15 julio
2010 - Buenos Aires, Argentina — Greenpeace
considera un enorme paso adelante el acuerdo
alcanzado para aprobar un texto de consenso
y síntesis que supera muchas de las
falencias que debían ser mejoradas
en los dos textos hasta ahora en debate, para
que Argentina tenga definitivamente una ley
que permita monitorear el estado de situación
de los glaciares en el territorio nacional
así como establecer un régimen
de protección de estos sensibles y
vitales cuerpos de agua dulce.
El texto, que aún
debe completar su aprobación en particular
(artículo por artículo) en el
recinto de la Cámara de Diputados,
es un avance en el debate que se inició
cuando el proyecto original fuera vetado por
la Presidencia de la Nación. Hoy tenemos
un texto mejor y una apreciación social
mayor del valor del régimen de protección
que necesitamos para monitorear y preservar
las áreas glaciares y periglaciares.
Existen todavía algunas
mejoras que pueden introducirse en la continuidad
de su tratamiento en el recinto de la Cámara
de Diputados. Dichas mejoras permitirían
lograr un régimen de protección
de los glaciares más sólido
e introducir algunas previsiones respecto
de las autorizaciones de nuevos emprendimientos
en áreas sensibles hasta tanto estén
finalizados los inventarios de glaciares de
cada jurisdicción provincial. Esperamos
la urgente finalización de la aprobación
total de la Ley de Presupuestos Mínimos
para la Protección de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial.
+ Más
Greenpeace: A dos años
del fallo no hay mejoras en el Riachuelo
08 julio 2010 - Buenos Aires,
Argentina — A 2 años del histórico
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el cual se condenó
al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia
que las obligaciones y plazos previstos en
la sentencia, en su mayoría no han
sido cumplidos.
Las críticas de la
organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano
conformado por las tres jurisdicciones demandadas
y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental,
que no ha logrado ejercer su rol como organismo
interjurisdiccional, y no ha podido implementar
políticas con metas y plazos concretos
a nivel de toda la cuenca. Además,
de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad
institucional evidenciada a partir del constante
recambio de autoridades y funcionarios del
organismo, repercute en la falta de continuidad
en las tareas emprendidas.
Entre los incumplimientos,
Greenpeace destacó lo sucedido con
el componente de Control Industrial. La sentencia
ordenó inspeccionar en 30 días
todas las industrias de la Cuenca, y dos años
después solo se han inspeccionado unas
3000 industrias de las más de 12.000
que estarían establecidas. “Lo que
nos resulta preocupante es que no solo no
se hayan inspeccionado todas las industrias,
sino que todavía no sepamos el número
real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas
unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos
oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000;
recién en estos últimos 2 meses
comenzaron con el reempadronamiento de industrias”
manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad
Política de Greenpeace.
Los ambientalistas señalan
como otra evidencia de los incumplimientos,
la falta de avance en el saneamiento de basurales,
que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó
sanearlos en el plazo de un año y que
a la fecha superan los 200. Por otra parte,
declararon que resulta dificultoso medir objetivamente
los avances en la gestión ya que el
Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con
un sistema de indicadores como lo ordenó
la sentencia, otra manda que se suma a la
numerosa lista de incumplimientos.
Además resulta preocupante
la debilidad de la normativa adoptada para
la recuperación y protección
ambiental ya que no cumplirían con
el objetivo de recomposición ambiental
dispuesto por la Corte. “Los parámetros
establecidos por ACUMAR para la calidad de
agua, que definen las condiciones futuras
del Riachuelo, no contemplan restricciones
a sustancias peligrosas, por lo cual si se
mantienen estos parámetros no será
posible una recomposición ambiental
ni siquiera a largo plazo.” manifestó
Martín Prieto, Director Ejecutivo de
Greenpeace Argentina, quien concluyó
que ”ya es tiempo de aplicar multas”.
+ Más
Greenpeace celebra la prohibición
de la entrada de madera ilegal en la Unión
Europea
Después de 10 años
de acciones, informes y denuncias de Greenpeace,
el mercado europeo rechazará los productos
forestales procedentes de talas ilegales -
07 julio 2010 - España — El Parlamento
Europeo votó hoy por mayoría
una ley que prohíbe la presencia de
madera de origen ilegal en la Unión
Europea (UE), el mayor mercado de productos
forestales del mundo. "Esta ley coloca
un cartel de 'cerrado por fin de negocio'
al comercio de la madera ilegal”, declaró
Sébastien Risso, director de la unidad
política de Bosques de Greenpeace España.
“La ley de la UE evitará la competencia
desleal de los que operaban con madera obtenida
fraudulentamente y de manera más barata
en los países productores”.
Europa consume grandes volúmenes
de madera de origen ilegal, principalmente
de países con problemas de gobernanza
donde el incumplimiento de la ley está
a la orden del día y el crimen organizado
causa un gran daño a las poblaciones
locales y al medio ambiente. Esta madera llega,
incluso, de países y regiones envueltos
en conflictos bélicos o donde la corrupción
produce la depredación de los recursos
naturales sin el menor beneficio a las comunidades
locales.
