28 julio 2010
- Buenos Aires, Argentina — Greenpeace denunció
hoy que las 10 toneladas de pilas y baterías
recolectadas por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires son de marcas reconocidas
y que exportarlas para su correcto tratamiento
y reciclado en Europa o Canadá, como
estas empresas hacen en otros países,
es más económico que enterrarlas
en el país en rellenos de seguridad.
Según datos del Gobierno
de la Ciudad, la empresa Befesa S.A. (compañía
especializada en la gestión integral
de residuos peligrosos) presentó un
presupuesto en el cual consigna que el costo
para el tratamiento de las 10 toneladas de
pilas y baterías mediante la disposición
final en rellenos de seguridad rondaría
los 72.600 pesos. Mientras tanto, y de acuerdo
a un presupuesto solicitado por Greenpeace
a la empresa Silkers SA, el costo de exportar
esas mismas 10 toneladas de residuos de pilas
para ser recicladas y lograr recuperar materiales
valiosos y evitar el impacto ambiental de
su disposición en rellenos, alcanza
los 64.935 pesos.
La organización ambientalista
exige que las empresas importadoras se hagan
cargo legal y financieramente de las pilas
y baterías que recolectó el
Gobierno de la Ciudad; esto significa que
se hagan responsables de la exportación
para su posterior reciclado, ya que, en consonancia
con la legislación internacional, son
las empresas productoras, importadoras o comercializadoras
las responsables por la gestión de
los residuos de sus propios productos.
“Con un simple vistazo a
las toneladas de pilas y baterías acopiadas
por la Ciudad se pueden reconocer muchas de
las marcas conocidas, Eveready, Duracell,
Rayovak, Kodak, Energizer, entre otras. Todas
estas compañías hoy se desentienden
del destino de los residuos de los productos
que colocan en el mercado”, señaló
Yanina Rullo, integrante de la campaña
de contra la Contaminación de Greenpeace.
Greenpeace resaltó
que existen normas en diferentes países
del mundo que obligan a las empresas a hacerse
cargo del costo de la recolección y
tratamiento de esta clase de residuos, como
es el caso de la legislación de la
Unión Europea, Estados Unidos, Canadá
y en el caso de América Latina, la
reciente Resolución 1297 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
de Colombia que establece la Responsabilidad
Extendida del Productor para la gestión
de este tipo de residuos.
“En otros países,
como los que integran la Unión Europea,
Canadá o Colombia, estas mismas compañías
se hacen cargo de la correcta gestión
de sus residuos; sin embargo en Argentina
esta responsabilidad está ausente”,
señaló María Eugenia
Testa, directora Política de Greenpeace.
“La disposición en
rellenos de seguridad es el método
más difundido en Argentina para los
residuos peligrosos, pero al igual que otras
técnicas como la vitrificación
o la cementización, no sólo
son peligrosos sino que además se trata
de métodos de aislamiento en celdas
de materiales tóxicos que no pierden
su condición y se convierten en pasivo
ambiental”, declaró Rullo y agregó:
“Lo más grave es que, más allá
de la disposición en los rellenos de
seguridad, en nuestro país enterramos
la mayor cantidad de estos residuos a rellenos
sanitarios comunes o basurales, lo que genera
impactos mayores en el ambiente y la salud
de las personas”.
Según el Centro Coordinador
del Convenio de Basilea para América
Latina y el Caribe, en los países de
la región, como Argentina, se consumen
10 pilas por habitante por año, lo
que significa más de 400 millones de
pilas consumidas anualmente (1). Sólo
cruzando esta cifra con el precio promedio
de las pilas comunes más usadas -AAA
y AA (2)-, considerando un valor promedio
de 3 pesos por unidad (3), el volumen de ingresos
del sector que comercializa pilas y baterías
llega a superar ampliamente los mil doscientos
millones de pesos al año ($1.200.000.000).
“Si se tiene en cuenta que las empresas obtienen
grandes ganancias por colocar en el mercado
productos tóxicos y difíciles
de reciclar, resulta increíble que
hoy se nieguen a hacerse cargo de los residuos
de pilas y baterías”, sentenció
Rullo.
