Posted on 25 November 2009
- WWF reclama que se depuren responsabilidades
en la administración andaluza, a raíz
del descubrimiento de una balsa ilegal de
riego la semana pasada. Según WWF,
resulta inexplicable que durante un mes no
se haya levantado la voz de alerta ante la
construcción de una cavidad con una
superficie equivalente a la de dos campos
de fútbol, y la capacidad
de 80 piscinas olímpicas, que ha implicado
el movimiento diario de 5 tractores. Todo
ello justo al lado de una carretera transitada
por multitud de vehículos.
WWF ha manifestado su indignación
ante este nuevo episodio de incumplimiento
de la ley en la comarca de Doñana,
y pide un control efectivo que ponga freno
al descontrol actual en las actividades que
están teniendo lugar en la zona. La
balsa ilegal que WWF sacaba a la luz la pasada
semana llevaba construyéndose un mes
sin permisos, y sin recibir ningún
aviso de sanción. Se trata de un nuevo
ejemplo del clima de impunidad que reina en
la zona y un síntoma de la falta de
vigilancia por parte de la Consejería
de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del
Agua.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF España explica: “WWF
lamenta el retraso de la Junta y el Ayuntamiento
de Almonte en aplicar la ley en este caso.
El hecho de que se produzca un mes después
del comienzo de las obras demuestra, una vez
más, la situación de desorden
que lleva denunciando nuestra organización
desde hace años”. Y concluye: “Casos
como el de esta balsa revelan la urgente necesidad
de la puesta en marcha de un plan para la
fresa. Pero la nueva normativa será
inviable si no va acompañada de una
mejora en las medidas de control, actualmente
insuficientes”.
En la zona existen cerca
de 3.000 hectáreas de monte público
transformados ilegalmente en cultivos de regadío.
Además, existen más de 1.000
pozos que extraen agua sin autorización,
lo que unido a la proliferación de
incendios forestales, suponen una amenaza
constante al entorno. La Fiscalía ha
comenzado ya a actuar contra estos hechos,
algo que contrasta con la escasez de denuncias
por parte de la Junta, en la que se echa de
menos más iniciativa e implicación
en la regulación de la zona fresera.
WWF recuerda que el mantenimiento
del acuífero no sólo es vital
para la conservación del Parque Nacional,
sino también para el abastecimiento
de los vecinos de la comarca. Además,
la construcción de una balsa de agua
de estas dimensiones, sin las pertinentes
medidas y certificados de seguridad, supone
un enorme riesgo de rotura o desbordamiento
cuyas consecuencias podrían ser desastrosas
tanto para el entorno natural, como para los
habitantes de la zona.
Las cifras
El Plan de Ordenación
del Territorio del Ámbito de Doñana
(POTAD) se aprobaba en 2003, identificando
la superficie de cultivos de regadío
intensivo. Seis años más tarde,
en 2009, se ha superado esta superficie en
más de un 18% (1.683 ha).
De estas 1.683 ha convertidas
en superficie agrícola, una cuarta
parte (417 ha) procede de la deforestación
de amplias zonas de bosque. Y lo más
alarmante, 110 de ellas tras el anuncio de
la Junta de Andalucía, en 2007, de
la futura aprobación del Plan Especial
de Ordenación del Regadío en
la Corona Forestal de Doñana (comúnmente
conocido como ‘Plan de la Fresa’), momento
en el que se procedería a un férreo
control de la transformación ilegal
de los terrenos, o la apertura de nuevos pozos.
Según datos oficiales
existen más de 1.000 pozos ilegales
en la comarca de Doñana. Desde 2004
apenas se han registrado cierres.
La Consejería de
Medio Ambiente coloca a Huelva como líder
en Andalucía en número de incendios
en suelo forestal, con un total de 211 intervenciones.
El informe 2009 señala a los términos
municipales de Almonte, Bonares y Lucena,
tres localidades de la zona fresera, como
los más afectados. El Informe Anual
sobre Incendios de Doñana de WWF confirma
esta tendencia.
+ Más
WWF: Las carreteras de Sierra
Morena mutilan la recuperación del
lince
Posted on 26 November 2009
- WWF avisa de que la proliferación
de infraestructuras en Sierra Morena descuartiza
cada vez más el hábitat del
lince, contradiciendo los esfuerzos de las
diversas administraciones para su cría
en cautividad y posterior reintroducción
en la naturaleza. WWF solicita al Ministerio
de Fomento la paralización y retirada
de estos proyectos hasta que no realice la
correspondiente evaluación ambiental
estratégica. De no ser así,
la organización considera que el Ministerio
de Medio Ambiente deberá otorgar la
declaración de Impacto Ambiental negativo
a todas estas infraestructuras.
La gran reserva de biodiversidad
que constituye Sierra Morena – una región
que se extiende de oeste a este desde Albacete
hasta la frontera con Portugal en Huelva –
ya está atravesada por 3 grandes infraestructuras:
Autovía A4, la Autovía de la
Plata y el Ave Madrid-Córdoba-Sevilla.
Pero, además, existen
8 nuevos proyectos –7 autovías y una
línea de tren de alta velocidad– que
vienen a sumarse a las anteriores, y que afectarán
a la continuidad de este enorme y valiosísimo
corredor natural, imprescindible para lograr
el tránsito de los animales entre las
diferentes zonas que habitan y garantizar
así su futuro.
