18 febrero 2010 - España
— Madrid, a 18 de febrero de 2010.- Organizaciones
ambientales y sociales han sacado hoy los
botijos a la calle para pedir agua para los
ríos y afirmar que “la sequía
no es climática, es política”.
El objetivo de esta protesta es denunciar
que el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM)
pretende utilizar la sequía como argumento
para incumplir la ley europea de agua y ofrecer
más agua.
Las ONG afirman que el problema
se solucionaría con una gestión
de la demanda de agua que previniera la escasez
de este recurso y los efectos de la sequía.
La acción reivindicativa ha tenido
lugar en el exterior del Palacio de Congresos
de Madrid, donde se inauguraba la II Conferencia
sobre Escasez de Agua y Sequía organizada
por el propio Ministerio, en el marco de la
Presidencia Española de la UE.
Las ONG AEMS-Ríos
con Vida, COAGRET, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, PDE (Plataforma en Defensa del
Ebro), Red Ciudadana por una nueva cultura
del agua en el Tajo, WWF, Xarxa per una Nova
Cultura de l'Aigua y Xuquer Viu han sacado
los botijos a la calle para pedir al Ministerio
de Medio Ambiente que no utilice la sequía
como justificación para no aplicar
la Directiva Marco del Agua (DMA) de forma
adecuada. En este sentido, recuerdan que dicha
normativa ofrece los instrumentos necesarios
para hacer frente a las sequías, incorporando
el principio de precaución y garantizando
unas reservas de agua suficientes en ríos
y acuíferos que reduzcan la vulnerabilidad
de los ecosistemas y de la sociedad ante este
tipo de fenómenos.
La celebración de
la II Conferencia Internacional sobre Escasez
de Agua y Sequía “El camino hacia la
adaptación al cambio climático”
tiene como uno de sus principales motivos
“plasmar la situación actual, así
como las necesidades futuras en relación
a la gestión de la escasez de agua
y de la sequía, con el fin de ser remitidas
al Consejo de la Unión Europea”. En
este sentido, las organizaciones ambientales
y sociales temen que, con este objetivo, el
Gobierno intente diluir su responsabilidad
en realizar una adecuada gestión del
agua, precisamente lo que se necesita para
evitar los impactos sociales y ambientales
de contaminación durante los periodos
con menor disponibilidad de agua.
En el clima mediterráneo,
las sequías son fenómenos recurrentes
que incrementan temporalmente la presión
sobre las aguas. Por tanto, es imprescindible
una gestión que las anticipe y prevea,
permitiendo mitigar sus efectos negativos.
En consecuencia, las ONG exigen el buen estado
de los acuíferos y el respeto del caudal
ecológico de los ríos, humedales
y lagos como reserva estratégica. Sólo
de este modo se podrá afrontar la sequía
de forma eficaz.
Esta situación ha
hecho que las organizaciones que firman la
nota de prensa consideren necesaria realizar
una denuncia con pancartas y botijos en la
entrada de la Conferencia. Además,
y para dar a conocer que existen otras formas
de gestión y planificación más
respetuosa con el medio ambiente, han presentado
un decálogo sobre los puntos clave
para la buena gestión de la problemática
de la sequía.
Lo cierto es que las políticas
llevadas a cabo, hasta ahora, por el MARM
favorecen los temores de estas organizaciones.
Como ejemplo se puede citar que los nuevos
planes hidrológicos, que deberían
haber entrado en vigor el 31 de diciembre
de 2009, no establecen unos caudales ambientales
que aseguren la conservación de los
ríos. Tampoco existe una política
de gestión de la demanda, ni una de
cierre de los pozos ilegales.
Las organizaciones también
denuncian la continuidad de infraestructuras
innecesarias que deterioran la conservación
de los ríos, y la creación de
otras nuevas, como trasvases y presas. En
cuanto al tema de los regadíos, critican
la estrategia del Ministerio para modernizar
los regadíos sin asegurar que parte
del agua ahorrada vaya destinada a los propios
ríos.
Las ONG ambientales y sociales
que han participado en esta protesta son:
AEMS-Ríos con Vida
COAGRET (Coordinadora de afectados de grandes
embalses y trasvases)
Ecologistas en Acción
Greenpeace
PDE (Plataforma en Defensa del Ebro)
Red Ciudadana por una nueva cultura del agua
en el Tajo
WWF
Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua
Xuquer Viu
+ Más
ONG pide al Gobierno la
paralización del proceso emprendido
por el Ministerio de Industria ante la falta
de consenso social y territorial
Ante el rechazo de las Cortes
de Castilla y León a albergar el cementerio
nuclear - 18 febrero 2010 - España
— Greenpeace considera el rechazo de las Cortes
de Castilla y León a que esta comunidad
autónoma albergue el cementerio nuclear
centralizado un nuevo fracaso del proceso
emprendido por el Ministerio de Industria.
Todos los grupos parlamentarios
de las Cortes han rechazado que Castilla y
León albergue el cementerio nuclear,
que albergaría todos los residuos radiactivos
de alta actividad de todas las centrales nucleares
españolas, si bien el voto mayoritario
del grupo Popular lo ha condicionado a que
se revise la decisión de cierre de
la central nuclear de Garoña, cuyo
cese definitivo de explotación está
fijado en julio de 2013.
Greenpeace recuerda que
el rechazo de hoy de las Cortes de Castilla
y León se suma al ya expresado por
las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado
1 de febrero, al del Parlamento de Cataluña
(en 2008, y refrendado el pasado 25 de enero
por el propio presidente de la Generalitat,
José Montilla), al de las Cortes Valencianas
(en 2006) y al que, con toda seguridad, mostrará
mañana el Parlamento extremeño.
