18
marzo 2009 - DF, México — Renuncian
organizaciones sociales y campesinas al Consejo
Consultivo Mixto de la Cibiogem, entre éstas
Greenpeace, pues dicen no estar dispuestas
a avalar la ilegalidad con que actúan
los funcionarios públicos
Lee aquí la carta
de renuncia
La reforma del Reglamento
de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM) recientemente publicada
en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) evidencia el desprecio de la CIBIOGEM
por las opiniones de sus órganos de
consulta. En el acuerdo CCM/ORD/01/2009-11
se hizo un extrañamiento a la Sagarpa
en relación con el procedimiento presentado
en diciembre de 2008 ante la COFEMER para
convertir la consulta de un Acuerdo en una
reforma al reglamento.
El oficio consensado señala
“el extrañamiento del CCM por no haber
sido informado oportunamente de las consideraciones
que llevaron a Sagarpa a modificar el procedimiento
en comento…” Sin embargo, en este caso, como
en muchos otros acuerdos a los que arribó
este órgano de consulta, su opinión
no fue tomada en cuenta.
Por ello, las organizaciones
del sector social y campesino: la Asociación
de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC),
el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Greenpeace
y Semillas de Vida, renunciaron a continuar
como integrantes del Consejo Consultivo Mixto
de dicha comisión promotora de las
siembras experimentales en nuestro país.
Las organizaciones dijeron
no estar dispuestas a avalar los ilícitos
que están cometiendo la misma Presidencia
y las dependencias que integran la CIBIOGEM
(1), ahora presidida por Alberto Cárdenas,
quienes a toda costa pretenden autorizar la
siembra del maíz transgénico
que está contaminando nuestros campos,
poniendo en riesgo a los campesinos y a nuestro
principal alimento, sin tomar en cuenta los
órganos de consulta establecidos en
la Ley de Bioseguridad.
“Esta renuncia obedece a
la gran responsabilidad ciudadana que para
nosotras significa la representación
social, no podemos estar fingiendo una participación,
nuestro deber hacia nuestro país y
los miles de ciudadanos que nos han manifestado
su oposición a la introducción
de maíz transgénico nos obliga
hoy a renunciar públicamente a esta
encomienda. Hoy la pregunta es si es justo
mantener aparatos tan costosos sólo
para justificar una supuesta participación.
No queremos ser parte de esta farsa y mucho
menos cometer algún ilícito”,
manifestó Adelita San Vicente de Semillas
de Vida.
“Felipe Calderón,
Alberto Cárdenas, secretario de Agricultura
y Juan Elvira, titular de Medio Ambiente se
han negado sistemáticamente a un debate
público, a cumplir la ley y argumentar
racionalmente sus posturas a favor de la contaminación
transgénica. Lejos de actuar como hombres
de Estado y servidores públicos deciden
con base a la fe y se comportan como simples
agentes de ventas de Monsanto. Las organizaciones
campesinas independientes de México
decimos NO a la siembra de maíz transgénico.
Podemos duplicar la producción de maíz
sin poner en riesgo nuestro patrimonio, ni
la salud de los mexicanos”, afirmó
Víctor Suárez Carrera, Director
Ejecutivo de la ANEC.
La Reforma al Reglamento
de la LBOGM, tiene visos de inconstitucionalidad,
pues pasa por alto las disposiciones establecidas
por el Congreso de la Unión en la Ley
de Biosguridad al eliminar el Régimen
de Protección Especial del Maíz,
reduciéndolo a un instrumento meramente
informativo que se establecerá en el
Sistema Nacional de Bioseguridad de OGM. Asimismo,
determina una serie de disposiciones inaplicables
y que se superponen a la misma Ley.
Por otra parte, el procedimiento
para la publicación de dicha modificación
se llevó a cabo sin haberla sometido
a consulta pública, violando así
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
(LFPA, Artículo 69J).
Las secretarías integrantes
de la Cibiogem no tomaron en cuenta la participación
del CCM, que trabajó para proporcionar
a esta comisión la información
científica necesaria para trabajar
la construcción de un verdadero marco
de bioseguridad, a través de la realización
de un foro con científicos expertos
en materia de conservación de semillas
y políticas de bioseguridad. Los resultados
de ese foro tampoco fueron tomados en cuenta,
quedando únicamente en papel como minuta
de una reunión extraordinaria.
Los científicos y
expertos sobre el origen del maíz en
nuestro territorio recomendaron en varias
ocasiones, entre otras cosas: considerar todo
México como Centro de Origen y de Diversidad
del Maíz y por lo tanto, implementar
un biomonitoreo ante los casos de contaminación
detectados hasta ese entonces, con el fin
de conocer la situación de la dispersión
del maíz transgénico en México,
como diagnóstico imprescindible para
definir la situación real del maíz
nativo.
Con la publicación
en el DOF, la posibilidad de acceder a la
información relativa a la contaminación
ha quedado cancelada, ya que en lo sucesivo
se mezclará la diversidad de transgenes
liberados en el ambiente. Ante la necesidad
de proteger el maíz mexicano, resulta
ridículo que las autoridades mexicanas
planteen como medida de bioseguridad la autorización
de la siembra de maíz transgénico.
Con ello eliminan la posibilidad de evaluar
caso por caso los impactos de las siembras
experimentales.
“Exigimos que se establezca
un verdadero régimen de protección
para el maíz mexicano, el cual debería
empezar con cerrar las fronteras a cualquier
importación de grano o semilla que
no fuera garantizada libre de transgénicos,
lo cual le tocaría comprobar al país
exportador. Las autoridades deberían
orientar los recursos económicos y
esfuerzos a monitorear las entradas de maíz
al país. El segundo paso debe ser la
prohibición de la siembra de maíz
transgénico, comestible o no comestible,
en su centro de origen”, dijo Catherine Marielle,
coordinadora del Programa Sistemas Alimentarios
Sustentables de GEA.
