29 abril 2010 - DF, México
— La industria de iluminación sigue
presionando a la cámara de diputados
para impedir que se apruebe la reforma
al artículo 7 de la Ley para el aprovechamiento
sustentable de la energía (LASE), para
prohibir la comercialización, distribución,
importación, producción y exportación
de las lámparas incandescentes en México
a partir de 2012, informó Greenpeace.
El dictamen, aprobado ayer
por diputados de las comisiones de energía
y de medio ambiente y recursos naturales,
se encuentra detenido debido a que la industria
de iluminación asegura que de prohibirse
la importación de focos incandescentes
en nuestro país se violará el
artículo XI del GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade). México es miembro
del GATT desde 1986.
“Artículo XI - Eliminación
general de las restricciones cuantitativas
Ninguna parte contratante
impondrá ni mantendrá -aparte
de los derechos de aduana, impuestos u otras
cargas- prohibiciones ni restricciones a la
importación de un producto del territorio
de otra parte contratante o a la exportación
o a la venta para la exportación de
un producto destinado al territorio de otra
parte contratante, ya sean aplicadas mediante
contingentes, licencias de importación
o de exportación, o por medio de otras
medidas.”
Es necesario aclarar que
en el mismo GATT, en su artículo XX,
establece excepciones a la aplicación
del artículo XI:
“Artículo XX - Excepciones
generales
A reserva de que no se apliquen
las medidas enumeradas a continuación
en forma que constituya un medio de discriminación
arbitrario o injustificable entre los países
en que prevalezcan las mismas condiciones,
o una restricción encubierta al comercio
internacional, ninguna disposición
del presente acuerdo será interpretada
en el sentido de impedir que toda parte contratante
adopte o aplique las medidas:
b) necesarias para proteger
la salud y la vida de las personas y de los
animales o para preservar los vegetales;
g) relativas a la conservación
de los recursos naturales agotables, a condición
de que tales medidas se apliquen conjuntamente
con restricciones a la producción o
al consumo nacionales;”
Las restricciones al comercio
se usan para proteger los recursos y el ambiente,
tal como lo establece el artículo XX
del GATT, que reconoce el derecho de cada
uno de los países para adoptar cualquier
medida que implique la prohibición
de importación de bienes siempre que
ésta sea necesaria para proteger la
vida, la salud humana, animal o vegetal y
la conservación de los recursos naturales.
En este caso, la prohibición
de focos incandescentes, es una medida para
proteger el ambiente porque se trata de dejar
de emitir bióxido de carbono (CO2),
uno de los gases de efecto invernadero que
provocan el cambio climático que emite
nuestro país. Hay que recordar que
los focos incandescentes o de bombilla sólo
producen 10 por ciento de luz y 90 por ciento
de calor, que se convierte en emisiones de
CO2. Además, gastan cuatro veces más
energía que una lámpára
ahorradora compacta.
Si los diputados votan a
favor, la ley entraría en vigor en
2012 y se dejarían de emitir 8.6 millones
de CO2. Y dado que México se comprometió
a disminuir en el 2012 al menos 50.6 millones
de toneladas de CO2e (CO2 equivalente), esta
iniciativa contribuiría a disminuir
cerca del 17 por ciento de ese total.
México tiene el potencial
de reducir en casi el 54 por ciento su consumo
de energía para el año 2050
aprovechando el potencial de eficiencia energética
que existe en el país. La sustitución
de focos puede ser el primer paso en ese sentido.
Es necesario aclarar que
la mayor parte de los países que han
prohibido la comercialización de focos
incandescentes también son parte de
la Organización Mundial de Comercio,
por lo tanto, están obligados a cumplir
las disposiciones del acuerdo general del
GATT, lo anterior de ninguna manera significó
un obstáculo para prohibir la comercialización
de focos incandescentes. Estos países
son Ecuador, Argentina, Colombia, Honduras,
Australia y todos los integrantes de la Unión
Europea.
Greenpeace exige que los
legisladores voten a favor de medidas de mitigación
contra el cambio climático y no en
defensa de los intereses de grandes empresas
transnacionales como General Electric y OSRAM,
que auspiciados bajo la Cámara Nacional
de Manufacturas Eléctricas, buscan
evitar a toda costa la aplicación de
la ley.
+ Más
Greenpeace denuncia que
la actual gestión de las pesquerías
llevará a la desaparición de
la pesca local
España, principal
potencia pesquera europea, subvenciona la
pesca industrial con 4,300 millones de euros
mientras desguaza las pequeñas embarcaciones
- 30 abril 2010 - España — Greenpeace
ha presentado esta mañana en A Coruña
el informe La Pesca en España: Una
lección no aprendida. Estudio de las
pesquerías y recomendaciones ante la
reforma de la Política Pesquera Común
(1).
