01
junio 2009 - Buenos Aires, Argentina — Una
espontánea movilización de ratas,
moscas y cucarachas expresó este lunes
su apoyo a la candidata a diputada nacional
Gabriela Michetti, a raíz de la política
de gestión de residuos que lleva a
cabo el PRO en la Ciudad de Buenos Aires que
logró que, en 2008, aumentara más
de un doce por ciento la basura que enterraron
los porteños en el conurbano.
Las alimañas, que
expresaron su rechazo a la Ley de Basura Cero
(que promueve el reciclaje y la separación
en origen), acompañaron este mediodía
a la candidata del Pro a un acto de campaña
que realizó en la Plaza Lavalle, para
manifestarle su respaldo y su deseo de que
los logros alcanzados en la Ciudad se extiendan
a nivel nacional y que la Argentina produzca
cada vez más y más basura.
"Realizamos esta intervención
paródica para que el Gobierno porteño
entienda que las únicas beneficiarias
de su gestión de residuos son las ratas
y las cucarachas, que celebran el crecimiento
del volumen de basura generada y el desmantelamiento
de las políticas de reciclaje y recuperación
de residuos", sostuvo María Eugenia
Testa, coordinadora de la Unidad Política
de Greenpeace.
Un informe oficial presentado
por el el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno porteño
ante la Legislatura confirmó que, durante
2008, se enterró un 12,07% más
de toneladas de basura en los rellenos del
conurbano bonaerense y se recicló un
24% menos de residuos que en el año
2007.
A través de un crítico
análisis del informe oficial, Greenpeace
señala la contradicción de los
datos oficiales que demuestran el aumento
de basura enterrada, con las iniciativas propuestas
por la administración porteña
para la gestión de residuos, cuestiona
la falta de campañas de comunicación
y acusa a la gestión de Mauricio Macri
de intencionalidad en el desguace del sistema
de contenedores dobles, separación
y recolección diferenciada de residuos.
"Michetti, a pesar
de haber apoyado y votado la Ley de Basura
Cero cuando fue legisladora porteña
en el 2005, mantuvo silencio ante la política
improvisada en materia de gestión de
residuos de la gestión Pro, y sobre
las consecuencias en la salud que la basura
que generan los porteños tiene en los
habitantes del conurbano bonaerense, afectados
por los rellenos sanitarios. Por eso le reclamamos
que asuma su responsabilidad como candidata
a diputada nacional y se comprometa públicamente
a respaldar la Ley de Basura Cero, vigente
en la Ciudad de Buenos Aires y a garantizar
un modelo sustentable de gestión de
los residuos sólidos urbanos para todos
los porteños", sostuvo Testa.
“Durante el año 2008
los contenedores diferenciados continuaron
en la vía pública en diferentes
barrios de la Ciudad, y el gobierno ha pagado
a las empresas por el servicio de recolección
diferenciada durante todo el año. Aún
con esta base, la administración Macri
no hizo absolutamente nada para mejorar el
funcionamiento de dicho sistema, lo que habla
de desidia e irresponsabilidad de los funcionarios
públicos. No hubo durante 2008 ninguna
campaña de separación domiciliaria
de residuos, ni masiva ni barrial, por parte
del gobierno. Hay intencionalidad del GCABA
de abandonar y dejar caer el sistema de gestión
establecido por la Ley 1.854 en 2007”, agregó
Testa.
+ Más
Día del Medio Ambiente:
Greenpeace reclama discusión ambiental
en la campaña política
04 junio 2009 - Buenos Aires,
Argentina — En coincidencia con el Día
Mundial del Medio Ambiente que se celebrará
mañana, Greenpeace alertó este
jueves sobre la falta de debate ambiental
en la campaña electoral y sobre la
necesidad de encarar, de forma urgente y decidida,
la reparación de los grandes problemas
ambientales que afectan al país.
Para la organización
es imperante contemplar en la agenda política
temas como el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo,
la plena implementación de la ley de
bosques, el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos y la lucha contra el Cambio Climático
Global.
"Vemos con gran preocupación
como, en una campaña sin propuestas
y vaciada de debate, la dirigencia política
continúa sin pronunciarse sobre cuestiones
críticas para garantizar la sustentabilidad
de los recursos naturales y las condiciones
de vida de millones de personas", expresó
Juan Carlos Villalonga, director de Campañas
de Greenpeace.
