La Fundación IDEAS
del PSOE reconoce que no hay ningún
obstáculo que impida el cierre inmediato
de Garoña - 21 mayo 2009 - Madrid,
España — Greenpeace
apoya la propuesta de la Fundación
IDEAS del PSOE presentada ayer (1) en la que
defiende un cambio urgente del modelo energético
en España, para pasar del actual, completamente
insostenible, basado en los combustibles fósiles
y en la energía nuclear, a otro sostenible,
que sea 100% renovable y eficiente.
La organización ecologista
considera este planteamiento riguroso y bien
fundamentado técnica y económicamente
y con visión de futuro, pues aboga
por el abandono de la energía nuclear
debido a sus múltiples problemas y
por el cierre inmediato de Garoña,
recomendando al Gobierno que no renueve la
licencia de operación de esta central
que finaliza el próximo 5 de julio.
Ayer, en rueda de prensa,
el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
IDEAS, Jesús Caldera, desgranó
las conclusiones del informe, y afirmó
que lo deseable es sustituir la energía
que generan las nucleares por energías
renovables "que no emiten dióxido
de carbono, ni residuos, y son fiables".
“No podemos dejar de manifestar
nuestra satisfacción ante el hecho
de que en el seno del PSOE se asuma de forma
seria y rigurosa la necesidad de alcanzar
un sistema eléctrico 100% renovable
cuya viabilidad técnica y económica
ha quedado totalmente demostrada”, ha afirmado
Juan López de Uralde, director Ejecutivo
de Greenpeace.
Como recordó Jesús
Caldera, gracias a la aportación al
sistema eléctrico de las energías
renovables (más limpias, más
seguras y menos costosas que la nuclear),
ya es posible sustituir y prescindir de la
central nuclear de Garoña. El sistema
eléctrico español tiene capacidad
suficiente para asumir el cierre inmediato
y definitivo de esta central. A modo de ejemplo,
el incremento anual de la producción
de electricidad renovable de 2008 con respecto
a 2007 equivalió al doble de la aportación
anual de Garoña. Es más, España
exportó en 2008 una cantidad de electricidad
equivalente a la producida por tres centrales
nucleares como la de Garoña.
Greenpeace recuerda al presidente
de Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, su promesa electoral de cierre progresivo
de las centrales nucleares realizada en 2004
y reiterada en el programa electoral de 2008
(2).
La organización añade
que la central nuclear de Garoña está
totalmente amortizada desde hace años,
que es una instalación obsoleta (fue
inaugurada en 1971), aquejada de graves problemas
de seguridad (serios problemas de agrietamiento
por corrosión), y que el rechazo social
que genera es manifiesto.
NOTAS
(1) http://www.fundacionideas.es/noticias/pdf/20090520NuevoModeloEnergetico.pdf
(2) El PSOE tiene el compromiso
de “sustituir de forma gradual la energía
nuclear en España por energías
seguras, limpias, y menos costosas, cerrando
las centrales nucleares (…) potenciando el
ahorro y la eficiencia energética y
las energías renovables, la generación
distribuida y las redes de transporte y distribución
local” [Programa Electoral del PSOE - Elecciones
Generales 2008].
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Greenpeace alerta de la
"mediterranización" de Euskadi
por el cambio climático
La organización ecologista
destaca la urgencia de adoptar medidas para
frenar este proceso 22 mayo 2009 - Bilbo,
España — En el 25 aniversario de Greenpeace
en España (1), el Rainbow Warrior,
como “embajador del clima”, ha iniciado hoy
en Bilbao una gira que le llevará por
diferentes puertos de la península
Ibérica para concienciar a la ciudadanía
de las consecuencias del cambio climático,
que en Euskadi significarán un retroceso
de la línea de costa y una “mediterranización”
del clima de la región.
La organización ecologista
ha expuesto los impactos más destacados
que para Euskadi (2), recoge el informe La
crisis del clima. Evidencias del cambio climático
en España (3) y ha puesto de manifiesto
la necesidad de adoptar con urgencia medidas
para frenar este proceso y salvar así
el clima. Según los últimos
datos científicos, la amenaza de aparición
de impactos irreversibles es mucho más
inmediata de lo que se había previsto
hasta el momento.
