En
una carta a Juan Carlos Martín Fragueiro,
Secretario General del Mar, la CE recrimina
al Gobierno la falta de medidas contra los
buques de Vidal Armadores - 03 abril 2009
- España — Una carta de 29 de enero
de 2009 a la que Greenpeace ha tenido acceso
(1), remitida por el Director General de Pesca
de la Comisión Europea (CE), Fokion
Fotiadis, al Secretario General del Mar, Juan
Carlos Martín Fragueiro, expresa claramente
la frustración de la Comisión
Europea ante la falta de acciones del Gobierno
español contra la compañía
pesquera Vidal Armadores S.A., con base en
Ribeira. El señor Fotiadis afirma que
“la Comisión está extremadamente
preocupada por este tema, y por la falta de
acciones concretas emprendidas por España
en relación con los casos de los barcos
Galaecia y Paloma V” (2,3).
En dicha carta la Comisión
Europea confirma las acusaciones de Greenpeace
de que dos barcos de bandera española
propiedad de Vidal Armadores, el Galaecia
y el Belma, formaban parte de una red de operaciones
pesqueras ilegales en el océano austral
que incluían a los barcos piratas Ina
Maka, Chilbo San 33 y Paloma V.
La Comisión Europea
exige a España acciones inmediatas
contra los ciudadanos españoles implicados
en actividades de pesca ilegal a bordo de
los buques de Vidal Armadores (4) en cumplimiento
del Reglamento Comunitario 1099/2007 (5).
La carta termina con una clara amenaza al
Gobierno español: “La Comisión
seguirá la evolución de este
caso de cerca y se reserva la posibilidad
de emprender cualquier acción legal
para asegurar la aplicación y el respeto
a la legislación comunitaria” (6).
“Esta carta es una prueba
más de que el Gobierno habla mucho
y actúa poco contra la pesca ilegal.
Seguimos demandando que se proceda a la devolución
de las ayudas concedidas a cualquier compañía
involucrada en actividades ilegales de pesca
y que se sancione con dureza a sus responsables”,
ha declarado Celia Ojeda, responsable de la
campaña de Océanos.
El pasado día 5 de
marzo Greenpeace presentó ante la Fiscalía
de la Audiencia Nacional pruebas de las actividades
pesqueras ilegales de la empresa Vidal Armadores,
S.A., propiedad de Viarsa Cartera S.A., compañía
dirigida por Antonio Vidal Suárez y
su hijo Antonio Vidal Pego. La organización
ecologista pidió al organismo judicial
una investigación completa, tanto de
la empresa como de los ciudadanos españoles,
capitanes y patrones de los barcos, involucrados
en actividades ilegales de pesca.
Vidal Armadores es uno de
los operadores piratas mejor conocidos en
todo el mundo. Se sabe que opera al menos
con tres barcos que actualmente se encuentran
en la lista negra de CCAMLR. Además,
Antonio Vidal Pego, fue condenado en 2006
por la justicia estadounidense al declararse
culpable de pesca ilegal y de obstrucción
a la justicia. Fue puesto en libertad condicional
por un periodo de cuatro años, tras
pagar una multa de 400.000 dólares
y comprometerse a abandonar toda participación
directa o indirecta en la industria del bacalao
de profundidad durante ese mismo periodo de
tiempo.
A pesar de estas conductas
ilegales denunciadas por varios países,
España concedió subvenciones
a Vidal Armadores, S.A. por más de
3,6 millones de euros entre 2003 y 2005. De
estos 2,6 millones de euros se destinaron
a “pesca experimental” en la Antártida,
donde sus barcos habían sido identificados
en repetidas ocasiones por actividades ilegales.
NOTAS
(1) Carta de la CE disponible en
http://www.greenpeace.org/espana/reports/carta-de-la-comisi-n-europea
(2) “The Commission is highly
concerned about this issue, and by the lack
of concrete actions taken by Spain in relation
to the two mentioned cases of the vessels
Galaecia and Belma”
(3) En abril de 2008, inspectores
de Nueva Zelanda demostraron en Auckland que
el Paloma V, abanderado en Namibia, estaba
controlado por Vidal Armadores SA. desde su
centro de operaciones en Ribeira, Galicia.
Según los datos de la inspección,
el Paloma V estuvo involucrado en trasbordos
ilegales y formaba parte de una red de barcos
dedicados a la pesca ilegal, que incluiría
a barcos de bandera española pertenecientes
a Vidal Armadores, el Belma y el Galaecia.
Como resultado de la inspección, el
Paloma V entró a formar parte de la
lista negra de buques de la Comisión
para la Conservación de los Recursos
Marinos Vivos (CCAMLR en sus siglas inglesas).
Tras las quejas emitidas por los miembros
de CCAMLR por el comportamiento de los barcos
de Vidal, la respuesta del Gobierno español
fue abrir un expediente al buque Galaecia,
que había realizado las dos “campañas
experimentales” subvencionadas con fondos
públicos en la Antártida. El
expediente se cerró poco después.
En 2006 y 2007 España concedió
licencia de pesca al mismo buque para faenar
en el océano Índico. El Gobierno
ha continuado apoyando a esta empresa: el
Ministerio de Pesca firmó en 2008 un
acuerdo con Namibia para que el barco español
Belma, propiedad de Vidal Armadores, tuviera
acceso al banco pesquero namibio durante todo
el año.
