La Audiencia Nacional estima
el recurso de Greenpeace, al que se opuso
el abogado del Estado del Ministerio de Industria
- 19 julio 2010 - España — La Audiencia
Nacional, en un reciente auto derivado del
recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Greenpeace contra el proceso del cementerio
nuclear, ordena al Ministerio de Industria
que incluya en el expediente que ha de entregarse
a las organizaciones demandantes los siguientes
documentos: Proyecto Técnico del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares,
Estudio de Seguridad del ATC, Proyecto Técnico
del Centro Tecnológico Asociado al
ATC para experimentación
con residuos radiactivos y radiactividad,
Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico
y los Informes sobre la protección
física del emplazamiento del complejo.
Estos son los informes clave
del proyecto del cementerio nuclear que promueve
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITyC) y que éste, a través
del abogado del Estado, se negaba a presentar.
Para Greenpeace esta actitud
secretista y obstrucionista del Ministerio
de Industria es una demostración patente
de la falta de transparencia del proceso del
cementerio nuclear emprendido por el MITyC
y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA, que depende de aquel). Este proceso
se ha caracterizado también por la
ausencia de mecanismos de participación
pública previos al inicio del proceso,
por la actuación a espaldas de los
ciudadanos y por la búsqueda de candidatos
negociada en secreto.
En ese sentido, este proceso
puede considerarse ilegal, pues vulnera claramente
los principios jurídicos contenidos
en el Convenio sobre el acceso a la información,
la participación del público
en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (conocido
como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus
(Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado
por España mediante instrumento de
15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro
país desde el 29 de marzo de 2005.
Por ello, a finales del
pasado mes de febrero, Greenpeace interpuso
un recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional (al que se ha sumado
Ecologistas en Acción) para impugnar
la Resolución del 23 de diciembre de
2009 de la Secretaría de Estado de
Energía del Ministerio de Industria
que daba inicio al proceso de búsqueda
de candidatos para alojar el cementerio nuclear
centralizado (ATC) y su centro de experimentación
nuclear asociado.
La Audiencia Nacional, en
una resolución de fecha 23 de marzo,
dió traslado a las organizaciones demandantes
del expediente administrativo sobre el ATC
y su centro de experimentación nuclear
asociado que le había remitido el MITyC,
y emplazó a Greenpeace y Ecologistas
en Acción a formular la demanda correspondiente
en un plazo de 20 días.
El expediente remitido por
el Ministerio de Industria a la Audiencia
Nacional constaba de 8 documentos, todos ellos
referidos a cuestiones normativas y procedimentales,
sin que figurase ni un solo documento en el
que se pueda conocer las condiciones concretas
del Almacén Temporal Centralizado de
combustible nuclear gastado y residuos radioactivos
de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico
asociado, determinantes para conocer si la
resolución se ajusta a derecho.
Debido a ello, Greenpeace
planteó un recurso de súplica
para recabar los informes citados, entre otros,
con el fin de disponer de la información
relevante sobre el proyecto del cementerio
nuclear y su centro de experimentación
nuclear asociado. A pesar de la negativa del
MITyC, la audiencia Nacinal ha estimado el
recurso de Greenpeace.
Cabe destacar que nadie,
ni siquiera los alcaldes de los pueblos que
se han postulado como candidatos a albergar
el cementerio nuclear, ni los parlamentarios
del Congreso de los Diputados, del Senado
o de los parlamentos autonómicos, han
podido ver estos documentos antes de que el
Ministerio de Industria pusiera en marcha
el proceso del ATC. Lo cual, a juicio de Greenpeace,
es una demostración clara de la vulneración
del Convenio Aarhus por parte del Ministerio
de Industria.
De hecho, la violación
del este Convenio ya ha sido reconocido explícitamente
por el Parlamento de Cataluña, en su
Resolución contraria a la instalación
del cementerio nuclear en Cataluña
aprobada el pasado 11 de marzo, con los votos
a favor de PSC-PSOE, CiU, ERC y ICV, y ningún
voto en contra. En el punto 2 de dicha Resolución
el Parlamento reconocía que la candidatura
de Ascó (la única de Cataluña)
no ha cumplido con los requisitos de información
y participación pública establecidos
en el Convenio de Aarhus.
La organización ecologista
recuerda que TODAS las comunidades autónomas
en las que se encuentran los municipios que
han presentado su candidatura al Ministerio
de Industria han mostrado ya su rechazo a
albergar en su territorio ese cementerio nuclear.
Tras los rechazos de Castilla-La Mancha, Cataluña
y Extremadura, han seguido los claros rechazos
de las CC.AA. de Castilla y León y
Valencia, gobernadas por el PP.
“Ante el rotundo rechazo
social, territorial y político suscitado
ante este proyecto, Greenpeace pide al Gobierno
y al PP que acuerden, en el Pacto Energético
que están negociando, la paralización
del proceso del cementerio nuclear”, ha declarado
Carlos Bravo, responsable de la Campaña
de Energía de Greenpeace.