Greenpeace ha constatado
el aumento de las temperaturas medias que
se ha registrado en la zona, así como
la subida del nivel del mar, lo que junto
a los cambios en la dirección e intensidad
del oleaje provocados por el cambio climático,
eleva el riesgo de inundación en la
costa norte de la península.
“Euskadi está inmersa
en un proceso de “mediterranización”
climática que lleva asociadas importantes
alteraciones en sus ecosistemas terrestres
y marinos. Además, debido a la orografía
de su costa, los riesgos de inundación
no sólo amenazan a las zonas de playa
sino también a las infraestructuras
y construcciones costeras y a las zonas metropolitanas,
como puede ser el centro de Bilbao”, ha declarado
Aida Vila, responsable de la campaña
de cambio climático y energía
de Greenepace.
Greenpeace ha destacado
también la migración altitudinal
de especies derivada del aumento de las temperaturas,
hecho que ya favorece, por ejemplo, la presencia
de especies marinas tropicales en el Cantábrico.
Pero los efectos del cambio climático
no son sólo ecológicos ya que,
como ha resaltado la organización,
el aumento del nivel del mar tiene también
repercusiones en el turismo, y la acidificación
marina provocada por el cambio climático
está alterando peligrosamente las condiciones
de vida de moluscos y crustáceos, dos
de los atractivos gastronómicos de
la región.
Responsabilidades políticas
Para frenar este proceso,
Greenpeace ha destacado la importancia de
las comunidades autónomas y ha pedido
al nuevo Gobierno vasco coherencia con los
compromisos para 2020 asumidos por el Lehendakari
en su debate de investidura: “la reducción
del 20% de las emisiones, la generación
del 20% de la energía mediante fuentes
renovables y la consecución del objetivo
de un 205 de ahorro energético requieren
una verdadera revolución energética
que es totalmente incompatible con seguir
dando cancha al carbón y con el mantenimiento
de centrales térmicas tan obsoletas
como la de Pasaia” ha añadido Vila.
La organización también
ha resaltado la urgencia de actuar contra
el cambio climático de forma global
y la necesidad de que los países industrializados
alcancen -en la cumbre por el clima que va
a celebrarse a finales de año en Copenhague-
un compromiso de reducción de sus emisiones
del 40% para 2020 y se comprometan a prestar
el apoyo financiero que los países
en desarrollo puedan hacer frente a la crisis
climática.
En este sentido, Greenpeace
demanda a los países industrializados
110.000 millones de euros en pago de su responsabilidad
en la crisis climática que se destinarían
a prevenir la deforestación e invertir
en energías limpias en los países
en desarrollo, así como a luchar contra
aquellos efectos del cambio climático
que ya son inevitables en estos países.
La organización pide
al Gobierno español que apueste por
la reducción interna de emisiones y
aporte los 2.700 millones de euros que le
corresponden por su responsabilidad en la
crisis climática: “El ejecutivo debe
invertir en la promoción de las energías
renovables en vez de basar el cumplimiento
de Kioto en la compra de derechos de emisión.
Asegurar un desarrollo limpio en los países
en desarrollo es promover uno de los sectores
clave en España para salir de la crisis
económica”, ha concluido Aida Vila.
Notas:
(1) Dossier de prensa: 25
años de Greenpeace en España.
http://www.greenpeace.org/espana/reports/090503-B
(2) Efectos del cambio climático
en Euskadi. http://www.greenpeace.org/espana/reports/090522
(3) Informe La Crisis del
Clima. Evidencias del cambio climático
en España
http://www.greenpeace.org/espana/reports/090503
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Greenpeace denuncia que
en Salta continúa la tala indiscriminada
a pesar del fallo de la Corte
22 mayo 2009
Salta, Argentina — Greenpeace
denunció que en Salta continúa
la depredación de los bosques nativos
a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, que suspendió
los permisos para las actividades de tala
y desmonte en los departamentos de Orán,
San Martín, Rivadavia y Santa Victoria
hasta tanto se realice un estudio de impacto
ambiental acumulativo y se finalice el Ordenamiento
Territorial que establece la Ley de Bosques.
A casi dos meses del histórico
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que suspendió los desmontes
y la tala en cuatro departamentos de Salta,
Greenpeace realizó un relevamiento
en la zona, consultó a las comunidades
campesinas e indígenas y comprobó
que, a pesar de la restricción del
máximo tribunal, en la provincia continúa
la destrucción de los bosques nativos.
