29 septiembre
2009 - Madrid, España — El análisis
de las primeras estadísticas oficiales
tras la entrada en vigor de la Ley de Comercio
de Armas muestra graves deficiencias en su
aplicación
• Las ventas de armas a
países como Colombia, Israel o Sri
Lanka incumplen la Ley
Madrid/Barcelona.- Un estudio
elaborado por Amnistía Internacional,
Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació
per la Pau sobre las estadísticas oficiales
de transferencias de armas en 2008 confirma
que España exporta material de defensa
a destinos en los que éste puede contribuir
a cometer violaciones de derechos humanos,
exacerbar conflictos armados o deteriorar
su desarrollo sostenible. Según las
organizaciones, el Gobierno sigue sin facilitar
información precisa sobre los criterios
que han permitido autorizar exportaciones
a países con un historial preocupante
como Colombia, Israel, o Sri Lanka, entre
otros.
Las organizaciones reclaman
una vez más al Gobierno el pleno cumplimiento
de la legislación española,
la normativa europea y las obligaciones de
España en virtud del derecho internacional
a la hora de autorizar o denegar licencias
de exportación de material de defensa
y de doble uso.
En los próximos días, la Comisión
de Defensa del Congreso debe aprobar un dictamen
con recomendaciones al Gobierno sobre las
estadísticas de exportaciones de armas.
Se trata de las primeras estadísticas
anuales elaboradas por el Gobierno tras la
entrada en vigor de la Ley de comercio exterior
de material de defensa y de doble uso en España
(Ley 53/2007).Los grupos parlamentarios ya
han presentado sus propuestas iniciales. El
estudio de las organizaciones incluye un decálogo
de medidas en materia de transparencia y control
para lograr el total cumplimiento de la legislación
actual. Las ONG instan a los diputados y diputadas
a que aprovechen este instrumento de control
parlamentario para pedir más información
sobre varias de las autorizaciones que tuvieron
lugar en 2008 y propongan medidas que fortalezcan,
incluso comenzando a reflexionar sobre un
nivel preventivo, el control del comercio
de todo tipo de material de defensa, doble
uso y “otro material”, nunca que lo debiliten.
Según el informe
de las últimas estadísticas
anuales presentadas al Congreso de los Diputados,
en 2008 se realizaron transferencias de material
de defensa por valor de 934 millones de euros,
una cifra ligeramente superior al año
anterior a pesar de la crisis económica.
Según el prestigioso Instituto Internacional
de Estudios para la Paz de Estocolmo (Stockholm
International Peace Research Institute, SIPRI),
esta cifra coloca a España como el
sexto país exportador mundial, por
detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania,
Francia y el Reino Unido.
En 2008, España autorizó
transferencias material de defensa, otro material
y armas de caza y tiro deportivo por importe
de más de 3.000 millones de euros,
casi el triple de las operaciones realizadas
ese año. Esto significa que hay una
serie de operaciones que fueron aprobadas
pero no se materializaron en 2008.
Avances
Las cuatro organizaciones valoran positivamente
que las estadísticas anuales incorporen
los datos sobre las transferencias de armas
de caza y tiro deportivo y sus municiones,
sometidos a control por primera vez en 2008,
e información sobre las razones que
han motivado varias denegaciones de exportación.
También es positivo el compromiso del
Gobierno y del Parlamento español para
poner fin a la fabricación y exportación
de bombas racimo tal y como marca la nueva
Convención para la prohibición
de las bombas de racimo, que España
ratificó el pasado 17 de junio. “La
entrada en vigor de la ley ha conllevado avances
en materia de control parlamentario y transparencia
reflejados en las estadísticas oficiales
de 2008. Sin embargo, todavía hay un
largo camino por recorrer para cumplir plenamente
con la legislación”, señala
Francisco Ortego, portavoz de Amnistía
Internacional.
