Activistas
de Greenpeace reclamaron el fin de la caza
de ballenas - 19 marzo 2009 - Buenos Aires,
Argentina — Bailarines de tango protestaron
frente al Jardín Japonés reclamando
el cese de la caza de ballenas y la persecución
política a Greenpeace.
Como manera de llamar la
atención de la sociedad japonesa, Greenpeace
decidió realizar un baile de tango,
por ser una manifestación cultural
tradicional, indudablemente adoptada por el
país oriental.
Con carteles decorados con
el típico fileteado porteño,
la organización pidió “Justicia
para las ballenas, justicia para Greenpeace”.
En junio de 2008, Toru Suzuki
y Junichi Sato, dos activistas de la organización
ambiental fueron detenidos luego de demostrar
que la carne de las ballenas capturadas era
sustraída y vendida ilegalmente por
miembros de la tripulación de los barcos
arponeros, con la connivencia del propio Gobierno
nipón.
La flota ballenera se encuentra
en aguas de la Antártida cazando ballenas
de especies que pueden ser vistas en aguas
del Mar Argentino.
“El Gobierno del Japón
no sólo infringe las normas internacionales
al devastar recursos marinos que son de toda
la humanidad, sino que ante cualquier oposición
de los ciudadanos, resuelve apresarlos y llevarlos
a juicio” manifestó Milko Schvartzman,
coordinador de la Campaña de Océanos
en Argentina, al referirse a los dos activistas
presos en Japón.
“De esta manera, intentamos
que nuestra voz sea escuchada por la sociedad
japonesa, para que se termine de una vez con
la caza de ballenas, y se liberen a los activistas”,
agregó Schvartzman.
El pasado mes de diciembre,
la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas criticó a las autoridades
del Japón por el “abuso de leyes para
reprimir críticas al Gobierno”, en
referencia al caso de los miembros de Greenpeace
detenidos.
La protesta realizada en
Buenos Aires es parte de un “día de
denuncia global”, en el cual participan activistas
de unas veinte capitales del mundo, mediante
distintos tipos de actividades frente a embajadas
niponas, días antes de que los detenidos
mantengan la tercera audiencia ante el juez,
el lunes 23 de marzo.
Notas:
+ Investigación de
Greenpeace: Escándalo en Japón
por sustracción de carne de ballenas,
mayo de 2008: http://www.greenpeace.org/international/press/reports/whale-meat-scandal-dossier
+ Más
Greenpeace apela contra
la censura del gobierno japonés
19 marzo 2009 - Tokio, Japón
— Esta mañana Greenpeace presentó
un recurso legal en contra de la censura del
gobierno japonés para solicitar a la
Agencia de Pesquerías de Japón
que no censure documentos referentes a la
venta de carne de ballena
Greenpeace presentó
hoy un recurso legal en contra de la censura
del gobierno japonés, solicitando a
la Agencia de Pesquerías de Japón
(FAJ) que no censure documentos obtenidos
por Greenpeace a través de solicitudes
de información referentes a la venta
de carne de ballena.
Los documentos detallan
las ventas de carne de ballena así
como los contratos entre la FAJ y el Instituto
de Investigación de Cetáceos
(ICR). Sin embargo, la información
liberada por la FAJ el 19 de enero de este
año ha sido intensamente censurada
(casi todos los renglones tachados con líneas
oscuras), lo que inutiliza los documentos.
“Estos documentos oscurecidos
que liberó el gobierno representan
el nivel de secreto en el que se basa el programa
de caza de ballenas”, dijo Jun Hoshikawa,
director ejecutivo de Greenpeace Japón.
"Estos (los documentos) son una muestra
de las violaciones de la FAJ a la disposición
y promesa de transparencia y rendición
de cuentas".
Firmado también por
Shokichi Kina, miembro de la Cámara
Alta del Partido Democrático de Japón,
Greenpeace presentó de manera formal
el recurso para preparar la siguiente etapa
en el caso de Junichi Sato y Toru Suzuki,
(conocidos como “los dos de Tokio”) que se
lleva en el tribunal de Aomori. Los dos activistas
están en juicio por ejercer su deber
como ciudadanos y exponer a la luz pública
irregularidades dentro de un organismo público.
A pesar de la actual crisis
económica, la peor en un siglo en Japón,
la FAJ continúa subsidiando a lo que
el ICR llama “cacería científica”,
en expediciones al Santuario Ballenero Austral
con alrededor de ¥500 millones de Yenes
(que equivalen a 5 millones de dólares
estadounidenses) al año. Los contribuyentes
sostienen con su dinero a esta empresa no
rentable e insostenible, sin embargo, la FAJ
niega al público el derecho de conocer
en que se gasta el dinero de los contribuyentes.
"El público
tiene derecho a la información sobre
la conducta inadecuada de los funcionarios
del gobierno. Al exponer una malversación
de fondos dentro de la flota ballenera japonesa,
Junichi y Toru actuaron dentro de las antiguas
tradiciones de los derechos humanos internacionales,
y en el mejor interés del pueblo japonés",
dijo el abogado de derechos humanos internacionales
Richard Harvey.
La verdad sin censura es
que este programa, financiado por los contribuyentes
está científicamente en quiebra,
y es ecológica y económicamente
es insostenible. Nadie quiere o necesita de
la industria ballenera, excepto un puñado
de burócratas.