Esta semana Greenpeace junto
a miembros de la comunidad wichi “Honat Le
Les” descubrieron que en las fincas “El Carmen”
e “Isla Carrasco”, ubicadas a 10 kilómetros
de la ciudad de Embarcación, en el
departamento San Martín, se encuentran
dos topadoras abriendo caminos y realizando
la tala indiscriminada de una importante zona
de Selva de Yungas.
El lugar es solicitado por
los indígenas como territorio ancestral
adicional por tratarse de “una de las pocas
selvas en buen estado de conservación
que quedan en la zona. Allí se instaló
desde hace una semana un campamento con dos
topadoras, camiones y varios operarios que
manifestaron tener la orden de cortar todo
árbol que se encuentre hasta quince
kilómetros a la redonda”, afirmó
Octorina Zamora, dirigente de la comunidad
wichi.
Por otra parte, los lotes
fiscales 55 y 14, ubicados en el departamento
Rivadavia, continúan siendo castigados
por la tala selectiva, a pesar de la orden
de la Corte Suprema y de estar comprendidos
en un régimen especial que, según
los decretos provinciales 2609 y 3097 dictados
en 1991 y 1995 respectivamente, prohíbe
toda explotación forestal en ese lugar.
La Asociación de
Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat
denunció que los cortes de madera,
sobre todo de palo santo, quebracho blanco
y algarrobo, se están realizando en
los parajes El Desemboque, San Miguel y Pozo
Bravo, ubicados a unos 70 kilómetros
de la localidad de Santa Victoria Este.
Además, miembros
de las comunidades wichi “Hoktei T’oi” y “Misión
Chowayuk”, denunciaron que continúa
la tala en una finca ubicada en las cercanías
de la comunidad Tonono, en el departamento
San Martín, cerca de la ciudad de Tartagal.
“Es vergonzoso y muy preocupante
que el gobierno de Salta no garantice el cumplimiento
del fallo de la Corte Suprema y permita que
la tala indiscriminada continúe como
si nada hubiese pasado, afectando la rica
biodiversidad existente y a las comunidades
campesinas e indígenas que allí
viven”, señaló Hernán
Giardini, coordinador de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
“En ese sentido, es fundamental
que los aprovechamientos forestales se realicen
de manera sustentable. La certificación
bajo estándares del FSC (Forest Stewardship
Council, Consejo de Manejo Forestal) es la
mejor garantía de que los bosques fueron
manejados de manera social y ambientalmente
responsable”, afirmó Giardini.
La organización ambientalista
presentará a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación material fotográfico
y de video que demuestra el incumplimiento
del fallo.
El fallo de la Corte, que
suspendió el 26 de marzo pasado el
desmonte y la tala en cuatro departamentos
de la provincia tras una medida cautelar presentada
por comunidades campesinas e indígenas,
se basó en que “la tala y el desmonte
de aproximadamente un millón de hectáreas
tendrán un efecto sobre el ambiente
que no se puede ignorar”, por lo que “se configura
entonces una situación clara de peligro
de daño grave porque podría
cambiar sustancialmente el régimen
de todo el clima de la región”.
La medida fue dictada hasta
tanto la provincia, junto a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, elaboren un estudio de impacto
ambiental acumulativo que de cuenta de las
consecuencias ambientales y sociales de estas
actividades a nivel regional. A partir de
la aplicación del principio precautorio,
el máximo tribunal obligó al
gobierno de Juan Manuel Urtubey a suspender
toda actividad de desmonte y tala en los cuatro
departamentos y estableció un plazo
de 90 días para la realización
del estudio de impacto ambiental acumulativo
y la finalización de la cartografía
del Ordenamiento Territorial de las zonas
boscosas exigido por la Ley de Bosques que
determine de manera precisa las áreas
que podrán ser explotadas y las que
deberán ser conservadas.
“Esperamos que el Ordenamiento
Territorial que presente el gobierno de Urtubey
contemple las evaluaciones y las opiniones
de las organizaciones ambientalistas y de
las comunidades que habitan los bosques, ya
que continuar con este ritmo de destrucción
producirá un desastre ambiental que
afectará seriamente la biodiversidad,
el clima, la regulación hídrica,
y a cientos de comunidades campesinas e indígenas
que dependen de los bosques para su subsistencia.