Entre los principales problemas
ambientales que padece el país, Greenpeace
señaló:
Cuenca Matanza-Riachuelo.
Es uno de los 30 sitios más contaminados
del mundo, donde habita el 13 por ciento de
la población del país. La emergencia
ambiental de la zona ha perdurado en el tiempo,
entre las promesas, la inacción y la
desidia de los diferentes gobiernos. En 2008,
un fallo histórico de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que representa
un punto de inflexión en la historia
de la contaminación del Riachuelo,
obligó al Estado a llevar adelante
un proceso de recomposición de la cuenca.
Greenpeace reclama que el
plan de saneamiento dispuesto por el fallo,
sea efectivamente ejecutado y que este proceso
se traduzca en un plan de Vertido Cero, que
permita llegar al 2020 con la eliminación
total de emisiones de sustancias peligrosas
de origen industrial y de vuelcos de líquidos
cloacales a la cuenca.
Como metas intermedias,
la organización promueve la reducción
del 50 del ciento de los vertidos de las sustancias
más contaminantes para 2015, la identificación
de las 100 industrias más contaminantes
de la Cuenca por parte de la ACUMAR (Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo), y la conformación
de un registro único de emisiones de
sustancias peligrosas.
Emergencia forestal. Greenpeace
alerta sobre la emergencia forestal a nivel
global y a nivel local, y sobre la importancia
de los bosques en la regulación climática,
el mantenimiento de las fuentes y caudales
de agua y la conservación de los suelos.
De acuerdo con datos oficiales,
en los últimos diez años, Argentina
perdió más de 2 millones y medio
de hectáreas de bosques nativos, lo
que equivale a una hectárea cada dos
minutos. Actualmente nuestro país cuenta
con una superficie de 31.443.873 de hectáreas
de bosque nativo, tan sólo el 30 por
ciento de las masas forestales originales.
La altísima tasa
de transformación de los bosques, especialmente
originada por los desmontes en el norte de
Argentina para la ampliación de la
superficie agrícola (en la mayoría
de los casos para el monocultivo de soja transgénica)
no tiene precedentes en la historia.
La Ley 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos, sancionada en 2007
y reglamentada en febrero de este año
tras la tragedia provocada por el alud en
la ciudad de Tartagal, establece que cada
provincia deberá realizar un Ordenamiento
Territorial, mediante el cual se determinarán
las zonas a ser protegidas. Sin embargo, muchos
de los procesos permanecen aún inconclusos
en numerosas provincias y continúan
produciéndose denuncias por desmontes
y talas ilegales, sin control de parte del
Estado.
Greenpeace reclama que la
zonificación que surja de los Ordenamientos
Territoriales provinciales no otorgue ni una
hectárea más para ser desmontada.
Cambio climático.
El cambio climático es para la Argentina
una de las grandes amenazas ambientales para
este siglo. Sus impactos tendrán consecuencias
en la biodiversidad, la economía y
la salud de la población. La expansión
de enfermedades tropicales continuará
aumentando durante los próximos años,
por efecto del calentamiento global. En la
región de Cuyo, será cada vez
más crítico el recurso hídrico
por la desaparición de los glaciares,
prevista para antes de la mitad del siglo.
Nuestro país no sólo debe adaptarse
a la nueva realidad climática que se
avecina, sino contribuir activamente en la
mitigación del cambio climático,
apoyando los compromisos internacionales de
reducción -de emisiones de gases de
efecto invernadero- que permitan mantener
el aumento de la temperatura global por debajo
de los 2 grados. Debido a que las emisiones
de gases de efecto invernadero per cápita
son muy elevadas, la Argentina deberá
hacer un gran esfuerzo para reducirlas.
Residuos Urbanos. Durante
el 2008 y hasta la fecha, Greenpeace ha venido
reclamando a la administración de Mauricio
Macri la plena implementación de la
Ley 1854 de Basura Cero en la Ciudad de Buenos
Aires. La norma, impulsada por la organización
ambientalista y aprobada por unanimidad por
la Legislatura porteña en noviembre
de 2005, establece el Sistema de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos
para la Ciudad de Buenos Aires, que debe conducir
a la reducción progresiva de la basura
enterrada en los rellenos sanitarios de la
CEAMSE.
