Los grupos ecologistas exigen
a la Generalitat Valenciana la restauración
de la zona afectada y el abandono definitivo
de cualquier proyecto de ampliación
- 16 febrero 2010 - España — La Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia. de la Comunidad Valenciana
ha rechazado los recursos
de la Consellería de Infraestructuras
y Transporte de la Generalitat Valenciana
y de la promotora Marina de Greenwich SA,
que defendían la viabilidad de la ampliación
del puerto Luis Campomanes de Altea.
La sentencia ha declarado
nulas las resoluciones de la Generalitat que
permitieron el comienzo de las obras debido
a que el proyecto de 2002 no se sometió
a la correspondiente Evaluación de
Impacto Ambiental, ya que que la Administración
se limitó a convalidar otra evaluación
relativa a un proyecto de 1999.
Ecologistes en Acció
del País Valenciano, Greenpeace y WWF
se felicitan por la sentencia y exigen a la
Generalitat Valenciana la restauración
de la zona dañada por las obras de
ampliación. Además, piden que
se abandone cualquier nuevo proyecto de ampliación
debido a su gran impacto ambiental.
Varios estudios aportados
por los grupos conservacionistas elaborados
por las Universidades de Alicante, Valencia
y Baleares ponen de manifiesto cómo
se verían afectadas de forma irreversible
más de 40 hectáreas de praderas
de Posidonia oceanica, y de ejemplares del
molusco Pinna nobilis (nacra), protegidos
como Prioritarios en la Directiva Habitats
de la Unión Europea. Igualmente se
producirá una alteración grave
del hidrodinamismo con enfangamiento de las
zonas adyacentes a las zonas de obra, o incluso
de las playas próximas.
Además, un estudio
presentado por la Universidad de Almería,
alerta en el mismo sentido que la ampliación
del puerto provocará la destrucción
del ecosistema marino así como un imprevisible
efecto sobre las dinámicas litorales
en la zona. Igualmente, los informes del perito
judicial e investigador del Instituto Español
de Oceanografía y de la Dirección
General de Costas ponen de manifiesto que
la dimensión del proyecto debe ser
sometida en todo caso a nueva Evaluación
de Impacto Ambiental.
Por otro lado, todos los
estudios y pruebas periciales presentados
por los grupos ecologistas demuestran la nula
efectividad de los trasplantes de Posidonia
oceanica realizados que, al contrario de lo
pretendido, han supuesto la muerte de las
plantas trasplantadas y la afección
negativa por erosión y descalzamiento
de otros ejemplares de la zona. Estas conclusiones
han llevado a los grupos ecologistas a exigir
que en los futuros proyectos de ampliación
o construcción de nuevos puertos deportivos
esta práctica no pueda ser considerada
como “medida correctora”.
+ Más
El tratado de Prohibición
de las bombas de racimo alcanza el hito de
las 30 ratificaciones
El texto entrará
en vigor el 1 de agosto de 2010 - 17 febrero
2010 - España — Londres – Madrid, 17
de febrero de 2010. Burkina Faso y Moldavia
ratificaron ayer la Convención Internacional
de Prohibición de las bombas de racimo,
que logra así las 30 ratificaciones
necesarias y podrá entrar en vigor
el 1 de agosto de 2010. Ese día el
Tratado se convertirá en una Ley internacional
de prohibición.
“Los primeros 30 estados
que han ratificado la Convención sobre
las Bombas de Racimo deben sentirse orgullosos
del papel central que han tenido a la hora
de contribuir a poner fin para siempre al
sufrimiento causado por estas armas crueles
e injustas” afirma Thomas Nash, Coordinador
de la Cluster Munition Coalition. “Para aquellos
que todavía no lo han hecho, el 2010
es el año indicado para colocarse en
el bando correcto de la historia, y sumarse
a la prohibición antes del Primer Encuentro
de Estados miembro que se hará en noviembre”.
Los treinta países
que han ratificado incluyen estados que lideraron
el esfuerzo del proceso de Oslo para crear
la Convención –Noruega, Austria, la
Santa Sede, Irlanda, México y Nueva
Zelanda– estados donde las bombas de racimo
han sido usadas –Albania, Croacia, Laos PDR,
Sierra Leona y Zambia– países que almacenaban
bombas –Bélgica, Dinamarca, Francia,
Alemania, Japón, Moldavia, Montenegro
y Eslovenia–, así como España,
el primer país firmante que completó
la destrucción de stocks. Otros países
que han ratificado son Burkina Faso, Burundi,
Luxemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Nicaragua,
Níger, San Marino y Uruguay.
Un total de 104 países
han firmado la convención desde que
se abrió a la firma en Oslo en diciembre
del 2008. El texto prohíbe el uso,
la producción, el almacenamiento y
la transferencia de bombas de racimo. También
establece la limpieza de las áreas
contaminadas por bombas que no han explotado
y determina la provisión de asistencia
para las víctimas de estas armas.
Cuando la Convención
sobre las Bombas de Racimo entre en vigor
el 1 de agosto de 2010, el próximo
hito será el Primer Encuentro de Estados
Miembros, que está programado para
que se celebre en Laos PDR a finales del 2010.
Laos es el país más contaminado
por bombas de racimo como resultado de los
bombardeos de los EE.UU. hace más de
treinta años.
La CMC, de la cual son miembros
la Fundació per la Pau, Greenpeace,
Justicia i Pau y el Moviment per la Pau se
muestra muy satisfecha con el hito logrado
y espera que, aun cuando no es imprescindible
para que el Tratado entre en vigor, más
países lo ratifiquen. Además,
está trabajando con supervivientes
de las bombas de racimo para garantizar que
los países no firmantes dónde
se han usado estas armas –como por ejemplo
Camboya, Irak, Serbia, Tayikistán y
Vietnam– se sumen a la convención con
la mayor brevedad posible.
