16 mayo 2009 - DF, México
— La impunidad continúa
en el caso del asesinato del activista ecológico
y campesino mexicano a pesar de que se conocen
los nombres de sus homicidas y la promesa
expresa de Felipe Calderón para resolver
el caso
Este 15 de mayo se cumplen
dos años del asesinato del activista
mexicano y campesino ecologista, Aldo Zamora,
cuya muerte ha quedado totalmente impune.
El asesinato fue una clara represalia contra
su padre, Ildefonso Zamora Gómez, quien
desde 1998 ha denunciado la tala ilegal en
los bosques de su comunidad, San Juan Atzingo,
Ocuilan, Estado de México.
Los bosques de San Juan
Atzingo forman parte del Parque Nacional de
Lagunas de Zempoala y se encuentran dentro
del Gran Bosque de Agua, el cual alberga dos
por ciento de la biodiversidad mundial, y
abastece tres cuartas partes del agua que
se consume en la Ciudad de México,
dota de agua a los ríos Lerma y Balsas,
ayuda a mitigar el Cambio Climático
y sus impactos en la región.
Sin embargo, la región
de las Lagunas de Zempoala Hutzilac es considerada
como una de las 15 zonas críticas de
tala ilegal en México, las cuales en
conjunto albergan el 60 por ciento de esta
actividad en nuestro país.
Para Greenpeace resulta
muy preocupante la pasividad con la que ha
actuado las autoridades estatales. Por ejemplo,
el día de la agresión el ministerio
público de Tenancingo fue notificado,
pero tardó 24 horas en trasladarse
al lugar donde el activista fue asesinado,
para recoger evidencia e iniciar la averiguación
previa TENA/III/690/2007.
Asimismo, la Procuraduría
estatal dejó pasar 9 días para
liberar las órdenes de aprehensión,
a pesar de que, de acuerdo con el Código
Penal de la entidad existía flagrancia
y urgencia, por lo que no requería
una orden de aprehensión para detener
a los responsables.
Hasta la fecha no ha habido
una respuesta efectiva de las autoridades
para detener esta situación. Por este
motivo, Ildefonso ha sido objeto de múltiples
amenazas por parte de los talamontes.
“Mi hijo Aldo pagó
con su vida la defensa de los bosques de nuestra
comunidad. Las autoridades ya sabían
que la familia Encarnación nos amenazaba
y no se hizo nada; ahora temo por mi seguridad,
la de mi familia y la de los comuneros que
estamos en esta lucha. Todos los que hemos
luchado por detener la destrucción
de estos bosques hemos sido amenazados por
talamontes como los que mataron a mi hijo.
¡Pero no nos vamos a echar para atrás,
exigimos justicia y protección de las
autoridades!”, comentó Ildefonso Zamora,
presidente de bienes comunales de San Juan
Atzingo, aquella ocasión.
A pesar de que el presidente
Felipe Calderón empeñó
su palabra hace un año y aseguró
que se haría justicia, hoy se cumplen
dos años del asesinato del Aldo Zamora
Gómez, defensor de los bosques de San
Juan Atzingo, sin que todos los responsables
hayan sido detenidos. Greenpeace seguirá
exigiendo a las autoridades estatales y federales
“tolerancia cero” para los talamontes, justicia
para este activista mexicano, así como
protección para los comuneros y sus
familias, que resguardan el Gran Bosque de
Agua.
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En su 25 aniversario, Greenpeace
muestra los efectos del cambio climático
que ya se manifiestan en España
16 mayo 2009 - Madrid, España
— La organización ecologista presenta
el informe La crisis del clima que recoge
las evidencias del cambio climático
en las distintas comunidades autónomas
y el libro 25 años en acción
que aglutina su trabajo en nuestro país
en este cuarto de siglo
Greenpeace ha querido destacar
en su 25 aniversario en España la necesidad
de hacer frente al mayor problema medioambiental
de nuestros días: el cambio climático.
Por este motivo ha presentado hoy en la Estación
clima el informe La crisis del clima. Evidencias
del cambio climático en España
en el que se pone de manifiesto la urgencia
de actuar para frenar el calentamiento global.
