Por un
lado, sólo Portugal, Chipre y Grecia
acumulan tanto retraso en la aplicación
de la directiva del agua y, por otro, faltan
medidas eficaces contra la contaminación
química - 21 marzo 2010 - España
— En la víspera del Día Mundial
del Agua, que este año se celebra con
el lema “Agua limpia para un mundo sano”,
Greenpeace recuerda que España aún
tiene como asignatura pendiente la protección
de sus recursos hídricos frente a la
contaminación. Una de las principales
medidas que se tienen que llevar a cabo es
la aplicación de la Directiva Marco
de Aguas, entre cuyos objetivos se encuentran
la caracterización de la contaminación
en Europa, así como la eliminación
progresiva de las sustancias prioritarias
y peligrosas.
La Directiva Marco del Aguas
fijaba finales de 2009 como la fecha límite
para que los Estados miembro presentasen los
Planes de Cuenca Hidrográfica en los
que se presentaba un análisis de la
situación y se establecían las
medidas necesarias para alcanzar los objetivos
de calidad europeos.
Sin embargo, España
se encuentra muy alejada de este plazo, puesto
que sólo 2 de sus 24 demarcaciones
hidrográficas (Cuencas Internas de
Cataluña y Baleares) han comenzado
el proceso de consulta pública del
borrador del plan, lo que tendría que
haber comenzado a finales de 2008. Los únicos
países que se encuentran más
retrasados, puesto que ninguna de sus demarcaciones
hidrográficas han comenzado el proceso
de consulta pública los borradores
de los planes, son Portugal, Grecia y Chipre.
«España va en el vagón
de cola de la Unión Europea en la protección
de sus aguas. En un país donde el agua
dulce es un bien escaso, se necesita un esfuerzo
mayor de las administraciones para asegurar
una gestión racional», ha declarado
Sara del Río, responsable de la campaña
contra la Contaminación de Greenpeace.
Respecto a la contaminación
química, Greenpeace ha detectado que
la información entre las diferentes
demarcaciones es muy dispar, además
de que no se gestiona de forma integral la
información que surge de la aplicación
de directivas referentes a los vertidos industriales.
Esta situación impide que se realice
un análisis completo del problema para
establecer medidas eficaces y homogéneas
que combatan la contaminación química.
«La contaminación química
de las aguas es una de las agresiones menos
atendidas, a pesar de que un 73% de los españoles,
según el Eurobarómetro, la percibe
como una de las principales amenazas y que
varias leyes europeas pretenden darle solución»,
ha concluido Del Río.
+ Más
Las ONG medioambientales
piden al Parlamento Europeo la protección
de la costa española
El Comité de Peticiones
de la Unión Europea se reúne
hoy y mañana en Bruselas para analizar
la aplicación de la Ley de Costas en
España - 22 marzo 2010 - España
— Las organizaciones medioambientalistas reivindican
la ley de costas como principal herramienta
para frenar la depredación del litoral
español. Y además, subrayan
su compatibilidad con el derecho a la propiedad
en Europa y, su aportación al desarrollo
de los principios propugnados por la Recomendación
2002/413/CE, del parlamento europeo sobre
la aplicación de la gestión
integrada de las zonas costeras en Europa.
Ante las numerosas iniciativas
en varias Comunidades Autónomas que
persiguen la modificación de la Ley
22/1988 de Costas, las cinco ONG medioambientales
en España quieren subrayar la valía
de la actual Ley que tiene como fin proteger
las playas y acantilados vitales para el bienestar
de la ciudadanía española, y,
por ende, la europea. De hecho, la masiva
urbanización y destrucción que
sufre el litoral español, otorgan un
gran valor a las zonas que quedan por urbanizar,
de ahí que la aplicación de
la Ley 22/1988 sea una de las herramientas
legales más válidas para la
conservación del patrimonio natural.
Amigos de la Tierra, Ecologistas
en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WWF España subrayan la valía
de esta norma ambiental que está amenazada
por: la permisividad de la Administración
General del Estado, por las diferentes iniciativas
autonómicas que pretenden legalizar
los desmanes urbanísticos en la costa
y por último, amenazada por presiones
urbanizadoras y especuladoras, promovidas
de forma interesada, con fines económicos
a corto plazo y en perjuicio del interés
general.
Los eurodiputados dedican
esta semana dos días en la comisión
de Peticiones para escuchar en Bruselas el
punto de vista de las autoridades españolas
y las denuncias de los afectados por la aplicación
de la Ley de Costas. Precisamente el Parlamento
europeo ya hizo referencia al problema en
el último informe sobre urbanismo español
presentado en 2009 por la Eurodiputada alemana
de Los Verdes, Magrette Auken, que reclama
una moratoria urbanística y la congelación
de fondos de cohesión europeos que
financian muchos de los proyectos urbanísticos
que no cumplen con la normativa estatal y
europea. En ningún momento el informe
Auken perseguía como objetivo la desprotección
del litoral, o la reforma de la ley de costas
española.
Varios ciudadanos europeos,
que compraron propiedades en la costa, han
instado a las autoridades europeas a velar
para que ningún acto administrativo
limite su propiedad basado en leyes adoptadas
después de la construcción del
inmueble. A juicio de las organizaciones ecologistas,
esta reclamación es completamente legítima
ya que, la normativa no puede aplicarse con
carácter retroactivo, pero debe tener
sus límites en la función social
que el litoral está llamado a cumplir.
La aplicación e implementación
de la Ley de Costas es necesaria tanto para
la conservación de nuestro litoral,
su valor y los servicios y beneficios que
reporta a la ciudadanía, como para
evolucionar hacia un modelo de desarrollo
más sostenible y con futuro.
Además, las organizaciones
ambientalistas recordamos que la Ley de Costas
española realiza plenamente los principios
propugnados por la Recomendación 2002/413/CE
del parlamento Europeo y del Consejo de 30
de mayo de 2002, sobre la aplicación
de la gestión integrada de las zonas
costeras en Europa. Por ello, resulta una
grave amenaza que se pretenda reformar esta
ley para ceder a las presiones urbanizadoras
y especuladoras, promovidas de forma interesada,
con fines económicos a corto plazo
y perjuicio del interés general.