Criterios opacos
Es de especial preocupación que el
Gobierno no facilite al Congreso de los Diputados
información sobre los criterios que
ha tenido en cuenta para dar luz verde a licencias
de exportación de armas a países
inmersos en conflictos armados, en contra
de lo estipulado por la ley. Entre estos casos,
destacan las ventas que España autorizó
y realizó en el 2008 bajo categoría
de “aeronaves” a Colombia (110 millones de
euros de licencias autorizadas y 31 millones
de euros realizadas) o las autorizaciones
de material de la categoría “bombas,
torpedos, misiles y cohetes” por valor de
casi 4 millones de euros a Sri Lanka.
También es preocupante
que el Gobierno español, aunque ha
ofrecido explicaciones sobre el destino y
material exportado, siga sin plantearse la
urgente necesidad de suspender las exportaciones
de material de defensa y doble uso a Israel
(157.200 euros autorizados y 2,3 millones
euros realizados en el 2008) hasta que no
haya garantías fiables de que no se
utilizarán para cometer violaciones
del derecho internacional humanitario; y las
autoridades de este país colaboren
con las investigaciones para esclarecer las
violaciones de derechos humanos perpetradas
durante la crisis de Gaza.
“Es imprescindible que el
Gobierno explique con detalle en qué
se ha basado para decidir que todas estas
autorizaciones cumplen con la ley y denegar
aquellas solicitudes que claramente son contrarias
a la legislación. Y el Congreso de
los Diputados debe insistir sobre ello a través
del próximo dictamen y otros mecanismos
de control parlamentario”, afirma Francisco
Yermo, portavoz de Intermón Oxfam.
Material de caza y tiro
deportivo y sus municiones: hay que avanzar
en el control. Una de las novedades del informe
de estadísticas del Gobierno es la
incorporación de información
sobre exportaciones de material de caza, tiro
deportivo y sus municiones al estar estas
sometidas a control desde la aprobación
de la ley 53/2007. Las organizaciones valoran
muy positivamente que por fin se sometan a
control las ventas de este tipo de material
cumpliendo así con el Protocolo contra
la fabricación y el tráfico
ilícito de armas de fuego, sus piezas,
componentes y municiones, adicional a la Convención
de las Naciones Unidas. Sin embargo, son preocupantes
las propuestas presentadas por algunos grupos
parlamentarios para flexibilizar los controles
de este material.
El Gobierno debe controlar
escrupulosamente el destino y uso final de
este material que se vende a África
Subsahariana, principalmente a Ghana, país
al que España vendió 2.8 millones
de euros de munición de caza. España
le ha vendido a este país 15 millones
de euros de armas y munición de caza
desde 2004. “Hay que garantizar que este material
no será desviado a países del
entorno con situación de conflicto
o post conflicto en las que puede ser utilizado
indebidamente. La preocupación se hace
más grave después de que el
Gobierno haya reconocido que parte de esta
munición se reexporta a Nigeria”, lamenta
Mabel González, portavoz de Greenpeace.
Decálogo de indicadores
El estudio de las ONG incluye un decálogo
de propuestas cuyo cumplimiento servirá
de indicador de la voluntad del Gobierno de
avanzar en materia de transparencia y control
del comercio de armas español.
“El decálogo propuesto
incluye, entre otras medidas, que el Gobierno
explique cómo aplica los criterios
existentes para autorizar o denegar una exportación
de armas, informe al Congreso sobre el tipo
de productos y usuarios de las armas exportadas
y dé garantías de que no hay
riesgo de desvío o reexportación
de las armas de caza y tiro deportivo y sus
municiones a terceros países”, señala
Jordi Armadáns, portavoz de la Fundació
per la Pau. El decálogo también
solicita la suspensión preventiva de
exportaciones de armas a los países
donde haya un conflicto armado o pueda utilizarse
para cometer violaciones de los derechos humanos
o del Derecho Internacional Humanitario, aunque
estuviesen autorizadas anteriormente. Por
último, anima al Gobierno a desempeñar
un papel activo y destacado en el proceso
de elaboración de un Tratado sobre
Comercio de Armas (TCA) y a continuar su política
actual para eliminar las bombas de racimo.