El pasado mes de mayo la
actriz Marion Cotillard —ganadora de un Óscar
en la última edición—, viajó
con Greenpeace a la República Democrática
del Congo para conocer el problema en persona,
tras lo que afirmó que había
visto cómo las grandes empresas madereras
están amenazando los últimos
bosques primarios del Planeta. “El país
está siendo carcomido por dentro. Está
en peligro un extraordinario ecosistema que
mantiene la vida de decenas de millones de
personas y es el segundo mayor pulmón
verde del planeta".
Otros avances significativos
de esta ley son la creación de requerimientos
a las empresas europeas para verificar la
trazabilidad completa de los productos forestales.
Los infractores podrían ser, además,
multados en proporción a los daños
ambientales y pérdidas económicas
que hayan ocasionado. Sin embargo, los estados
miembros se han opuesto a que la tala ilegal
y el comercio de esta madera se sumen a los
delitos ambientales que la UE sanciona a nivel
comunitario.
Otra de las deficiencias
de la ley es que los productos impresos quedan
excluidos de la regulación durante
al menos cinco años (1). Además,
la ley se aplicará muy tarde, ya que
entrará en vigor dentro de dos años.
"Esta ley supone un
paso importante, aunque Greenpeace se mantendrá
alerta para que se aplique correctamente y
las empresas cumplan con sus obligaciones,
además, seguiremos atentos al resto
de amenazas de nuestros bosques” declaró
Mario Rodríguez, director de Campañas
de Greenpeace España. La agricultura
es a día de hoy la principal causa
de deforestación y los mal llamados
biocombustibles están incrementando
esta amenaza. “Son necesarios mecanismos como
una financiación fuerte para apoyar
la protección de los bosques, si no,
las selvas tropicales seguirán siendo
esquilmadas”, añadió Rodríguez.
Un informe reciente de la
ONU afirma que la superficie de los bosques
primarios del planeta ha disminuido en más
de 40 millones de hectáreas, un área
equiparable al tamaño de Alemania y
Dinamarca juntas, desde 2000 (2). Para luchar
contra el cambio climático es necesario
poner fin a la deforestación mundial
antes de 2020.
Diez años de campaña
de Greenpeace
Desde el lanzamiento de
su campaña para eliminar la tala ilegal
hace una década, muchos activistas
de Greenpeace pusieron en riesgo sus vidas
con acciones de bloque de puertos y barcos
con madera ilegal y con investigaciones realizadas
en condiciones arriesgadas para exponer posteriormente
la tala ilegal en la Amazonia, África
Central, Rusia y Sudeste asiático.
Entre los logros más importantes destacan
las investigaciones de Greenpeace de 2000-2003,
que evidenciaron que algunos de los principales
comerciantes europeos compraban madera de
conflicto en Liberia, lo que suponía
la financiación de una guerra civil
que causó más de 250.000 muertes.
Estas investigaciones revelaron cómo
esta madera ilegal fue usada en la restauración
de edificios públicos en el Reino Unido
en 2002, 2003 y 2006; en España en
2005 y en la sede de la Unión Europea
en Bruselas en 2004.
Notas
(1) Cada año se importa el equivalente
a 3200 millones de euros de productos impresos
http://www.cepi.org/Content/Default.asp
(2) Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
(FAO) Evaluación
de los Recursos Forestales Mundiales 2010:
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/KeyFindings-en.pdf
+ Más
Greenpeace asegura que la
cuota científica es el futuro para
la pesca en Chile.
En Seminario de Asignación
de Cuotas.30 julio 2010 - Valparaíso,
Chile — El Seminario Internacional Sistema
de Asignación de Cuotas Pesqueras se
realizó hoy en la Comisión de
Pesca, Acuicultura e intereses marítimos
de la Cámara de Diputados.
La asignación de
cuotas pesqueras que debía discutirse
en el año 2012, se ha adelantado, debido
a que los industriales pesqueros han señalado
a la autoridad que es necesario obtener certeza
jurídica para las inversiones después
del terremoto. Ante esto, la industria espera
que la autoridad pesquera les entregue mediante
una nueva ley la cuota de pesca por más
de 10 años para así, según
esta entidad, poder invertir en las reparaciones
que han tenido que llevar a cabo debido al
terremoto y posterior tsunami que afecto al
país. La asignación de la cuota,
que fue establecida por ley el año
2002, finaliza en diciembre de 2012.
Sobre esta situación,
Greenpeace en Chile expuso su posición
en este seminario indicando que se opone a
que las cuotas designadas superen la recomendada
por los estudios científicos. “La incertidumbre
pesquera no puede ser argumento para el aumento
de la cuota de pesca” señalo Samuel
Leiva, Coordinador de Campañas de Greenpeace
en Chile.
“El terremoto no puede ser
la excusa perfecta para que le otorguemos
un bien público a una industria que
no ha dado señales de manejo sustentable
de los recursos marinos. Y la intención
del subsecretario de pesca, Pablo Galilea,
de darle 'certeza jurídica' a la industria
sobre la asignación de cuotas de pesca
es un juego peligroso, que pone en riesgo
los recursos pesqueros y la sustentabilidad
de toda la administración pesquera",
finalizó Leiva.
Por su parte, el ex Ministro
de Economía, Jorge Rodríguez
Rossi, hizo énfasis en el foco económico
del tema explicando que el desempleo provocado
por la reducción de las flotas ha sido
absorbido por empleos en las plantas.
