Central Térmica
de Río Turbio - 01 abril 2010 - Santa
Cruz, Argentina — Dura réplica de ambientalistas
luego que la empresa española Isolux
Corsán, que construye una usina a carbón
en Santa Cruz, publicara una solicitada en
respuesta a la denuncia de haber cobrado 142
millones de dólares antes de haber
presentado el estudio de impacto ambiental.
Tanto la organización
Greenpeace como la Asamblea Ambiental Ciudadana
(AAC) de Río Gallegos, Santa Cruz,
salieron al cruce de las declaraciones publicadas
por la empresa española Isolux Corsán
por brindar información falsa en una
solicitada.
Según la solicitada
publicada por Isolux Corsán, la empresa
habría cobrado sólo un anticipo
de pesos 74.723.863,16, alrededor de 20 millones
de dólares “en concepto de anticipo
de obra”. “Esto no es la realidad, Isolux
cobró ese anticipo, pero durante el
año 2008, antes de presentar el Estudio
de Impacto Ambiental, cobró pagarés
del estado nacional por 142 millones de dólares”,
explicó Juan Carlos Villalonga, Director
de Campañas de Greenpeace Argentina.(1)
En su respuesta, la empresa
Isolux, nada dice sobre la denuncia realizada
por Greenpeace acerca de los pagos que ejecutaron
en virtud de la Resolución Conjunta
142/2007 y 9/2007 del 27 de diciembre en la
que se liberan una serie de pagarés
por un total aproximado de 142 millones dólares
y que fueron cobrados entre enero y agosto
de 2008. El estudio de impacto ambiental fue
presentado por esa empresa en septiembre de
2008. “Hay una violación a la Ley General
del Ambiente y muestra que la realización
de la obra estaba en plena proceso de ejecución
de manera independiente de los resultados
que arrojase el proceso de evaluación
ambiental”, explicaron desde Greenpeace.
En tanto, la Asamblea Ambiental
Ciudadana de Río Gallegos considera
que la solicitada de Isolux contiene mentiras
en lo que informa respecto del proceso de
evaluación ambiental. En relación
a las respuestas a las observaciones realizadas
por la Comisión Evaluadora del estudio
realizado por la empresa “Nunca se publicaron,
por que nunca se contestaron las observaciones
y sin embargo la obra comenzó ilegalmente”,
señala la AAC. La Asamblea consideró
que “para la española Isolux Corsan
fue un mero trámite administrativo
sin ningún compromiso con el medioambiente
de los argentinos y chilenos de la región”.
Para los ambientalistas
de Santa Cruz “Isolux nos sigue mintiendo”
señalando además que “no puede
la española Isolux Corsan hacer referencia
a este mamarracho de Audiencia Pública
pretendiendo legitimar la obra mediante la
misma”.
La Resolución del
27 de diciembre de 2007 dice: “dispónese
la emisión de pagarés del Estado
Nacional para proceder a la cancelación
de los adelantos a proveedores por la adquisición
de componentes extranjeros, para la obra de
construcción de una central termoeléctrica
a carbón en Río Turbio, provincia
de Santa Cruz.”
La obra de la central a
carbón en Río Turbio es, según
Greenpeace, el inicio de un plan para comenzar
a utilizar carbón como fuente de energía
a gan escala en la Argentina. “Una total irracionalidad
ambiental y económica que debemos evitar,
Argentina tiene muchas y mejores opciones
para desarrollar en materia energética”,
agregó Villalonga.
Los pagos está dirigidos
a la empresa española y parten del
ministerio de planificación, en una
resolución que en su artículo
1 expresamente lo indica: Dispónese
la emisión de DIEZ (10) pagarés
del ESTADO NACIONAL, SEIS (6) de ellos en
EUROS y CUATRO (4) en DOLARES ESTADOUNIDENSES
a favor del GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. Y OTROS
- UTE, para proceder a la cancelación
de los adelantos a proveedores por la adquisición
de los componentes extranjeros para la obra
de construcción de UNA (1) central
termoeléctrica a carbón en Río
Turbio, Provincia de SANTA CRUZ adjudicada
por la Resolución Nº 103 de fecha
6 de diciembre de 2007 de la SECRETARIA DE
MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS”.
