Greenpeace
entrega sus peticiones para el Consejo de
Ministros de Economía de la UE que
se celebra mañana - 09 marzo 2009 -
España — Representantes de Greenpeace,
acompañados de un oso polar, han entregado
hoy sus peticiones a Pedro Solbes, ministro
de Economía, y a Elena Espinosa, ministra
de Medio Ambiente, ante la celebración
mañana del Consejo de Ministros europeos
de Economía en Bruselas. De esta forma
simbólica, la organización ecologista
ha querido recordar a los ministros los impactos
del cambio climático ya evidentes y
pedirles un compromiso firme de actuación
inmediata y efectiva.
“El oso polar simboliza
los impactos del cambio climático en
el planeta, incluida la pérdida del
habitual medio de vida, las cosechas o la
seguridad alimentaria. Todos estamos expuestos
a estos efectos pero, paradójicamente,
las consecuencias más inmediatas y
más graves van a darse en los países
que son menos responsables del problema, a
los que debemos apoyar económicamente”
ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable
de la campaña Bosques de Greenpeace.
“La Unión Europea es uno de los principales
responsables de la crisis climática
y ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad”.
Greenpeace pide al ministro
de Economía que, en el Consejo de Ministros
de la Unión Europea (UE) que se celebra
mañana, apoye un compromiso europeo
de destinar 35.000 millones de euros anuales,
aproximadamente, para 2020 a la lucha contra
el cambio climático en los países
en desarrollo. Estas cifras han sido determinadas
en función de la responsabilidad histórica
y de la capacidad económica de cada
país, según lo cual España
tendría que aportar 2.700 millones
de euros.
Esta cantidad contribuiría
a la cifra global de 110.000 millones de euros
que, según la organización,
debe aportar el conjunto de países
desarrollados y que se desglosaría
de la siguiente forma:
- 40.000 millones de euros
(anuales para 2020) en apoyo al desarrollo
de energías limpias;
- 30.000 millones de euros (anuales para 2020)
para reducir la deforestación y sus
efectos en las comunidades locales;
- 40.000 millones de euros (anuales para 2020)
para ayudar a las comunidades en desarrollo
a adaptarse a los efectos del cambio climático.
En opinión de Greenpeace,
estos fondos públicos deberían
obtenerse mediante el establecimiento de un
nuevo mecanismo financiero basado en la obligación
de los estados de pagar por sus emisiones
de CO2.
“En España la crisis
económica no es una excusa para evitar
los compromisos anteriores. Apoyar un mecanismo
financiero que proporcione fondos públicos
para el impulso de las energías renovables
en los países en desarrollo es asegurar
el crecimiento y el empleo en uno de los sectores
clave para salir de la crisis, tal y como
ha declarado el presidente de Gobierno”, ha
afirmado Aida Vila, responsable de la campaña
Cambio climático y Energía de
Greenpeace.
+ Más
Salta: Greenpeace reclamó
a Urtubey que pare los desmontes
12 marzo 2009 - Salta, Argentina
— Greenpeace reiteró este jueves el
reclamo al gobernador salteño por un
ordenamiento territorial que proteja los bosques
nativos, con un cartel ambulante que expresa
“Urtubey: Basta de desmontes”, que recorrerá
la capital provincial durante los próximos
días.
La organización ambientalista
continúa, de esta manera, su campaña
en la que invita a la gente a enviar un correo
electrónico y llamar al gobernador
salteño para reclamarle “que pare con
la fiebre de los desmontes en la provincia”.
“La situación en
Salta es dramática ya que los desmontes
están afectando seriamente a las comunidades
indígenas y campesinas. Esperamos que
el gobernador Urtubey presente un mapa de
Ordenamiento Territorial que contemple las
evaluaciones y opiniones de las organizaciones
técnicas, ambientalistas y de las comunidades
que habitan los bosques, y que respete los
criterios de sustentabilidad establecidos
por la ley”, señaló Noemí
Cruz, coordinadora en el NOA de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
El 17 de diciembre último,
la legislatura salteña aprobó
una ley de ordenamiento territorial seriamente
cuestionada por las comunidades indígenas,
organizaciones campesinas y ambientalistas
y por la Universidad Nacional de Salta. Esta
norma establece un plazo de 60 días
para que el poder ejecutivo provincial elabore
el mapa de las zonas de “alto valor de conservación
que no podrán transformarse”.
