Posted on 27 enero 2010
- Ecologistas en Acción, WWF y Greenpeace
muestran su preocupación por el retraso
de la Comisión Europea a la hora de
decidir su postura sobre la protección
del atún rojo (Thynnus thunnus). Las
organizaciones ecologistas piden a los países
miembros que incluyan esta especie en el Apéndice
I del Convenio CITES, lo que prohibiría
su comercio internacional.
El atún rojo se encuentra al borde
de la extinción y necesita medidas
urgentes para evitar el colapso.
Italia ha anunciado hoy
que apoya la prohibición del comercio
internacional de esta especie, a pesar de
tener una gran flota atunera. Esta propuesta
de protección se une a la presentada
en octubre de 2009 por el Principado de Mónaco,
a la que se han sumado países como
Holanda, Alemania o Suecia. Sin embargo España,
el país que más se juega en
la conservación del atún rojo,
sigue manteniéndose en contra.
El débil liderazgo
en materia pesquera de España dentro
de la Unión Europea (UE) es evidente,
tal y como demuestra su falta de arbitraje
en el enfrentamiento del Comisario de Asuntos
Marítimos, Joe Borg y el Comisario
de Medio Ambiente, Stavros Dimas. España,
en lugar de tomar las riendas, se limita a
esperar el voto de países como Francia.
Las tres organizaciones
consideran que España, como actual
presidenta de la UE, mantiene una actitud
que entorpece cualquier esfuerzo comunitario
por salvar el atún rojo, y que debería
aprovechar la oportunidad que ofrece CITES
en su reunión de marzo en Doha.
“El Gobierno de España
no puede seguir mirando para otro lado y no
asumir la situación de colapso del
atún rojo. Si finalmente Francia acaba
posicionándose a favor de incluir el
atún rojo en el Apéndice I de
CITES, se quedará solo en la UE . Algo
vergonzoso debido a lo que representa esta
especie para nuestra economía y cultura
pesquera”, ha declarado Jorge Sáez
coordinador de Medio Marino de Ecologistas
en Acción.
La inclusión de esta
especie en CITES está apoyada por los
propios científicos de la Comisión
Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT, en
sus siglas en inglés) que recientemente
demostraron que la población reproductiva
se ha reducido en más de un 85%, principal
criterio para su inclusión en CITES
(1). ICCAT ha ignorado todas las alarmas y,
en su última reunión en Brasil,
decidió mantener abierta la pesquería
con una cuota de 13.500 toneladas, en contra
de todas las recomendaciones científicas.
“El estado en el que se
encuentra el atún rojo hace patente
la incompetencia de los gobiernos al no tomar
medidas para evitar su colapso. España,
como presidenta de la UE, debe liderar las
reuniones y obtener un compromiso real de
protección”, ha declarado Celia Ojeda,
responsable de Océanos de Greenpeace.
Por su parte Raúl
García, responsable de Pesquerías
de WWF, ha añadido: “Si la UE y España
quieren tener credibilidad a la hora de impulsar
una política pesquera sostenible, no
pueden desaprovechar la oportunidad, probablemente
la última, que queda para salvar la
pesquería más antigua del mundo”.
Una prohibición del
comercio internacional de atún rojo
y el establecimiento de un plan de recuperación
basado en las recomendaciones científicas
y que incluya la protección de sus
zonas de desove son ahora las únicas
opciones para salvar esta especie. Ecologistas
en Acción, WWF y Greenpeace piden al
Gobierno un cambio de actitud y que lidere
los esfuerzos europeos por conservar esta
emblemática pesquería.
+ Más
Las ONG consideran inconstitucional
el intento de privatizar la costa que se debate
en el Congreso
Posted on 27 enero 2010
- Ante el debate en el Congreso de los Diputados
de la proposición del Grupo Mixto para
la reforma de la Ley de Costas, WWF, Greenpeace,
Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife
se unen para impedirlo, pidiendo al PP que
no apoye este paso atrás en la protección
de la costa. Las ONG consideran que esta modificación
permitiría la desprotección
del litoral y su privatización.
