Creación del Centro
Ambiental de Reconversión Energética
en La Matanza30 agosto 2010ImprimirEnviar
Para Greenpeace, la
solución adecuada es la formulación
de políticas y la implementación
de programas de Basura Cero, que apuntan a
lograr la reducción y el reciclado
de residuos.
Buenos Aires, Argentina — Greenpeace envió
una carta a los concejales del partido de
La Matanza manifestando su preocupación
ante la posibilidad de que se ratifique el
acuerdo que crea el Centro Ambiental de Reconversión
Energética (CARE). La iniciativa, que
propone generar energía a partir de
residuos sólidos urbanos con tecnologías
“mágicas”, es un riesgo para el ambiente
y la salud.
La organización ambientalista
expresó, a través de una carta
enviada a los miembros del Concejo Deliberante,
su preocupación por el avance del proyecto
Centro Ambiental de Reconversión Energética
(CARE), impulsado por el Municipio de La Matanza
junto con el Ministerio de Planificación
Federal de Inversión Pública
y Servicios, la Secretaría de Energía
de la Nación y Energía Argentina
S.A. (ENARSA).
El proyecto, que propone
generar energía eléctrica y
combustibles a partir de residuos sólidos
urbanos (RSU), sería enviado para su
ratificación esta semana al poder legislativo
del partido de La Matanza. Los ambientalistas
señalan que, a pesar de la envergadura
del proyecto, sólo se han difundido
públicamente lineamientos generales
sin información detallada sobre las
características técnicas y económicas
de las tecnologías propuestas.
“En este contexto, la aprobación
de una ordenanza confirmando este proyecto
significaría, en los hechos, otorgar
un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo que
abriría la puerta a la adopción
de prácticas poco probadas y riesgosas
desde el punto de vista ambiental, social
y económico”, señaló
Lorena Pujó, integrante de la Campaña
contra la Contaminación de Greenpeace.
En la actualidad, se están
promocionando nuevas tecnologías para
obtener energía a partir de los residuos
sólidos urbanos, frente a los rechazos
de las comunidades ante la tecnología
más conocida, la incineración
con recuperación de energía.
Estas tecnologías alternativas, que
operan a menores temperaturas y niveles de
oxígeno que la incineración
convencional, no sólo no han demostrado
ser viables para el tratamiento de RSU a una
escala significativa sino que además
han resultado ser muy riesgosas desde el punto
de vista ambiental, social y económico,
por las emisiones de sustancias tóxicas,
recurrentes fallas operativas y escasa generación
de energía.
Además, la carta
de la ONG expresa que el hecho de que ENARSA
impulse este tipo de proyectos como fuente
de “energía renovable” parte de una
base errónea, ya que la generación
de energía a partir de residuos urbanos
no orgánicos no puede ser nunca considerada
como renovable, en tanto los residuos no lo
son. Se trata de descartes de productos fabricados
con recursos naturales agotables y finitos
como el hierro, el aluminio, el petróleo,
la madera, etc. La empresa debería
estar focalizando sus esfuerzos en cumplir
el programa del GENREN (Generación
Renovable) e impulsar proyectos de energía
como la solar, eólica, biomasa, minihidráulica,
maremotriz y geotérmica.
“Proponer supuestas soluciones
“mágicas” e improvisadas al problema
de los residuos es una falta de respeto a
los vecinos de La Matanza, que vienen trabajando
desde hace años para lograr el cierre
definitivo del relleno sanitario de González
Catán. La gestión de los RSU
debe pensarse en el mediano y largo plazo,
adoptando modelos que no afecten el ambiente
y la salud de la población. La incineración
convencional con o sin recuperación
de energía, o las nuevas tecnologías
de tratamiento térmico, no son la solución
a las necesidades energéticas ni a
los problemas actuales de los basurales a
cielo abierto o rellenos sanitarios”, concluyó
Pujó.
Para Greenpeace, la solución
adecuada en términos sociales, ambientales
y económicos, es la formulación
de políticas y la implementación
de programas de Basura Cero, que apuntan a
lograr la reducción y el reciclado
de residuos. A esto se debe sumar la sanción
de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) que determina
la responsabilidad de los fabricantes e importadores
de diversos productos en todas las etapas
de producción hasta el final de su
vida útil e impulsa el ecodiseño
y el reciclado.
+ Más
Greenpeace consideró
un avance la multa impuesta a Bibiloni por
no cumplir con la sentencia que obliga al
Estado a sanear el Riachuelo.
31 agosto 2010
Greenpeace desplegó una "factura"
gigante frente a la Secretaría de Ambiente
de la Nación representando la multa
impuesta a Homero Bibiloni por no sanear el
Riachuelo
Buenos Aires, Argentina — Greenpeace destacó
la decisión del Juez Luis Armella de
multar a Homero Bibiloni, Presidente de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
con 4 mil pesos diarios por incumplir con
los objetivos fijados en la histórica
sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que obliga al Estado a
sanear el Riachuelo.
La multa que se aplicará
a partir de este miércoles será
de 1.000 pesos diarios por cada objetivo incumplido:
la implementación de un sistema internacional
de medición, la existencia de un mecanismo
de información pública, las
pautas fijadas sobre contaminación
de origen industrial y el saneamiento de basurales.
Los ambientalistas destacaron
que entre los considerandos tomados por el
juez para la aplicación de multas,
se encuentra la propuesta de establecer “metas
progresivas y plazos concretos con el fin
de llegar a cero vertido de sustancias peligrosas
para el año 2020”, elevada oportunamente
por el Cuerpo Colegiado de Control[1], que
debería aplicarse para logar una real
recomposición de la Cuenca Matanza
Riachuelo.
“La aplicación de
estas multas nos parece un paso decisivo para
cortar con la desidia que existe en la gestión
de la Cuenca, esperamos que esta nueva medida
impulse a nuestras máximas autoridades
gubernamentales, a tomar una real voluntad
política para sanear de una vez por
todas el Riachuelo” manifestó Martín
Prieto Director Ejecutivo de Greenpeace.
Nota:
[1] El Cuerpo Colegiado
es el organismo establecido para controlar
la sentencia por disposición de la
CSJN, coordinado por el Defensor del Pueblo
de la Nación y conformado por 5 ONG
- Asociación Vecinos de La Boca, Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación
Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH)
y Greenpeace.
