La organización ecologista
demanda a los socialistas andaluces “que ganen
el futuro” con soluciones para los graves
problemas medioambientales de la región
- 11 marzo 2010 - España — De cara
al próximo Congreso Extraordinario
del PSOE andaluz, que comienza mañana
en Sevilla, Greenpeace pide al que será
nombrado secretario general del Partido y
actual presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, que haga gala
del lema del Congreso –”Ganemos el futuro”–
y comience esta nueva etapa revisando de forma
profunda la política ambiental de su
Gobierno.
En los últimos años,
Greenpeace ha denunciado en numerosas ocasiones
la dejadez de la Junta a la hora de proteger
el medio ambiente andaluz, a la vez que proliferaban
las campañas de imagen “verde” que
divulgan valores naturales vacíos de
contenido y que poco tienen que ver con algunas
realidades ambientales de Andalucía.
En este sentido, respecto
a la nula política de protección
costera, cabe destacar no sólo la permisividad,
sino la afinidad de la Junta de Andalucía
por el hotel de El Algarrobico, ubicado en
el Parque Natural de Cabo de Gata, o el apoyo
a la construcción del polígono
industrial de “Las Aletas” (Cádiz),
que ha sido paralizado por el Tribunal Supremo
ya que se había proyectado sobre casi
500 hectáreas de marismas clasificadas
como de dominio público marítimo-terrestre.
En cuanto a la contaminación
en la región, resulta preocupante que
la Junta se dedique a negar el hecho de que
el triángulo que forman las provincias
de Cádiz, Sevilla y Huelva sea la zona
con mayor incidencia de mortalidad por cáncer
de España, y que esta zona albergue
ejemplos de contaminación tan preocupantes
como las balsas de fosfoyesos de Fertiberia
en Huelva o los vertidos constantes en la
Bahía de Algeciras.
“Si Griñán
busca una política que se acerque a
la ciudadanía tiene que priorizar el
respeto por la salud pública y los
valores naturales de Andalucía. Seguir
haciendo el juego a los intereses privados
sólo permite que “ganen el futuro”
los empresarios que saben que existen pocas
reticencias al deterioro ambiental en esta
comunidad autónoma”, ha declarado Juan
López de Uralde, director de Greenpeace.
Por estas razones, Greenpeace
pide que las conclusiones que se alcancen
en el Congreso sobre el proyecto “Andalucía
Sostenible” impliquen un cambio de política
ambiental de la Junta. Este proyecto, que
se enmarca dentro del Proyecto de Ley de Economía
Sostenible del Gobierno central que será
aprobado por un Consejo de Ministros que se
celebrará en Andalucía, “debe
ir más allá de la buena imagen
que produce incluir la palabra sostenibilidad
en el lenguaje político y poner en
marcha medidas específicas y eficaces
para asegurar la protección ambiental
y de la salud pública”, ha añadido
López de Uralde, quien también
ha apuntado que “algunas medidas que deben
ser incluidas son acabar con las agresiones
a espacios naturales protegidos o frenar el
desarrollo de la industria contaminante, sobre
todo en áreas ya deterioradas”.
Ya en 2008, Greenpeace denunció
que en la última legislatura la política
de medio ambiente de la Junta de Andalucía
se estaba devaluando notablemente y que con
la excusa de la crisis económica se
había convertido en una política
más permisiva con la especulación
urbanística y la contaminación
(1). En aquel momento, la Junta sacó
adelante la aprobación de la “Ley de
medidas tributarias y financieras de impulso
a la actividad económica de Andalucía,
y de agilización de procedimientos
administrativos”, que ha supuesto la modificación
y rebaja de varias leyes relacionadas con
la protección ambiental.
+ Más
ONG denuncia al Ministerio
de Medio Ambiente por abandonar la expropiación
de El Algarrobico
Todos los procesos de protección
de la costa han sido abandonados por la Dirección
General de Costas desde hace dos años
- 10 marzo 2010 - España — Greenpeace
ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo
en el Tribunal Superior de Justicia de Granada
contra el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino por el abandono de la expropiación
de los terrenos donde se asienta el hotel
de El Algarrobico (Carboneras, Almería).
De esta manera, la organización ecologista
ha acudido una vez más a los tribunales
para seguir demandando a las administraciones
que cumplan con sus obligaciones y protejan
la costa española.
A mediados de 2009 se conoció
la noticia de que el Delegado de Gobierno
en Andalucía había acordado
el desistimiento del procedimiento expropiatorio
de bienes inmuebles en el paraje de El Algarrobico.
Con esta decisión, el Ministerio de
Medio Ambiente abandonaba cualquier intención
de acabar con el peor ejemplo de la degradación
del litoral español y, además,
lo hacía de forma fraudulenta, según
Greenpeace.
Greenpeace fundamenta jurídicamente
su denuncia en el hecho de que, si en febrero
de 2007 el Consejo de Ministros del Gobierno
fue el que anunció el inicio del proceso
de expropiación, debe ser el mismo
órgano el que justifique por qué
no derriba el hotel situado dentro del Parque
Natural de Cabo de Gata y a 14 metros de la
ribera del mar.
