Greenpeace abre la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible con propuestas
para reducir el impacto del sector ante el
necesario compromiso internacional sobre cambio
climático - 16 septiembre 2009- Madrid,
España — Greenpeace ha presentado hoy
el informe Transporte: el motor del cambio
climático (1) en el que se realiza
una radiografía de las emisiones de
gases de efecto invernadero del sector y sus
causas. Además, la organización
lanza sus propuestas para conciliar clima
y movilidad con el objetivo de salvar el clima;
estas medidas obtendrían un beneficio
económico y social.
Las emisiones de gases de
efecto invernadero son la principal causa
del cambio climático. Las procedentes
del sector del transporte ya alcanzan una
cuarta parte del total de las emisiones españolas
y han crecido casi el doble (89%) desde 11000.
“Seguir moviéndonos
de la forma en que lo hacemos simplemente
no es una opción. Si el gobierno quiere
crear empleo de calidad en España,
debe apostar por la movilidad sostenible,
en lugar de seguir invirtiendo en grandes
infraestructuras para el transporte. A paridad
de recorrido de un viaje, el transporte público
genera el doble de puestos de trabajo que
la movilidad privada” ha afirmado Sara Pizzinato,
responsable de la campaña Transporte
de Greenpeace.
A menos de cien días
de la Cumbre de Copenhague, donde se decidirá
el futuro del Protocolo de Kioto, hay que
recordar que, si los gobiernos acuerdan la
disminución necesaria de emisiones
de CO2 para salvar el clima (2), el transporte
deberá enfrentarse a unas reducciones
muy superiores a las actualmente planteadas
(el 10% para 2020 sobre los niveles de 2005).
Greenpeace recuerda que
la navegación y la aviación
internacionales todavía no han sido
introducidas en el Protocolo de Kioto y pide
que esto se solucione en las negociaciones
de Copenhague. Sólo en España,
si estas emisiones ya hubieran estado incluidas,
las emisiones del transporte habrían
aumentado un 93%, debido a que la aviación
internacional casi ha triplicado sus emisiones
(+192%) entre 11000 y 2006 y a que la navegación
lo ha hecho un 128% en el mismo periodo.
Según la organización
ecologista, durante las últimas décadas
el Gobierno español ha apostado por
los modos más contaminantes de transporte
de mercancías y pasajeros: el transporte
rodado y la aviación (3). Esto ha provocado
que el 42,7% del gasto energético español
provenga de este sector en constante crecimiento.
España gastó
en 2008 más de 28 mil millones de euros
en importación de crudo. El 43% de
todos los productos petrolíferos se
destinaron a la automoción. Greenpeace
defiende que si se introdujeran medidas para
reducir la dependencia de la economía
española de los medios más contaminantes
en favor del transporte público, los
medios no motorizados y el ferrocarril, además
de favorecer a los vehículos más
eficientes, se reduciría de forma importante
su gasto energético.
Para que ello ocurra los
primeros pasos a dar, según la organización,
son la introducción de una Ley de Fiscalidad
Ambiental en la Ley de Economía Sostenible
que asegure un reparto de la presión
fiscal en el transporte que penalice las actividades
más contaminantes, así como
se ha propuesto en la Proposición de
Ley de Fiscalidad Ambiental presentada al
congreso por Greenpeace junto con Ecologistas
en Acción, CCOO, WWF-España
y IU-ICV el pasado mes de julio (4).
Además, es imprescindible
que se establezca un límite a las emisiones
de CO2 de los automóviles, el medio
que responde ya al 12% de las emisiones totales
españolas, a 80 gCO2/km para 2020.
Como muestran los datos
del informe, el gasto energético del
transporte, y por lo tanto sus emisiones,
no depende sólo de la energía
que cada vehículo utiliza al moverse.
Son factores muy importantes a tener en cuenta
las infraestructuras que se deben construir
para su funcionamiento y la ordenación
del territorio. Se demuestra que una ciudad
compacta puede disminuir cuatro veces el gasto
energético anual por habitante en transporte
y aumentar mucho más la accesibilidad
de los ciudadanos a los servicios que necesitan
de las grandes infraestructuras de transporte.