La ley aprobada desestimó
el proyecto de zonificación elaborado
por la Unidad Ejecutora del Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos, luego de realizar talleres
y reuniones consultivas con actores locales
de las diferentes regiones de la provincia,
durante el año pasado. Esta propuesta
establecía cerca de 2 millones de hectáreas
para la Categoría I - Rojo (áreas
protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento),
aproximadamente 6.200.000 hectáreas
para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento
sustentable, no permite desmonte), y alrededor
de 1.300.000 hectáreas para la Categoría
III - Verde (permite desmontes).
El Senado provincial modificó
la ley y redujo las áreas de protección
de riberas de los cursos de agua de los ríos
Bermejo, Pilcomayo, San Francisco y demás
ríos principales y amplió el
límite mínimo para permitir
el desmonte en pendientes de hasta un 15 %.
“Esto sería un grave error, porque
aumentará las posibilidades de inundaciones
y desprendimientos que ocasionan tragedias
ambientales y sociales que deberían
prevenirse”, alertó la representante
ambientalista. “Seguir con esta fiebre de
desmontes afectará seriamente la biodiversidad,
el clima, la regulación hídrica,
a cientos de comunidades campesinas e indígenas
que dependen de los bosques para su subsistencia,
y a los habitantes de la provincia en general”,
concluyó Cruz.
Notas:
*Salta es una de las provincias
con mayores niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, entre 1998
y 2002 la superficie deforestada en la provincia
fue de 194.389 hectáreas, mientras
que entre 2002 y 2006 se duplicó la
superficie desmontada, alcanzando las 414.934
hectáreas.
*En plena discusión
parlamentaria de la Ley de Bosques, el ex
gobernador Romero autorizó el desmonte
de más de 400.000 hectáreas,
evitando la moratoria que la norma establece.
Meses después el gobernador Urtubey
convalidó los desmontes autorizados
por su antecesor, que actualmente se están
ejecutando.
+ Más
Greenpeace pide al Gobierno
de Japón que no financie la caza de
ballenas con dinero público
En la reunión que
se celebra esta semana de la Comisión
Ballenera Internacional se debate el futuro
de las ballenas de todo el mundo - 09 marzo
2009 - España — A pesar de que Japón
sufre una de las peores recesiones económicas
de los últimos años, los representantes
del Gobierno japonés que asisten a
la reunión de la Comisión Ballenera
Internacional (CBI) que se celebra esta semana
en Roma defenderán el programa multimillonario
que financia la caza de ballenas. Una actividad
muy criticada por la comunidad internacional
y escasamente respaldada por los contribuyentes
japoneses.
El pasado mes de febrero,
el Gobierno nipón anunció una
disminución de sus exportaciones de
un 45% respecto al mismo periodo del año
pasado, al tiempo que las industrias clave
japonesas están reduciendo los costes
y los puestos de trabajo y el producto interior
bruto (PIB) cayó un 3,3% en el último
cuatrimestre de 2008, el doble de la recesión
del PIB de EE.UU. Sin embargo, el Gobierno
de Japón sigue sin considerar la cancelación
de su programa de caza de ballenas en la Antártida,
a pesar del coste, más de un billón
de yenes, que supone para los ciudadanos japoneses.
“El programa de caza de
ballenas del Gobierno japonés es una
farsa científica y un desastre económico”,
ha declarado Celia Ojeda, responsable de la
campaña de Océanos de Greenpeace.
“Esta semana en Roma se debatirá el
futuro de la CBI. El único futuro viable
es aquel que protege a las poblaciones de
ballenas, promueve su estudio no letal e invierte
en una conservación real de la vida
marina. Japón apuesta por seguir cazando
ballenas, pero debería tener en cuenta
que otro año de caza es innecesario,
pone en peligro el medio marino antártico
y derrocha el dinero público”, ha concluido.
Además de los 1,2
billones de yenes anuales (alrededor de 10
millones de euros) de los contribuyentes que
subvencionan el programa de la caza de ballenas,
el Gobierno gasta muchos más billones
de yenes como parte de las ayudas al extranjero
a la hora de reclutar países y votos
que les respalden en la Comisión Ballenera
Internacional.
