21 May 2009 - La
organización muestra su preocupación
por el desinterés del Gobierno central
y las comunidades autónomas a la hora
de impulsar la Ley de Conservación
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
y urge las administraciones a acelerar su
puesta en marcha y preservar los hábitats
y especies protegidas en España.
WWF denuncia la demora en
el arranque de la Ley de Conservación
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
aprobada a finales de 2007, que año
y medio más tarde apenas ha registrado
avances. Por su parte, la Comisión
Estatal, constituido como órgano consultivo
y de cooperación entre el Gobierno
y las comunidades autónomas, tampoco
ha mantenido reunión alguna hasta la
fecha.
En este sentido WWF considera
esencial la puesta en marcha de actuaciones
fundamentales como la elaboración del
Plan Estratégico. Este documento, cuya
fecha de finalización está prevista
para 2010, incluye elementos tan urgentes
como las Directrices de Conservación
de red Natura 2000, imprescindibles para que
las CCAA desarrollen de forma armónica
y coherente sus políticas de conservación.
WWF denuncia que las estrategias
nacionales de conservación de especies
amenazadas se han visto, desde hace más
de dos años, privadas de un responsable
de coordinación así como técnicos
expertos, pese a las reiteradas peticiones
por parte de las organizaciones ambientales.
En esta misma línea, se está
ignorando la necesidad de actuaciones de base,
como la conservación del conejo de
monte, un animal clave en la dieta de especies
amenazadas entre las que figuran el lince
ibérico o el águila imperial.
Otro ejemplo manifiesto
de la dejadez del Ministerio es la ausencia
actual de la figura de Director General de
Medio Natural y Política Forestal,
destituido hace un mes, sin que hasta día
de hoy se haya nombrado a un sucesor.
Según explica Juan
Carlos del Olmo, secretario general de WWF,
“El Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades
Autónomas disponen de un magnífico
instrumento para garantizar la protección
de la biodiversidad con esta ley, pero no
la están aprovechando adecuadamente”.
Y concluye, “Sin la puesta en marcha de las
correspondientes actuaciones, esta ley puede
quedar en papel mojado. De nada sirven todos
los discursos sobre nuestro valioso patrimonio
natural.”
Tampoco las CCAA salen bien
paradas, pues incumplen sistemáticamente
sus responsabilidades, un hecho palpable en
la carencia generalizada de planes de recuperación
de especies protegidas.
En opinión de Luis
Suárez, responsable del Programa de
Biodiversidad Terrestre de WWF, “Las comunidades
autónomas parecen más interesadas
en desarrollar proyectos de cría en
cautividad, más mediáticas,
desatendiendo la conservación de los
hábitats y el trabajo sobre el terreno,
algo básico a la hora de asegurar un
ecosistema saludable.”
España es un país
rico en biodiversidad que alberga gran variedad
de especies y hábitats. Algunas de
ellas son endémicas y en riesgo de
extinción, como el lobo, el lince ibérico,
el oso pardo, el águila imperial o
la foca monje.
La Ley de Conservación
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
sitúa por primera vez la protección
de los recursos naturales del país
por encima de la ordenación territorial
y urbanística, estableciendo las estrategias
de conservación de hábitats
y especies en peligro de desaparición
y enumerando las posibles infracciones ambientales
y sus correspondientes sanciones, que incluyen
la reparación del daño causado.
+ Más
WWF España pide al
nuevo director de la Agencia Andaluza del
Agua que termine con el uso ilegal del agua
en Doñana
22 May 2009 - WWF recuerda que son muchos
los problemas relacionados con el agua en
Andalucía. El uso ilegal del agua,
la ocupación del dominio público
hidráulico o la existencia de obstáculos
en los ríos que causan un grave impacto
ambiental son algunos de los retos a los que
tendrá que enfrentarse la nueva dirección
de la Agencia Andaluza del Agua, para cumplir
con los objetivos de la Directiva Marco de
Agua.
El nuevo director gerente
de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) tiene
muchos retos por delante, siendo el uso ilegal
del agua el más grave. WWF lleva años
denunciando las extracciones ilegales que
afectan al buen estado de las masas de agua.
En concreto, en la comarca de Doñana
existen alrededor de 1.000 captaciones sin
autorización y el problema, lejos de
desaparecer, sigue agravándose con
recientes extracciones para regadío
no autorizadas. Esta situación pone
en peligro a humedales de interés internacional,
como la marisma de Doñana, y a arroyos
de vital importancia, como el de la Rocina.
WWF España solicita al director que
aclare sí reforzará o no la
línea de control de las extracciones
iniciada años atrás por la administración
del agua, pues es la única forma de
solucionar el problema.
A la situación anterior
se suma el consumo desmesurado de agua en
Andalucía debido a la agricultura,
que supone más del 80% del total, y
que ha motivado que numerosas masas de agua
se encuentren en estado crítico. WWF
solicita que no se autoricen nuevas concesiones
de agua para regadío, y que se asegure
que la modernización de los regadíos
obsoletos suponga un ahorro neto real de agua
que garantice el abastecimiento a poblaciones
y el cumplimiento de los caudales ecológicos.
La restauración de
los ríos andaluces es otro de los grandes
retos pendientes. Para que nuestros ríos
vuelvan a ser ecosistemas vivos y alcancen
el “buen estado ecológico” que exige
la Directiva Marco del Agua, la AAA debe invertir
mayores esfuerzos en el deslinde del dominio
público hidráulico, devolviéndole
al río el espacio que le pertenece
para mantener sus funciones. Esto evitaría
situaciones de riesgo de catástrofes
en épocas de grandes avenidas. La Agencia
también debe preservar los escasos
tramos de río que aún quedan
en buen estado, designándolos reservas
naturales fluviales.
