Panorama
 
 
 
 

BHOPAL, UN CASO DE INJUSTICIA AMBIENTAL

Panorama Ambiental
Internacional
Junio de 2010
 

Reportaje - junio 8, 2010
Un tribunal de la India declaró culpables de "negligencia criminal" a siete directivos de la compañía estadounidense Union Carbide, propietaria de una fábrica de pesticidas que en 1984 registró una fuga de 42 toneladas de un tóxico conocido como isocianato de metilo, en la región de Bhopal (India), causando decenas de miles de muertos.
A más de 25 años de la tragedia, el veredicto implica una condena de dos años de cárcel y una multa de 500.000 rupias (10.600 dólares) contra los directivos locales de la desaparecida Union Carbide, mientras que los casos presentados contra la compañía estadounidense y sus directivos en el extranjero siguen en proceso.

El anuncio fue recibido con protestas por las organizaciones de sobrevivientes, que calificaron como una parodia de justicia la sentencia emitida sólo contra directivos locales, cuando la empresa es estadounidense y ningún funcionario de la corporación de ese país ha sido llevado a juicio. Por ello, los supervivientes de Bhopal afirmaron que están decididos a llevar sus denuncias a otros foros legales.

"Esto no es justicia. Es una desilusión. Nos sentimos indignados y traicionados. La imposición de penas miserables es una bofetada en la cara al sufrimiento de las víctimas de Bhopal", dijo Hazra Bee de la Campaña Internacional para la Justicia en Bhopal.

"Al juzgar a los culpables de uno de los peores desastres industriales del mundo con tanta indulgencia, nuestros tribunales y el Gobierno están diciendo a las industrias peligrosas y presidentes de empresas que no tendrán que pagar nada aunque estén poniendo en riesgo a toda la población y al medio ambiente", dijo Satinath Sarangi de la Grupo de Bhopal para la Información y Acción.

Las organizaciones condenaron que el Buró Central de Investigación (CBI por sus siglas en inglés) no haya sido capaz de llevar a juicio a los principales acusados: Union Carbide, su ex presidente Warren Anderson y demás funcionarios estadounidenses.

"Hay pruebas documentales de que Union Carbide, Anderson y el gobierno de Estados Unidos EE.UU. sabían que el diseño de la planta de Bhopal, India, se basaba en "tecnología no probada ", que tenían el control total sobre las operaciones y la seguridad de la fábrica. No habrá justicia en el caso Bhopal hasta que los principales responsables sean llevados a juicio ", dijo Bee quien perdió a seis personas en su familia a causa del desastre.

Satinath Sarangi, del grupo de Bhopal para la Información y Acción dijo que las CBI omitió presentar pruebas contra los acusados de actos deliberados que socavaron la seguridad operacional de la fábrica, tales como modificación de diseño, la modificación de la redacción de los manuales de operación y el desmantelamiento de la unidad de refrigeración esencial. "También es evidente la falta de acción de la CBI contra Dow Chemical, actual propietaria de Union Carbide, en Estados Unidos", dijo.

Las organizaciones señalaron que el Primer Ministro, quien es el encargado de la CBI, debe aceptar la responsabilidad por el fracaso en su función como organismo de persecución del delito, e hicieron un llamado para la creación de una Fiscalía Especial para una acción eficaz y oportuna sobre la extradición de extranjeros acusados y el enjuiciamiento de Dow Chemical.

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Se expande pesca depredadora al norte del planeta

Reportaje - junio 10, 2010
Ahora que las aguas gélidas del océano Ártico han comenzado a derretirse, como resultado del aumento de la temperatura producto del cambio climático, la industria pesquera internacional se ha fijado como nuevo objetivo el hacer explotación comercial de las poblaciones de peces que por cientos de años estuvieron resgardados por el hielo.
Por ello, Greenpeace al inicio de la segunda etapa de la expedición El Ártico bajo presión, expondrá los peligros que representa la explotación pesquera en esta zona, aún no explorada por la ciencia y que se está modificando debido al aumento de la temperatura y al contacto con el hombre.

