Greenpeace
lamenta la rapidez con que los países
han capturado hasta el último atún
de sus cuotas, acercando un poco más
la especie al colapso
09 junio 2010
España — La Unión Europea anunció
ayer que la flota de cerco española,
francesa y griega habían alcanzado
sus cuotas y que, por tanto, debían
regresar a puerto en el día de hoy.
Este año, los atuneros han alcanzado
su cuota una semana antes del cierre oficial
de la pesquería. De esta manera han
situado al atún rojo a un paso mas
cerca a su extinción. Greenpeace lamenta
que se hayan alcanzado estos límites
que ponen a la especie al borde del colapso.
La flota atunera de cerco
es una de las menos sostenibles, ya que captura
al atún rojo en su época de
reproducción, lo que pone en peligro
a la especie. A pesar de este anuncio realizado
ayer por la UE, las flotas que no son europeas
podrán seguir pescando en el Mediterráneo
una semana más. Esta situación
provoca que muchos países europeos
abanderen sus barcos cerqueros con banderas
de conveniencia. La captura de estos barcos
no comunitarios representa el 40% de la cuota
total que otorga el organismo regional de
gestión de esta pesquería, ICCAT.
“El atún rojo se
encuentra al borde del colapso. Este año
la pesquería no se debería de
haber abierto, sobre todo cuando los científicos
estiman que sólo queda el 15% de la
biomasa reproductora de esta especie. Éste
es otro ejemplo de cómo los políticos
han fracasado en la protección de los
océanos”, ha declarado Celia Ojeda,
responsable de Océanos de Greenpeace.
“Greenpeace demanda un cierre de la pesquería
hasta que se recupere la especie, sólo
así podremos conseguir salvarla de
su extinción”
España comunicó
ayer a su flota de atún rojo, con puerto
en L'Atmella de Mar, que debían volver
a tierra al haber alcanzado su cuota. Con
este gesto, el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino cree haber dado un
paso en la conservación del atún
rojo. Sin embargo, ha permitido, a pesar de
la situación de la especie, que la
flota pescase en el área de desove
de mayor importancia del Mediterráneo,
una zona que Greenpeace, otras organizaciones
y el Parlamento Balear han pedido que sea
declarada santuario para los túnidos,
algo a lo que se niega el Ministerio.
La situación del
caladero balear es un buen ejemplo de lo que
está sucediendo en la pesquería:
en el año 2006 se capturaron tan sólo
unas 2.000 toneladas en la zona, mientras
que seis años antes se extrajeron 14.000,
lo que supone un descenso del 85% de las capturas.
“Ya ha terminado el tiempo
de las medidas inútiles, si el Ministerio
quiere hacer las cosas bien, debe proteger
el sur de las Islas Baleares y garantizar
así la supervivencia del atún
rojo”, ha añadido Ojeda.
Greenpeace va a continuar
defendiendo las maltrechas poblaciones de
atún rojo del Mediterráneo.
Cada individuo capturado acerca más
a la especie a su extinción. Se estima
que el 80% del atún rojo ya ha desaparecido
y si no se detiene su pesca de forma inmediata,
se habrá extinguido en un breve espacio
de tiempo.
+ Más
Anse Y Greenpeace urgen
a Valcárcel a declarar la caducidad
de la concesión para las obras de Puerto
Mayor
Las organizaciones muestran
su satisfacción ante la decisión
del TSJRM, ya que respalda las peticiones
realizadas en su día al Gobierno murciano
10 junio 2010
España — El Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia (TSJRM) considera
que no se ajusta a derecho la pretensión
del Gobierno murciano de anular la petición
de declaración de caducidad de la concesión
de las obras de Puerto Mayor que realizó
el Ministerio de Medio Ambiente.
El tribunal también
estima que no se ajusta a derecho que la Comunidad
Autónoma rehúse declarar nula
de pleno derecho la resolución de la
Dirección General de Carreteras de
diciembre de 1988, que acordó ampliar
el plazo de ejecución y aprobó
modificaciones del proyecto.
Las organizaciones recuerdan
que el presidente de la Comunidad, Ramón
Luís Valcárcel, se ha negado
de forma sistemática a cumplir con
su responsabilidad en la tramitación
de este proyecto. Ambas organizaciones se
dirigieron por escrito a Valcárcel
en mayo de 2005 para pedirle que ejecutara
la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
julio de 2002, que declaraba que la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
debía tramitar un procedimiento de
Revisión de Actos Nulos para declarar
la caducidad de la concesión de Puerto
Mayor, ya que dicha concesión era contraria
a lo establecido en la Ley de Costas.
Contra la desestimación
por silencio administrativo del presidente
Valcárcel, ANSE y Greenpeace, que en
enero de 2005 paralizaron mediante una acción
las obras de construcción del puerto
y demandaron al Ministerio de Medio Ambiente
la presentación de un recurso ante
los tribunales (el que se ha resuelto ahora),
interpusieron un recurso contencioso administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
pendiente de resolución.
Las organizaciones lamentan
que en una situación como la actual,
caracterizada por la crisis económica
y la inestabilidad, la conservación
de los últimos recursos naturales costeros
disponibles en lugares tan presionados como
el Mar Menor, siga sin ser una prioridad.
Aumentar indefinidamente el número
de embarcaciones y puertos solo contribuirá
a aumentar la presión y la degradación
de este entorno único en la costa mediterránea
española, y la inestabilidad del mismo
modelo económico.
Entre tanto, el Mar Menor
continúa sin ver definitivamente aprobado
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
