que está
demostrada la imposible coexistencia de los
cultivos transgénicos con los tradicionales
y orgánicos, las autoridades federales
le restaron peso al Régimen de Protección
Especial del Maíz para darle paso a
las siembras experimentales sin contar con
la determinación de centros de origen
y diversidad genética para este grano,
como lo señala claramente la LBOGM
(2). Ambas dependencias insisten en que este
instrumento, así como las políticas
públicas de protección, se construirán
en paralelo a la autorización de cada
solicitud de siembra, lo cual es ilegal y
pone en riesgo las variedades de este grano
existentes en todo el territorio mexicano.
Es decir, Sagarpa y Semarnat,
proponen ir a ciegas sin tomar en cuenta las
experiencias internacionales basadas en estudios
científicos independientes que dan
cuenta de los impactos negativos al medio
ambiente, la imposible coexistencia de cultivos
transgénicos y convencionales, al tiempo
que plantean fuertes riesgos a la salud humana.
El propio reglamento de
la LBOGM mandata en su artículo 16
fracción V (3) que se tomen en cuenta
experiencias de otros países para que
se anexe la información pertinente
respecto a efectos de la liberación
sobre el medio ambiente, y los estudios sobre
los posibles riesgos de esta tecnología.
Sin embargo, sólo retoman los casos
de países como Argentina, Brasil o
Estados Unidos donde se han implementado los
transgénicos debido a que ya no fue
posible aplicar medidas de remediación
y se rebasó la capacidad de los gobiernos
para contener la contaminación transgénica.
Los impactos negativos al
medio ambiente y la salud humana por la liberación
de transgénicos al medio ambiente han
sido documentados por científicos de
Francia, Grecia, Hungría y Austria,
países que impusieron una moratoria
a la liberación de las variedades diseñadas
por la empresa transnacional Monsanto.
“Es bien sabido que las
corporaciones como Monsanto, al encontrar
frenos a la liberación de sus variedades
transgénicas, comienzan a contaminar
los cultivos tradicionales. Esto ocurrió
ya en Argentina y Brasil con soya transgénica
y cuando los gobiernos de estos países
se dieron cuenta de su incapacidad para hacerle
frente a la contaminación procedieron
a legalizar lo ilegal. ¿Es ésta
la intención del presidente Felipe
Calderón? ¿Para eso se reunió
en Davos con Hugh Grant, presidente mundial
de Monsanto?”, cuestionó Lara.
Si Sagarpa y Semarnat niegan
que existan presiones de las transnacionales,
entonces, ¿por qué pretenden
autorizar las siembras experimentales sin
tener concluido un marco de bioseguridad que
incluya la implementación de un biomonitoreo
en todo el país, con el objetivo de
resguardar todas nuestras razas y variedades?
¿Por qué es necesario atender
ahora las solicitudes de estas empresas que
insisten en hacer siembras experimentales
en los tres estados con mayor producción
de maíz en México: Sinaloa,
Chihuahua y Tamaulipas?
Hoy la Sagarpa reconoció
que durante 2008 la producción de maíz
mexicano rompió récord con 24.8
millones de toneladas en todo el país,
y que esto se puede incrementar aún
más con la implementación de
proyectos y programas para reactivar la producción
de este importante grano.
Entonces, ¿por qué
tanta prisa del gobierno federal para transitar
de un modelo agroalimentario dependiente de
las importaciones de maíz procedentes
de Estados Unidos, a otro con base en la dependencia
de las grandes transnacionales que son dueñas
de las variedades transgénicas, restándole
importancia a la producción nacional
que se sigue incrementando año con
año?
Cabe destacar que, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
reconoció recientemente que es innecesario
sembrar maíz transgénico en
México para resolver los problemas
de producción en el campo mexicano,
ya que existen en el país variedades
híbridas que responden a las demandas
agronómicas del campo nacional y que
no ponen en riesgo el medio ambiente ni nuestras
variedades tradicionales de maíz (4).
Greenpeace exige a la Sagarpa
y a la Semarnat dar prioridad para contener
y remediar los casos de contaminación
transgénica de maíz mexicano,
antes de autorizar las siembras experimentales.
Si se autorizan estas siembras, México
perderá el centro de origen del maíz
y se afectará de manera irremediable
a las futuras generaciones al entregar el
maíz mexicano a empresas transnacionales.
Greenpeace México
Notas:
1. Casos de contaminación México:
http://www.greenpeace.org/mexico/press/reports/contaminaci-n-por-ogms-en-mexi
2. Artículo 2 y 86 de la Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados.
3. http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_leyes/Reglamento_LBOGM.pdf
4.- http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=sociedad&article=043n1soc
+ Más
Exhibe Greenpeace servilismo
de Cibiogem hacia Monsanto
12 marzo 2009 - DF, México
— Ocho activistas de Greenpeace pintaron el
logotipo de Monsanto en la fachada de la Cibiogem,
para inaugurar de forma simbólica la
oficina de esta empresa como parte del gobierno
federal
Greenpeace inauguró
las nuevas oficinas de la empresa de biotecnología
Monsanto, ubicadas en las instalaciones de
la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genéticamente Modificados
(Cibiogem), organismo del gobierno federal
que debería regular las políticas
de bioseguridad para el uso de los transgénicos
y que se ha puesto al servicio de esta empresa
de biotecnología para aprobar las siembras
experimentales de Organismos Genéticamente
Modificados (OGMs) en nuestro país.