+ Más
La Ley de Emergencia Forestal
de Chaco es una “trampa” para evitar la aplicación
de los criterios de la Ley de Bosques y demorar
el ordenamiento territorial
20 marzo 2009 - Buenos Aires
y Resistencia, Argentina — La organización
ambientalista Greenpeace denunció esta
mañana que la provincia del Chaco está
dilatando el proceso de ordenamiento territorial
de los bosques nativos y evade la implementación
de la Ley de Bosques con una nueva ley de
Emergencia Forestal, que permitirá
seguir otorgando permisos de uso de los bosques
por fuera de los criterios establecidos por
la ley nacional.
Greenpeace señaló
además que la Ley de Emergencia Forestal
va en contra del sentido de la moratoria estipulada
por la Ley 26.331 y generará un caos
en el proceso de ordenamiento territorial,
ya que en 180 días se podrán
habilitar desarrollos forestales por fuera
de los criterios que marca la Ley.
El proyecto de Emergencia
Forestal votado por la Legislatura provincial
declara la emergencia forestal de la provincia
y extiende por 180 días el otorgamiento
de permisos para la actividad forestal que,
por la demora en realizar el ordenamiento
territorial, llevaba a la provincia a acatar
la moratoria. Si bien la norma no incluye
el otorgamiento de permisos de desmontes,
Greenpeace considera que el otorgamiento “masivo
y a mansalva” de permisos para la actividad
forestal no solo genera un cambio constante
en el mapa que la provincia pretende ordenar,
sino que además evade los criterios
ecológicos y de protección que
la Ley exige ser tenidos en cuenta para la
confección de la zonificación
de los bosques y el uso de los mismos.
“Nada indica que la provincia
no entregue de manera masiva e indiscriminada
permisos para la actividad forestal de manera
especulativa antes de “pintar” el mapa de
ordenamiento territorial. Esta mal llamada
Ley de Emergencia Forestal solo beneficia
la dilatación del proceso de ordenamiento
territorial y de la plena puesta en vigencia
de la Ley 26.331, señaló Noemí
Cruz, Coordinadora de Biodiversidad del NOA
de Greenpeace. “Además esta norma contradice
el dictado de la Ley nacional, que sabiamente
establece moratorias a los desmontes primero
y a los desarrollos forestales después
de un año, si la provincia no ha establecido
el ordenamiento de sus bosques”, agregó
Cruz.
La Ley Nacional 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, y establece
que las provincias no pueden emitir nuevos
permisos de desmonte hasta tanto no realicen,
en forma participativa, un ordenamiento territorial
de sus zonas boscosas bajo diez criterios
ecológicos y categorías de conservación
que apuntan a evitar la fragmentación
y degradación del bosque nativo y a
preservar las tierras utilizadas por las comunidades
campesinas e indígenas. Asimismo al
pasar un año de la promulgación,
la Ley establece que si las provincias no
han realizado y aprobado su ordenamiento territorial
de los bosques la moratoria abarcará
a todas alas actividades, incluyendo los desarrollos
forestales.
“La sanción de esta
nueva Ley no soluciona el problema de los
bosques ni del aprovechamiento sustentable,
todo lo contrario, es claramente un artilugio
para demorar el proceso de ordenamiento de
los bosques y en el plazo de 180 días
otorgar permisos indiscriminadamente, evadiendo
la Ley 26.331”, señaló Cruz.
Días atrás
la organización ambientalista difundió
en conferencia de prensa la Propuesta de Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos, que establece
1.085.179 hectáreas para la Categoría
I (rojo, áreas protegidas), 4.507.880
hectáreas para la Categoría
II (amarillo, aprovechamiento sustentable)
y 619.495 hectáreas para la Categoría
III (verde, permite su desmonte parcial o
total). (1)
“A diferencia del Ordenamiento
Territorial presentado por el Poder Ejecutivo,
con esta propuesta quedan protegidos gran
parte de los bosques nativos de la provincia.
El objetivo es que la explotación de
los recursos forestales de la provincia se
haga de manera sustentable”, señaló
María Eugenia Testa coordinadora de
la Unidad Política de Greenpeace.
El documento presentado
por Greenpeace fue elaborado teniendo en cuenta
los corredores biológicos propuestos
por la Administración de Parques Nacionales,
los corredores elaborados por la propia Provincia
del Chaco, la identificación de áreas
prioritarias de conservación para el
Chaco de la organización The Nature
Conservancy, la ubicación de las áreas
protegidas y los territorios indígenas.
Además, para realizar la zonificación
de los bosques, se consideró especialmente
la comunicación entre áreas
de reserva, las áreas ambientales representativas,
la ubicación de humedales y los corredores
fluviales.
El gobierno del Chaco, a
través del Comité Técnico
para la Categorización de los Bosques
Nativos, realizó hacia finales de 2008,
la Propuesta de Ordenamiento Territorial para
la provincia. Esta propuesta fue puesta en
consideración en talleres realizados
en diferentes localidades de la provincia,
y presentada a la Legislatura. Este proyecto
de Ley establece: 271.438 hectáreas
para la Categoría I (rojo, áreas
protegidas), 2.277.415 hectáreas para
la Categoría II (amarillo, aprovechamiento
sustentable) y 2.371.307 hectáreas
para la Categoría III (verde, permite
su desmonte parcial o total).
“La propuesta de ordenamiento
territorial presentada por el Poder Ejecutivo
debe incorporar las observaciones de las organizaciones
ambientalistas y de las comunidades indígenas
y campesinas”, afirmó Testa.
Chaco es una de las provincias
con más altos niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, entre 1998
y 2006 la pérdida de bosques nativos
alcanzó las 245.465 hectáreas.