El reciclado resulta hoy
el método de tratamiento más
adecuado: tanto las pilas primarias (no recargables
o desechables) y secundarias (recargables)
o baterías pueden ser recicladas y
los materiales que las componen recuperados.
La asociación de compañías
que producen y comercializan pilas y baterías
en Europa -European Portable Battery Association
(EPBA)- considera al reciclado como el único
método de tratamiento apto para este
tipo de residuos frente a cualquier otro tipo
de alternativa.
Greenpeace impulsa que el
principio que establece la Responsabilidad
Extendida del Productor alcance el estatus
de ley nacional de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
para que la población a través
de sus impuestos, y los gobiernos locales
dejen de ser los responsables de administrar
la contaminación de los dispositivos
eléctricos y electrónicos. Asimismo,
reclama que las empresas no obstaculicen el
tratamiento de la ley de residuos electrónicos
que se encuentra en el Senado de la Nación,
que determina la responsabilidad legal y financiera
de las empresas de aparatos eléctricos
y electrónicos -incluidas pilas y baterías-
sobre los residuos de los productos que colocan
en el mercado.
“Las pilas y baterías,
junto con el resto de los aparatos eléctricos
y electrónicos, se encuentran hoy en
una zona gris con respecto a la legislación
vigente en materia de residuos. Por un lado
corresponden a los residuos domiciliarios
porque surgen del flujo habitual de los residuos
domésticos, pero por el otro cumplen
con los criterios de residuos peligrosos,
por sus componentes”, señaló
Testa. “Es necesario que, para este tipo de
residuos, se establezca el principio de Responsabilidad
Extendida del Productor, que amplía
la responsabilidad legal y financiera de los
fabricantes e importadores una vez finalizada
la vida útil de estos artefactos”,
concluyó.
Notas:
(1) Guía para la
Gestión Integral de Residuos Peligrosos.
Fichas Técnicas Tomo II. Centro Coordinador
del Convenio de Basilea para América
Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay.
(2) El dato incluido surge
del “Estudio para la Identificación
y Análisis de Pilas y Baterías”,
realizado por el Instituto de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires,
en virtud del Programa de Recolección
de Pilas y Baterías desarrollado por
la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que arrojó que el 69% de las pilas
recolectadas pertenecían al tipo AAA
y AA.
(3) El precio de las pilas
primarias y botón oscila entre 1.50
y 12 pesos según el tipo y marca.
+ Más
Greenpeace: “La gasificación
de residuos urbanos es una tecnología
riesgosa y poco probada”
27 julio 2010 - Buenos Aires,
Argentina — Ante las propuestas de tratamiento
de residuos que se evalúan en diferentes
localidades de la provincia y al viaje del
intendente de la ciudad de Córdoba,
Daniel Giacomino, a los Estados Unidos para
visitar plantas de incineración, Greenpeace
declaró hoy que las tecnologías
que se están considerando no han sido
suficientemente probadas en el mundo y, en
muchos casos, han generado riesgos para la
salud y el medio ambiente.
La organización ambientalista
manifestó su preocupación por
la instalación de plantas de gasificación
o pirólisis para el tratamiento de
residuos en la ciudad de Córdoba, ya
que existen pocas experiencias a nivel global
y muchas de ellas han fracasado en sus promesas
de brindar una solución sustentable
para los residuos sólidos urbanos.
“Nos preocupa que el intendente
de la ciudad de Córdoba haya viajado
a Estados Unidos para confirmar que su plan
para gestionar residuos urbanos es la incineración.
Se está proponiendo a la sociedad cordobesa
una tecnología que no ha sido probada
parar tratar la cantidad de residuos domiciliarios
que genera por día la capital cordobesa.
En Estados Unidos no hay plantas de gasificación,
pirólisis o plasma que traten residuos
domiciliarios a esa escala”, señaló
Lorena Pujó, integrante de la campaña
contra la Contaminación de Greenpeace.
