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LOS FOSFOYESOS DE FERTIBERIA ESTÁN CONTAMINANDO CAMPOS DE CULTIVO Y AGUAS DEL ENTORNO DE DOÑANA

Panorama Ambiental
Internacional
Noviembre de 2009
 

Los ecologistas denuncian que la empresa química de Huelva vende sus fosfoyesos con elevadas cargas tóxicas y radiactivas para uso agrícola en Sevilla y Cádiz - 18 noviembre 2009 - España — La Asociación Mesa de la Ría, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF han tenido acceso a documentos de la Guardia Civil que demuestran que Fertiberia, desde su planta de Huelva, vende fosfoyesos con elevados contenidos en metales tóxicos y radiactivos para ser utilizados como enmienda agrícola en municipios de Sevilla y Cádiz.

La información aparece en un informe elaborado por el equipo de investigación del Seprona de la Guardia Civil que consta en el procedimiento judicial del Juzgado de Instrucción nº 4 de Huelva y actualmente en el de Lebrija.

La comarca más afectada por estas prácticas es la del Bajo Guadalquivir, frente al parque nacional de Doñana. Los terrenos pertenecen a los municipios de Lebrija, Los Palacios, Trajano y Pinzón (Sevilla) y Trebujena (Cádiz). En total se trataría de unas 70.000 hectáreas de cultivos de girasol, remolacha, arroz y algodón. El informe al que han tenido acceso los ecologistas concluye, entre otros aspectos, que:

?Los lixiviados de fosfoyesos presentan un pH muy ácido, elevadas concentraciones de sulfatos, calcio, sodio, fósforo y metales tóxicos entre los que se encuentra el uranio.

?El uso de fosfoyesos en agricultura, de forma intensiva o continua puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio.

Según los agricultores de la zona, el uso de fosfoyesos lleva realizándose, en algunos casos, desde hace más de 30 años en la proporción de 10 toneladas por hectárea al año, para mejorar la productividad de la tierra. Es evidente, por tanto, que el continuo uso de fosfoyesos con contenido en sustancias tóxicas y radiactivas pueden estar afectando tanto a los productos cultivados (de consumo humano) como a las aguas superficiales y subterráneas del entorno de Doñana.

“¿Cómo es posible que la Junta de Andalucía permita que se lleven a cabo estas prácticas sin analizar adecuadamente la composición química de los fosfoyesos?”, se pregunta Julio Barea, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace. “Todos los grupos ecologistas exigimos la prohibición inmediata de su uso en terrenos de cultivo y la apertura de una investigación para valorar las posibles afecciones a la salud y al medio ambiente en el entorno de Doñana”, ha concluido Barea.

Fertiberia lleva décadas degradando sanitaria y ambientalmente Huelva y su entorno. El problema creado en la zona ha sido denominado por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo como el caso más grave de contaminación industrial de Europa. Los residuos depositados en las marismas del río Tinto ocupan actualmente 1.200 hectáreas a escasos 500 metros de las viviendas de la ciudad (120 millones de toneladas). Este hallazgo de las prácticas de Fertiberia vienen a agravar la situación.

La empresa química sortea sentencias judiciales desde hace años y elude el cumplimiento de las leyes que le obligan a abandonar los terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre que usa para verter sus residuos. La Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han permitido que esta empresa opere con una Autorización Ambiental Integrada concedida irregularmente y que en estos momentos esta en proceso judicial.

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¿El último viaje para la flota ballenera japonesa?

Greenpeace pide al primer ministro japonés y a Obama que trabajen de forma conjunta para poner fin a la caza de ballenas - 19 noviembre 2009 - España — Tras la semana de revisiones presupuestarias con potenciales recortes y la visita del presidente de EE. UU Barack Obama a Japón, la denominada flota “científica” ballenera ha salido hoy de puerto poco después de las 10 de la mañana. Al mismo tiempo, Greenpeace pedía que ésta sea la última salida de esta flota.

