19
junio 2009 Activistas de Greenpeace han comenzado
a cubrir con una enorme tela verde la fachada
del macrohotel de El Algarrobico en Carboneras
(Almería). Mientras, escaladores de
la organización han están colgando
una pancarta de 370 m2, con el mensaje “PARQUE
NATURAL SIN HOTEL ILEGAL”. Desde mar, dos
zódiac de la organización portan
banderas con este mismo lema.
España — Los peores
pronósticos sobre la credibilidad de
la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente en materia de
protección del litoral se confirman:
el Gobierno ha dictado una resolución
en la que abandona la expropiación
del hotel de El Algarrobico hasta que no se
resuelva la cuestión judicial sobre
la posible nulidad.
Greenpeace considera que
esta decisión supone un retroceso en
la defensa del litoral.
“No tiene sentido que el
Gobierno defienda públicamente la protección
de la costa con derribos en otros puntos del
litoral mientras que este macro hotel construido
a 14 metros de la ribera del mar y en pleno
Parque Natural sigue en pie”, ha declarado
Juan López de Uralde, director de Greenpeace
España.
El hotel de El Algarrobico
acumula doce pronunciamientos judiciales en
su contra. Asimismo, el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar está paralizado
por la justicia debido a las graves afecciones
que este hotel ilegal supone para el medio
ambiente.
“Con esta decisión
el Gobierno ha decidido tirar la toalla y
con ella la credibilidad en sus argumentos
de sostenibilidad y defensa de la costa”,
ha añadido López de Uralde.
Tras la sentencia del pasado
mes de septiembre, por la que el Juzgado número
2 de Almería declaraba nula la licencia
de obras del hotel, el Ministerio de Medio
Ambiente encargó un informe a la Abogacía
del Estado para analizar cómo afectaba
la sentencia al proceso de expropiación.
Greenpeace denunció públicamente
en febrero las intenciones del Ministerio
de Medio Ambiente, que hoy se hacen realidad,
cubriendo simbólicamente el hotel ilegal.
Sin ningún argumento
jurídico de peso se abandona el proceso
de expropiación bajo la excusa de un
posible detrimento de los fondos públicos.
Greenpeace considera que las administraciones
públicas que dejaron construir el hotel
deberían haber pensado entonces en
las consecuencias económicas para las
arcas del Estado.
+ Más
Los ecologistas denuncian
la postura incoherente de la Junta de Castilla
y León sobre Garoña
Tanto la Junta de Castilla
y León como el PP apuestan por la energía
nuclear al tiempo que rechazan sus residuos
radiactivos18 junio 2009 Acción de
Greenpeace con sesenta activistas en la central
nuclear de Garoña.
Valladolid, España — Greenpeace, Ecologistas
en Acción de Castilla y León
y la Asociación de Vecinos Afectados
por la Central Atómica de Garoña
(AVACA) han denunciado la actitud hipócrita
de la Junta de Castilla y León y del
Partido Popular en relación a la energía
nuclear y al cierre de Garoña (Burgos),
durante una rueda de prensa celebrada hoy
en Valladolid.
Estas organizaciones han
lamentado y calificado de incoherentes las
recientes declaraciones de diversos dirigentes
del Partido Popular y de la Junta de Castilla
y León, en particular, de su Presidente,
Juan Vicente Herrera, y de su Vicepresidenta
y Consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, acerca de que sería
un error que el Gobierno central y su Presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero,
cumplieran su programa electoral de abandonar
la energía nuclear y cerrar Garoña,
cuyo permiso de explotación finaliza
el próximo día 5 de julio.
“Mª Jesús Ruiz
y Juan Vicente Herrera, entre otros, con sus
declaraciones sobre Garoña, han dejado
claro que para el Partido Popular los programas
electorales son papel mojado, y que no les
preocupa lo más mínimo incumplir
las promesas que hacen a los ciudadanos durante
las campañas electorales”, ha declarado
Carlos Bravo, responsable de la campaña
de energía de Greenpeace.
La postura del Partido Popular,
dentro y fuera de Castilla y León,
en torno a la energía nuclear no puede
de calificarse sino de hipócrita, cuando
sus responsables dicen apostar por el mantenimiento
de las centrales nucleares existentes e incluso
por la construcción de nuevas centrales,
al tiempo que rechazan rotundamente que se
pueda construir en sus comunidades autónomas
un cementerio nuclear para los residuos radiactivos
que producen esas mismas centrales.
Así pues, tajante
fue en 2006 el Presidente de la Junta de Castilla
y León y otros responsables de la misma,
tras las protestas contra el proyecto de Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos
de alta actividad en Peque (Zamora), rechazando
la posibilidad de que el ATC se albergara
en Castilla y León. Diputaciones provinciales
como Zamora, León, Burgos, entre otras,
con mayoría del PP, aprobaron mociones
rechazando esa posibilidad. Igualmente lo
fue Luis de Grandes (PP de Guadalajara), el
pasado mes de mayo, cuando rechazó
contundentemente que Castilla-La Mancha albergara
el ATC al tiempo que lanzaba proclamas a favor
de la energía nuclear, a la que, de
forma incoherente, calificó de no contaminante.