El trabajo muestra algunos
ejemplos, científicamente referenciados,
de los efectos que el cambio climático
ya está produciendo en los ecosistemas
terrestres y marinos, en los sectores productivos
y económicos y en la salud y la calidad
de vida de los españoles. Además,
ha presentado el libro 25 años en acción
que recoge cerca de 300 acciones de las que
se han realizado en estos años en nuestro
país así como el trabajo desarrollado
en sus campañas.
Algunos de los efectos que
se reflejan en el informe son los siguientes:
España es uno de
los países más vulnerables al
cambio climático de toda la unión
europea, el aumento de la temperatura de 1,5ºC
registrado en nuestro país en el último
siglo supera ampliamente la media del continente
(0,95ºC) y representa más del
doble de la media mundial (0,74ºC).
La subida del nivel del
mar está ampliamente documentada en
nuestro país. Las zonas más
vulnerables son el norte de la península
(donde se ha registrado un aumento de entre
2 y 3 milímetros al año en la
segunda mitad del sigo XX) y de las Islas
Canarias.
Se han identificado los escenarios de mayor
riesgo: los glaciares pirenaicos (que han
perdido más del 80% en los últimos
años), las playas y zonas costeras
(que se enfrentan a un riesgo de retroceso
de, como mínimo 15 metros), los humedales
y las lagunas litorales.
Los impactos en la flora
y la fauna proliferan en todo el territorio,
desde las migraciones altitudinales constatadas
en la Sierra de Guadarrama (Madrid) hasta
las alteraciones en el ciclo reproductivo
de especies o la presencia de especies tropicales
invasoras en las Islas Canarias.
Los impactos en los sectores
productivos también son evidentes.
La tendencia a la “africanización”
del sur de la península y a la “mediterranización”
del norte está provocando el desplazamiento
en latitud de muchos cultivos, afectando seriamente
a los viñedos de todo el país,
a la producción forestal en la meseta
Norte o a la producción agrícola
en Andalucía. La ola de calor de 2003
generó 810 millones de euros en pérdidas
en la agricultura del país.
El turismo es otro gran
damnificado del cambio climático en
España. El aumento de las temperaturas,
la menor disponibilidad de recursos hídricos
y las alteraciones en el litoral afectan directamente
al turismo de playa y la disminución
de las precipitaciones en forma de nieve que
ya ha puesto en jaque a algunas estaciones
de esquí del país, amenaza a
otras con el cierre en menos de una década.
La proliferación
de fenómenos meteorológicos
extremos y catástrofes naturales es
otro de los impactos del cambio climático
constatado en nuestro país. España
es uno de los países de Europa con
mayor mortalidad relacionada con el calor
y uno de los principales emplazamientos del
continente en cuanto a grandes incendios forestales
(sirva de ejemplo la oleada de incendios ocurrida
en Galícia en el verano de 2006). Además
fenómenos como las inundaciones generan
importantes pérdidas personales y materiales:
la media anual de cuantías pagadas
en concepto de seguro por inundaciones en
los últimos años se sitúa
entre los 50 y 100 millones de euros.
Según los últimos
datos científicos, el escenario en
el que nos encontramos supera con creces cualquiera
de las previsiones anteriores y es evidente
que la amenaza de impactos irreversibles es
mucho más inmediata de lo que hubiéramos
podido imaginar, por lo que es el momento
de actuar. “La única forma de impulsar
las negociaciones internacionales en materia
de clima es poner el dinero sobre la mesa.
Los gobiernos acaban de destinar al rescate
de los bancos el equivalente a una cena de
lujo semanal para cada ciudadano de la UE,
lo que Greenpeace les pide para el rescate
del clima equivale, en los mismos términos,
a un café”, ha declarado Aida Vila,
responsable de la campaña de Cambio
Climático y Energía de Greenpeace.
Por este motivo, la organización
pide al Gobierno que destine 2.700 millones
de euros a la lucha contra el cambio climático
y que se comprometa a un acuerdo de reducción
de emisiones que nos permita mantener la temperatura
global por debajo de los 2ºC. Para alcanzar
este objetivo, es necesario que los países
desarrollados alcancen una reducción
mínima de emisiones del 40% para 2020
(tomando como referencia los niveles de 11000)
y que los países en desarrollo contribuyan
a este esfuerzo global moderando su crecimiento
proyectado de emisiones entre un 15 y un 30%
para 2020.