Notas
(1) Carbón, combustible
para el cambio climático – Anexo VI.
http://www.greenpeace.org/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/no-al-carbon/actualizacion-anexo-vi-informe-carbon
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Greenpeace: “Ni Isolux ni
los funcionarios explicaron el pago de 142
millones de dólares antes del estudio
de impacto ambiental”
06 abril 2010 - Santa Cruz,
Argentina — La semana pasada Greenpeace denunció
que la empresa Isolux Corsán recibió
pagos por 142 millones de dólares por
la usina a carbón de Río Turbio,
durante el año previo a que presentara
el estudio de Impacto Ambiental. A pesar de
los “rechazos” y “repudios” expresados por
diversos funcionarios hacia Greenpeace, nadie
ha dado explicaciones por esos pagos.
La organización ambientalista
Greenpeace denunció que ni las autoridades
ni la empresa Isolux han dado explicaciones
por el pago de 142 millones de dólares
por la construcción de la Central Térmica
de Río Turbio emitidos el 27 de diciembre
de 2007, casi un año antes de que se
presentara el Estudio de Impacto Ambiental
exigido por la Ley General del Ambiente (1).
El gobernador de Santa,
Cruz Daniel Peralta; el intendente de la localidad
de Río Turbio, Martín Adolfo;
la Diputada Blanca Blanco; el Secretario de
Minería de la Nación, Jorge
Mayoral y la empresa española Isolux
Corsan salieron al cruce de la denuncia de
la organización ambientalista, pero
ninguno de ellos brindó explicaciones
sobre los pagarés por 142 millones
de dólares denunciados por Greenpeace.
“Ni Isolux en su solicitada,
ni el gobernador Peralta o la Diputada nacional
Blanca Blanco, en sus declaraciones en los
medios explicaron los pagos de 142 millones
de dólares que figuran en los pagarés
emitidos en 2007”, señaló María
Eugenia Testa, Directora Política de
Greenpeace, y agregó “antes de ofenderse
y enojarse, el Gobernador debería dar
una respuesta cierta acerca de la irregularidad
en los pagos y en la presentación del
Estudio de Impacto Ambiental y sus observaciones”.
En su solicitada publicada
el 30 de marzo pasado Isolux reconoce haber
recibido un pago de unos 20 millones de dólares
en concepto de “anticipo de obra”. “Ese dinero
nada tiene que ver con los pagarés
que estamos denunciando, los pagarés
son para ejecución de la obra, pago
a proveedores y equipos” señaló
Testa.
Según la ley Nacional
25.675, Ley General del Ambiente, antes iniciarse
la ejecución de la obra debió
haberse producido una declaración de
impacto ambiental aprobando la obra. A pesar
de que el Estudio de Impacto Ambiental recibió
50 observaciones por parte de la Comisión
Evaluadora, conformada por diversos organismos
provinciales, nunca se conoció una
respuesta a las mismas.
“Los 142 millones pagados
a Isolux en 2007 demuestran que la obra estaba
aprobada más allá de lo que
arrojase el Estudio de Impacto Ambiental y
la Audiencia Pública. Asimismo, y tomándonos
a todos por ingenuos, el Intendente Adolfo
sigue insistiendo en que quienes no participaron
de esa farsa montada a la que dieron en llamar
Audiencia Pública, no pueden opinar,
cuando todo demuestra ya estaba todo cerrado
de antemano”, agregó Testa.
La Resolución del
27 de diciembre de 2007 por la que se emiten
los pagarés dice: “dispónese
la emisión de pagarés del Estado
Nacional para proceder a la cancelación
de los adelantos a proveedores por la adquisición
de componentes extranjeros, para la obra de
construcción de una central termoeléctrica
a carbón en Río Turbio, provincia
de Santa Cruz.”
“Seguimos esperando las
explicaciones del Gobierno Nacional y de Isolux.
También nos gustaría ver a los
funcionarios provinciales, que estos días
se han enojado mucho con Greenpeace, poner
la misma energía en exigir a Isolux
una explicación sobre los pagarés
y el Estudio de Impacto Ambiental”, agregó
Testa.
Por otro lado, Greenpeace
recordó que la obra de la central a
carbón en Río Turbio (2) es
el inicio de un plan para comenzar a utilizar
carbón como fuente de energía
a gran escala en la Argentina. “Una total
irracionalidad ambiental y económica
que debemos evitar, Argentina tiene muchas
y mejores opciones para desarrollar en materia
energética”, concluyó Juan Carlos
Villalonga, Director de Campañas de
Greenpeace.