“Los máximos dirigentes
de la Junta de Castilla y León parecen
estar más preocupados por salvaguardar
los beneficios económicos de las compañías
eléctricas propietarias de Garoña
que de buscar la seguridad de los habitantes
de la zona”, ha afirmado Agapito Suárez,
Presidente de AVACA.
Suárez ha expresado
la preocupación de los vecinos de la
zona por la existencia de altas tasas de incidencia
de determinados tipos de cáncer y otros
problemas de salud en el entorno de la central
nuclear de Garoña. “Nos sentimos desamparados
y desprotegidos por parte de la Junta de Castilla
y León”, añadió.
La central nuclear de Garoña
es una central obsoleta y peligrosa, cuyo
cierre inmediato no afectaría a la
garantía de suministro eléctrico
y que está totalmente amortizada desde
hace años. No hay ningún obstáculo
económico que impida cerrarla, salvo
los intereses económicos de Nuclenor
(50% Iberdrola, 50% Endesa), que quieren seguir
lucrándose con esta vieja central aunque
sea a costa de exponer a la población
y al medio ambiente al riesgo de sufrir un
accidente nuclear.
“Con su defensa a ultranza
de la continuidad de esta cafetera nuclear,
la Junta de Castilla y León se hace
cómplice de la codicia de Nuclenor,
y al tiempo elimina cualquier posibilidad
de lograr un verdadero desarrollo económico
más sostenible en la zona dejando atrás
el monocultivo industrial que provoca la propia
central nuclear”, Luis Oviedo, portavoz de
Ecologistas en Acción de Castilla y
León.
“La decisión que
próximamente debe tomar el Gobierno
de cerrar Garoña es trascendental para
nosotros: en el Valle de Tobalina nos jugamos
la posibilidad, hasta ahora frustrada, de
conseguir un futuro más sostenible
para los municipios del entorno y la de que
el Gobierno apueste por un modelo energético
sostenible, basado en las energías
limpias y seguras y libre de la energía
nuclear”, añadió Suarez.
El cierre de la planta no
perjudicará al empleo porque el desmantelamiento
de una central es un proceso largo y generador
de puestos de trabajo. Además, el sector
de las energías renovables tiene una
capacidad de creación de empleo muy
superior al sector nuclear ya que, de todas
las formas de producir energía, es
la que crea menos puestos de trabajo.
Estos colectivos pueden
asegurar, citando información de la
propia Nuclenor que la central nuclear de
Garoña tiene una plantilla de 323 trabajadores
fijos. Ni 600 ni 1.000 como se ha dicho en
otras informaciones. Esas cifras infladas
son falsas.
Al igual que es falso el dato de que la industria
nuclear genera en España 30.000 puestos
de trabajo. Según datos de un estudio
de Comisiones Obreras de 2006, el sector nuclear
contaba en 2005 con 4.124 empleados de los
cuales el 52,8% pertenecían a la plantilla
fija de las centrales nucleares. Estas cifras
de empleo en las centrales nucleares aumentaban
a 10.930 durante el periodo de recarga de
las centrales, de los cuales el 20% pertenecía
a la plantilla de la central.
Por el contrario, las energías
renovables sí son generadoras de gran
cantidad de empleos estables y de calidad.
Según datos de Comisiones Obreras,
en un informe de febrero de 2008, en España
el sector de las energías renovables
generaba -ya a finales de 2007- 89.000 empleos
directos (y 99.681 indirectos). En Alemania,
en 2006 el sector de energías renovables
dio empleo a 235.000 trabajadores, un incremento
del 50% sobre los dos años anteriores
Actualmente se dan las condiciones
para que el Gobierno socialista y su Presidente
sean coherentes y ordenen el cierre inmediato
y definitivo de la central: la escasa contribución
energética de la central nuclear de
Garoña está sobradamente compensada
por la aportación de las energías
renovables, sin Garoña, la seguridad
del suministro eléctrico seguirá
estando garantizada; su vida útil está
agotada; existe además un amplio consenso
social a favor de su cierre.
Por todo ello, estos colectivos
consideran que el Gobierno socialista debe
anunciar sin más demora su decisión
de cerrar definitivamente la central nuclear
de Garoña el día 5 de julio
de 2009, cuando vence su permiso de explotación,
dado que no hay ningún obstáculo
energético, técnico ni económico
que lo impida.
+ Más
"Juzgan a Greenpeace
por haber denunciado la fabricación
en España de bombas de racimo"
15 junio 2009 Madrid, España
— Activistas de Greenpeace han accedido a
las instalaciones de la empresa armamentística
Expal para denunciar que esta empresa fabrica
bombas de racimo y reclamar su prohibición
total.