Para exponer públicamente
la complicidad de esta comisión, ocho
activistas de la organización ambientalista
pintaron el logotipo de Monsanto en la fachada
de la Cibiogem, inaugurando de forma simbólica
la oficina de dicha empresa dentro del gobierno
federal.
El respaldo de la secretaría
ejecutiva de Cibiogem al proceso tramposo
y fraudulento de la modificación del
Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM),
en aras de eliminar el Régimen de Protección
Especial del Maíz, como lo propuso
la Sagarpa, pone en evidencia cómo
Cibiogem allanó la Ley, siguiendo el
camino de las secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
que están a favor de la siembra de
transgénicos en México.
“Con la modificación
al Reglamento de la LBOGM, el gobierno mexicano
pasó por alto tres mandatos de la Ley:
establecer un Régimen de Protección
Especial del Maíz, definir las bases
de las normas oficiales mexicanas en materia
de bioseguridad y establecer centros de origen
y diversidad genética para este grano.
Estos fueron, durante tres años, los
argumentos para rechazar la liberación
de maíz transgénico al medio
ambiente en nuestro país, y en lugar
de que las autoridades federales se ocuparan
de cumplir con estos mandatos, buscaron la
manera de evadirlos”, denunció Aleira
Lara, coordinadora de la campaña de
agricultura sustentable y transgénicos
de Greenpeace.
La modificación al
Reglamento viola el artículo 2, fracción
II, de la LBOGM (1), que ordena el establecimiento
de un régimen de protección
especial del maíz. Contra éste
mandato, la modificación del reglamento,
en su artículo 73 (2) reduce este régimen
a un apartado en el Sistema Nacional de Información
sobre Bioseguridad; viola la fracción
XII del mismo artículo que estipula
establecer las bases de las normas oficiales
mexicanas en materia de bioseguridad; así
como viola el artículo 86, que exige
establecer centros de origen y diversidad
genética.
“Es sumamente grave no establecer
claramente cuáles son los centros de
origen y diversidad genética del maíz.
Con el artículo quinto transitorio
del nuevo Reglamento, el gobierno federal
está minimizando nuestra característica
de centro de origen y deja en manos de Sagarpa
y Semarnat la decisión discrecional
de autorizar las siembras experimentales,
aún cuando no se hayan completado los
estudios que permitan determinar cuáles
son las zonas en que hay maíces tradicionales.
Tenemos 59 razas en riesgo y es indignante
el desinterés del gobierno federal
por las mismas”, agregó Lara.
Pese a que México
cuenta con múltiples experiencias de
contaminación transgénica en
cultivos de maíz convencional (3),
todas dadas a conocer por medios masivos de
comunicación, el secretario ejecutivo
de la Cibiogem, Ariel Álvarez, niega
tener conocimiento de ello.
“Es evidente la tendencia
de la Cibiogem a cumplir con los intereses
de la industria biotecnológica y no
con su compromiso con la bioseguridad de nuestro
país. Ahora los funcionarios ya no
tienen prisa por concluir con los mandatos
de la Ley, ya que han eliminado las pocas
garantías que contemplaba la Ley en
pro de verdaderas medidas de bioseguridad.
La decisión de autorizar las siembras
experimentales se dejó al arbitrio
discrecional de servidores públicos
que han mostrado carencia de ética
y un nulo compromiso con la protección
de nuestro maíz y por ende con la salud
de los consumidores”, agregó Lara.
Greenpeace responsabiliza
a Alberto Cárdenas, titular de Sagarpa,
a Juan Rafael Elvira Quezada, titular de Semarnat,
a Ariel Álvarez, secretario ejecutivo
de la Cibiogem y todos los funcionarios que
firmaron la modificación del Reglamento,
por todos los daños que ocasione la
siembra de maíz transgénico
en México, que es tradicionalmente
centro de origen del maíz, por la pérdida
de nuestras variedades de maíces nativos,
de la contaminación de nuestra cadena
alimentaria y de poner en manos de las empresas
transnacionales el monopolio de nuestro alimento
básico.
— Greenpeace México
Notas:
1. http://www.cibiogem.gob.mx/ley_bioseguridad.html
2. http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_Leyes/DEC_REF_REG_MAIZ_MAR09.pdf
3. Desde 2001 se han registrado en México
ocho casos de contaminación con maíz
transgénico, en estados como Oaxaca,
Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México
(delegaciones Magdalena Contreras y Milpa
Alta), Sinaloa, Veracruz y el más reciente,
en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua.
http://www.greenpeace.org/mexico/press/reports/contaminaci-n-por-ogms-en-mexi
