Posted on 22 December 2009
- Amigos de la Tierra, ARCA, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF consideran que el Gobierno de Cantabria
y el Ayuntamiento de Piélagos cometen
un error al negarse a cumplir una sentencia
firme dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC)
en 1998 y ratificada en 2002 por el Tribunal
Supremo. Un reciente auto del TSJC exige al
alcalde que, en el plazo de seis meses, concluya
la demolición de 17 chalets que fueron
construidos a 20 metros de la playa de Cerrias,
en Liencres (Cantabria), incumpliendo todos
los requisitos que exige la Ley del Suelo,
con la advertencia de que, de lo contrario,
será denunciado por delito de desobediencia
y se impondrán multas coercitivas.
Según las organizaciones,
resulta lamentable que las mismas instituciones
políticas, que han cosechado en los
últimos años numerosas sentencias
de derribo, estén ahora menoscabando
el papel constitucional de los órganos
judiciales y propongan públicamente
evitar el cumplimiento de una sentencia firme
del Tribunal Supremo.
Las declaraciones hechas
por el presidente del Gobierno de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, o el alcalde
de Piélagos, Jesús Ángel
Pacheco, confunden a la opinión pública
e ignoran la legalidad vigente. Las Administraciones
deben acatar las resoluciones judiciales y
buscar soluciones para dar cumplimiento a
la Ley de Costas.
Ante este tipo de afirmaciones
que vienen repitiéndose a diario desde
el 30 de noviembre, fecha en que se hizo público
el auto del TSJC, las ONG ecologistas exigen
el cumplimiento de todas las sentencias firmes
de derribo y la asunción de responsabilidades
políticas por parte de los cargos implicados
en ellas.
Además, Amigos de
la Tierra, ARCA, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF recuerdan que
este cumplimiento es la única forma
de restituir la legalidad urbanística
y que la obligación de los poderes
públicos es acatarlas, así como
prestar a los jueces todo el apoyo necesario
para su ejecución.
Más de 500 viviendas
con sentencia de derribo en Piélagos
El fallo que ordena la demolición
de la urbanización Cerrias I es firme
desde el año 2002. En esta fecha, el
Tribunal Supremo confirmó una sentencia
dictada por el TSJC en 1998, pero el municipio
de Piélagos acumula otras muchas órdenes
de derribo que afectan a más de 500
viviendas.
Entre ellas, cabe destacar
la que ordena demoler la urbanización
Cerrias II, que fue concluida después
de conocerse la ilegalidad de su predecesora
Cerrias I, y la catarata de resoluciones dictadas
durante 2009. Estas sentencias anulaban las
licencias y ordenaban la demolición
de todo lo construido en el Plan Parcial del
Alto del Cuco. Esta actuación fue definida
por el TSJC como una “dentellada” al monte
La Picota, junto al Parque Natural de Liencres.
El litoral de Cantabria,
en su conjunto, ha sufrido un proceso de urbanización
salvaje y plagado de violaciones a la legalidad
ambiental. Prueba de ello es que en sus 284
kilómetros de costa acumulan más
de un millar de viviendas con sentencia de
derribo.
Por último, las ONG reclaman una rápida
y justa indemnización a los propietarios
de las viviendas con sentencia de derribo,
así como la redacción de un
proyecto de restauración paisajística
para todo el entorno de la ensenada de Portio
y Somocuevas, con especial atención
al sector L-01. Todo ello, sin olvidar el
desmantelamiento de los obstáculos
que entorpecen en la zona el uso de la servidumbre
de tránsito establecida por la Ley
de Costas.
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WWF pide al Gobierno que
cumpla con la política europea del
agua
Posted on 23 December 2009
- WWF solicita al Gobierno que dé ejemplo
ante sus socios comunitarios y lidere la puesta
en práctica de la política europea
en materia de aguas. La organización
pide a los responsables políticos que
no se escuden tras el pretexto de que nuestro
país recibe pocas precipitaciones y
tiene ocasionales sequías, para acogerse
a excepciones a la Directiva Marco del Agua
(DMA). Entre ellas, cobrar un precio del agua
muy bajo a los regantes, no hacer obligatorio
el pago por daños ambientales a los
agricultores, o rebajar los estándares
de calidad respecto a otros países
europeos.
WWF España coincide
con la Comisión Europea en que la transposición
de la Directiva Marco del Agua (DMA) se está
realizando de manera incorrecta en varios
artículos, desde las definiciones de
conceptos como ‘río’ o ‘lago’, hasta
el trato preferencial hacia algunos ‘usuarios’
–agricultura, industria, abastecimiento-,
frente al resto de personas que disfrutan
de otro tipo de beneficios del agua, sin pagar
por ello –deportes acuáticos, turismo
rural, pescadores, etc-.
En el caso de las aguas
costeras, aunque el dominio público
se encuentra casi enteramente deslindado,
su gestión no se ha incorporado a la
de las cuencas hidrográficas, es ineficiente
y existen numerosos vertidos directos a las
costas sin depurar.
También se ha detectado
una drástica degradación de
los objetivos ambientales en el marco de la
planificación hidrológica, subordinándolos
a la satisfacción de las demandas y
proponiendo la construcción de nuevos
trasvases y embalses, en lugar de fomentar
el ahorro y modernizar los regadíos.
Además, para conseguir las metas europeas,
se han relajado los plazos y rebajado el listón
de los criterios. De esta forma la transposición
española de la DMA permite que se produzcan
deterioros adicionales a los actuales hasta
el año 2015.