Los rellenos sanitarios
a los cuales se deriva la basura de la Ciudad
de Buenos Aires hoy están colapsados
o a punto de llegar al final de su vida útil,
además de generar la oposición
de los vecinos. A pesar de esto, según
el acuerdo al que llegaron el gobernador bonaerense,
Daniel Scioli, y el jefe de Gobierno porteño,
Mauricio Macri, publicado en el boletín
oficial del GCABA el 3 de junio pasado, la
Ciudad pagará más dinero por
abrir dos nuevos rellenos sanitarios en municipios
de la provincia. La administración
de Macri no se ha comprometido a reducir los
residuos que enviará al conurbano y
lo que es más preocupante, hoy está
adoptando medidas contrarias a ese objetivo.
La Ciudad envió durante
2008 alrededor de 5.200 toneladas diarias
de basura al conurbano. Los residuos urbanos
que son depositados en los rellenos contienen
una variedad de sustancias químicas
como metales pesados y una enorme cantidad
de compuestos orgánicos como detergentes,
solventes y contenidos de plástico
como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído,
entre otros. Al descomponerse los residuos,
se liberan líquidos lixiviados (líquidos
que se filtran de la basura y contaminan las
napas subterráneas) y gases que son
altamente tóxicos para las comunidades
vecinas. Los líquidos arrastran partículas
de residuos y disuelven metales que son vertidos
en el suelo y llegan así a los cursos
de agua.
Estudios realizados sobre
muestras de lixiviados demostraron la presencia
de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades
que superan los límites permitidos
para vertidos en cursos de agua. Estos elementos
pueden provocar daños renales, malformaciones
congénitas, enfermedades en la piel,
cáncer, alteraciones hormonales y abortos
prematuros, entre otras dolencias
Residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. Los residuos electrónicos
de la Argentina ya alcanzan las 100.000 toneladas
anuales (aproximadamente 2,5 kg per cápita)
debido al crecimiento de las ventas y a que
no existe prácticamente ninguna infraestructura
formal para ocuparse del tema. Los productos
electrónicos contienen numerosas sustancias
tóxicas que provocan, al disponerse
a través de métodos inadecuados,
numerosos problemas en la salud y el medio
ambiente.
La Argentina no cuenta aún
con un marco normativo moderno que garantice
y obligue a las empresas a responsabilizarse
por la disposición final de los productos
que vuelcan al mercado. Greenpeace presentó
un informe en el que analizó los principales
obstáculos que existen en el país
para abordar el problema de los residuos electrónicos.
Entre ellos, identificó la falta de
infraestructura formal de reciclado, la inexistencia
de políticas públicas que promuevan
la clasificación de residuos y el riesgo
de importación y exportación
de residuos de manera ilegal.
+ Más
Activistas de Greenpeace
pueden ir presos por denunciar al Gobierno
de Macri por contaminar el conurbano
11 junio 2009 - Buenos Aires,
Argentina — Ocho activistas de Greenpeace
serán llevados a juicio oral el próximo
martes 16 de junio por la Fiscalía
número 6, dependiente del Ministerio
Público del Gobierno porteño,
por haber desplegado un cartel gigante en
el obelisco en el que denunciaban la contaminación
que produce la basura de la Ciudad de Buenos
Aires en el conurbano bonaerense.
Los ocho jóvenes
activistas de Greenpeace procesados, tres
mujeres y cinco hombres de entre 20 y 43 años,
están acusados de "violación
de domicilio" y "daño agravado",
en el marco de una demanda impulsada por el
Ministerio Público porteño y
que podría desembocar en una condena
de prisión efectiva de cuatro años
para todos los imputados.
"Resulta paradójico
que se impulse el arresto de los activistas
por denunciar la contaminación que
la Ciudad produce en el Conurbano porque las
autoridades del Gobierno porteño no
cumplen con la Ley vigente en materia de residuos,
que los obliga a reducir las toneladas de
basura que son enterradas en los rellenos
sanitarios de la provincia de Buenos Aires",
declaró María Eugenia Testa,
coordinadora de la Unidad Política
de Greenpeace.