Uno de estos proyectos,
la autovía Toledo-Córdoba-Ciudad
Real, ya cuenta con una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) negativa, y aún
así figura dentro del nuevo Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte (PEIT). El
Ministerio de Fomento ha destinado fondos
del presupuesto de 2010 para comenzar la planificación
de una parte de su trazado (Ciudad Real –Córdoba),
mientras que Castilla La Mancha se ha comprometido
a construir el segundo tramo de esta carretera
(Toledo-Ciudad Real). De este modo, ambas
administraciones muestran su total menosprecio
a las conclusiones del Ministerio de Medio
Ambiente.
Más grave aún
es la autovía entre Badajoz y Granada,
que pasaría sobre la zona protegida
de Guadamellato, donde se va a iniciar el
proyecto de liberación de linces criados
en cautividad. La carretera pone en serio
peligro la vida de los animales una vez en
la naturaleza.
En definitiva si analizamos
la zona oriental de Sierra Morena (provincias
de Jaén y Córdoba), encontramos
un total 5 proyectos, que afectarán
de forma irreversible al último gran
bastión de lince ibérico del
mundo: Andújar Cardeña, dejándolo
aislado y sin posibilidad de expansión
o conexión con otras poblaciones.
Le enorme pérdida
de patrimonio natural que suponen estos proyectos
reflejan la falta de planificación
y la inexistente evaluación ambiental,
motivo por la que el PEIT tiene abierta una
queja por parte de la UE. Por otro lado, según
WWF, estas carreteras, además de tremendamente
costosas por la compleja orografía
del terreno que atraviesan, no registran el
suficiente volumen de tráfico para
justificar su necesidad.
Para Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España: “Resulta
inadmisible que mientras la Unión Europea,
el Ministerio de Medio Ambiente y ciertas
CCAA como Andalucía invierten fondos
para conservar al lince, el Ministerio de
Fomento prepare infraestructuras que causarán
la destrucción innecesaria del hábitat,
incumpliendo también las normativas
de evaluación ambiental estratégica”.
Y concluye: “Si realmente este gobierno pretende
desarrollar un modelo de economía sostenible,
debe empezar por cambiar actual patrón
de transporte, basado en la construcción
de carreteras, el uso del petróleo
y la pérdida de patrimonio natural”.
Sierra morena, los datos:
En Sierra Morena se localizan
un total de 12 Lugares de Importancia Comunitaria,
incluidos en la red Natura 2000, la red europea
de espacios protegidos. Además, alberga
a especies tan valiosas como el águila
imperial ibérica, el buitre negro,
la cigüeña negra y el lobo (últimas
poblaciones viables de esta especie en el
sur de España). En Sierra Morena, y
en concreto en las Sierras de Andujar y Cardeña,
se localiza la población más
importante de lince ibérico del mundo
con aproximadamente unos 160 ejemplares.
+ Más
La Comisión Europea
requiere al gobierno español por impedir
a las ONG participar en las normas ambientales
Posted on 20 November 2009
- La Comisión Europea acaba de requerir
a las autoridades españolas para que
informen sobre las medidas adoptadas que promuevan
la participación de las ONG en la redacción
de normas ambientales. Este requerimiento
es la respuesta del organismo internacional
a la queja presentada por WWF España
a principios de año.
La Comisión Europea
ha requerido al Gobierno español en
relación con la queja presentada por
WWF sobre la negativa del derecho a participación
a las ONG de medio ambiente en la elaboración
de dos normas ambientales.
Dicho requerimiento se produce
como consecuencia del escrito interpuesto
por la organización ante la Dirección
General de Medio Ambiente de la CE el pasado
mes de febrero. En ella, WWF manifestaba que
las autoridades españolas habían
incumplido el artículo 8 del Convenio
sobre “acceso a la información, la
participación del público en
la toma de decisiones y el acceso a la justicia
en materia de medio ambiente”, firmado en
Aarhus, Dinamarca.
En este sentido, la organización
señalaba que se la había denegado,
junto al resto de ONG de medio ambiente, la
participación en la elaboración
de normas que afectaban al medio ambiente:
el Proyecto de Ley General de Navegación
Marítima y el anteproyecto de modificación
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación
de servicios de puertos de interés
general.
Asimismo, WWF argumentaba
que este derecho también se encuentra
en la legislación española,
en concreto en la Ley 27/2006 de acceso a
la información, a la participación
pública y acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
Sin embargo, el MARM denegó
la participación a WWF por no ser promotor
de las normas, remitiendo a la organización
a los ministerios de Fomento y Justicia. No
obstante, el primero volvió a denegar
a la ONG que participara y el segundo ni siquiera
contestó.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF España, ha declarado:
“Estamos de enhorabuena. Que la Comisión
Europea interprete el Convenio de Aarhus en
el sentido propuesto por WWF es muy positivo.
Esto supondrá el reconocimiento efectivo
de las ONG de medio ambiente del derecho a
participar en normas, como la ley de desarrollo
sostenible, que afectan al medio ambiente,
pero no son promovidas por el ministerio de
medio ambiente.