Notas:
(1) Los pagos está
dirigidos a la empresa española y parten
del ministerio de planificación, en
una resolución que en su artículo
1 expresamente lo indica: Dispónese
la emisión de DIEZ (10) pagarés
del ESTADO NACIONAL, SEIS (6) de ellos en
EUROS y CUATRO (4) en DOLARES ESTADOUNIDENSES
a favor del GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. Y OTROS
- UTE, para proceder a la cancelación
de los adelantos a proveedores por la adquisición
de los componentes extranjeros para la obra
de construcción de UNA (1) central
termoeléctrica a carbón en Río
Turbio, Provincia de SANTA CRUZ adjudicada
por la Resolución Nº 103 de fecha
6 de diciembre de 2007 de la SECRETARIA DE
MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS”.
(2) Carbón, combustible
para el cambio climático – Anexo VI.
http://www.greenpeace.org/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/no-al-carbon/actualizacion-anexo-vi-informe-carbon
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Greenpeace celebra intimación
de la Corte a la ACUMAR para conocer avances
en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo
08 abril 2010 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace celebró
hoy la intimación realizada por la
Corte Suprema de Justicia (CSJN) a la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para
que informe “con rigurosa precisión”
y mediante “pautas cuantitativas” sobre los
avances realizados en la aplicación
del plan de saneamiento de la cuenca (1).
Greenpeace recordó
que, a más de tres años de creada
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
recién a principios del 2010 logró
conformar un equipo de 30 inspectores para
controlar las más de cuatro mil industrias
asentadas en la cuenca.
En referencia al saneamiento
de basurales, la Autoridad de Cuenca informó
ante la CSJN durante el año 2007 la
existencia de 105 basurales en la Cuenca Matanza
Riachuelo, número que no sólo
no se redujo en estos últimos años,
sino que ha incrementado considerablemente
de acuerdo con los relevamientos de 2009,
en el que se informó un número
de 171 basurales. En febrero pasado, el Cuerpo
Colegiado creado por la CSJN para controlar
la aplicación del plan de saneamiento,
e integrado por el Defensor del Pueblo de
la Nación y las organizaciones Greenpeace,
FARN, Asociación Vecinos de la Boca,
Asociación Ciudadana por los derechos
Humanos y CELS evaluaron la gestión
de la ACUMAR y denunciaron el incumplimiento
del fallo (2).
En el informe presentado,
el Cuerpo Colegiado concluyó que las
obligaciones y plazos previstos en su mayoría
no han sido cumplidos y que no se han registrado
avances significativos. “Hay demasiada planificación
y poca acción, con cada cambio de funcionarios
es un volver a empezar y los avances no se
concretan nunca. Además, a más
de tres años de presentado el Plan,
todavía no contamos con un sistema
de indicadores que nos permitan medir los
avances de gestión”, manifestó
Consuelo Bilbao de la Unidad Política
de Greenpeace.
En este sentido, Bilbao
celebró la resolución de la
Corte porque “de esta manera, la ACUMAR no
podrá esconderse más atrás
de una montaña de informes sin rigor
y deberá responder, punto por punto,
qué ha hecho con cada una de las metas
establecidas por el máximo tribunal”.
Entre los incumplimientos
evaluados, Greenpeace destacó que,
hasta el momento, solo se ha logrado inspeccionar
un número cercano al 20 por ciento
de los 4103 establecimientos relevados por
ACUMAR – número ampliamente menor que
el indicado por otras fuentes de información
- y, considerando este ritmo, recién
para el año que viene se lograría
inspeccionar el total de las industrias tan
solo una vez.
Notas:
1) La resolución de la Corte Suprema
disponible en Internet en:
http://www.cij.gov.ar/nota-3762-La-Corte-Suprema-exige-al-Estado-informe-sobre-avances-en-la-limpieza-del-Riachuelo.html
2) El informe completo sobre
los incumplimientos elaborado por el Cuerpo
Colegiado se encuentra disponible en Internet
en:
http://www.greenpeace.org/argentina/contaminaci-n/agua/riachuelo/informe-riachuelo-cuerpo-colegiado-2009