Además, la AAA tiene
que velar porque se cumplan los caudales ecológicos
necesarios para garantizar el óptimo
funcionamiento de los ríos y liberarlos
de aquellas presas, diques o azudes que, por
su localización en zonas protegidas,
por haber quedado obsoletos, o porque simplemente
carecen de permisos, causan graves impactos
ambientales y sociales. Entre otros, WWF solicita
al director que retire el dique del Granaíno,
en el río Guadalfeo. Construido para
la retención de sedimentos, no cuenta
con la concesión administrativa correspondiente
y, además, afecta a especies en peligro,
como la trucha común en las cabeceras
de los ríos de las Alpujarras.
Respecto a la Ley Andaluza
del Agua, WWF se muestra totalmente en contra
de la propuesta de creación de los
llamados “distritos hidrográficos”,
pues supondría la subdivisión
administrativa de las cuencas, rompiendo su
unidad de gestión. A este respecto,
y teniendo en cuenta las declaraciones del
nuevo director gerente sobre su “intención
de avanzar en la descentralización
de la administración”, WWF le solicita
que siga respetando la unidad de cuenca como
herramienta de gestión y que no se
ceda a presiones políticas y comarcales,
que solo llevan a la fragmentación
de los ríos.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF España, señaló:
“La política del agua en Andalucía
precisa de un giro radical que pasa por terminar
con las extracciones ilegales de agua en lugares
como Doñana y detener la degradación
galopante del río Guadalquivir”. Y
añadió: “esto no se logrará
troceando y dispersando las competencias en
materia de agua”.
+ Más
Canarias pone en riesgo
la salud de su patrimonio natural
Tan sólo la quinta parte de los valores
protegidos se encuentran bien conservados
La designación y
gestión de casi doscientas Zonas de
Especial Conservación (ZEC), establecida
en el marco europeo de la red Natura 2000,
sigue sin aprobarse un año y medio
después de la fecha límite impuesta
por la UE. Por esta razón WWF urge
al Gobierno canario a que cumpla con sus compromisos.
WWF advierte que la Consejería
de Medio Ambiente de Canarias está
demostrando un escaso interés por preservar
la biodiversidad de sus islas, a pesar de
ser uno de los puntos de mayor relevancia
para la conservación dentro del territorio
europeo.
En el año 2001 la
región biogeográfica macaronésica
– Canarias, Azores y Madeira – fue la primera
en ver aprobadas sus listas de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) por la Comisión
Europea. Esta lista alberga áreas que
comprenden, entre otras, bosques de pino canario,
sebadales o laurisilva.
Desafortunadamente este
rápido impulso inicial no se ha continuado
en la creación de los planes de gestión
para esas zonas protegidas, y el trámite
acumula ya un año y medio de retraso
respecto a la fecha prevista.
A raíz de la grave
vulneración de sus obligaciones, España
y Portugal han sido objeto de un procedimiento
de infracción abierto por la Comisión
Europea. No obstante, según ha podido
saber WWF, los planes de gestión de
Azores y Madeira se encuentran prácticamente
finalizados, a años luz de la situación
canaria.
La falta de compromiso que
está demostrando el gobierno insular
con la preservación de su biodiversidad
se plasma en el reciente informe de seguimiento
de la red Natura 2000. WWF asegura que los
datos aportados por el archipiélago
son escandalosos: Tan sólo el 17% de
los hábitats y especies protegidas
se encuentran en un “estado de conservación
favorable” según los criterios de la
Directiva comunitaria. Con respecto al resto
de los valores naturales de las islas la información
es muy escasa y, en ocasiones, inexistente.
El problema se agrava por
la pasividad del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, que a fecha de hoy aún
no ha publicado las denominadas ‘Directrices
de conservación de la red Natura 2000’.
Este documento ha de establecer el modo de
llevar a cabo los planes de gestión
y planificación de los espacios comprendidos
en la red Natura 2000, la principal figura
europea de protección ambiental, por
parte de las Comunidades Autónomas.
El patrimonio natural canario
incluye cerca de 18.000 especies diferentes,
gran parte de las cuales son endémicas
de la región y se encuentran amenazadas,
como el lagarto gigante de El Hierro, la musaraña
canaria o el pinzón azul. En total
las islas albergan 177 Lugares de Interés
Comunitario (LIC) y 43 Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), lo que supone prácticamente
el 50% de la superficie del archipiélago.
Por esta razón WWF
resalta la urgencia de poner en marcha las
medidas de protección de estos valores
naturales, amenazados por el desarrollo urbanístico
descontrolado y el turismo de masas, garantizando
el crecimiento sostenible de las islas.
Para Luis Suárez,
Responsable del Programa de Biodiversidad
Terrestre de WWF España: “La falta
de gestión en los espacios de red Natura,
además de poner en riesgo sus valores
naturales, significa perder la oportunidad
para afrontar un desarrollo sostenible para
las islas”. Y concluye: “Asimismo, con este
retraso, el gobierno canario está perdiendo
importantes oportunidades de financiación
a través de los fondos comunitarios,
a lo que habría que sumar la más
que probable cuantiosa multa que impondrán
los tribunales europeos.”