Durante todo el año
2008 y hasta la fecha, Greenpeace ha venido
denunciando públicamente el incumplimiento
de la Ley “Basura Cero” y, días atrás,
la organización ambientalista dio a
conocer un informe oficial en el que se corrobora
la denuncia que los activistas hicieron pública
al subirse al obelisco.
Según datos oficiales,
el Ejecutivo porteño admite un aumento
del 12,07% de la basura enterrada durante
2008 en relación al año anterior,
y una disminución del 24% de los residuos
reciclados. Por otro lado el informe oficial
deja en claro la intencionalidad del gobierno
de Mauricio Macri en el abandono y fracaso
del sistema de gestión de residuos
establecido por la Ley.
Sin embargo, la titular
de la fiscalía número 6, Claudia
Barcia, ha insistido en mantener una acusación
que podría provocar que los activistas
sean condenados a una pena de prisión
efectiva por la supuesta comisión de
los delitos de "daño agravado"
y "violación de domicilio"
(pese a que las pericias no comprobaron la
denuncia).
“La causa promovida por
Macri significa la criminalización
de una protesta pacífica y pública,
lo que demuestra claramente el desconocimiento
por parte del Gobierno de la Ciudad del constitucional
derecho de peticionar. Por otro lado, no existe
la violación de domicilio en este hecho
ni el delito de daño y menos daño
agravado”, sostuvo Martín Prieto, director
Ejecutivo de Greenpeace Argentina.
“Es evidente que al Gobierno
de la Ciudad le molestó que denunciáramos
su intencionalidad en desactivar el cumplimiento
de la Ley de Basura Cero, cuyo resultado está
hoy a la vista, no solo un documento oficial
remitido por el Ejecutivo a la Legislatura
confirma nuestras denuncias, sino que, además,
en el mismo boletín oficial el Gobierno
de la Ciudad informa que estará invirtiendo
millones de pesos en dos nuevos rellenos para
seguir enterrando basura y contaminando en
el conurbano sin ningún compromiso
serio de reducción”, dijo Prieto.
La Ley 1854 fue aprobada
por unanimidad en el año 2005 en la
Legislatura Porteña, y comenzó
a implementarse en 2007. El objetivo de la
norma es reducir progresivamente la cantidad
de basura que se entierra en los rellenos
sanitarios del conurbano, y provoca contaminación
y enfermedades a las comunidades vecinas,
hasta llegar a ‘Cero’. La meta inmediata establecida
es reducir los residuos que se envían
a rellenos en un 30% para el año 2010.
Para lograrlo, la legislación dispone
la implementación de medidas que promuevan
la separación en origen, la contenerización
diferenciada en la vía pública,
y que garanticen la recolección diferenciada
por parte de las empresas que brindan el servicio,
con el fin de que no sean enviados a relleno
materiales reciclables.
La Ciudad envía diariamente
alrededor de 5.200 toneladas de basura al
conurbano. Los residuos urbanos que son depositados
en los rellenos contienen una variedad de
sustancias químicas como metales pesados
y una enorme cantidad de compuestos orgánicos
como detergentes, solventes y contenidos de
plástico como cloruro de vinilo, polietileno
y formaldehído, entre otros. Al descomponerse
los residuos, se liberan líquidos lixiviados
y gases que son altamente tóxicos para
las comunidades vecinas. Los líquidos
arrastran partículas de residuos y
disuelven metales que son vertidos en el suelo
y llegan así a los cursos de agua (1).
Estudios realizados sobre
muestras de lixiviados (líquidos que
se filtran de la basura y contaminan las napas
subterráneas) demostraron la presencia
de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades
que superan los límites permitidos
para vertidos en cursos de agua (2). Estos
elementos pueden provocar daños renales,
malformaciones congénitas, enfermedades
en la piel, cáncer, alteraciones hormonales
y abortos prematuros, entre otras enfermedades.
Notas
(1) Resumen sobre los impactos
ambientales y sobre la salud de los rellenos
sanitarios. Greenpeace Argentina. Tercera
revisión septiembre 2008. Disponible
aquí: http://www.greenpeace.org/argentina/contaminaci-n/basta-de-basura/resumen-de-los-impactos-ambien
(2) Análisis de Muestras
de Lixiviados del Relleno Sanitario de la
CEAMSE en Villa Domínico - Centro de
Investigaciones para el Medio Ambiente (CIMA)
de la Universidad de La Plata, Agosto 2004.
