10 febrero 2010 - Buenos
Aires, Argentina — Miembros de la organización
protestaron frente a la Embajada de Japón
en Buenos Aires para exigir
un juicio justo a dos activistas que están
siendo perseguidos por el gobierno japonés
por denunciar el contrabando de carne de ballenas.
Durante la demostración,
una activista caracterizada como la justicia
y vestida con kimono sostenía en los
platillos de la balanza una lata de carne
de ballena y la foto de los activistas procesados.
El próximo lunes
15 de febrero comenzará el juicio oral
contra Junichi Sato y Toru Suzuki, dos activistas
de Greenpeace que en 2008 fueron arrestados
luego de denunciar públicamente los
resultados de una investigación en
la que se probaba que los integrantes de la
flota ballenera traficaban carne de ballena.
A pesar de haber entregado las pruebas a la
policía y a los fiscales, la justicia
japonesa procesó a los activistas y
los acusó de haber robado la carne
para venderla en el mercado negro.
Greenpeace reclama que se
lleve a cabo un juicio justo, que respete
los derechos humanos de los activistas y que
se realice una investigación sobre
el gobierno japonés para determinar
si no encubrió este tipo de delito
en el pasado.
“Se debe juzgar la caza
de ballenas, no a quienes demuestran su ilegalidad”,
manifestó Milko Schvartzman, coordinador
de la Campaña de Océanos de
Greenpeace Argentina, “Demandamos a la justicia
de Japón un juicio justo y limpio,
tal como se lo piden las Naciones Unidas y
toda la comunidad internacional”.
El Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas dictaminó que
el gobierno nipón ha violado diversas
leyes internacionales sobre derechos humanos,
al enjuiciar a dos y reconoció que
el accionar gubernamental es prueba de la
existencia de corrupción.(1)
“Con esta protesta intentamos
hacer llegar nuestra voz a los oídos
del pueblo y el gobierno japonés, para
exigir un juicio justo a nuestros activistas
y la finalización del programa de caza
científica de ballenas impulsado por
el gobierno”, concluyó Schvartzman.
Cada año, la flota
ballenera japonesa se interna en el Santuario
Ballenero Antártico para cazar un promedio
de 700 ballenas en el marco del programa de
caza científica japonés, que
contradice todos los tratados de protección
de cetáceos, suscriptos por la mayoría
de los países del mundo.
Nota
(1) Dictamen del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/opinion-of-the-unhrc
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Comenzó el juicio
a los activistas detenidos por defender a
las ballenas
15 febrero 2010 - Aomori,
Japón — Después de casi dos
años de la injustificada detención
de Junichi Sato y Toru Suzuki por denunciar
la corrupción en la industria ballenera,
comenzó el juicio a los activistas.
El juicio se inició
con la fiscalía luchando por demostrar
sus propios argumentos y los testigos viéndose
obligados a estar de acuerdo con la defensa
en determinados puntos clave.
Aunque Japón sostiene
que la caza de ballenas se realiza en concepto
de "investigación científica",
pagada con los impuestos de Japón,
la matanza de las ballenas está en
manos de una compañía comercial.
Un testigo de esta compañía
y otro de la empresa de mensajería
utilizada para transportar la carne contrabandeada
en todo el país estaban en el tribunal
para testificar acerca de la comercialización
de la carne de ballena. Si bien la historia
cambió levemente desde las declaraciones
originales, algo se hizo evidente: nada tenía
que ver con la "investigación
científica".
Por otro lado, el jefe de
ventas de Kyodo Senpaku - la empresa contratada
por el Instituto de Investigación de
Cetáceos del Gobierno para llevar adelante
la flota ballenera - admitió en el
interrogatorio que se entregaron "souvenirs"
de carne de ballena a la tripulación.
El costo de los mismos no fue contabilizado
en las declaraciones financieras a pesar de
que el programa de caza de ballenas es un
proyecto financiado por el Gobierno. Previamente
esta misma persona había realizado
declaraciones públicas en la que insistía
en que no existía una práctica
de entregar carne de ballena a modo de "souvenir".
También admitió bajo juramento
que tras las denuncias de Greenpeace en 2008
los llamados "souvenirs" dejaron
de entregarse a los oficiales de la flota.
La fiscalía también
citó a declarar al gerente de la compañía
de mensajería Transporte Seino, que
transportaba las cajas de carne de ballena
por el Japón en abril de 2008, tras
el regreso de la flota del Santuario Ballenero
Austral. En su testimonio confirmó
que había pagado al propietario de
la caja aproximadamente 30.000 yenes (300
dólares) de su propio bolsillo sin
haber registrado nunca esa compra. También
admitió que el propietario le había
dicho que la caja contenía alimentos
y no "cartón", tal como figuraba
en la hoja de contenidos descriptos.
La decisión de empezar
este proceso judicial y esta persecución
política a los activistas fue tomada
por el anterior gobierno japonés. El
nuevo Gobierno puede enmendar la vergonzosa
postura del anterior al asegurar un juicio
justo que se adhiera a las normas jurídicas
internacionales y al dictamen de la ONU. Además,
debe volver a investigar las demandas originales
realizadas por Junichi y Toru.
El Primer Ministro Hatoyama
ya ha demostrado su liderazgo el diciembre
pasado en Copenhague, donde se destacó
por su apoyo a un justo y ambicioso pacto
contra el cambio climático. Ahora tiene
la oportunidad de ser visto como un líder
mundial también en materia de derechos
humanos, velando por que la corrupción
sea llevada a juicio, en lugar de los hombres
honorables que la exponen.