La instalación de
plantas similares a la que se prevé
para Córdoba fue rechazada en países
como Estados Unidos, Canadá y Alemania
por falta de evidencias que demuestren las
ventajas de estos sistemas. Además,
como ejemplos recientes, en los últimos
meses dejaron de funcionar plantas pilotos
en Canadá y el Reino Unido, ya que
se comprobó que estaban emitiendo sustancias
tóxicas como dioxinas y furanos que
afectan a la salud.
“En distintos países
existen varios proyectos en estudio, plantas
piloto y una intensa campaña por parte
de empresas del sector a favor de este tipo
de instalaciones, pero la mayor parte de los
datos disponibles sobre las ventajas ha sido
muy difícil de comprobar”, explicó
Pujó. “La mayoría de las plantas
de incineración con recuperación
de energía, por ejemplo, en Europa,
son convencionales, con los perjuicios al
ambiente y la salud conocidos”, agregó.
Entre las supuestas ventajas
de este tipo de tratamiento, se encontrarían
la reducción de las emisiones de sustancias
tóxicas, el aumento de la eficiencia
energética que contribuye a reducir
los gases de efecto invernadero, la reducción
de costos, los índices de reciclado
más altos y el impacto visual reducido.
“Hasta el momento, nada de esto ha sido comprobado
en la realidad, más allá de
las promociones de las empresas”, aclaró
Pujó.
En la actualidad pocas plantas
operan comercialmente con residuos urbanos
a gran escala, tal como se planea realizar
en la capital cordobesa. En Japón se
tratan poco más de 100 toneladas por
día y en algunas plantas de Europa
o Estados Unidos tratan, con tecnologías
de pirólisis o gasificación,
otro tipo de residuos o insumos como desechos
forestales, petróleo o carbón.
No hay plantas operando comercialmente con
residuos sólidos urbanos (RSU) en Estados
Unidos. (1)
Muchas de estas plantas
que trataban RSU no lograron superar la etapa
de prueba o planta piloto debido a numerosos
problemas operativos como explosiones, interrupciones
de los sistemas; filtración de gases,
corrosión y agrietamientos. A esto
se sumó que las emisiones de sustancias
tóxicas estaban por encima de los compromisos
de las empresas o de los niveles permitidos
por la legislación; la eficiencia energética
era baja, los costos eran altos y había
un fuerte rechazo por parte de las comunidades.
En Argentina, diversos proyectos
de incineración fueron frenados debido
a que los estudios confirmaron que este proceso
emite sustancias tóxicas persistentes
al ambiente que afectan la salud; tiene baja
eficiencia en términos de recuperación
de energía, libera Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y compite con los programas
de reciclaje y de reducción en la generación
de desechos.
“La gestión de los
residuos municipales debe pensarse en el mediano
y largo plazo, adoptando modelos que no afecten
el ambiente y la salud de la población.
La incineración convencional o por
etapas no es la solución a las necesidades
energéticas ni a los problemas actuales
de gestión de residuos, ya sean basurales
a cielo abierto o rellenos sanitarios”, concluyó
Pujó.
Para Greenpeace, la solución
adecuada en términos sociales, ambientales
y económicos, es la formulación
de políticas y la implementación
de programas de Basura Cero, que apuntan a
lograr la reducción y el reciclado
de residuos. A esto se debe sumar la sanción
de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) que determina
la responsabilidad de los fabricantes e importadores
de diversos productos en todas las etapas
de producción hasta el final de su
vida útil e impulsa el ecodiseño
y el reciclado.
Nota:
(1) Existen diferentes tipos
de plantas de gasificación, en todos
los casos, el producto final es un gas de
síntesis que variará su composición
según el insumo que ingrese en el proceso.
Algunas plantas tratan carbón o residuos
del petróleo. Definitivamente, la energía
que se obtiene de estos insumos no puede llamarse
ni renovable ni limpia, ya que proviene de
hidrocarburos. También hay plantas
que gasifican residuos agroforestales, hecho
que plantearía expectativas interesantes.
Por último, existen muy pocas plantas
que realizan la gasificación del material
heterogéneo que componen los RSU. En
este último caso hay más incógnitas
que certezas en cuanto a su viabilidad técnica
y ambiental.