Nota para editores
El 10 de junio la Secretaria de Estado de
Comercio presentó en el Congreso de
los Diputados las estadísticas oficiales
de exportaciones de armas de 2008. Desde que
entró en vigor la Ley 53/2007 el Gobierno
debe comparecer una vez al año ante
la Comisión de Defensa del Congreso
para explicar las exportaciones de material
de defensa, doble uso y “otro material”.
En virtud de la ley, la
Comisión de Defensa debe elaborar y
adoptar un dictamen con recomendaciones al
Gobierno en relación al control y la
transparencia de la información relativa
a las transferencias de armas en el exterior.
A finales de junio, los distintos grupos parlamentarios
presentaron ya las propuestas de resolución
que deberán ser debatidas a partir
de este mes de septiembre.
A partir del 5 octubre,
la Asamblea General de la ONU inicia los debates
sobre una resolución cuyo fin es que
en 2010 se convoque una Conferencia de Estados
para redactar un Tratado sobre el Comercio
de Armas.
+ Más
Greenpeace pide que en la
reunión de la ONU en Bangkok se sienten
las bases para un acuerdo climático
ambicioso
La organización lamenta
la falta de liderazgo de la UE y EE.UU. que,
a 70 días de la cumbre de Copenhague,
siguen sin estar a la altura de los compromisos
de países como China y Japón
- 28 septiembre 2009 - Madrid, España
— Con motivo del inicio de la reunión
climática de Bangkonk, la penúltima
ronda de negociaciones climáticas de
Naciones Unidas antes de la cumbre de Copenhague,
ONG de todo el mundo han querido pedir a los
países reunidos en la capital tailandesa
que sienten las bases para la consecución
de un tratado justo, ambicioso y vinculante
en Copenhague.
Este mensaje ha sido transmitido
a Yvo de boers, máximo representante
de la ONU para el cambio climático,
por cinco chicos talilandeses, que le han
recordado que en las negociaciones climáticas
internacionales está en juego, literalmente,
su futuro. Los chicos han pedido “un pequeño
cambio por el clima” en representación
de los más de 1,4 millones de personas
firmantes de una petición promovida
por ONG como Greenpeace.
Greenpeace considera que
la UE y los EE.UU. deberían mostrar
su liderazgo presentando objetivos de reducción
de emisiones alineados con las recomendaciones
científicas y asumiendo la parte que
les corresponde en la financiación
de la lucha internacional contra el cambio
climático. La organización ecologista
lamenta que los objetivos de reducción
de la UE y los EE.UU. sean tan débiles
en comparación con la voluntad de esfuerzo
en este sentido manifestada la semana pasada
por países como China, India o Japón.
Según los últimos
compromisos nacionales manifestados la semana
pasada, las reducciones de emisiones a las
que, conjuntamente, se comprometen los países
desarrollados oscilarían entre el 10
y el 17% cuando deberían alcanzar el
40% para evitar un aumento de temperatura
superior a 2ºC. Ante estos datos, la
organización resalta la necesidad de
que, a tan solo dos rondas de negociación
política antes de la cumbre de Copenhague
-Bangkok y Barcelona-, los políticos
dejen a un lado sus intereses nacionales y
se unan en un objetivo común: salvar
el clima para las generaciones futuras.
En el mismo sentido, Greenpeace
considera también inaceptable que no
se haya alcanzado aún un acuerdo respecto
a los 110.000 millones de euros necesarios
para luchar contra el cambio climático
en los países en desarrollo. “Los países
desarrollados deben poner las cartas sobre
la mesa y no seguir guardando en la manga
el as de la financiación. Ya es hora
de que se tomen en serio la negociación
y dejen de jugar al póquer con el futuro
de nuestro planeta”, ha declarado Aida Vila,
responsable de la campaña de Cambio
Climático y Energía de Greenpeace.
La organización recuerda
que sólo quedan 70 días para
la cumbre del clima de Copenhague y confía
en que el Ministerio de Medio Ambiente reconsidere
su posición y que en el Consejo Nacional
del Clima, convocado para el próximo
jueves 1 de octubre, la ministra de Medio
Ambiente ponga de manifiesto una posición
ambiciosa del Gobierno español en la
línea de las recomendaciones de los
científicos internacionales expertos
en la materia y del IPCC.
