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- agosto 27, 2010 - El caso Cabo Cortés
cada vez huele peor... Lamentablemente, Bruno
Ferrari, secretario de Economía, manifestó
su apoyo a este proyecto español depredador
en Baja California Sur, anteponiendo intereses
económicos y
restándole importancia a los riesgos
ambientales, para el parque nacional marino
de Cabo Pulmo, como lo han reconocido investigadores
y la misma Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat).
Zoom Riqueza natural en
Cabo Pulmo
Mientras Semarnat está evaluando la
autorización concedida a la empresa
española Hansa Urbana, tras reconocer
que “hacen faltan elementos para garantizar
que no habrá ninguna perturbación
en un ecosistema que se ha recuperado a su
condición natural”; el gobernador de
Baja California Sur, Narciso Agúndez
se reunió el miércoles 25 de
agosto en la ciudad de México con Bruno
Ferrari, titular de Economía para insistir
en su interés en que Cabo Cortés
se construya. A esta reunión fue invitado
Rafael Galea, presidente del grupo ibérico
Hansa Urbana.
Con esta reunión,
el gobierno de Baja California Sur y la Secretaría
de Economía están alentando
un modelo de turismo depredador para impulsar
el empleo en esta entidad, a costa de fuertes
impactos al ambiente en la región y
violaciones a ordenamientos locales como el
programa de ordenamiento ecológico
(POEL) de Los Cabos, al habérsele otorgado
una concesión para extraer agua para
una población de 72 mil personas y
permiso para destruir las dunas costeras.
Es preocupante la insistencia de Agúndez
para que el secretario Ferrari apoye este
proyecto, cuando la decisión de cancelarlo
recae únicamente en Semarnat.
Desde hace años,
en Baja California Sur se ha permitido la
construcción de proyectos no sustentables.
El crecimiento desmedido de la ciudad de Los
Cabos, el rezago en infraestructura y vivienda
debido a la dinámica turística
(demanda de más servicios por una mayor
inmigración) ha sido el principal problema.
El 10 por ciento de la zona urbana está
integrada por asentamientos irregulares. En
la periferia existen zonas marginadas donde
predomina la vivienda laminada, sin agua,
sin pavimentación ni energía
eléctrica.
En promedio, el consumo
doméstico de agua por día por
habitante en Los Cabos es de 250 litros, mientras
que en los hoteles de gran turismo es de 2
mil litros. En los hoteles de 4 a 5 estrellas
es de 1,500 litros y en los hoteles de 1 a
3 estrellas es de mil litros. El acuífero
de San José del Cabo tiene un déficit
de 5.24 millones de metros cúbicos
de agua al año y no se cubre la demanda
con la oferta de agua y el acuífero
de La Paz ya está sobrexplotado. Si
se construyera Cabo Cortés, las unidades
habitacionales serían casi iguales
a las de Cancún y podría generar
un crecimiento habitacional entre 200 mil
y 300 mil habitantes. Sin embargo, el 33 por
ciento del municipio de Los Cabos no cuenta
con red de drenaje y el principal problema
en el alcantarillado sanitario es la obsolencia
de las redes y la carencia de drenaje pluvial.
En estas condiciones, crear una nueva ciudad
es colapsar los servicios de abasto de agua
y drenaje.
Cabo Cortés es un
proyecto que huele mal, es sospechosa la forma
en que Hansa Urbana y el gobierno de Baja
California Sur están presionando a
la Semarnat para que acepte modificaciones
a este proyecto en vez de cancelarlo por el
riesgo ambiental que representa, es inaceptable,
pues la misión de la Semarnat es defender
de los recursos naturales del país.
El modelo de turismo masivo,
de sol y playa y “todo incluido”, como el
que promueve Hansa Urbana, ya se aplicó
en España en los últimos años.
El resultado es una costa convertida en ladrillo
y cemento, que ha sido construida al ritmo
equivalente a 8 campos de fútbol al
día durante 20 años. De ahí
se derivan la masificación y contaminación
del litoral, y una proliferación escandalosa
de investigaciones, juicios y condenas por
asuntos de corrupción urbanística.
Y ahora que la crisis ha puesto fin al modelo,
las empresas españolas quieren exportarlo
a otros lugares donde parece que se les recibe
con los brazos abiertos.
Cabe recordar que Hansa
Urbana es un exponente de un modelo de turismo
depredador en España, y acumula investigaciones
por parte de la Fiscalía española.