+ Más
El barco Arctic Sunrise
inicia una expedición hacia el Golfo
de México para analizar los impactos
del vertido
26 julio 2010 - Internacional
— El Arctic Sunrise va a realizar una expedición
de tres meses para documentar el verdadero
impacto del desastre en los ecosistemas terrestres
y marinos de la zona, así como en las
especies migratorias que están a punto
de llegar a sus refugios estacionales en las
costas de Estados Unidos.
El Arctic Sunrise saldrá
de Tampa, Florida, la semana del 9 de agosto
y visitará los Cayos de la Florida
y el parque nacional Dry Tortugas, antes de
acercarse a la fuente del derrame, a 80 km
de la costa de Venice, en Louisiana. Científicos
a bordo del barco de Greenpeace examinarán
la zona del Golfo a fondo -desde el plancton
en la superficie hasta las plumas de crudo
en la columna de agua o los corales de aguas
profundas- para determinar el alcance de los
impactos del vertido.
Greenpeace destaca que,
pese al anuncio realizado por BP el pasado
fin de semana de que había controlado
el vertido, se comprobó que el pozo
sigue vertiendo crudo al mar porque existen
fugas de menor entidad que la empresa no puede
controlar. Y recuerda igualmente que ni siquiera
la completa detención del vertido significaría
el fin del problema ya que los más
de 700 millones de litros de petróleo
que se derramaron en el Golfo de México
siguen poniendo en peligro la vida salvaje
y los ecosistemas marinos de la zona y afectando
gravemente al sector pesquero de la región.
Según la organización ecologista,
BP cometió muchos errores entre los
que destaca la asignación de recursos
insuficientes para solucionar este problema
y la falta de transparencia, ocultando información
o impidiendo el acceso a la zona de periodistas
y de la sociedad civil.
Mediante la expedición,
que empezará a primeros de agosto,
Greenpeace pretende evaluar los impactos de
una forma independiente desde la misma fuente
del problema para que los ciudadanos estadounidenses
y el mundo en general conozcan en alcance
real de esta tragedia ambiental.
Durante la expedición,
el Arctic Sunrise hospedará a científicos
independientes de diferentes disciplinas que
identificarán la vida marina en la
zona y valorarán las consecuencias
del vertido en su desarrollo, mediante el
monitoreo de mamíferos marinos, tortugas,
peces y aves marinas, así como a través
de la observación de bioindicadores
de la contaminación como las esponjas
marinas que, por ser organismos filtradores
de grandes cantidades de agua, son útiles
para analizar los efectos subletales del petróleo
y los dispersantes. Estarán a bordo
del barco de Greenepace, entre otros, Charles
Messing y José López de la Nova
Southeastern University.
Greenpeace hace un llamamiento
a los poderes públicos para que:
•Prohíban la perforación
en aguas profundas y la exploración
de cualquier otra vía no convencional
de obtención de petróleo como
las explotaciones en el ártico o las
arenas bituminosas, por sus elevados riesgos.
•Dejen de subvencionar a los combustibles
fósiles, como acordaron los miembros
del G8 reunidos en Pittsburg el año
pasado, entre los que estaba España.
•Reinviertan los fondos anteriores en la promoción
de las energías renovables.
•Establezcan políticas públicas
que estimulen una revolución energética
basada en energías limpias, la única
forma de luchar eficazmente contra el cambio
climático.
La organización ecologista
destacó la incoherencia de países
como Estados Unidos que no contempla el abandono
de su dependencia del petróleo y sigue
consumiendo el 25 por ciento de los recursos
petroleros globales pese a tener sólo
el tres por ciento de las reservas de crudo
del mundo. Greenpeace señala la necesidad
de invertir globalmente en el desarrollo del
gran potencial que tienen las energías
renovables, así como las medidas de
ahorro y eficiencia energética. La
organización recuerda que, según
su informe [R]evolución Energética,
es posible eliminar gradualmente los combustibles
fósiles a escala global. Ya para el
año 2050 se podría llegar a
reducir nuestra demanda de combustibles fósiles
y nucleares hasta un 86% respecto al escenario
tendencial.
