Los
activistas ocupan un edificio en Bruselas
para pedir fondos para combatir el cambio
climático - 10 marzo 2009 - Bruselas,
España — Trescientos activistas de
Greenpeace, procedentes de toda Europa, han
bloqueado esta mañana en Bruselas las
salidas del edificio donde se reúnen
los ministros de Economía. Están
discutiendo la financiación a los países
en desarrollo para combatir el cambio climático
(1).
Los activistas han sellado
el edificio y rechazan dejar salir a los políticos
reunidos hasta que se comprometan a salvar
el clima y a rescatar el planeta ante las
amenazas del cambio climático.
“Los ministros de Economía
de la UE están invirtiendo miles de
millones de los contribuyentes para salvar
a los bancos y a sus directivos. Estamos aquí
para asegurar que también se dé
apoyo económico para combatir la crisis
climática”, ha declarado Aida Vila,
responsable de la campaña de cambio
climático y energía de Greenpeace
España. “Si el planeta fuera un banco
ya lo habrían salvado”.
Para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y adaptarse
a los impactos del cambio climático
que ya son inevitables, los países
en desarrollo necesitan el apoyo de los estados
desarrollados para alcanzar, por lo menos,
la cifra de los 110.000 millones de euros
anuales para 2020 (2).
La contribución de
cada país al “plan de rescate del clima”
debe basarse en su capacidad económica
y en su responsabilidad histórica en
relación con el cambio climático.
En función de estos criterios, Europa
debería contribuir con aproximadamente
35.000 millones de euros anuales, el equivalente
a la cifra de 1,30 euros semanales por ciudadano
(3).
“Nuestros líderes
fallaron en su respuesta ante las señales
de alarma en relación con la crisis
financiera y ya estamos pagando el precio.
No podemos permitir que cometan el mismo error
ante la crisis climática. Es el momento
de hacer efectivas las inversiones necesarias
para que el cambio climático no siga
adelante porque lo que nos jugamos en este
caso es nada más y nada menos que la
Tierra” ha recordado Vila.
Para disponer de los fondos
públicos necesarios, Greenpeace apoya
un nuevo esquema que incorpore la variable
precio a las emisiones de gases de efecto
invernadero y obligue a los países
ricos a pagar por su huella de carbono (4).
Las decisiones que se tomen
hoy influirán directamente en la posición
de la Unión Europea (UE) en la Cumbre
del Clima de diciembre de 2009. Los jefes
de Estado europeos se reunirán el próximo
19 y 20 de marzo en Bruselas para decidir
cuánto dinero pondrá la UE para
que los países en desarrollo combatan
el cambio climático. Destacados científicos
reunidos esta semana en Copenhague están
advirtiendo de que las consecuencias se van
a precipitar si los políticos continúan
eternamente sin hacer frente al cambio climático
(5).
Notas:
[1] Los activistas proceden de 16 países
de la Unión Europea y de Turquía,
Israel,Suiza, Rusia y Libano. Las entrevistas
están disponibles en Español,
Francés, Italiano, Alemán, Inglés,
Holandés y Danés.
[2] El paquete financiero
debería ser repartido de la siguiente
manera:
- 40.000 millones de euros (anuales para 2020)
en apoyo al desarrollo de energías
limpias;
- 30.000 millones de euros (anuales para 2020)
para reducir la deforestación y sus
efectos en las comunidades locales (ver www.greenpeace.org/forestsforclimate)
- 40.000 millones de euros (anuales para 2020)
para ayudar a las comunidades en desarrollo
a adaptarse a los efectos del cambio climático.
[3 y 4] Para ver la contribución
económica de cada país de la
UE se puede consultar http://www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/policy-papers-briefings/financing-eu-responsibility-270209
[5] Los científicos
se encuentran reunidos del 10 al 12 de marzo
en la "Climate Change: Global Risks,
Challenges and Decisions" .
+ Más
La Junta niega a Greenpeace
formar parte del grupo de expertos para recuperar
las balsas de fosfoyesos
El Gobierno andaluz ha propuesto
una lista de personas que han negado repetidamente
el grave problema sanitario y ambiental que
vive Huelva - 12 marzo 2009 - Madrid, España
— La petición de Greenpeace de participar
en el grupo de expertos que analizará
la restauración de las balsas de fosfoyesos
de Huelva, donde vierte la empresa Fertiberia,
ha sido rechazada. La Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha ofrecido excusas vagas y justificaciones
inaceptables para que ninguna voz crítica
forme parte de este comité.
La futura solución
al problema sanitario y ambiental de Huelva
será analizado por personas que en
todo momento han manifestado públicamente
la inocuidad de los fosfoyesos que se vierten
a las marismas del río.
“Resulta cuando menos sospechoso
que la Junta no quiera que haya representantes
de la sociedad civil en este grupo y cabe
preguntarse si el Gobierno andaluz tiene algo
que ocultar a la ciudadanía.” Ha manifestado
Julio Barea, representante de la campaña
de Contaminación de Greenpeace.
Existen numerosos estudios
que revelan la existencia de un grave problema
de contaminación en Huelva como los
del CRIIRAD; el Ayuntamiento de Huelva; el
informe Esturión y del Servicio Andaluz
de Salud de la propia Junta de Andalucía;
y el recientemente elaborado por la Universidad
de Huelva y por médicos del hospital
Juan Ramón Jiménez que alertan
de "niveles significativos" de uranio
238 acumulados en el organismo de trabajadores
del Polo Químico.
Las tareas de limpieza y
descontaminación suponen una oportunidad
para la creación de nuevos y duraderos
empleos en la zona, costes que en cualquier
caso debería asumir la empresa responsable
de la catástrofe sanitaria y ambiental
que vive Huelva, Fertiberia.
Greenpeace siempre ha mantenido
que hay que parar inmediatamente los vertidos
y descontaminar las marismas. Las inspecciones
realizadas por los técnicos de la organización
ponen de manifiesto que la solución
no pasa por una simple cubrición con
arenas y arcillas de las balsas de fosfoyesos.
A diario se están vertiendo, a las
marismas y aguas del Tinto, residuos tóxicos
y radiactivos.
Huelva vive sitiada por
120 millones de toneladas de residuos tóxicos
y radiactivos (fosfoyesos) procedentes de
la fabricación de fertilizantes químicos.
Bruselas ha apreciado irregularidades en las
autorizaciones otorgadas por la Junta de Andalucía
a Fertiberia. Incluso ha reconocido, en sede
del Parlamento Europeo, que estamos ante el
mayor caso de contaminación industrial
de Europa. Huelva es el punto de España
con mayor grado de mortalidad por cáncer
como consecuencia de la contaminación.