“Que el Consejo de Ministros
no acordara paralizar el proceso de recuperación
de los terrenos públicos y que lo hiciera
el Delegado del Gobierno en Andalucía
es la mejor prueba de que no hay suficientes
argumentos para justificar que la playa de
El Algarrobico no es de utilidad pública”,
ha declarado Pilar Marcos, responsable de
la campaña Costas de Greenpeace.
El Consejo de Ministros
expresó en 2007 que “la construcción
de un edificio hotelero de las dimensiones
del que se pretende construir supone un indudable
perjuicio para la integridad física
y paisajística del tramo de litoral
dado el gran interés ambiental y paisajístico
de la zona”. En la Resolución del Delegado
del Gobierno por la que se abandona la expropiación
ni se fundamenta ni se hace mención
alguna a que hayan desaparecido estas causas.
Esta denuncia se suma a
la larga lista de procesos judiciales en torno
al hotel. Hasta el momento se han conseguido
más de media docena de sentencias que
acreditan la ilegalidad del inmueble construido
en la playa El Algarrobico.
“Si el Ministerio y la Junta
de Andalucía tuvieran un mínimo
interés por la protección de
la costa, deberían apoyarse en las
sentencias contrarias al hotel para justificar
un nulo o bajo justiprecio de la expropiación”
ha añadido Marcos.
+ Más
ONG denuncia que las acusaciones
contra los activistas japoneses Junichi y
Toru son falsas
En la segunda parte del
juicio, miembros de la tripulación
ballenera han descrito la corrupción
y malversación de la caza “científica”
de ballenas de Japón 09 marzo 2010
- España — Ayer comenzó en Aomori
(Japón) la segunda parte del juicio
contra los activistas Junichi Sato y Toru
Suzuki, que denunciaron las ilegalidades y
malversaciones que existen tras la caza de
ballenas “científica” japonesa. La
organización ecologista denuncia que
los argumentos de la acusación se caen
por su propio peso entre contradicciones e
incongruencias y asegura que cada vez más
evidente es la necesidad de reabrir la investigación
para encontrar a los verdaderos delincuentes.
En esta parte del juicio
han comenzado a declarar los testigos de la
defensa. Un antiguo trabajador de la flota
ballenera japonesa ha sido hoy el centro de
las alegaciones. En su declaración
ha constatado la malversación institucionalizada
con la que el Gobierno japonés financia
el programa “científico” de caza de
ballenas.
El primero en declarar ha
sido un ex-tripulante de un barco ballenero.
Varias de sus afirmaciones, como el simple
hecho de que no fuese interrogado en la investigación
oficial, evidencian que no se realizó
una investigación correcta de las denuncias
presentadas por Greenpeace, lo que contradice
las afirmaciones de la acusación y
provoca una duda más que razonable
sobre la propia base de las pruebas contra
Junichi y Toru.
El testigo incluso ha afirmado
que era una práctica común en
la tripulación seleccionar la carne
de crías de ballenas cazadas para consumo
particular. Esta carne es “más jóven
y tierna, perfecta para hacer el mejor unesu
(bacon de ballena)”, aseguró.
Hoy ha declarado un miembro
de la tripulación ya jubilado, que
ha detallado cómo durante sus 40 años
como trabajador fue testigo de la corrupción
de los barcos balleneros japoneses en el Santuario
de la Antártida. Este testigo, que
actuó como informador de Greenpeace,
ha asegurado que la policía japonesa
había tratado de convencerlo para cambiar
su declaración antes del juicio, algo
que no consintió.
Este testigo ha declarado
detrás de una pantalla para proteger
su identidad de todos, excepto de los jueces
y representantes legales, por miedo a las
posibles represalias sobre su testimonio incriminatorio.
En su declaración ha quedado claro
que se enviaba carne de ballena a los miembros
del parlamento japonés, a funcionarios
de la Agencia Pesquera de Japón y al
Instituto para la Investigación de
Cetáceos.
Estos testigos están
contradiciendo totalmente las pruebas presentadas
en el informe oficial de Kyodo Senpaku, el
operador de la flota. Hasta ahora, los testigos
llamados a declarar han puesto en duda la
fiabilidad de las pruebas oficiales contra
Sato y Suzuki. En 2008, la Agencia Pesquera
de Japón pidió al Instituto
para la Investigación de Cetáceos
y a Kyodo Senpaku realizar una investigación
interna de las alegaciones de malversación
presentadas por Greenpeace. Se indicó
que todos los miembros de la tripulación
habían sido interrogados y sometidos
a una investigación exhaustiva, sin
embargo, ninguna de las pruebas de corrupción
pudieron ser encontradas.
El juicio continuará
durante esta semana y en el mes de mayo. Esta
semana también declarará el
Dr. Dirk Voorhoof un experto en los derechos
de Libertad de Expresión. El veredicto
final se conocerá durante el mes de
junio.
