Greenpeace
pide que el recuerdo de la catástrofe
de hiroshima sirva para impulsar el desarme
y la no proliferación nuclear. 05 agosto
2010
65º aniversario del
bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki
España — La organización
denuncia que varias de las potencias atómicas
están modernizando sus arsenales y
que los pasos que se están dando hasta
ahora son limitados e insuficientes.
Mañana, 6 de agosto,
se cumplen 65 años del bombardeo nuclear
sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, seguido
tres días después por el de
Nagasaki. Alrededor de 250.000 personas murieron
en ambos lugares por los efectos inmediatos
y a medio plazo de las bombas nucleares.
Los centros urbanos quedaron
reducidos a escombros. Coincidiendo con este
aniversario, Greenpeace destaca que este día
debe servir para recordar el peligro, muy
real y presente, que sigue suponiendo el armamento
nuclear para la supervivencia del planeta.
El 6 de agosto de 1945,
apenas pasadas las 8:00 horas de la mañana,
el bombardero militar estadounidense Enola
Gay dejaba caer sobre la ciudad de Hiroshima
la bomba de uranio Little Boy. Con cuatro
toneladas de peso, la bomba detonó
a 600 metros de altura sobre la ciudad, estallando
con una fuerza equivalente a 12.500 toneladas
de explosivo altamente destructivo. La ciudad
quedó devastada y se estima que murieron
más de 140.000 personas. Tres días
después, el 9 de agosto, una segunda
bomba atómica bautizada como Fat Man
fue arrojada sobre la ciudad de Nagasaki,
causando también la destrucción
de la ciudad y la muerte de alrededor de 100.000
personas.
Como consecuencia de la
detonación sobre Hiroshima, una enorme
bola de fuego envolvió la ciudad y
provocó enormes temperaturas. Algunos
edificios simplemente se derritieron. Muchas
personas se volatilizaron, dejando sus sombras
pegadas sobre calles y muros. Estas “sombras
muerte” son dibujadas cada año por
los habitantes de la ciudad como una conmemoración
de los que así murieron. Muchos murieron
por el extremo calor. Otros lo hicieron en
el corto plazo como consecuencia de alteraciones
de salud como síndrome agudo de radiación,
diarreas, hematomas, disminución de
glóbulos blancos en la sangre, etc.
Los supervivientes de estos bombardeos se
llaman a sí mismos Hibakusha, y muchos
de ellos sufren graves afecciones de salud
como leucemia y diversos tipos de tumores,
anemia, y trastornos psíquicos.
En este año 2010
se han producido algunos avances, aunque muy
limitados e insuficientes, en materia de desarme
y no proliferación nuclear. Rusia y
EE UU firmaron en abril un tratado de reducción
de armas nucleares en Praga. En virtud del
mismo, ambos se comprometen a reducir sus
arsenales en casi un tercio, unas 1.550 cabezas
nucleares cada uno, y también limitarán
el número de lanzadores de las que
disponen. Se trata de reducciones sobre el
armamento desplegado, no el almacenado.
En mayo, la Conferencia
de Revisión del Tratado de No Proliferación
(TNP) concluyó con un documento de
consenso en el que se habla de relanzar la
idea de hacer de Oriente Medio una zona libre
de armas de destrucción masiva. La
primera conferencia al respecto se celebraría
en 2012. Durante el año 2009 se establecieron
dos nuevas zonas libres de armas nucleares,
una en Asia Central y otra en África.
Se trata, sin embargo, de
pasos limitados y claramente insuficientes
ya que, al mismo tiempo, varias de las potencias
atómicas están modernizando
sus arsenales. Se cree que ocho estados nucleares
(EE UU, Rusia, Reino Unido, Francia, China,
India, Pakistán e Israel) poseen más
de 7.500 armas nucleares operativas y un total
superior a 22.000 cabezas nucleares.
Las presiones para frenar
el programa nuclear iraní se ven obstaculizadas
por los dobles estándares que se aplican:
de los ocho países mencionados, dos
(India y Pakistán) tienen armas nucleares
pese a no ser potencias reconocidas por el
TNP, y uno (Israel) no es parte del Tratado.
Además, el hecho de que las potencias
nucleares reconocidas por el TNP (las cinco
primeras del listado) no den pasos efectivos
hacia el desarme condiciona su credibilidad
cuando pretenden disuadir a otros países
de obtener capacidad nuclear.
“Esta dinámica es
muy peligrosa”, ha señalado Mabel González
Bustelo, responsable de Conflictos y Medio
Ambiente de Greenpeace. “El día de
Hiroshima debe servir para recordar los terribles
efectos del armamento nuclear y para animar
a los responsables políticos a avanzar
hacia el desarme y la no proliferación.
Los peligros del armamento nuclear no son
cosa del pasado sino un problema muy actual
que la comunidad internacional debe afrontar”.
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Greenpeace lamenta que la
Consejería de Medio Ambiente no tenga
alternativas a la incineradora de Serín
El consejero de González
Buendía falta a la verdad cuando afirma
que la planta “no es aplazable” - 11 agosto
2010 - España — Greenpeace lamenta
las recientes declaraciones del consejero
de Medio Ambiente del Principado de Asturias,
Francisco González Buendía,
donde afirmaba que “la incineradora no es
aplazable”, porque además de no es
cierto, demuestran la falta de voluntad política
para dar una alternativa a una instalación
cara, insalubre y nociva para el medio ambiente,
como sería la planta de Serín.
Francisco González
Buendía falta a la verdad cuando afirma
categóricamente que la planta de Serín
no es aplazable por el colapso del vertedero.