Su proyecto “estrella” en la región
de Murcia, Novo Carthago (similar a Cabo Cortés
aunque de menores dimensiones) está
paralizado y sometido a investigación
por la Fiscalía por presuntas irregularidades
en los procesos de recalificación de
los terrenos. Su propio presidente, Rafael
Gálea, declaró como imputado
ante el juez hace pocas semanas, por un presunto
delito contra la Hacienda Pública superior
a los seis millones de euros.
+ Más
Deben responder por destrucción
de la Laguna de Cuyutlán
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- agosto 31, 2010 - En respuesta a la denuncia
presentada por Bios Iguana A.C. por la presunta
falta de aplicación efectiva de 35
artículos de diversas leyes y 2 Normas
Oficiales Mexicanas en materia de legislación
ambiental en la autorización de dos
proyectos de gaseras en el Vaso II de la Laguna
de Cuyutlán, Manzanillo, Colima, México,
la Comisión para la Cooperación
Ambiental de América del Norte (CCAAN)
emplazó al gobierno mexicano a responder
por este caso antes del 30 de septiembre.
Entre los ordenamientos
que podrían no haberse cumplido en
la autorización de los proyectos Terminal
Portuaria de Recibo Almacenamiento de Gas
L.P. en la Zona Occidente (Proyecto Gas L.P.
Manzanillo), de la empresa Zeta Gas del Pacífico
S.A. de C.V., y la Terminal de Gas Natural
Licuado Manzanillo (Proyecto GNL Manzanillo)
de la Comisión Federal de Electricidad
están la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima; el Programa de Desarrollo
Urbano de Manzanillo y el Reglamento de la
Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente (LGEEPA) en
materia de Ordenamiento Ecológico Territorial.
Asimismo, la Ley Ambiental
para el Desarrollo Sustentable del Estado
de Colima; la Ley General de Vida Silvestre;
el Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación
de Impacto Ambiental y el Convención
Ramsar sobre protección de humedales.
El gobierno también deberá señalar
cómo se aplican tales disposiciones
a la luz del Artículo 4° constitucional,
que establece el derecho a un medio ambiente
sano.
La instancia internacional
examinará el asunto y podrá
integrar un expediente de hechos con sus hallazgos
a fin de hacer recomendaciones a las autoridades
mexicanas respecto a la aplicación
efectiva de la legislación ambiental
omitida.
En febrero del 2009, Bios
Iguana, acompañada de Greenpeace, presentó
ante la CCAAN la denuncia en la que argumentan
que la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría
General de la República (PGR); la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa);
el gobierno del Estado de Colima, la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología del
Estado de Colima, la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Colima, los Ayuntamientos
de Manzanillo y Armería están
incurriendo en omisiones en la aplicación
efectiva de su legislación ambiental
aplicable al manejo de la Laguna de Cuyutlán.
“Acudimos a la CCAAN para
solicitar su intervención en el caso
porque las autoridades mexicanas no han respondido
a nuestras denuncias. Desde el año
2005, Bios Iguana y el Grupo contra la Contaminación
de Campos y pescadores de la Laguna de Cuyutlán
hemos interpuesto demandas penales en contra
de funcionarios por modificación ilegal
del Programa de Desarrollo Urbano y Programa
Regional de Ordenamiento de la Laguna de Cuyutlán,
juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso
Administrativo del Estado de Colima (2007),
recursos de revisión ante la Semarnat
(2008), Amparos (2008), y no han sido atendidas”,
dijo Esperanza Salazar de Bios Iguana.
“Está claro que el
gobierno no está cumpliendo con sus
obligaciones y tiene que ser la CCAAN, un
organismo internacional quien lo ratifique.
Esto pone en evidencia el doble discurso y
la pésima aplicación de la legislación
ambiental para proteger los recursos naturales
por parte de diversas dependencias. Es realmente
indignante que los servidores públicos
mexicanos necesiten llamados de instancias
internacionales para cumplir con su deber
y aplicar la legislación ambiental”,
dijo Alejandro Olivera, coordinador de la
campaña de océanos y costas
de Greenpeace México.
Ante este hecho, las organizaciones
exigen a las autoridades mexicanas:
•Revocar la Autorización
en Materia de Impacto Ambiental del proyecto
Terminal Portuaria de Recibo Almacenamiento
de Gas L.P. en la Zona Occidente de la empresa
Zeta Gas del Pacífico S.A. de C.V
•Revocar la modificación al Programa
de Ordenamiento Ecológico Territorial
de la Laguna de Cuyutlán
•Revocar la Autorización en materia
de Impacto Ambiental del proyecto Terminal
de Gas Natural Licuado Manzanillo exigiendo
a la CFE y KMS a la reparación del
daño que hasta el momento se ha realizado
a la Laguna de Cuyutlán.
