Celebrada la
declaración previa al juicio contra
Greenpeace por la pintada de “hotel ilegal”
- 23 febrero 2010 - España — La coordinadora
de campañas de Greenpeace, María
José Caballero, ha declarado hoy en
el juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
como imputada por la acción de denuncia
que la organización ecologista llevó
a cabo en el hotel ubicado en la playa de
El Algarrobico, dentro de los límites
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
(Almería).
Azata del Sol, la promotora
del hotel, reclama a Greenpeace una compensación
económica cercana a los 195.222 euros
por los supuestos daños que los activistas
de la organización ocasionaron al edificio,
cuando en 2007 realizaron una acción
de denuncia pacífica pintando en el
exterior del edificio el mensaje “hotel Ilegal”.
“Por un lado Azata del Sol
reclama al Estado millones de euros en compensación
por su hotel, aun a sabiendas de la ilegalidad
de las obras que inició en el año
2003, y por otro pide a Greenpeace una suma
desorbitada para poder pintar de nuevo su
fachada”, ha comentado María José
Caballero. “Si el Ministerio de Medio Ambiente
y la Junta de Andalucía fueran verdaderos
líderes en gestión medioambiental,
la demolición del hotel sería
inmediata, sin dilación y sin excusas,
sin embargo, se está haciendo todo
lo contrario y Greenpeace está siendo
partícipe de un gran teatro que sólo
beneficia a aquellos que han conducido al
país a una gran crisis económica”.
Greenpeace recuerda que
precisamente esta semana se cumplen cuatro
años desde que el Juzgado de lo Contencioso
número 2 de Almería dictaminaba
la paralización cautelar de la construcción
por “estar amparadas las obras en una licencia
que presenta apariencia de ilegalidad”. Los
tribunales han ratificado hasta en 17 ocasiones
la ilegalidad del edificio de 21 plantas que
vulnera toda la normativa ambiental existente
en el Estado, incluyendo la Ley de Costas
(1).
“Lamentablemente mientras
la Junta de Andalucía y Ministerio
de Medio Ambiente intentan postergar los procedimientos
judiciales para excusarse de sus obligaciones
de defensa del medio ambiente, la promotora
Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras
se benefician de la laxitud de las administraciones”,
ha concluido Caballero.
— Greenpeace
Nota:
(1) http://www.greenpeace.org/espana/reports/el-algarrobico-20-a-os-de-ileg
+ Más
ONGs celebran la decisión
de la Audiencia Nacional que obliga a Fertiberia
a parar sus vertidos
Un Auto del alto tribunal
da la razón a los ecologistas y obliga
a la empresa química a cesar su actividad
contaminante antes de diciembre - 24 febrero
2010 - España — Greenpeace y WWF han
valorado muy positivamente la decisión
de la Audiencia Nacional, que confirma que
la planta de Fertiberia en Huelva deberá
parar los vertidos de fosfoyesos a las marismas
del río Tinto antes de finales de diciembre
de 2010.
El Auto de la Audiencia,
con fecha 17 de febrero de 2010, rechaza el
Recurso de Súplica interpuesto por
la empresa química contra otro Auto
de diciembre de 2009, en el que se decidía
la ejecución de la sentencia que confirmaba
la caducidad de la concesión a la empresa.
El Tribunal mantiene la
restauración de las balsas y la prestación
de garantías por la empresa, y se reafirma
en el adelanto del plazo de cierre debido
a que debe prevalecer el interés general
(es decir, los valores medioambientales) a
la actividad industrial de la empresa.
Por otra parte, la Audiencia
Nacional también ha rechazado el recurso
de Súplica interpuesto por Foret (empresa
que vierte igualmente a las mismas balsas
que Fertiberia), que pretendía oponerse
al cumplimiento de la sentencia, aunque este
Tribunal ha considerado que, al no haber sido
parte del procedimiento, no podía intervenir
en la ejecución de la sentencia.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF España ha manifestado
que “una vez más los Tribunales confirman
que el interés general debe ser la
defensa del medio ambiente y la salud de los
ciudadanos por encima de los intereses particulares”
Para el responsable de la campaña de
contaminación de Greenpeace, Julio
Barea “La situación actual ha sido
provocada por falta de responsabilidad de
la empresa y la desidia de las administraciones
implicadas”.