Tras analizar la propuesta,
WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción
y SEO/BirdLife denuncian que el texto presentado
por el Grupo Mixto, a instancias del BNG,
pretende que el deslinde del dominio público
marítimo-terrestre se adapte al trazado
urbanístico que marque la administración
autonómica. Asimismo pretende que los
núcleos rurales localizados en dicho
dominio sean excluidos de este y pasen a considerarse
como suelo urbano.
Las organizaciones conservacionistas
temen que el PP pudiera apoyar la propuesta
del BNG, pues su contenido coincide, en parte,
con el presentado en octubre de 2008 por el
Grupo Parlamentario Popular de Galicia en
el Parlamento Gallego. En aquella ocasión
se pretendía que las normas dictadas
para las actuaciones anteriores a la Ley de
Costas se aplicasen a otras posteriores a
su aprobación, realizadas al amparo
de licencias locales, y también que
en estos terrenos la servidumbre se redujera
de 100 a 20 metros y se permitiesen nuevos
usos y construcciones. Las ONG recuerdan que
esta proposición no prosperó.
Ante esta propuesta de modificar
la ley de Costas, las principales organizaciones
conservacionistas reiteran su firme oposición
a este nuevo atentado contra esta Ley fundamental
y recuerdan que semejante reforma ya fue intentada
en diciembre de 2008 mediante una Disposición
adicional de la Ley 18/2008 de Vivienda de
Galicia, que fue recurrida por inconstitucionalidad
por el Gobierno. El Tribunal Constitucional
suspendió la aplicación de dicha
disposición, declarando que la competencia
para determinar el dominio público
no es urbanística, sino de protección
del litoral. Esta es la misma postura que
defienden las organizaciones ecologistas.
Las propuestas de BNG –
y, en su día, PP - contrastan con las
de otros partidos políticos, como el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que
ha presentado una propuesta para ampliar la
servidumbre de protección de 100 a
200 metros. Este grupo considera que “la masiva
ocupación que ya sufre el litoral español
dota de gran valor las zonas que quedan por
urbanizar. En consecuencia, esta zona debe
ser objeto de una mayor protección,
para defender tanto su integridad y conservación,
como su uso público y gratuito.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF, ha manifestado: “Esperamos
que el PP no apoye esta propuesta que es claramente
inconstitucional, sólo beneficia a
intereses particulares y supone un atentado
contra la naturaleza y el derecho de todos
los ciudadanos a disfrutar de ella”.
Juan López de Uralde,
Director Ejecutivo de Greenpeace, ha declarado:
“Han pasado veintidós años desde
la aprobación de la Ley de Costas y
los ataques contra ella continúan,
no tiene sentido mantener unas disposiciones
transitorias que hoy son utilizadas para vulnerar
la propia ley y sus principios, exigimos su
derogación”.
Alejandro Sánchez,
Director Ejecutivo de SEO/BirdLife, ha declarado:
“La costa cumple una función esencial
en la dinámica litoral, y a la vista
de la evolución climática y
su conservación será vital para
frenar los impactos del cambio climático,
por lo que, por nuestra seguridad, debemos
protegerla en su integridad”.
Jorge Sáez,
Coordinador de Medio Marino de Ecologistas
en Acción, declaró: “La costa
es el principal núcleo generador de
vida, destruirla es atentar contra la biodiversidad.
Tramitar estas propuestas en el Año
Internacional de la Biodiversidad sólo
puede generar rechazo. Además esta
propuesta de modificación de la ley
de costas, sumada a estas peligrosas enmiendas
de los grupos parlamentarios gallegos, carece
del necesario análisis global. Ya que
la ley de costas fue diseñada para
garantizar el equilibrio de los frágiles
ecosistemas costeros, así como, del
acceso igualitario a sus recursos y, esta
modificación atenta contra todo esto”.