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La Junta sigue sin acatar
las exigencias de Bruselas sobre la contaminación
en Huelva
El Parlamento Europeo pidió
al Gobierno andaluz la participación
de Greenpeace en la búsqueda de soluciones
para restaurar la zona contaminada - 10 agosto
2010 - Toma de muestras en la estación
ST3-CRI (marismas de Huelva). Expertos del
laboratorio francés CRIIRAD especializado
en investigación y medición
de la radiactividad han confirmado la gravedad
del problema radiactivo generado por la empresa
Fertiberia en las Marismas de Huelva, a causa
de sus vertidos de fosfoyesos radiactivos
(más de 120 millones de toneladas en
unas 1.200 hectáreas de marismas).
Descargar imagen en alta resolución
Ampliar imagenEspaña — Cuando han transcurrido
más de dos meses desde que la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo emitiera
un informe en el que recomendaba que la participación
social en la búsqueda de soluciones
al problema de contaminación química
y radiactiva de los residuos industriales
vertidos por Fertiberia en las marismas del
Tinto, la Junta de Andalucía sigue
sin responder a la solicitud de Greenpeace
para formar parte del comité que estudia
el caso.
Tras una visita a la zona
el pasado mes de mayo [1], varios europarlamentarios
emitieron un informe en el que pedían
que: “Cualquier estudio nuevo o futuro proyecto
de planificación debería contar
con la participación de los peticionarios
[...] a fin de contribuir a la identificación
de soluciones viables”. Sin embargo, y a pesar
de haber dirigido una nueva carta a Díaz
Trillo, consejero de Medio Ambiente de la
Junta, para que hiciera valer las exigencias
de Bruselas, la organización ecologista
aún no ha obtenido ninguna respuesta.
La pasada semana Díaz
Trillo visitó la evolución del
proyecto piloto de restauración en
la balsas de fosfoyesos, he hizo un llamamiento
a la tranquilidad de los ciudadanos, al asegurar
que: “La transparencia, la información
y la participación son los ejes de
una buena política ambiental y esa
va a ser la guía en la recuperación
de estos terrenos”. Sin embargo, los hechos
y las actuaciones de la Junta parecen encaminarse
en dirección opuesta. Además,
ya se han invertido cerca de dos millones
de euros de dinero público en buscar
soluciones a un problema que ha generado una
empresa privada.
Cabe destacar que los planes
de la Junta pasan por cubrir con tierra las
balsas de fosfoyesos para solucionar el problema
de contaminación química y radiactiva,
aunque diferentes estudios realizados por
Greenpeace en un área restauradas hace
10 años junto a las actuales balsas,
se detectó que buena parte de la cobertura
arenosa se había erosionado y dejado
al aire los fosfoyesos que llegaban de nuevo
al río Tinto.
Además, el plan propuesto
por la Junta no contempla la retirada de las
más de 7.000 toneladas de cenizas altamente
radiactivas, contaminadas con cesio 137, depositadas
también en la zona. La solución
técnica que finalmente se lleve a cabo
debería asegurar durante siglos un
aislamiento total de los contaminantes arrojados
a las marismas del Tinto, y la propuesta presentada
por la Junta se ha demostrado no servir.
“La opacidad que está
mostrando la Junta de Andalucía, que
no quiere contar con la opinión de
los colectivos ciudadanos, sólo se
puede explicar porque es consciente de que
las soluciones son una chapuza ambiental costeada
de nuevo por la ciudadanía en vez de
por la empresa causante del problema”, ha
declarado Julio Barea responsable de la campaña
de contaminación de Greenpeace.
Nota:
[1] La visita de los europarlamentarios a
Huelva es consecuencia de las denuncias que
Greenpeace hizo en Bruselas por el incumplimiento
de cuatro Directivas europeas. El pasado día
24 de mayo la Comisión de Peticiones
del Parlamento europeo emitió un duro
informe en el que recomendaba que Greenpeace
y otros colectivos formaran parte de las decisiones
y soluciones que se tomaran para remediar
el problema de la contaminación causada
por los fosfoyesos. Los europarlamentarios
afirman también en su informe que la
zona debe ser descontaminada para cumplir
con las normativas europeas, y adoptar el
principio de que “quien contamina paga” en
clara alusión a Fertiberia.