Ante esta situación,
Greenpeace pide:
- Trasladar el 50% de las inversiones en infraestructuras
para el transporte del Ministerio de Infraestructuras
a gasto en gestión de la movilidad.
El resto se deberá priorizar para la
rehabilitación y mejora de las infraestructuras
ya existentes.
- Revisar en profundidad
el PEIT, condicionando y paralizando la construcción
de todas las nuevas infraestructuras de gran
capacidad hasta que se realice una correcta
evaluación del impacto del Plan sobre
la red Natura 2000 y sobre el cumplimiento
de los acuerdos internacionales en materia
de cambio climático.
- Impulsarcon carácter
urgente una Ley de Movilidad Sostenible que,
entre otras cuestiones, obligue a desarrollar
el concepto de cercanía en la ordenación
del territorio y en el urbanismo.
“Si España quiere
cumplir con sus compromisos internacionales
en materia de cambio climático debe
abordar de forma urgente las ineficiencias
y deficiencias en el transporte con medidas
que reduzcan la necesidad de desplazamientos,
favorezcan los medios de transporte público
y no motorizados” ha añadido Sara Pizzinato.
Notas:
(1) Informe disponible en http://www.greenpeace.org/espana/reports/090914.pdf
(2)Greenpeace defiende la
necesidad de alcanzar un acuerdo internacional
en la próxima cumbre de cambio climático,
en Copenhague, para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de los países
industrializados un 40% sobre los niveles
de 11000 para 2020, así como aconseja
la comunidad científica.
(3) El informe contiene
un ranking de los medios de transporte según
su gasto energético (directamente proporcional
a las emisiones de GEI).
(4) Se puede descargar la
proposición de Ley de fiscalidad ambiental
en este enlace: http://www.greenpeace.org/espana/reports/proposici-n-de-ley-de-fiscalid
+ Más
Anse y Greenpeace denuncian
la falta de imparcialidad del ingeniero del
caso Puerto Mayor (Murcia)
El perito “independiente”
que recomendó la continuidad de las
obras trabaja para la Comunidad Autónoma
en proyectos de puertos deportivos - 17 septiembre
2009 - Murcia, España — El ingeniero
José Luís Monsó de Prat,
experto “independiente” al que el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia encargó
un informe en el caso de Puerto Mayor, y que
recomendó la continuidad de las obras
del puerto, trabaja para la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en los proyectos
de puertos deportivos de Portmán y
Marina de Cope. ANSE y Greenpeace denuncian
la falta de imparcialidad del experto “independiente”
y piden su recusación.
Según la información
de ambas organizaciones, la Comunidad contrató
a la empresa Europrincipia, de la que es consejero
delegado Monsó de Prat, para el proyecto
de construcción del puerto deportivo
de Portmán, del que el ingeniero es
autor. Curiosamente, en la documentación
de este puerto, sometida a información
pública, se observa que el estudio
económico financiero (1) de viabilidad
del puerto de Portmán es en realidad
del “Puerto Deportivo de Marina de Cope”,
en cuya redacción también trabaja
Monsó de Prat.
El ingeniero José Luís Monsó,
que había sido propuesto por el Colegio
de Ingenieros de la Región de Murcia,
elaboró un informe pericial para la
Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia el
14 de febrero de 2008. En su informe recomendaba
la continuación de las obras del dique
sur, motas y cerramientos, dragado del Canal
del Estacio y todas las obras interiores,
lo que permitiría la construcción
prácticamente completa de Puerto Mayor,
con capacidad para unos 950 barcos.
Tras la acción de protesta de ANSE
y Greenpeace en enero de 2005, en la que paralizaron
las obras del puerto, las organizaciones interpusieron
un recurso contencioso administrativo contra
la autorización de la Comunidad Autónoma
para la construcción de Puerto Mayor.