Hay que recordar que se ha llegado a esta
situación por la pésima gestión
llevada a cabo por su Consejería, que
además, ha incumplido tanto las leyes
nacionales y los planes autonómicos
en cuanto a recuperación y reciclaje.
Por otra parte, la incineradora necesitará
un gran vertedero para enterrar en él
los residuos tóxicos y peligrosos generados
por la planta.
“El consejero Buendía
ve en la planta de Serín la solución
a un problema originado en gran medida por
su mala gestión, apostando además
por la peor alternativa posible, que hipotecará
durante décadas el desarrollo sostenible
de Asturias”, ha declarado Julio Barea responsable
de la campaña de contaminación
de Greenpeace.
La apuesta por quemar residuos
es la peor de la soluciones como ha demostrado
Greenpeace en su último informe socioeconómico.
La incineración de residuos en cifras,
donde queda claro que los costes ambientales
y sociales de la quema de basuras hacen totalmente
inviable esta técnica. Recuperar y
reciclar supondría crear hasta 39 veces
más empleo que incinerar, es sola una
de las conclusiones de este informe.
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en Acción denuncian que el certificado
PEFC avala la gestión forestal irresponsable
La empresa forestal Silvasur
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2010
Actuaciones de la empresa Silvasur en el Berrocal
(Huelva).
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y Ecologistas en Acción han recibido
con estupor la noticia de que la empresa auditora
AENOR ha renovado el certificado PEFC de gestión
forestal “sostenible” a Silvasur, filial del
grupo papelero ENCE, empresa que ha estado
implicada durante el pasado 2009 en procesos
de deforestación y degradación
del paisaje en la Sierra de Huelva, incluidos
espacios naturales protegidos por la Junta
de Andalucía.
“El sistema de certificación
PEFC, AENOR y Silvasur se están burlando
del ciudadano. Pretenden engañar al
consumidor y llamar sostenible a algo que
es el ejemplo de lo que no habría que
hacer”, ha declarado Miguel Ángel Soto,
responsable de la Campaña de Bosques
y Clima de Greenpeace España. “Los
compradores de papel y madera deberán
identificar ahora al certificado PEFC con
los irresponsables aterrazamientos llevados
a cabo en la Sierra de Huelva donde se han
eliminado cientos de ejemplares de alcornoques,
madroños, brezos, etc., con importantes
movimientos de tierra que han destrozado el
perfil de las laderas y han alterado gravemente
el recurso suelo y el paisaje”.
A finales de 2009, las organizaciones
Ecologistas en Acción y Greenpeace
presentaron una reclamación [1] ante
el sistema PEFC donde se exponían los
incumplimientos de los estándares de
gestión forestal que han permitido
a Silvasur obtener este certificado forestal.
Además, parte de las actuaciones denunciadas
se localizaban en el interior en diversas
fincas incluidas dentro del Paisaje Protegido
de Río Tinto, de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA),
lo que concierne al hecho mayor gravedad.
Hasta la fecha, Silvasur no ha respondido
a ambas organizaciones, algo que para el sistema
PEFC, según parece, es irrelevante.
“Si el sistema PEFC quiere
que su sello se identifique con deforestación,
ausencia de rigor y falta de transparencia
es su problema”, ha señalado Raúl
Navarrete, de Ecologistas en Acción.
“Lo inaceptable es que la Junta de Andalucía
permita que se atente contra los espacios
protegidos y que permanezca totalmente impasible”.
El descrédito del
sistema de certificación forestal PEFC
se está produciendo también
a partir de polémicas producidas en
otras latitudes debido a la falta de rigor
de sus estándares y la escasa transparencia
de sus procedimientos. En Indonesia, donde
no existen plantaciones certificadas PEFC,
este sistema ha autorizado el uso de su logotipo
a una empresa papelera, Asia Pulp and Paper,
que está implicada en la tala de la
selva tropical y la destrucción de
bosques de turbera para suministrar madera
a sus fábricas de papel.
Asia Pulp and Paper consigue
que sus productos lleven el certificado PEFC
ya que el 70% de la pasta de papel la importa
de otros países que sí tienen
plantaciones certificadas por este sistema.
El otro 30% de la materia prima procede de
“fuentes verificadas como no conflictivas”,
pero la propia empresa auditora de Asia Pulp
and Paper reconoce que nunca ha verificado
si ese 30% procede o no de la deforestación,
de talas ilegales de la destrucción
de espacios protegidos o de hábitats
de especies en peligro de extinción
[2].
“Dada la falta de rigor
de este sello, cada vez es más probable
que comprar un producto PEFC signifique estar
colaborando con una gestión forestal
irresponsable”, ha concluido Soto.
Notas:
[1] Los hechos también
fueron objeto de una denuncia a la Fiscalía
de Medio Ambiente, que pese a archivar el
pasado mes de marzo las diligencias informativas,
se constataba la existencia de ocho expedientes
sancionadores contra Silvasur abiertos por
Agentes de Medio Ambiente de la Junta Andalucía.
El fiscal en sus consideraciones resume que
“ha existido un incumplimiento reiterado de
las condiciones de la autorización
concedida por la Administración Ambiental”.
La fiscalía también asegura
“que se había afectado el hábitat
del Águila Calzada” una ave rapaz incluida
en el catálogo de especies amenazadas.
Además, recoge partes del informe del
SEPRONA donde se afirma que la actividad realizada
“ha sido agresiva para el monte bajo existente”
y que “se han producido claros incumplimientos
del condicionado y límites de dichas
autorizaciones, que a su vez son poco compatibles
con la Legislación Ambiental”. Por
último, el Fiscal solicita a la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
que proceda “a la finalización de los
expedientes sancionadores en curso”, algo
que la Administración andaluza todavía
no ha hecho.
[2 ] http://www.greenpeace.org/espana/news/100706