“Denunciamos la falta de
transparencia en materia de bioseguridad de
transgénicos del gobierno de Felipe
Calderón y hacemos responsables a todos
y cada uno de los firmantes de la modificación
del reglamento de la LBOGM, ya que en aras
de allanar el camino de las transnacionales
están poniendo en un grave riesgo de
contaminación al alimento básico
de los mexicanos, al centro de origen y diversidad
genética del mismo, al medio ambiente,
a los productores y a los consumidores. Tendrán
que dar la cara a la futuras generaciones
por haber favorecido el monopolio de este
importante grano”, denunció Aleira
Lara, coordinadora de la campaña de
agricultura sustentable y transgénicos
de Greenpeace.
Las organizaciones concluyeron
que no permitirán que el patrimonio
genético del maíz mexicano sea
vendido a monopolios extranjeros con la intención
de acabar con la soberanía alimentaria
de nuestro país y que continuarán
con las acciones legales y de protesta civil
para preservar las variedades de este grano
tan importante para México y el mundo.
Greenpeace México
Notas:
1. Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, Jefe del Ejecutivo; Juan Rafael
Elvira Quesada, titular de la secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Gerardo
Ruiz Mateos, titular de la secretaría
de Economía; Josefina Eugenia Vázquez
Mota, titular de la secretaría de Educación
Pública, José Ángel Córdova
Villalobos, titular de la secretaría
de Salud, Alberto Cárdenas Jiménez,
titular de la Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Cocinan diputados ley depredadora
para el turismo
19 marzo 2009 - DF, México
— La iniciativa avalará que Fonatur
continúe rematando zonas costeras y
de importancia biológica
A puerta cerrada y sin consulta
pública, la comisión de Turismo
de la Cámara de Diputados, presidida
por Octavio Martínez (PRD) pretende
dictaminar una ley de turismo que, de ser
aprobada, continuará con la depredación
del medio ambiente, denunciaron las organizaciones
ambientalistas Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (Cemda), Defenders of Wildlife y
Greenpeace México.
La iniciativa de Ley General
de Turismo está llena de fallas, siendo
éstas las más graves:
no considera la responsabilidad
del sector frente a los efectos del cambio
climático;
no está orientada a lograr un turismo
sustentable;
plantea ordenamientos turísticos que
priorizan el desarrollo de corto plazo sin
un enfoque ambiental, y que se contraponen
a diferentes leyes ambientales;
permite que el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) siga actuando como una agencia
inmobiliaria subsidiada con recursos públicos;
no fomenta la participación ciudadana,
pero sí da voz a los empresarios para
representar a la ciudadanía;
no crea un sistema de información,
monitoreo y evaluación del turismo
y del impacto en la calidad de vida de los
mexicanos;
no fomenta la competitividad;
no promueve la equidad y carece de medidas
para combatir el turismo sexual y el comercio
infantil;
no vincula la actividad turística con
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) ni la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), pero sí
con el Banco de México;
no regula permisos, licencias y concesiones
adecuadamente;
permite que los prestadores de servicios falseen
información en su publicidad y, por
tanto, no garantiza el derecho de los turistas
a una experiencia satisfactoria y segura.
A pesar de que el turismo es generador de
una de cada 20 toneladas de gases de efecto
invernadero y al mismo tiempo sufre las consecuencias
del cambio climático (1), el proyecto
de ley carece de elementos que permitan a
la industria mitigar sus impactos y adaptarse.
Hasta ahora, el turismo
sólo ha promovido la explotación
de recursos naturales y el daño a ecosistemas,
por ello México ocupa el lugar número
122 en calidad ambiental, y el 126 en especies
amenazadas, según el Índice
Mundial de Competitividad Turística
(2).
“La ley debe promover una
política turística de largo
plazo que fomente el turismo basado en la
sustentabilidad ambiental. En cambio, esta
ley pone a merced de los intereses económicos
de corto plazo la supervivencia de los ecosistemas
y las miles de especies silvestres que los
conforman, en especial los ecosistemas costeros,
como los manglares”, dijo Juan Carlos Cantú,
director de programas de Defenders of Wildlife
de México.
“La ley federal de turismo
vigente ya es obsoleta, pues lleva más
de ocho años sin ser reformada; ésta
es una oportunidad para regular a una industria
que genera el 8 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB). Los diputados no deben sacar
esta ley mediante un albazo. Exigimos foros
de consulta y que se tomen en cuenta nuestras
propuestas”, agregó Gustavo Alanís,
presidente del Cemda.
“Esta ley debería
llamarse la Ley Fonatur, ya que la paraestatal
quiere seguir actuando sin ninguna regulación.
El mismo Miguel Gómez Mont ha reconocido
que en Fonatur se tiene una larga historia
de pérdidas financieras que mantiene
una estructura ineficiente, malbaratando terrenos
en un modelo de negocios que prioriza las
grandes inversiones extranjeras y obstaculiza
la diversificación de la oferta turística
(3)”, puntualizó Alejandro Olivera,
coordinador de la campaña de océanos
y costas de Greenpeace México.
Las organizaciones exigieron
foros de consulta con la sociedad civil y
que las propuestas que ya han presentado en
las cámaras de diputados y de senadores
sean tomadas en cuenta.
— Greenpeace México
Notas:
1.Turismo y Cambio Climático: hacer
frente a los retos comunes, 2007. Organización
Mundial de Turismo.
2.The travel and Tourism Competitiveness Report
2008. Foro Económico Mundial.
3.La reingeniería del modelo operativo
de Fonatur. Miguel Ángel Gómez
Mont Urueta. Septiembre 2008.