Madrid, España —
El Juzgado de Instrucción número
10 de Madrid ha juzgado esta mañana
a 31 activistas de Greenpeace que protestaron
por la fabricación en España
de bombas de racimo. El Ministerio Fiscal
ha solicitado una multa de 140 euros para
cada uno de los denunciados por entender que
habían interrumpido el trabajo en las
oficinas de EXPAL, empresa que fabricaba en
ese momento las bombas de racimo que han sido
prohibidas por el Gobierno español.
La sentencia se dictará en los próximas
días.
Los activistas entraron
en la empresa con el objetivo de informar
del tipo de armamento que se estaba construyendo
allí y los efectos sobre la población
civil. Los activistas informaron de que estas
bombas actúan de forma indiscriminada,
no distinguen entre blancos civiles y militares
y, por sus altas tasas de error, siguen causando
muertos y heridos mucho tiempo después
de que acabe un conflicto. Afectan sobre todo
a la población civil, que son el 98%
de sus víctimas. En especial los niños,
que son atraídos por sus colores y
formas llamativas.
La protesta por la que han
sido juzgados formaba parte de la campaña
que Greenpeace desarrolló contra las
bombas de racimo. La organización ecologista
documentó las actividades de las empresas
que producían estas bombas en España,
y lo hizo público a través de
protestas como la que ha llevado a juicio
a estos activistas.
Tras esta campaña
se consiguió la prohibición
total en nuestro país de este tipo
de armamento. España fue uno de los
primeros países en ratificar el Tratado
de Prohibición de las bombas de racimo,
el pasado 18 de marzo, en el pleno del Congreso
de los Diputados y se ha convertido en uno
de los primeros en incorporar la norma a su
ordenamiento legal.
+ Más
Greenpeace, juzgado por
denunciar la fabricación de bombas
de racimo
El Gobierno español
prohibió estas bombas gracias a la
campaña de Greenpeace - 14 junio 2009
Activistas de Greenpeace han accedido a las
instalaciones de la empresa armamentística
Expal para denunciar que esta empresa fabrica
bombas de racimo y reclamar su prohibición
total.
Madrid, España — Una veintena de activistas
de Greenpeace serán juzgados el lunes
en Madrid por haber protestado contra las
bombas de racimo. El juicio se celebrará
en el juzgado nº10 de la capital, a las
10 de la mañana del lunes 15 de junio.
Los activistas protestaron
en la sede de EXPAL, una de las empresas que
producía bombas de racimo en España.
Esta protesta formaba parte de la campaña
que Greenpeace desarrolló contra las
bombas de racimo. La organización ecologista
documentó las actividades de las empresas
que producían estas bombas en España,
y lo hizo público a través de
protestas como la que ahora lleva a estos
activistas a juicio.
Tras esta campaña
se consiguió la prohibición
total en nuestro país de este tipo
de armamento. España fue uno de los
primeros países en ratificar el Tratado
de Prohibición de las bombas de racimo,
el pasado18 de marzo, en el pleno del Congreso
de los Diputados y se ha convertido en uno
de los primeros en incorporar la norma a su
ordenamiento legal.
"Deberían sentarse
en el banquillo los que se han enriquecido
produciendo y comercializando estas armas
repugnantes, y no nuestros activistas.
Precisamente gracias a su compromiso hemos
conseguido que se prohíban
definitivamente en España, y que un
Convenio Internacional las prohíba
en
todo el mundo. En vez de llevarles a juicio,
deberían darles las gracias a
los activistas", ha declarado Juan López
de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.
Una bomba de racimo está
formada por una bomba “contenedor” que puede
ser lanzada desde tierra, mar o aire y que,
al abrirse durante la trayectoria, expulsa
cientos de submuniciones que se dispersan
por amplias superficies.
En teoría, estallan cuando alcanzan
el suelo, pero esto no siempre es así.
Actúan de forma indiscriminada,
no distinguen entre blancos civiles y
militares y, por sus altas tasas de error,
siguen causando muertos y heridos
mucho tiempo después de que acabe un
conflicto. Afectan sobre todo a la
población civil, que son el 98% de
sus víctimas. En especial los niños,
que
son atraídos por sus colores y formas
llamativas.
Estas armas no matan sólo
durante los conflictos sino mucho tiempo después,
ya que entre el 5% y el 30% de las municiones
no estallan y quedan dispersas sobre el territorio.
Después actúan como si fueran
minas antipersonales. Son incluso más
peligrosas que éstas, ya que están
diseñadas para matar y no sólo
para herir o mutilar. Un ejemplo claro es
Laos, donde la gente sigue muriendo hoy en
día como consecuencia de las bombas
de racimo, y hace más de 30 años
que se terminó la guerra.
