19 marzo 2010 - España
— Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF pedirán
una reforma sustancial del Proyecto de Ley
para que suponga un verdadero avance hacia
la sostenibilidad ambiental y social. Para
ello presentan hoy
un documento conjunto con sus propuestas,
que harán llegar al Gobierno y los
grupos parlamentarios.
Las cinco organizaciones
ecologistas de ámbito estatal, Amigos
de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han presentado
hoy un documento titulado Propuestas ecologistas
para una Ley de Economía REALMENTE
Sostenible (1), coincidiendo con la aprobación
por el Consejo de Ministros del Proyecto de
Ley que será remitido en unos días
al Congreso para su debate parlamentario.
Este documento, que las
organizaciones ecologistas presentarán
a los grupos parlamentarios, ha sido elaborado
con el ánimo de contribuir a dicho
debate y conseguir una Ley realmente útil
y efectiva para el fin anunciado por el Gobierno.
Por ello los autores han realizado una valoración
del texto presentado previamente por el Gobierno
sobre algunos de los aspectos que consideran
prioritarios para avanzar hacia una economía
sostenible: fiscalidad verde; cambio climático;
energía; transporte y movilidad sostenible;
urbanismo y vivienda, y presentan propuestas
concretas en cada uno de estos ámbitos,
esperando que sean tenidas en cuenta y recogidas
en el texto final de la Ley.
Si bien las organizaciones ecologistas ven
como una oportunidad única la tramitación
de una Ley de Economía Sostenible para
impulsar el anunciado cambio de modelo productivo
–haciendo de la sostenibilidad el eje fundamental
de las políticas del Gobierno- consideran
que el texto actual no responde a la necesidad
de un cambio estructural de la economía
para propiciar un giro real en las tendencias
actuales que nos han llevado a una grave crisis
económica y medioambiental, como muestran
los impactos del cambio climático o
la alarmante pérdida de biodiversidad.
Frente a la poca importancia
dada a la sostenibilidad ambiental y, en cambio,
la prioridad otorgada al crecimiento económico,
obviando por completo el impacto que tienen
las actividades económicas sobre el
patrimonio natural y la biodiversidad, Amigos
de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF entienden que
una Ley de Economía Sostenible debería
basarse en el respeto a los límites
de los ecosistemas y alejar a nuestra sociedad
de la obsesión por el crecimiento.
Debería considerarse economía
sostenible aquella: que rechace el crecimiento
económico como un objetivo en sí
mismo;
que suponga una progresiva
reducción de la explotación
de recursos naturales, especialmente de los
no renovables;
que compatibilice la prosperidad
y el bienestar social con la reducción
de la huella ecológica y de la emisión
de contaminantes, en particular los gases
de efecto invernadero;
que centre su modelo energético
en la reducción del consumo, la eficiencia
y en las fuentes renovables;
que minimice la generación
de residuos y que los gestione de forma que
se puedan integrar en los sistemas naturales
sin dañarlos;
que respete los principios de precaución
y de quien contamina paga;
y que establezca una auténtica
política fiscal verde, premiando las
iniciativas ambientalmente positivas al tiempo
que desincentive las actividades de elevado
impacto ambiental y de mayor consumo de recursos;
en definitiva, que garantice
el respeto al medio ambiente y la equidad
social, de forma que puedan satisfacerse las
necesidades de las generaciones actuales sin
comprometer el futuro ni de las próximas
generaciones, ni del resto de especies que
habitan el planeta.
Las medidas concretas que contempla el documento
incluyen, entre otras:
?1.Incrementar los impuestos
sobre los hidrocarburos y sobre las ventas
minoristas, equiparando los tipos impositivos
entre gasolina y diésel. Así
como eliminar todas las ventajas fiscales
para los medios de transporte más contaminantes
y favorecer a los más eficientes para
apoyar un transporte más respetuoso
con el medio ambiente.
?2.Establecer el compromiso
de nuestro país de alcanzar un objetivo
unilateral de reducción de gases de
efecto invernadero para 2020 que vaya más
allá del compromiso adquirido en el
seno de la Unión Europea, y en, ningún
caso, menos ambicioso que el marcado por el
Protocolo de Kioto. En todo caso, este objetivo
unilateral debe ser, como mínimo, equivalente
en términos de reparto de esfuerzo,
al objetivo de reducción de emisiones
del 40% de la UE para 2020.
?3.Aplicar de forma estricta
el principio de precaución respecto
de tecnologías que no representan verdaderas
soluciones al cambio climático, como
los agrocombustibles insostenibles, la captura
y almacenamiento de carbono o la energía
nuclear, y condicionar el uso de los créditos
de carbono al cumplimiento previo de los objetivos
de reducciones internas.
?4.Fijar un objetivo claro
de participación de las energías
renovables de al menos un 30% de la energía
primaria para 2020 y un 80% para 2050; y de
al menos un 50% de la electricidad para 2020
y un 100% para 2050.
?5.Limitar a 30 años
la vida útil de las centrales nucleares,
eliminando cualquier posibilidad de renovación
extraordinaria de concesiones a las nucleares
y contemplando que se puedan cerrar antes
de lo previsto si hay suficientes energías
renovables para sustituirlas.
?6.El compromiso de detener
la ejecución del PEIT y las nuevas
infraestructuras que estén en abierta
contradicción con los objetivos de
sostenibilidad que se plantean en la Ley de
Economía Sostenible.
?7.Medidas concretas para
fomentar los mercados locales frente a los
globales para reducir la movilidad de las
mercancías.
?8.Una Ley de Movilidad
Sostenible que obligue a las autoridades competentes
a poner en marcha Planes de Movilidad Sostenible
cuyo objetivo sea reducir la necesidad de
desplazamientos de los ciudadanos a la vez
que se priorizan los medios de transporte
colectivos y no motorizados frente a los más
contaminantes.
?9.Nuevas medidas que incentiven
el alquiler y la rehabilitación de
viviendas frente a la propiedad y la nueva
construcción.
?10.Eliminar del texto la
instauración del silencio administrativo
positivo, que supondría una grave dejación
de responsabilidad por parte de las administraciones
públicas y la eliminación de
un control preventivo que asegura, al menos,
un menor impacto de las actividades económicas
sobre el medio ambiente.
Nota:
(1) El documento Propuestas ecologistas para
una Ley de Economía REALMENTE Sostenible
se puede descargar en http://www.greenpeace.org/espana/reports/100318-05
