España aún
no ha anunciado si apoyará la medida,
a la que la Comisión ha puesto varias
condiciones - 22 febrero 2010 - España
— Greenpeace ha recibido muy positivamente
el anuncio hecho, tras meses de bloqueo, por
la Comisión Europea en el que ha llamado
a los países de la Unión a respaldar
la prohibición del comercio internacional
del atún rojo. El comisario de Medio
Ambiente, Janez Potocnik,
ha recomendado el apoyo a la inclusión
del atún rojo en el Apéndice
1 de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), propuesta que
también ha apoyado, Damanaki, la comisaria
de Pesca.
Sin embargo, la propuesta
de la Comisión incluye ciertas condiciones
para la entrada en vigor de una prohibición
del comercio internacional y ambos comisarios
han señalado que deberían dar
a ICCAT, la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún
Atlántico, "una última
posibilidad" para actuar. Para Greenpeace,
esta medida no tiene ninguna justificación
porque implicaría subvencionar al ICCAT,
que precisamente ha sido el organismo que
ha llevado a esta especie al borde de la extinción.
“El atún rojo se
encuentra explotado, los stocks no se están
recuperando, por lo que, aunque parezca que
la Unión Europea ha dado un paso adelante,
es urgente demostrar su compromiso con el
medio ambiente y no aplazar la entrada en
vigor de la prohibición”, ha declarado
Celia Ojeda responsable de Océanos
de Greenpeace. “El atún rojo no puede
esperar hasta 2011, porque quizá para
entonces será demasiado tarde”.
La organización ecologista
celebra que, tras el Parlamento Europeo, sea
ahora la Comisión quien haya dado su
apoyo a la propuesta del Principado de Mónaco,
aunque ahora queda uno de los pasos más
importantes y decisivos: que los países
de la UE confirmen su apoyo a la prohibición.
España que preside
la UE durante estas negociaciones aún
no se ha pronunciado. Greenpeace pide al Gobierno
español que muestre su liderazgo en
la UE, que apoye la protección inminente
de esta especie y que proteja sus áreas
de desove con la creación de un Santuario
en las Islas Baleares.
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ONG pide a los diputados
del Congreso coherencia con el voto de rechazo
al cementerio emitido en sus Autonomías
22 febrero 2010 - España
— Mañana martes, por la tarde, se debatirá
en el Congreso de los Diputados una moción
del grupo Iniciativa per Catalunya-Izquierda
Unida (ICV-IU) en la que se solicita suspender
el proceso iniciado por el Ministerio de Industria
para la construcción de un cementerio
nuclear centralizado y su centro de experimentación
nuclear asociado, ante la falta de consenso
social, territorial y político que
ha generado.
Greenpeace solicita a los
diputados del Congreso que su votación
sea coherente con la posición de rechazo
de sus Comunidades Autónomas.
Esta moción (1) es
consecuencia de la interpelación urgente
al ministro Miguel Sebastián, que tuvo
lugar el miércoles pasado en el Congreso,
por parte del diputado de ICV Joan Herrera.
Greenpeace comparte con
estos grupos la necesidad de paralizar este
proceso, que se ha caracterizado por la falta
de transparencia, la ausencia real de mecanismos
verdaderamente participativos y la ausencia
de información veraz al público
y a los municipios, e iniciar un nuevo proceso
que posibilite la consecución de un
gran consenso social, con las organizaciones
de defensa del medio ambiente, territorial
y político, más allá
del ámbito municipal.
Sólo 14 de los 8.112
municipios que existen actualmente en España
(según el INE a 1 de enero de 2009)
solicitaron el cementerio nuclear, algunos
de ellos sin haber convocado ni siquiera al
pleno municipal o con graves defectos formales.
En conjunto, la población de estos
pueblos suma menos de 5.000 habitantes.
La organización ecologista
recuerda que todos los parlamentos de las
Comunidades Autónomas en las que se
encuentran los municipios que han presentado
su candidatura al Ministerio de Industria
han mostrado ya su rechazo a albergar en su
territorio ese cementerio nuclear.
Así, el pasado jueves la Asamblea de
Extremadura aprobaba una resolución
en ese sentido de forma unánime. Un
día antes, las Cortes de Castilla y
León se sumaban a la negativa, ya expresada
por las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado
1 de febrero, por el Parlamento de Cataluña
(en 2008, y refrendado el pasado 25 de enero
por el propio presidente de la Generalitat,
José Montilla) y por las Cortes Valencianas
(en 2006).
Greenpeace critica la campaña de desinformación
que ENRESA y el Ministerio de Industria han
llevado a cabo con el fin de promocionar el
Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos radiactivos de alta actividad.
NOTA
(1) La moción de ICV-IU dice:
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a suspender la Resolución de 23 de
diciembre de 2009, de la Secretaría
de Estado de Energía, por la que se
efectúa la convocatoria pública
para la selección de los municipios
candidatos a albergar el emplazamiento del
Almacén Temporal Centralizado de combustible
nuclear gastado y residuos radiactivos de
alta actividad y su centro tecnológico
asociado, con el objeto de paralizar el proceso
iniciado por la misma e iniciar un nuevo proceso
que posibilite la consecución del consenso
político, social, ambiental y territorial
más allá del ámbito municipal,
tal y como ha aprobado esta Cámara
en reiteradas ocasiones.”