(4) El capitán del
Paloma V en mayo de 2008 era el nacional español
José Antonio Paz Sampedro, que como
parte de la solicitud de descarga de pescado
en Nueva Zelanda, firmó una declaración
el 5 de mayo de 2008 en la que afirmaba que
el barco no había estado involucrado
en actividades ilegales de pesca durante los
últimos 10 años. Otros nacionales
españoles que han trabajado a bordo
del Paloma V son José González
Pérez, patrón de pesca entre
el 25 de abril de 2007 y el 8 de noviembre
de 2007 y Jorge Enrique Brandariz Blasco,
3er oficial de máquinas entre el 31
de agosto de 2007 y el 15 de noviembre de
2007. Una lista de tripulantes firmada el
29 de noviembre de 2007 incluye a cuatro nacionales
españoles en posiciones de mando: José
Antonio Paz Sampedro, capitán; Domingo
Álvarez Sampedro, patrón de
pesca; Gabriel Lorenzo Santos Seráns,
primer oficial; José Domingos Oujo
Sampedro, jefe de máquinas. Otra lista,
sin fecha, incluye a dos nacionales españoles
al mando del Hammer, otro barco de Vidal:
José Antonio Paz Sampedro, esta vez
como patrón de pesca y Ángel
Manuel Gómez Rivas, primer oficial.2
(5) Reglamento CE No 1099/2007
del Consejo de 18 de septiembre de 2007 que
modifica el Reglamento (CE) no 601/2004, por
el que se establecen determinadas medidas
de control aplicables a las actividades pesqueras
en la zona de la Convención para la
Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos .
(6) “The Commission will
closely follow the evolution of this dossier
and will reserve itself the possibility to
take any legal action to ensure the implementation
and respect of EC Law”.
+ Más
Greenpeace pide la suspensión
del Director de Seguridad de EDF, el contra
almirante Durieux
04 abril 2009 - Madrid,
España — Esta mañana en París,
los investigadores de la Oficina Central de
Lucha Contra la Delincuencia Tecnológica
(OCLCTIC) francesa han estado tres horas en
las oficinas de Greenpeace Francia. Según
la información que Greenpeace ha podido
conocer, el espionaje del que la organización
ecologista y pacifista Greenpeace ha sido
víctima procede de un experto bien
dirigido.
Greenpeace Francia ha afirmado
que está dispuesta a proporcionar los
elementos necesarios, copias de seguridad
y ordenadores afectados a fin de que estos
actos de extrema gravedad se aclaren.
Greenpeace ha pedido al
Sr. Borloo, Ministro con competencias sobre
la compañía eléctrica
pública gala Electricité de
France (EDF), y a su Presidente, el Sr. Gadonneix,
que afronten las consecuencias de esas prácticas
de la época de la Guerra Fría.
Según la organización, estas
sucias maniobras no son aceptables en una
democracia. Las funciones del Director de
Seguridad de EDF, el contra almirante Durieux,
deben ser suspendidas hasta que se aclare
el caso.
"Tres días después
de la explosión de este escándalo,
la línea defendida por EDF y Kargus
Consulting ya no se sostienen”, ha declarado
Pascal Husting, director ejecutivo de Greenpeace
Francia. “No son actos aislados de un hacker
irresponsable. Todos los datos demuestran
una clara intención de espiar todo
nuestro trabajo. ¿Con qué objeto?
¿De qué tiene miedo EDF?",
añadió Husting.
"Con la técnica
utilizada es seguro que Kargus Consulting
tuvo acceso a mucha información sobre
Greenpeace”, ha afirmado Loic Prévotat,
jefe del departamento informático de
Greenpeace Francia. “Uno puede preguntarse
en qué medida los servidores internacionales
de la organización no se han visto
también afectados. No tenemos medios
técnicos y financieros para protegernos
contra los actos de piratería profesional
patrocinada por las grandes empresas",
ha añadido Prévotat.
En contraste con la EDF,
Greenpeace no tiene nada que ocultar. En 2006,
Greenpeace, alertó a la ciudadanía
de la vulnerabilidad de la central de Flamanville
mediante la publicación de un documento
clasificado. Sin embargo, este fue el momento
en que la EDF había tomado la decisión
de establecer su reactor EPR en Flamanville
como escaparate, y así comercializarlo
por todo el mundo. Claramente, EDF ha considerado
que todo lo que podría ser perjudicial
para sus ambiciones comerciales debía
ser espiado y torpedeado, en total desprecio
de la ley.
En aquel momento, como hoy,
Greenpeace señaló con el dedo
lo insensato de ese proyecto industrial que
es el reactor EPR, el cual no es necesario
para Francia desde el punto de vista energético,
puesto que Francia exporta electricidad; es
muy caro; y es muy poco creador de empleo.
Greenpeace recuerda que, a igualdad de inversión,
el ahorro de energía y las renovables
crean quince veces más empleos que
las nucleares. El uso de la energía
nuclear ahoga la aplicación de cualquier
solución real en la lucha contra el
cambio climático.
Además, desde 2006,
el escaparate de la industria nuclear que
debía ser Flamanville (al igual que
el de Olkiluoto-3, en Finlandia, otro reactor
EPR) se ha hecho pedazos: la obra lleva años
de retrasos y el presupuesto ya ha superado
el 20% las previsiones iniciales, En cuanto
a las obras del EPR finlandés de Olkiluoto-3,
su factura ha aumentado un 50% y acusa la
friolera de 38 meses de retraso. Greenpeace
seguirá diciendo: en Francia como en
Finlandia, el EPR es un naufragio industrial,
energético y económico.
Greenpeace es una ONG ecologista
y pacifista, que trabaja en 42 países
para denunciar las agresiones al medio ambiente
y proponer soluciones. Actor clave en la sociedad
civil, produce informes de análisis
científico y tomas de posiciones públicas
gracias al apoyo 117.000 miembros en Francia,
105.000 en España y más de 3
millones en todo el mundo.