+ Más
De delito penal a contravención:
La fiscal retiró los cargos contra
los activistas de Greenpeace
16 junio 2009 - Buenos Aires,
Argentina — El Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires retiró este martes los cargos
penales de “violación de domicilio”
y “daño agravado” que pesaban sobre
los ocho activistas de Greenpeace que habían
escalado el obelisco para denunciar la contaminación
que produce la basura de la Ciudad de Buenos
Aires y decidió encuadrar los hechos
en una falta contravencional.
De este modo, los activistas
de Greenpeace cumplirán la pena impuesta
por la jueza María Laura Martínez
Vega a través de tareas comunitarias
que realizarán en los centros de gestión
y capacitación del Gobierno de la Ciudad
instruyendo a los vecinos sobre cómo
debe realizarse la separación en origen
de la basura.
"La fiscal Claudia
Barcia se vio obligada a modificar su acusación
como consecuencia de la presión publica
producida en los últimos días,
que provocaron el envío de más
de 35 mil pedidos al Gobierno de la Ciudad
en reclamo del desprocesamiento de los activistas
y ante la imposibilidad de sostener una acusación
fundada en delitos inexistentes", sostuvo
Martín Prieto, director Ejecutivo de
Greenpeace.
La contravención, que no constituye
un delito tal como había señalado
Greenpeace, determina que los activistas deberán
realizar tareas comunitarias en los centros
de gestión y participación del
gobierno porteño, donde informarán
a los vecinos sobre la ley de basura cero
vigente y sobre cómo realizar tareas
de reciclaje y separación de residuos.
“Como venimos sosteniendo
desde hace nueve meses, no hubo delito ya
que no hubo daño a ningún bien
público y no se violentó ningún
domicilio porque en el Obelisco no vive nadie”,
agregó Prieto.
Los activistas habían
sido procesados por la Fiscalía número
6 dependiente del Ministerio Público
del Gobierno porteño luego de que el
pasado 30 de septiembre subieran al Obelisco
y desplegaran una pancarta en reclamo por
la aplicación de la Ley de Basura Cero.
De este modo, ante la decisión
de los activistas de ir a juicio y, ante la
segura absolución de los imputados
de haberse mantenido los cargos penales, la
fiscal propuso a Greenpeace reencuadrar los
hechos en una contravención cuya pena
será realizar una acción de
bien público para el Gobierno de la
Ciudad.
Los ocho activistas de Greenpeace
procesados, tres mujeres y cinco hombres de
entre 20 y 43 años fueron acusados
de "violación de domicilio"
y "daño agravado", que podrían
haber desembocado en una condena de prisión
efectiva de cuatro años para todos
los imputados.
Durante todo el año
2008 y hasta la fecha, Greenpeace ha venido
denunciando públicamente el incumplimiento
de la Ley “Basura Cero” y, días atrás,
la organización ambientalista dio a
conocer un informe oficial en el que se corrobora
la denuncia que los activistas hicieron pública
al subirse al obelisco.
Según datos oficiales,
el Ejecutivo porteño admite un aumento
del 12,07% de la basura enterrada durante
2008 en relación al año anterior,
y una disminución del 24% de los residuos
reciclados. Por otro lado el informe oficial
deja en claro la intencionalidad del gobierno
de Mauricio Macri en el abandono y fracaso
del sistema de gestión de residuos
establecido por la Ley.
“Es evidente que al Gobierno
de la Ciudad le molestó que denunciáramos
su intencionalidad en desactivar el cumplimiento
de la Ley de Basura Cero, cuyo resultado está
hoy a la vista, no solo un documento oficial
remitido por el Ejecutivo a la Legislatura
confirma nuestras denuncias, sino que, además,
en el mismo boletín oficial el Gobierno
de la Ciudad informa que estará invirtiendo
millones de pesos en dos nuevos rellenos para
seguir enterrando basura y contaminando en
el conurbano sin ningún compromiso
serio de reducción”, dijo Prieto.
“Nos hacemos cargo de haber
ingresado sin autorización a un monumento
público” concluyó Prieto, “la
política de Greenpeace es asumir las
consecuencias de sus actos, pero de ninguna
manera podíamos convalidar una acusación
forzada por delitos inexistentes”.