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Pídele al gobierno
de Japón un juicio justo para los activistas
japoneses
Estas conclusiones establecen
que en diciembre de 2009 el CDH informó
al gobierno japonés que los derechos
humanos de los activistas Junichi Sato y Toru
Suzuki habían sido violados por el
sistema judicial de este país y concluyó
que Sato y Suzuki “actuaron teniendo en cuenta
que sus acciones estaban en el interés
del público, en su intento de exponer
la malversación de fondos de la industria
ballenera financiada por los contribuyentes”.
El organismo reconoce que
los activistas cooperaron voluntariamente
con la policía y con el fiscal japonés,
pero que esta cooperación no fue reconocida.
Además, agrega que el gobierno no valoró
información esencial para el caso como
los detalles de las actividades que realizaban
los activista, la investigación que
llevaron a cabo, las pruebas que reunieron
o la ayuda que dieron a las autoridades niponas
para investigar sus denuncias.
Junichi y Toru actuaron
en interés público para exponer
un escándalo de corrupción en
el programa de caza de ballenas, el cual es
financiado por los contribuyentes. Ahora está
claro que esto no es sólo la opinión
de Greenpeace, sino también del órgano
competente de las Naciones Unidas. Greenpeace
espera que los tribunales japoneses tomen
nota de esta opinión y juzguen el caso
en consecuencia.
El Grupo de Trabajo agrega
en sus conclusiones que “el derecho de estos
dos activistas del medio ambiente a no ser
privado arbitrariamente de su libertad, sus
derechos a la libertad de opinión y
de expresión y el ejercicio de actividades
legítimas, así como su derecho
a participar en actividades pacíficas
sin intimidación o acoso no fue respetado
el sistema de justicia japonés”.
Agrega que el gobierno “ha
infringido los artículos 18,19 y 20
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los artículos 18 y 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos” y que a Sato y Suzuki se
les había negado el derecho a impugnar
su detención ante un tribunal independiente
e imparcial en un proceso justo, por lo que
solicitó que el resto del juicio se
realice de manera imparcial.
Cabe destacar que grupos
globales de defensa de los derechos humanos
tales como Amnistía Internacional y
Transparencia Internacional han cuestionado
desde el principio, la legitimidad de la acusación
de Japón contra los Dos de Tokio.
Como fase previa a la audiencia
de Sato y Suzuki, que se realizará
el próximos lunes 15 de febrero; hoy
inicia una semana de protestas en las embajadas
japonesas en todo el mundo. Además,
a fines de esta semana, Kumi Naidoo, director
ejecutivo de Greenpeace Internacional, viajará
a Japón para observar el juicio contra
los dos activistas de la organización
ambientalista.
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Enfrentan un juicio por
defender a las ballenas
17 febrero 2010 - Aomori,
Japón — Este 15 de febrero, en Japón
comenzó la primera parte del juicio
contra los activistas Junichi Sato y Toru
Suzuki que denunciaron la venta ilegal de
carne procedente del Santuario Ballenero de
la Antártida
Firma la ciberacción
(en inglés) para exigir un juicio justo
Esta primera parte del juicio
dejó en evidencia a la acusación,
que difícilmente pudo probar sus propios
argumentos y cuyos testigos se han visto obligados
a darle la razón a la defensa de Junichi
y Toru en los puntos clave.
Del mismo modo, se han contradecido
en las declaraciones públicas realizadas
con anterioridad en las que habían
insistido en que “que no existía ninguna
práctica de entregar como obsequio
carne de ballena a los tripulantes de los
balleneros”.
Ayer admitieron bajo juramento
que, a raíz de las denuncias realizadas
por Greenpeace en 2008, se ha dejado de realizar
esta práctica.
"Es la primera vez
que el Grupo de trabajo sobre la Detención
Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones
Unidas ha emitido una resolución de
este tipo en Japón. Es algo sin precedentes.
El fiscal debe tomar en cuenta que los derechos
humanos de los activistas no se respetaron",
dijo Alejandro Olivera, coordinador de la
campaña de océanos y costas
de Greenpeace México.
La acusación también
llamó a declarar al gerente de la empresa
de mensajería Seino Transport, la cual
repartió las cajas con la carne de
ballena en abril de 2008, una vez que la flota
regresó del Santuario Ballenero de
la Antártida. En su declaración,
confirmó que pagó al propietario
de la caja cerca de 30 mil yenes de su propio
bolsillo y no registró el pago. También
admitió que el propietario le había
indicado que la caja contenía alimentos
y no el “cartón” que figuraba en el
albarán.
"Las pruebas acerca
de la exposición de malversación
de fondos de fondos públicos ha sido
la misma durante los últimos 18 meses,
sin embargo el relato ofrecido por los testigos,
no resisten al escrutinio de un día.
Es claro que la versión oficial de
la verdad no puede ser de confianza y que
la investigación originalmente iniciada
por Junichi y Toru se debe de iniciar inmediatamente”,
dijo Sarah Burton, directora adjunta de programas
y abogada de Greenpeace Internacional, quien
asistió al juicio en Aomori.
La fiscalía también cuestionó
al administrador de correo del "Transporte
Seino", empresa que enviara las cajas
de carne de ballena por todo Japón
en abril de 2008 una vez que la flota regresara
del Santuario Ballenero Austral.
En su testimonio confirmó
que había pagado al propietario de
la caja de carne de ballena cerca de 300 dólares
de su propio bolsillo, y no registró
este pago. También admitió que
el propietario le había dicho que la
caja contenía alimentos y no el "cartón"
que aparece como descripción en la
hoja del contenido.
"Este juicio no se
trata sólo de una caja de carne de
ballena, es el respeto a los derechos humanos,
de defender el derecho internacional y tener
la libertad para llevar a cabo las investigaciones
legítimas de interés público
", añadió el Dr. Kumi Naidoo,
Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional.
