11 febrero
2010 - Buenos Aires, Argentina — A 19 meses
del histórico fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en el cual
se condenó al Estado Nacional, a la
Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, el
Defensor del Pueblo de la Nación, y
las organizaciones que conforman el Cuerpo
Colegiado (Greenpeace, FARN, Asociación
Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana
por los Derechos Humanos y CELS) evaluaron
la gestión de ACUMAR y denunciaron
el incumplimiento del fallo.
El informe presentado por
el Cuerpo Colegiado, organismo establecido
por la CSJN para el fortalecimiento de la
participación ciudadana en el cumplimiento
de la sentencia, evaluó las acciones
del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca
Matanza Riachuelo, realizadas por la ACUMAR
hasta diciembre de 2009 y concluyó
que las obligaciones y plazos previstos en
su mayoría no han sido cumplidos y
que no se han registrado avances significativos.
Entre las críticas
se destaca la ineficiencia de la ACUMAR, que
a tres años de su creación,
no ha logrado ejercer su rol como organismo
de coordinación interjurisdiccional,
y no ha podido implementar políticas
a nivel de cuenca hídrica con metas
y plazos concretos. Esta situación
que se agravó por la debilidad institucional,
evidenciada a partir del constante recambio
de autoridades y funcionarios del organismo,
que repercute en la falta de continuidad en
las tareas emprendidas.
“Hay demasiada planificación
y poca acción, cada cambio de funcionarios
implica volver a empezar y los avances no
se concretan nunca. Además, a mas de
tres años de presentado el Plan, todavía
no contamos con indicadores que nos permitan
medir los avances de gestión, es vergonzoso
que aún los estén planificando”,
manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad
Política de Greenpeace.
Si bien las críticas
recaen sobre la Autoridad de Cuenca; el Cuerpo
Colegiado exhorta a los tres gobiernos que
tienen injerencia en el organismo a dar un
explícito y amplio apoyo político
para dar continuidad a los planes y dotar
a la ACUMAR de los recursos necesarios para
un real saneamiento del Riachuelo.
Entre los incumplimientos
evaluados, Greenpeace destaca lo sucedido
con el componente de Control Industrial. Aunque
el fallo obliga a inspeccionar en 30 días
todas las industrias de la Cuenca luego de
17 meses sólo se ha supervisado cerca
del 20% de los 4103 establecimientos relevados
por ACUMAR -número ampliamente menor
que el indicado por otras fuentes de información-
y a este ritmo recién para el año
que viene se lograría inspeccionar
el total de las industrias tan solo una vez.
Por otra parte resulta preocupante
la debilidad de la normativa adoptada para
la recuperación y protección
ambiental, que de no ser modificada no cumplirá
con la manda judicial.
“Las metas de calidad de
agua propuesta por ACUMAR, no contienen restricciones
para sustancias peligrosas como por ejemplo
los metales pesados, por lo que no será
posible una real recomposición ambiental
de la Cuenca ni siquiera a el largo plazo”,
argumentó Martín Prieto, director
Ejecutivo de Greenpeace.