En cuanto a la recuperación
de costes de la gestión del agua, la
legislación española no contempla
los costes ambientales y trabaja para buscar
las posibles excepciones, convirtiéndolas
así en norma general en la aplicación
de tarifas del agua para el regadío.
Por ejemplo, la propuesta de Estrategia de
regadíos sostenibles del Ministerio
de Medio Ambiente no incluye cómo se
van a recuperar los costes, ni se persigue
en muchos proyectos un ahorro de agua que
permita alcanzar el buen estado ecológico
de ríos y acuíferos. Además,
mediante el mantenimiento de unos precios
del agua excesivamente bajos, la normativa
española incentiva el derroche en lugar
del ahorro y la utilización eficiente
los recursos hídricos. WWF estima que
es necesario separar con diferente trato los
respectivos usos doméstico, regadío
e industria y aplicar proporcionalmente el
criterio de: ‘quien contamina, paga’.
La presión de las
comunidades autónomas y de las comunidades
de regantes solicitando una oferta ‘infinita’
de agua, así como la construcción
de infraestructuras, han sido determinantes
en la forma en que se ha realizado la transposición
de la DMA al marco legal español. Por
ejemplo, impidiendo la delimitación
del ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas en torno a la cuenca
del río Júcar. Igualmente existen
numerosos casos de conflicto entre cuencas
por la gestión de los acuíferos
compartidos, que no se contemplan en la planificación
hidrológica.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF ha declarado: “El nuevo año
2010 es crucial ya que deben definirse los
planes hidrológicos de cuenca que exige
la DMA. Pero, por lo que hemos visto hasta
ahora, la planificación está
muy alejada de los objetivos ambientales de
la Directiva. El Gobierno coloca la satisfacción
de las demandas de los usos y las excepciones
a los objetivos del buen estado ecológico
de las masas de agua por encima de los objetivos
medioambientales principales de la Directiva.
Esperamos que esta advertencia de la Comisión
cambie el rumbo de la planificación
hidrológica actual”.
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WWF, a favor del cese inmediato
de los vertidos de Fertiberia en Huelva
Posted on 22 December 2009
- La Audiencia Nacional ha dado la razón
a WWF al reconocer el impacto ambiental de
las actividades de Fertiberia en la costa
de Huelva y ha fijado el 31 de diciembre de
2010 como fecha límite para poner fin
a los vertidos contaminantes de esta empresa,
al decretar la ejecución provisional
de su sentencia de 27 de junio de 2007.
La Audiencia Nacional confirma
en su auto la caducidad de las concesiones
de costa otorgadas a Fertiberia en 1968 en
la desembocadura del río Tinto (Huelva),
para el vertido de fosfoyesos, en condiciones
que han sido incumplidas de forma reiterada.
Desde el año 2000,
las organizaciones WWF y Greenpeace han denunciado
este grave episodio de contaminación
ante el Ministerio de Medio Ambiente y la
Junta de Andalucía, luchando para lograr
el cese de los vertidos y la recuperación
de la marisma. Asimismo, han exigido el respeto
a la Ley de Costas por parte de Fertiberia,
dado que los vertidos de esta empresa no debían
realizarse en el dominio público marítimo-terrestre
y que se estaba incumpliendo flagrantemente
la ley y los términos de la concesión
administrativa.
En noviembre de 2003, la
Dirección General de Costas confirmó
los incumplimientos denunciados por WWF y
declaró la caducidad de la concesión.
Desde entonces y hasta hoy, WWF viene reclamando
a las Administraciones responsables que se
cumpla esta resolución.
En su último auto,
la Audiencia Nacional ha acordado el cese
definitivo de todos los vertidos en un año
al detectar que la actividad industrial que
realiza Fertiberia está produciendo
un considerable impacto en los valores ambientales
de la costa, como advertía WWF. La
empresa pretendía que el cese se produjera
en diciembre de 2012, pero la Audiencia Nacional
estima que Fertiberia: “ha tenido un espacio
temporal dilatado para ir adecuando su actividad
a la nueva situación”, máxime
cuando la empresa conoce la caducidad desde
el año 2003.
WWF valora positivamente
que este Tribunal reconozca que debe acometerse
una regeneración ambiental de los terrenos
contaminados, como exige la Ley de Costas
y como reclamaba WWF, y no la simple revegetación,
como proponía Fertiberia. Además,
según el auto, WWF ha de ser informado
cada seis meses de los avances de estos trabajos
en los terrenos afectados.
Sin embargo, WWF considera
insuficiente el aval de 21,9 millones de euros,
impuesto a Fertiberia por el Tribunal como
garantía de que van a cumplir con la
obligación de regenerar los terrenos
contaminados. Cabe destacar la complejidad
de los contaminantes acumulados durante cuarenta
años y su enorme magnitud, que se eleva,
según el CSIC, a 70 millones de toneladas
y ocupa una extensión de más
de 1.200 hectáreas de marismas.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF, ha declarado: “Tras una década
de denuncias, nos hubiera gustado que la Audiencia
Nacional ordenara el cese de los vertidos
contaminantes de forma inmediata, ya que la
empresa conoce la caducidad de la concesión
y la obligación de hacerlo desde más
de siete años”. Y añadió:
“aunque no compartimos todos los extremos
del auto sobre los vertidos de Fertiberia,
estamos satisfechos al saber que uno de los
episodios de contaminación más
graves conocidos en Europa ya tiene fecha
límite. Ahora queda vigilar que la
empresa recupere la costa que ha usado y contaminado
durante años”.