Este recurso se tramita de forma paralela
al recurso interpuesto por el Gobierno del
Estado, ya que el TSJ decidió que no
se unieran. La Sala Primera del TSJ acordó
la paralización cautelar de las obras
del puerto, supeditada a un informe posterior
que determinara las obras podían seguir
y las que quedaban paralizada hasta que llegue
al fallo definitivo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del
TSJ acordó, de hecho, el levantamiento
de la suspensión de las obras, aunque
éstas no han continuado tras el recurso
presentado por el abogado del Estado. El mismo
José Luís Monsó remitió
a la Sala un escrito, fechado el 19 de septiembre
de 2008, de respuesta a las alegaciones presentadas
por el abogado del Estado. En estas fechas
trabajaba igualmente para la Comunidad Autónoma
en el proyecto del puerto deportivo de Portmán.
El abogado de las organizaciones Greenpeace
y ANSE presentará en los próximos
días ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia un escrito pidiendo la recusación
del perito, por existir causa de incompatibilidad
al estar trabajando para la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así
como la anulación de todas las actuaciones
judiciales en las que haya intervenido.
Greenpeace y ANSE ya manifestaron hace meses
que el informe pericial resultaba sesgado,
no tenía en cuenta los efectos ambientales
ni la destrucción del litoral, y se
extralimitaba en recomendar la continuación
de las obras.
Las organizaciones consideran otro buen ejemplo
de la extralimitación del informe pericial
la sugerencia planteada sobre un posible acuerdo
entre las administraciones implicadas para
la finalización de las obras, dependiendo
de lo que ocurriera con el fallo judicial.
ANSE y Greenpeace consideran que la autorización
de la continuación de las obras hace
prevalecer el interés privado de la
empresa concesionaria del puerto al interés
público de conservar los aproximadamente
700 m de playa y los últimos arenales
de la zona norte de La Manga aún sin
urbanizar. Además, consideran que este
levantamiento permitiría de hecho la
construcción de la casi totalidad del
puerto, cuya legalidad está pendiente
de resolución definitiva.
NOTA
(1) Información recogida en el documento
A-12 del estudio.
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Greenpeace pide a Esperanza
Aguirre que aclare en qué municipio
madrileño quiere poner una central
nuclear
La organización ecologista
considera inaceptable la propuesta sobre energía
nuclear aprobada ayer en la Asamblea de Madrid
- 17 septiembre 2009 - Madrid, España
— Greenpeace exige a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, que aclare a
los ciudadanos en qué municipio de
la Comunidad piensa ubicar las centrales nucleares
cuya construcción reclama al Gobierno
central. Además, Greenpeace recuerda
a Aguirre que la energía nuclear es
un fracaso económico, medioambiental
y social que pondría en riesgo la salud
y seguridad de los madrileños y su
medio ambiente.
Greenpeace muestra su preocupación
por la propuesta del PP aprobada ayer en la
Asamblea de Madrid, por la que se pide al
Gobierno central que aborde el problema energético
con el estudio de las ventajas de la energía
nuclear "como energía eficiente
y limpia”.
“Si Esperanza Aguirre cree
de verdad que la energía nuclear es
tan limpia como afirma que diga ya públicamente
cuantas centrales nucleares quiere poner en
territorio de la Comunidad de Madrid y en
qué municipios en concreto, así
como donde ubicará el cementerio nuclear
para sus residuos radiactivos”, declaró
Carlos Bravo, portavoz de la campaña
antinuclear de Greenpeace.
Greenpeace considera hipócrita
e incoherente la actitud del Partido Popular
con respecto a la energía nuclear.
Mientras sus responsables dicen apostar por
el mantenimiento de las centrales nucleares
existentes e incluso claman por la construcción
de nuevas plantas, rechazan rotundamente que
se pueda construir en sus comunidades autónomas
un cementerio nuclear para los residuos radiactivos
que producen esas mismas centrales, como se
puede demostrar con las declaraciones realizadas
por los máximos responsables del PP
en Castilla y León o de Castilla-La
Mancha, entre otros.
Greenpeace califica de anticuado
el planteamiento energético del PP
y pide a este partido que asuma ya la necesidad
de alcanzar cuanto antes un modelo energético
sostenible, basado al 100% en las energías
renovables y con el máximo grado de
ahorro y eficiencia energética, la
única opción realista que puede
ayudarnos a evitar rápida y eficazmente
el problema del cambio climático y
los peligros de la energía nuclear.