Este documento revela que
las actuales políticas pesqueras, tanto
de la Unión Europea (UE) como del Gobierno
español, están favoreciendo
a las grandes flotas industriales en detrimento
de la pesca artesanal y local. A pesar de
que el 80% de la flota española está
compuesta por pequeñas embarcaciones
de pescadores locales, la pesca a gran escala
es la que recibe casi la totalidad de las
subvenciones.
España ha recibido
tres veces más subsidios que el resto
de los países de la UE. Pero este dinero
no ha ido destinado a la flota mayoritaria
y que más empleos genera (la denominada
de bajura (2), compuesta por pequeños
barcos que faenan en aguas nacionales) sino
a las grandes flotas, que sólo suponen
el 20% del total pero pescan el 87% de las
capturas. Estas flotas faenan mayoritariamente
en el Pacífico y el Atlántico,
donde provocan un fuerte impacto social y
medioambiental.
El Gobierno español
está fomentando la desaparición
de la pesca artesanal, financiando con fondos
públicos el desguace de estas embarcaciones,
mientras apoya la construcción y mejora
de grandes barcos. Los datos oficiales demuestran
esta tendencia:
?- entre 2002 y 2006 España recibió
1,600 millones de euros, que se emplearon
en un 90% para desguazar barcos de bajura;
?- más de 153 millones de euros han
sido invertidos en la modernización
de barcos de altura y gran altura;
?- de todas las subvenciones concedidas sólo
tres de los 53 barcos que recibieron ayudas
para su construcción eran menores de
25 metros.
“Greenpeace exige al Gobierno
español que deje de ayudar a la extinción
de las pesquerías locales en favor
de las de las grandes flotas industriales,
que destruyen el medio marino. España
debería defender a sus pescadores artesanales
y fomentar la protección de los océanos”,
ha declarado Celia Ojeda, responsable de la
campaña de Océanos de Greenpeace.
La presentación de
este estudio coincide con las reuniones que
tendrán lugar en A Coruña y
en Vigo para decidir el futuro de las pesquerías
a través de la reforma de la Política
Pesquera Común (PPC), normativa europea
que define cómo, cuándo y qué
puede pescar la UE a nivel mundial.
La UE ocupa el tercer puesto,
detrás de China y Perú, en capturas
mundiales con 5,1 millones de toneladas. Y
dentro de la UE España es la flota
con mayor tonelaje, con el 16% del total comunitario.
Greenpeace, a través
de la radiografía del estado actual
de la flota española y de los stocks
pesqueros, identifica los focos de actuación
para que no se repitan los fallos de las anteriores
reformas de la PPC. Son:
?eliminar la sobrecapacidad
ajustando la flota pesquera a unos objetivos
sostenibles;
?mejorar las técnicas pesqueras para
recuperar los stocks;
?fijar límites de capturas ajustados
a las recomendaciones científicas;
?establecer una gestión pesquera a
largo plazo basada en planes regionales:
?promover y apoyar la creación de Reservas
Marinas;
?permitir el acceso a los recursos y a las
ayudas sólo a las empresas y países
que cumplan con la normativa y de forma preferente
a quienes contribuyan al beneficio ambiental
y social;
?promover la transparencia, la información
y la trazabilidad de los productos pesqueros
desde su captura hasta el consumo final.
El actual estado de los
recursos pesqueros muestra que las anteriores
reformas de la PPC han fallado, ya que el
77% de las poblaciones de peces están
completamente explotadas o sobreexplotadas
y si se continúa pescando al nivel
que se hace en la actualidad muchas de las
especies comerciales de hoy en día
podrían desaparecer en el año
2050.
“La gestión del Gobierno
español en materia pesquera hasta ahora
ha sido nefasta y ha llevado a especies como
el atún rojo a la extinción”,
ha asegurado Mario Rodríguez, director
de campañas de Greenpeace. “En estos
seis meses de presidencia europea española,
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino se ha negado a gestionar de manera
efectiva las pesquerías. Es necesario
un acuerdo vinculante y un compromiso real
para salvar el futuro de los océanos
y de todas las personas que dependen de ellos”.
Notas:
(1) El informe se encuentra
disponible en pdf en
http://www.greenpeace.org/espana/reports/100430
(2) Se considera flota de bajura aquellas
embarcaciones con una eslora menor de 12 metros.