El barco Esperanza, de Greenpeace, navega ahora por el norte de Svalbard, donde los buques pesqueros pretenden capturar cada año mayores cantidades de especies como el bacalao y el abadejo, que son atractivos para mercados internacionales. Acompañan a la expedición, varios ministros de Medio Ambiente de los países que conforman el Consejo del Ártico, que se reunen en Groenlandia para discutir cómo proteger la región.

El barco Esperanza se encuentra en el Ártico realizando la expedición: "El Ártico bajo presión"

La expedición documentará una zona conocida como Pesca de Protección, en Svalbard, que es gestionada por Noruega, pero que también es explotada por pesqueros de Rusia, España, Portugal, el Reino Unido, Alemania, Francia e Islandia. El área es adyacente a una de las pesquerías más grandes del mundo, donde se capturan aproximadamente 600 mil toneladas de bacalao y 230 mil toneladas de abadejo cada año. Como el hielo marino se derrite a causa del cambio climático, provocado por la actividad humana, los buques pesqueros están continuamente acercándose más hacia el norte, arrasando con las poblaciones pesqueras y destruyendo los ambientes marinos.

Los buques pesqueros que operan en esta área usan equipos de arrastre que dañan el lecho marino y afectan la biodiversidad, incluyendo los corales de agua fría y campos de esponjas. Las áreas más al sur, como en la Sierra Egga y los campos de esponja en el Banco Tromsø ya están sufriendo daños.

La documentación que realiza la expedición de Greenpeace El Ártico bajo presión contribuirá a una mayor comprensión científica de los ecosistemas y biodiversidad existente en la zona y proporcionará a los funcionarios encargados de temas pesqueros la evidencia de por qué estas aguas necesitan más protección.

Greenpeace hace un llamado para que la zona del Océano Ártico, históricamente protegida durante todo el año por el hielo, sea cerrada a la actividad industrial, incluida la pesca destructiva.

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Misión internacional revisará manglares en riesgo en Nayarit y Sinaloa

Reportaje - junio 18, 2010
Ante el grave riesgo en el que se encuentran los manglares de Nayarit y Sinaloa por dos proyectos promovidos por el gobierno mexicano, la secretaría de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) realizará una visita a ambas entidades del 21 al 25 de junio próximo.
La misión tiene como objetivo conocer los impactos por los proyectos del gobierno mexicano que planea la construcción del desarrollo turístico conocido como Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) en Nayarit, que impactaría Marismas Nacionales (sitio Ramsar 732); y el proyecto de la hidroeléctrica de las Cruces en el Río Baluarte, en Sinaloa, que amenaza la Laguna Huizache - Caimanero (sitio Ramsar 1689), cuyos potenciales graves impactos afectarían seriamente a los humedales de importancia internacional.

Cabe recordar que los humedales son fundamentales por los servicios ambientales que prestan: son guarderías de las pesquerías, protectores de biodiversidad y de la línea costera contra la erosión del oleaje y los huracanes, captores de dióxido de carbono, entre otros.

La solicitud para la presencia de la Convención de Ramsar fue realizada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), con apoyo de Greenpeace México, COSTA SALVAJE, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (CONSELVA) y la Red Manglar Internacional. La sociedad civil espera que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y escuche las demandas de observancia legal, respeto a las comunidades locales así como a la protección de la biodiversidad de la zona.

La agenda de la misión comprende reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal, organizaciones no gubernamentales, académicos y pescadores de las zonas con el fin de recabar toda la información pertinente para hacer las recomendaciones al gobierno federal para promover el uso racional de los humedales.

Si se toman en cuenta los criterios emitidos por la Convención en materia de evaluación de impacto ambiental, que hasta ahora han sido ignorados por los promoventes de los proyectos, se podrá garantizar en cierta medida su sostenibilidad.

Hay que destacar que en el Programa Especial de Cambio Climático, presentado por el gobierno mexicano, se plantean entre otras metas el registrar el 50 por ciento de la superficie de manglares como sitio Ramsar y restaurar y/o reforestar 10,000 ha de manglar, objetivos que podrían no cumplirse si continua la tendencia actual de destrucción de humedales en el país.


 

Fuente: Greenpeace – Internacional
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