Mientras tanto, es fundamental el gobierno
de Salta cumpla con el fallo de la Corte,
garantizando la suspensión de la tala
y el desmonte”, afirmó Giardini.
Salta es una de las provincias
con mayores niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, entre 1998
y 2002 la superficie deforestada en la provincia
fue de 194.389 hectáreas, mientras
que entre 2002 y 2006 se duplicó la
superficie desmontada, alcanzando las 414.934
hectáreas.
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Justicia para Junichi Sato
y Toru Suzuki, exige Greenpeace
18 mayo 2009 - Aomori, Japón
— Dos activistas de Greenpece Japón
se enfrentan a una persecución política
por haber expuesto a la luz pública
la corrupción en la industria ballenera
japonesa, la cuál es financiada por
los impuestos que pagan los contribuyentes
japoneses
Tokio, Japón.- La justicia se está
desarrollando en Tokio de dos formas: un tribunal
de Aomori, Japón, ha emitido una serie
de reveses para la fiscalía en el juicio
de Junichi Sato y Toru Suzuki (activistas
conocidos como The Tokio Two o Los dos de
Tokio), y el gobierno japonés sigue
intentando encubrir el escándalo de
malversación de fondos dentro de la
industria ballenera.
En primer lugar, el tribunal
ha dictaminado que las pruebas del escándalo
de malversación de fondos no pueden
ser excluidas. En segundo lugar, está
la cuestión de si las acciones de Junichi
y Toru están o no protegidas en virtud
del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, lo cuál será
discutido durante el juicio. En tercer lugar,
el tribunal ha solicitado que el fiscal presente
las declaraciones de testigos que pueden resultar
cruciales para el caso.
El fiscal había intentado
describir las acciones de Junichi y Toru como
un simple caso de robo, para bloquear cualquier
debate sobre la malversación de fondos.
Sin embargo, el tribunal
se ha negado a aceptarlo, decidiendo que esta
evidencia no puede ser excluida. Las pruebas
detallan la corrupción dentro del programa
gubernamental de cacería de ballenas
en el Océano Austral, expuesta por
Junichi y Toru.
Si son declarados culpables
de robo, Junichi y Toru enfrentarían
penas de hasta diez años de cárcel.
Ellos extrajeron una caja de carne de ballena
malversada de un depósito de correo
el año pasado, y la presentaron a la
Fiscalía de Tokio, que inmediatamente
abrió una investigación sobre
la corrupción en el programa gubernamental
de caza de ballenas.
Sin embargo la investigación
fue suspendida posteriormente. El mismo día
en que se realizó una redada en la
oficina de Greenpeace Japón, y Junichi
y Toru fueron arrestados.
"El tribunal ha instado
al fiscal a exhibir las pruebas que ha estado
retrasando. Lo cual incluye las declaraciones
hechas a la policía por el 'propietario'
de la caja de carne de ballena interceptada;
por varios individuos que supuestamente habían
confiado su carne de ballena a él,
y por un empleado de la flota ballenera, quien
hizo los arreglos para el transporte del equipaje
personal de la nave a sus hogares”.
"Queremos establecer
que lo que Junichi y Toru hicieron fue corroborar
la información proporcionada por los
denunciantes en relación con la malversación
de fondos dentro de la flota ballenera",
dijo el abogado Yuichi Kaido, defensor de
Toru y Junichi.
"Con la opinión
del fiscal rechazada por los tribunales, hemos
ganado el primer paso en este caso y la oportunidad
de demostrar que hubo malversación
de carne de ballena por parte de los empleados".
De hecho, parece que los
intentos del fiscal para mantener a varios
testigos en el escándalo de la carne
de ballena fuera de la sala de audiencias
y, por tanto, lejos de los ojos del público,
ha hecho que los jueces se vuelvan más
curiosos. ¿Quizá el fiscal lo
hace porque sabe que la industria ballenera
realmente tiene algo que ocultar?
"El gobierno esperaba
enterrar este escándalo enviando a
los denunciantes a juicio", dijo Jun
Hoshikawa, Director Ejecutivo de Greenpeace
Japón. "Sin embargo, como cada
vez más pruebas de malversación
de fondos salen a la luz publica, al final
será la la caza de ballenas la que
esté en juicio", finalizó.
