El Decreto propuesto por
el ministro Sebastián promueve la emisión
innecesaria de 25 millones de toneladas de
CO2 anuales - 31 octubre 2009 - Madrid, España
— Greenpeace pide la retirada de la propuesta
de Real Decreto que primará la quema
de carbón nacional
en las centrales térmicas, ya que se
basa en supuestos falsos, supone un parche
que no evitará la inevitable desaparición
de un sector no competitivo como el carbón,
perjudica al medio ambiente y a la lucha contra
el cambio climático, no favorece la
creación de empleo, aumenta los costes
totales del sistema eléctrico, rompe
con las reglas del mercado, perjudica a las
energías renovables y es contrario
a la normativa europea.
Greenpeace ha presentado
sus alegaciones (1) ante el Consejo Consultivo
de Electricidad de la Comisión Nacional
de Energía, la cual tiene que emitir
un informe preceptivo antes de que el Decreto
se pueda aprobar.
“El carbón es el
mayor responsable del cambio climático,
y no se puede pretender defender el clima
y subvencionar el carbón al mismo tiempo”
-ha declarado José Luis García
Ortega, responsable de la campaña de
Cambio Climático y Energía de
Greenpeace. “Esta propuesta de decreto es
ilógica, antiecológica, antisocial
y antieconómica”.
Greenpeace basa su rechazo
a la propuesta en los siguientes argumentos:
- El decreto se basa en
supuestos falsos. Se justifica bajo el paraguas
de resolver restricciones de garantía
de suministro que son artificiales, es decir,
no existen. Son restricciones que surgen de
la nada para justificar una medida política
de forzar la quema de carbón que no
es competitivo. En ningún momento el
sistema ha sufrido restricciones por falta
de suministro sino que el sistema se encuentra
en una situación de sobre capacidad,
y realmente sobran centrales.
- Se emitirán 25
millones de toneladas de CO2 como resultado
del volumen de producción máximo
programable en las 9 centrales térmicas
contempladas. Mientras los gobiernos se van
a reunir la semana próxima en Barcelona
para ultimar la negociación que permita
establecer en la cumbre climática de
Copenhague un sistema mundial de reducción
de emisiones que consiga evitar un cambio
climático catastrófico, el Gobierno
español decide intervenir a favor del
carbón, la fuente de energía
que más CO2 produce.
“Es absolutamente inaceptable
que un país que triplica, aun con la
bajada de demanda por la crisis económica,
los límites de emisiones de gases de
efecto invernadero del Protocolo de Kioto,
tome una medida que supone incrementar las
emisiones de manera arbitraria e innecesaria”,
ha añadido el portavoz de Greenpeace.
-Perjudica a las energías
renovables. La entrada forzada de kilovatios
procedentes de las térmicas de carbón
nacional, caracterizadas por la rigidez de
su funcionamiento, hará menos flexible
el sistema eléctrico en su conjunto,
con lo que serán más probables
las situaciones en que no sea posible aprovechar
la totalidad de la producción de las
centrales de generación renovable.
El decreto crea de facto un nuevo “régimen
especial” del carbón, similar al existente
para las renovables, con la radical diferencia
de que éste se justifica por necesidades
ambientales, porque es necesaria energía
autóctona que no emite CO2, justo lo
contrario que ocurre con el carbón.
“No tiene ningún
sentido crear un régimen de apoyo para
las energías que no emiten CO2 y otro
para las que sí lo emiten, porque es
gastarse el dinero en lo uno y en lo contrario”,
ha concluido José Luis García,
responsable de la campaña de Cambio
Climático y Energía de Greenpeace.
- No defiende el empleo.
En lugar de proteger a los 89.000 empleos
del sector renovable, amenazados por las crecientes
restricciones que impone el Gobierno, Greenpeace
considera que el decreto no logrará
evitar la desaparición de los 8.000
empleos de la minería del carbón
por su falta de competitividad. Como muestra
el informe de Greenpeace “Trabajando por el
clima”, por cada empleo que se pierda en el
carbón, la [R]evolución Energética
crea tres nuevos empleos en energías
renovables.
- Supondrá un sobrecoste
de más del 60% sobre los precios actuales
del mercado eléctrico. El coste total
sería de 1.550 millones anuales en
el periodo 2010-2012, 4.650 millones en total,
que aumentarán el déficit de
tarifa y pagarán los consumidores.
-Es contrario a los fundamentos
mismos del mercado eléctrico. Se inventa
un nuevo régimen especial para el carbón
nacional, al que, de hecho, saca del mercado,
con el efecto de reducir el tamaño
del mercado eléctrico, hacerlo más
artificial, y volver al sistema anterior en
que los precios se fijaban administrativamente.
- Vulnera la legalidad europea.
Greenpeace pide a la Comisión Nacional
de Energía que examine con detalle
la legalidad del decreto propuesto, ante el
riesgo de que sea incompatible con las normativas
europeas que impiden las ayudas públicas
al carbón, que limitan la operación
de las centrales de carbón por motivos
ambientales y que obligan a eliminar barreras
para el crecimiento de las renovables.
- Es un parche ante lo inevitable:
el declive del carbón. Por mucho que
el decreto fuerce la quema de carbón
nacional durante los próximos tres
años, no evitará que éste
siga sin ser competitivo cuando llegue 2013.
Greenpeace considera que
el problema de fondo es que en el sistema
no cabe todo. España tiene ahora una
sobrecapacidad de generación de electricidad,
es decir, muchas más centrales de las
necesarias. Según la organización
las grandes eléctricas están
señalando claramente a quién
quieren quitar de en medio: las energías
renovables. “No podemos admitir que el Gobierno
siga el juego a esos intereses, limitando
las renovables mientras subvenciona el carbón”,
ha añadido el portavoz de Greenpeace.
(1) Observaciones de Greenpeace
a la propuesta de Real Decreto por el que
se crea el procedimiento de resolución
de restricciones por garantía de suministro.
