09 marzo 2010 - Buenos Aires,
Argentina — Unos diez millones de celulares
serán descartados durante 2010 y se
estima que al menos un 30 por ciento de estos
aparatos serán depositados junto con
los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios
o basurales, según se desprende de
un informe (1) difundido hoy por Greenpeace
que alerta sobre los riegos contaminantes
de los residuos electrónicos.
En el documento elaborado,
la organización ambientalista advirtió
sobre la contaminación que generan
los teléfonos móviles una vez
terminada su vida útil y denunció
que el acelerado incremento en el recambio
y descarte de celulares no está acompañado
de una infraestructura especial de reciclado
y recuperación de los materiales tóxicos
y contaminantes que contienen los equipos.
De acuerdo al informe “El
lado tóxico de la telefonía
móvil”, el descarte de teléfonos
aumentó 4 veces en los últimos
5 años. El incremento en el consumo,
la escasa vida útil de los productos,
estimada en menos de 3 años, y las
altas cifras de descarte conviven con un reducido
circuito de reciclado. Hoy se recicla menos
del 6% del total de los residuos provenientes
del sector de tecnología.
El documento consigna que
la cantidad de celulares enviados a rellenos
y basurales podría ser mucho mayor
debido a que existen 16 millones de líneas
en desuso, a los que se suma que un alto porcentaje
de los aparatos en uso podría ser renovado
por los nuevos servicios que brinda la telefonía
celular.
“Los teléfonos móviles
son, junto con las computadoras de escritorio,
televisores, pilas y baterías, la porción
de los residuos sólidos urbanos que
está creciendo más rápidamente,
y se espera una ola de descarte sea mayor
en los próximos años. El riesgo
de estos residuos radica en sus componentes
tóxicos. Además, enterrarlos
o incinerarlos representa un despilfarro de
materiales como oro, plata, cobre y plásticos
que pueden ser recuperados y reintroducidos
en el circuito productivo”, señaló
Yanina Rullo, integrante de la Campaña
de Basura Electrónica de Greenpeace.
Los celulares contienen
metales pesados y sustancias químicas
como mercurio, cadmio, cromo hexavalente,
PVC y retardantes de fuego bromados, entre
otros, que son tóxicos y contaminan
el medio ambiente, y afectan la salud de las
personas, especialmente de los recuperadores
informales que los manipulan sin la tecnología
adecuada. Uno de los elementos de los celulares
con mayor potencial de contaminación
son las baterías.
Los químicos tóxicos
de los productos electrónicos pueden
filtrarse al suelo o ser liberados a la atmósfera
con el paso del tiempo, y producir impactos
en las comunidades vecinas y en el ambiente.
En varios países del mundo ya se han
aprobado regulaciones que prohíben
la disposición de residuos electrónicos
en rellenos debido a sus compuestos peligrosos.
“Desde Greenpeace insistimos
en la necesidad de una ley nacional de gestión
de este tipo de residuos, para crear de manera
urgente una infraestructura especial de reciclaje
y recuperación de materiales, que establezca
la responsabilidad legal y financiera del
productor, que prohíba la presencia
de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos
eléctricos y electrónicos y
que asegure una mayor durabilidad de los productos”,
señaló María Eugenia
Testa, Directora Política de Greenpeace.
La Argentina tiene un nivel
de penetración de la telefonía
celular semejante a los países desarrollados
y 2 de cada 3 habitantes afirmó que
cambiará su aparato en los próximos
seis meses.
En el año 2008 fue
presentada en la Comisión de Ambiente
del Senado Nacional la Ley de Presupuestos
Mínimos de Gestión de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,
pero a pesar del problema creciente que representa
el tratamiento de este tipo de residuos, el
proyecto no ha sido debatido ni aprobado todavía.
“En la Argentina no existe
prácticamente ninguna infraestructura
formal para hacer frente a la basura electrónica
y gestionar este tipo de residuos. Cuanto
más se retrase la implementación
de políticas que promuevan la responsabilidad
del productor para estos desechos, mayor será
la cantidad de residuos electrónicos
acumulados a ser tratados y mayores los costos
de reparación ambiental”, señaló
Testa. “Los productores deben hacerse cargo
financieramente de los aparatos que colocan
en el mercado, desde la fabricación
hasta el final de su vida útil cuando
son descartados como residuos”, concluyó.
+ Más
Continúa el juicio
a los activistas detenidos por denunciar el
contrabando de carne de ballena
11 marzo 2010 - Aomori,
Japón — En el día de ayer Junichi
Sato y Toru Suzuki declararon ante el Tribunal
de Distrito de Aomori por exponer el escándalo
que involucra el comercio de carne de ballena
de dentro una investigación sobre la
caza letal que se realiza en Japón.