Ante ese rotundo rechazo
territorial al proyecto de Miguel Sebastián
de construir un cementerio nuclear centralizado,
sumado al rechazo social que ha generado el
proyecto, Greenpeace considera que el proceso
emprendido por el Ministerio de Industria
se pude ya considerar como un fracaso.
Por ello, Greenpeace pide
al Gobierno Zapatero que paralice este proceso,
que se ha caracterizado por su falta de transparencia,
por haber evitado la participación
pública, por la actuación a
espaldas de los ciudadanos o por la búsqueda
negociada en secreto de candidatos. Ejemplo
de esto último ha sido la negociación
con la Asociación de Municipios en
Áreas con Centrales Nucleares, AMAC,
mediante el ofrecimiento de compensaciones
económicas con dinero público
por parte del Ministerio de Industria a cambio
de que Ascó y Yebra presentaran sus
candidaturas.
Desde el principio, Greenpeace
calificó el proceso iniciado por el
Ministerio de Industria como antidemocrático,
además de contradictorio con las promesas
del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien reconoció
en el Congreso de los Diputados la necesidad
de lograr un amplio y previo consenso social
sobre la gestión de los residuos radiactivos
para poder avanzar en la solución de
este grave problema (1).
“Si el Gobierno quiere resolver
el problema de los residuos radiactivos y
cerrar de una vez el debate nuclear, tendrá
que poner sobre la mesa un buen plan de cierre
de las centrales nucleares, paso necesario
para poder avanzar hacia un modelo energético
sostenible. Sólo así conseguirá
paz social al respecto”, ha declarado Carlos
Bravo, responsable de la campaña Nuclear
de Greenpeace.
Sobre la postura del Partido Popular de Castilla
y León, Greenpeace cree que la Junta
de Castilla y León debe renunciar de
una vez por todas a mantener en marcha la
peligrosa central nuclear de Garoña
(que la semana pasada paró dos veces
por unas fugas de agua radiactiva de una válvula
del circuito primario) y apostar de verdad
por un modelo energético basado al
100% en energías renovables y en la
eficiencia energética.
NOTA
(1) Zapatero dijo en el Congreso de los Diputados
durante el Debate del Estado de la Nación
del 30 de mayo de 2006: “Y paralelamente también
está el tema de los residuos, que exige,
sin duda alguna, un amplio consenso social
de organizaciones defensoras del medio ambiente,
que exige el mayor consenso territorial posible
y ojalá el mayor consenso político,
porque, como muy bien sabe S.S., es un problema
de hondo calado”.
+ Más
ONG anima a la ciudadanía
a participar en la manifestación en
Soria contra el cementerio nuclear
19 febrero 2010 - España
— Ante la posibilidad de que se instale en
la localidad de Torrubia (Soria) el cementerio
nuclear centralizado de todos los residuos
radiactivos de alta actividad de todas las
todas centrales nucleares españolas
y su centro de experimentación nuclear
asociado, Greenpeace llama a la participación
de la ciudadanía en la manifestación
del próximo sábado 20 de febrero
(que arranca a las 13 horas en la sede de
la Subdelegación del Gobierno en Soria
capital) convocada por la Plataforma Contra
el Cementerio Nuclear de Soria, de la que
Greenpeace es miembro.
Greenpeace pide al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero
que paralice este proceso, que se ha caracterizado
por su falta de transparencia, por haber evitado
la participación pública, por
la actuación a espaldas de los ciudadanos
o por la búsqueda negociada en secreto
de candidatos. Ejemplo de esto último
ha sido la negociación con la Asociación
de Municipios en Áreas con Centrales
Nucleares, AMAC, mediante el ofrecimiento
de compensaciones económicas con dinero
público por parte del Ministerio de
Industria a cambio de que Ascó y Yebra
presentaran sus candidaturas.
La organización ecologista
recuerda que todas las comunidades autónomas
en las que se encuentran los municipios que
han presentado su candidatura al Ministerio
de Industria han mostrado ya su rechazo a
albergar en su territorio ese cementerio nuclear.
Ayer la Asamblea de Extremadura
aprobaba una resolución en ese sentido
de forma unánime. Un día antes,
las Cortes de Castilla y León se sumaban
a la negativa, ya expresada por las Cortes
de Castilla-La Mancha el pasado 1 de febrero,
por el Parlamento de Cataluña (en 2008,
y refrendado el pasado 25 de enero por el
propio presidente de la Generalitat, José
Montilla) y por las Cortes Valencianas (en
2006).
Ante ese rotundo rechazo
territorial al proyecto de Miguel Sebastián
de construir un cementerio nuclear centralizado,
sumado al rechazo social que ha generado el
proyecto, Greenpeace considera que el proceso
emprendido por el Ministerio de Industria
se pude ya considerar como un fracaso.
Para poder determinar la
forma de gestionar los residuos radioactivos
debe previamente conseguirse un amplio consenso
territorial y social con las organizaciones
sociales. Para generar este consenso debe
debatirse de forma amplia el modelo energético
español y la necesidad de sustituir
de forma progresiva las centrales nucleares
por energías renovables. Según
datos de Red Eléctrica Española,
en 2009, las energías renovables aportaron
el 26% de nuestra electricidad frente al 19%
de la nuclear, lo que demuestra que las energías
renovables son capaces de aportar electricidad
limpia a gran escala.