Previamente, la organización ecologista ha desplegado una pancarta frente al buque ballenero Nisshin Maru en la que se puede leer “Yes We Can”, con la que pide al nuevo primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, y al presidente Barack Obama que trabajen de forma conjunta para poner fin a la caza de ballenas.

Ambos líderes proclamaron en sus respectivas campañas electorales que la caza de ballenas no tiene futuro. La administración Obama se opone públicamente a la caza “científica” de ballenas, mientras que Hatoyama se comprometió a eliminar la corrupción administrativa y el despilfarro del dinero de los contribuyentes, del cual la industria ballenera es uno de los principales ejemplos.

Este año, la caza de la flota ballenera en aguas antárticas estará subvencionada por 795 millones de yenes (6 millones de euros, aproximadamente) de los contribuyentes. Sin embargo, esta industria opera actualmente con pérdidas debido a la falta de demanda de carne de ballena (el precio de venta al por mayor de la carne de ballena se ha reducido por segunda vez en 2009 con la intención de estimular la poca demanda) y se prevé que los costes aumenten. (1, 2)

“El dinero público del pueblo japonés está siendo malgastado en mantener con vida una industria ballenera que no reporta ningún beneficio,“ ha declarado Jun Hoshikawa, director de Greenpeace Japón. “El Gobierno debería dejar de subvencionar esta industria.”

La retirada de las subvenciones a la industria también serviría como apoyo a los activistas de Greenpeace, Junichi Sato y Toro Suzuki, que fueron arrestados en 2008 y procesados por interceptar una caja con carne de ballena que destapaba una trama de malversación dentro del programa de caza de ballenas. A pesar de que el escándalo destapado ocupó los titulares de medios internacionales, la investigación oficial fue sospechosamente suspendida y Sato y Suzuki fueron arrestados y se encuentran a la espera de juicio. (3)

"Con más de 9.000 rorcuales cazados en 22 años y ningún dato científico relevante aportado, la denominada “investigación” japonesa en el Antártico es una vergüenza internacional,” añadió Hoshikawa.

Notas:

(1) La Organización Marítima Internacional pretende prohibir el uso de fuel pesado en el océano Antártico a partir de 2011, lo que obligaría al barco ballenero, que usa este tipo de combustible, a utilizar fuel ligero, de mayor coste.
http://www.imo.org/About/mainframe.asp?topic_id=1773&doc_id=11586

(2) El artículo del 6 de noviembre de 2009 publicado por Nikkei Shinbun titulado: El precio de la carne de ballena desciende un 17% informaba del descenso en el precio de venta al por mayor por segunda vez en el 2009. El artículo citaba al Instituto de Investigación de Cetáceos (ICR en sus siglas en inglés), organismo que gestiona la caza y el mercado de carne de ballena, que declaraba que su objetivo era “producir al menor precio posible, con el objeto de aumentar la demanda”.

(3) Greenpeace comenzó una investigación a partir de las declaraciones de un informador sobre la corrupción que tenía lugar dentro del programa “científico” de caza de ballenas, financiado con los impuestos japoneses. Junichi Sato y Toro Suzuki siguieron las indicaciones de este informador, que había formado parte de la industria ballenera, y comenzaron la investigación con la que finalmente encontraron pruebas concluyentes de que la carne de ballena se estaba transportando de forma irregular en cajas de cartón a los hogares de la tripulación de la flota para luego ser vendida para beneficio individual. Junichi envió una de estas cajas a la Oficina del Fiscal en 2008 y presentó una denuncia por malversación.

Sin embargo, la investigación por el escándalo de corrupción se interrumpió el 20 de junio, el mismo día en el que Sato y Suzuki fueron arrestados y retenidos durante 26 días antes de ser acusados de robo y allanamiento.
http://www.greenpeace.org/tokyo-two

Greenpeace investigation: Japan's stolen whale meat scandal:
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/whale-meat-scandal-dossier
Whale Meat Scandal Part Two: The Cover Up:
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/dossier2-web.pdf


 

Fuente: Greenpeace – Internacional
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