Hoy, en el último día de esta
etapa, los activistas contaron con el apoyo
de un experto en derechos humanos.
Durante la jornada de ayer
la fiscalía sólo dedicó
veinte minutos a interrogar a los acusados.
Mientras que Junichi explicó las funciones
de cada miembro del equipo de investigación,
Toru relató la experiencia en torno
a su detención: 75 policías
fueron enviados para detenerlo, 8 hombres
registraron su casa, pasó 26 días
en prisión, 23 sin cargos bajo interrogatorio
sin abogados y perdió 6 kilos en los
primeros 4 días de los 9 de huelga
de hambre en protesta por la falta de respeto
que tuvo la policía frente la explicación
de Greenpeace sobre la investigación.
También declaró
que un oficial de la policía le había
confesado que generalmente son sólo
dos agentes los que detienen a una persona
cuando el caso involucra una situación
leve como haberse apropiado de una caja.
Después de haber
expuesto detalladamente el encubrimiento del
contrabando de carne de ballena por parte
del programa “científico” de caza de
ballenas financiado con impuestos japoneses,
la defensa hoy debía demostrar que
las acciones de Junichi y Toru estaban justificadas
no sólo moralmente sino, también,
legalmente. Para ello, se pidió la
presencia del profesor Dirk Voorhoof, un experto
internacional sobre el derecho a la libertad
de expresión, para explicar la importancia
de los tratados internacionales que Japón
ha ratificado. Uno de ellos es el artículo
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP) que garantiza las
libertades de expresión y la libertad
de información. El pacto es vinculante
y tiene un lugar dentro del orden jurídico
del Japón.
Según Voorhoof, numerosos
casos ayudan a establecer criterios para que
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos decidan si una persona
que ha violado un código penal en la
búsqueda de información puede
seguir actuando de conformidad con sus derechos
de libertad de expresión. A continuación,
el resumen de los puntos que Voorhoof ha establecido
sobre esos criterios y la aplicación
de los mismos al caso de Junichi y Toru:
1. El caso tiene que ver
con revelar información que es de interés
público. Hay indicios que demuestran
que existe un tráfico ilegal de carne
de ballena bajo el disfraz de investigación
científica. El interés del público
y el derecho a saber deben ser considerados.
2. No existían otras
alternativas reales y efectivas para obtener
pruebas del tráfico de carne de ballena.
3. La caja de “unesu”(o
tocino de ballena) que obtuvieron los activistas
fue la prueba crucial. Esta evidencia fue
convincente y prueba suficientes de que la
carne de ballena estaba siendo traficada en
secreto.
4. No se hizo ningún
daño importante a personas o instituciones.
No se realizó daño físico
a nadie, sólo un daño menor
al retener la caja temporalmente antes de
entregarla a la oficina del ministerio público.
5. Está claro que
los activistas no tenían intención
de robar o adueñarse de mercadería
para su beneficio personal. Esto quedó
demostrado por el sólo hecho de que
llevaron las pruebas y la información
a la atención de los medios de comunicación
y del público a través de una
conferencia de prensa y, luego, entregaron
el material a la Fiscalía.
6. Ellos presentaron sus
pruebas con integridad, sin sensacionalismo
y sin violar la intimidad personal de los
miembros de la tripulación, un elemento
que demuestra que actuaron de buena fé.
7. Efectos futuros: Si se
condena a un periodista, a un ciudadano o
a una organización no gubernamental
que se encuentra realizando actividades de
vigilancia, ello tendrá un efecto paralizante
sobre la voluntad de las personas a participar
en investigaciones y, en el largo plazo, esto
generará un efecto inevitable sobre
la calidad de la democracia. Cualquier pena
o sanción desproporcionada (cárcel,
multa, advertencia e incluso un castigo más
leve), estaría violando el artículo
10 de la Convención Europea de Derechos
Humanos sobre la libertad de expresión.
Voorhoof señaló
al tribunal que el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria de la ONU ya
emitió un dictamen estableciendo que
tanto la detención de Junichi y Toru,
así como la incautación de las
computadoras y documentos de la oficina de
Greenpeace, violaron el artículo 19
del pacto.
El profesor también
declaró que el caso muestra la importancia
que posee la transparencia en una democracia.
Los medios de comunicación, las ONG
y los ciudadanos tienen derecho a contribuir
a este proceso: "Si Japón quiere
desarrollarse como una sociedad abierta y
pluralista, se debería valorar las
voces de las ONG y su contribución
al interés público. Este caso
es una oportunidad real para que la corte
emita un fallo histórico, donde el
derecho a investigar y recabar información
en el marco del pacto esté garantizada,
lo que además permitirá a Japón
a cumplir con sus obligaciones en materia
de derechos humanos”, sostuvo.
El juicio a los activistas
continuará en el mes de mayo y se espera
el veredicto final para junio.
