España — Greenpeace,
junto con las organizaciones Wildcoast, el
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
y Amigos para la Conservación de Cabo
Pulmo A.C (ACCP), ha presentado esta mañana
en México DF el informe Cabo Cortés:
destruyendo el paraíso.
En él se expone cómo Hansa Urbana,
controvertida empresa de origen español,
tiene previsto construir un megacomplejo turístico
en la zona protegida de Cabo Pulmo. Las organizaciones
piden que no se lleve a cabo este proyecto,
que pone en riesgo un ecosistema considerado
Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO.
En 2008 Hansa Urbana obtuvo
de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de México (SEMARNAT)
la autorización para iniciar la construcción
de Cabo Cortés en Los Cabos (Baja California
Sur). Proyectado sobre una extensión
superior a 3.800 hectáreas, contaría
con un puerto deportivo de 490 amarres, dos
campos de golf, capacidad para 30.000 habitaciones
y 5.000 viviendas para los trabajadores, es
decir una capacidad habitacional casi igual
a la de Cancún. Este desarrollo colinda
con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional
que es parte de la lista del Patrimonio Natural
de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008
fue incluido en el Convenio RAMSAR para la
protección de humedales de importancia
internacional. Tras dos años de lucha,
y tras interponer recursos legales ante el
CEMDA y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN),
la SERMANAT decidió recientemente que
no debía autorizar el proyecto.
Greenpeace considera que
el hecho de que se otorgara inicialmente la
autorización y ahora se pretenda modificar
debido a irregularidades pone en evidencia
la falta de rigurosidad a la hora de aprobar
proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente.
“Es increíble que autorice un proyecto
depredador como Cabo Cortés con un
solo trámite y dos años después,
sólo por la presión de la sociedad
y recursos legales, se decida modificar la
autorización. ¿Cuántos
proyectos similares existen con autorizaciones
que implican el daño a ecosistemas?
No queremos que se modifique la autorización
de Cabo Cortés, queremos que se cancele
pues hay argumentos que van más allá
de los recursos legales, que ponen en riesgo
a Cabo Pulmo”, explicó Alejandro Olivera,
portavoz de Greenpeace México.
Cabe señalar que
la Comisión Nacional de Áreas
Protegidas (CONANP) emitió en julio
de 2009 una opinión negativa sobre
el informe de impacto ambiental presentado
por Hansa, y sobre el impacto potencial del
proyecto. También existe una opinión
técnica de la Dirección General
de Política Ambiental e Integración
Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha
señalado la inviabilidad legal del
proyecto dado que contraviene tanto el Plan
de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos
como programas sectoriales y legislación.
A pesar de esto la Semarnat decidió
autorizarlo en 2008.
“Cabo Cortés puede
tener un impacto totalmente destructivo sobre
el arrecife de coral y todo el ecosistema.
Su estudio de impacto ambiental presenta numerosas
deficiencias que no han sido corregidas; se
basa en información falsa o errónea;
no analiza a fondo algunos de los impactos
potenciales más graves; y no tiene
en cuenta los problemas sociales que puede
generar la llegada masiva de trabajadores
a una región poco poblada y escasa
de servicios”, ha denunciado Fay Crevoshay
portavoz de Wilcoast.
La empresa promotora de
Cabo Cortés, la constructora Hansa
Urbana acumula en España una serie
de investigaciones por irregularidades en
el proceso de aprobación de su proyecto
Novo Carthago (Cartagena, Murcia) especialmente
en lo que se refiere a la tramitación
urbanística y el proceso de recalificación
de los terrenos. La Fiscalía de Murcia
lo ha investigado después de conocer
que el campo de golf va a construirse en un
paraje protegido por la Unión Europea
como Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés
Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo
de 2010 Rafael Gálea, director general
de Hansa Urbana fue llamado a declarar por
un juez en calidad de imputado, ya que existen
“indicios racionales” de participación
en delitos contra la Hacienda Pública
y falsificación de documentos. La cuantía
de los delitos superaría los seis millones
de euros.
Greenpeace considera inaceptable
que las empresas inmobiliarias y turísticas
españolas, actores clave en el desarrollo
insostenible llevado a cabo en España
durante los últimos años, y
que ahora se demuestra agotado, pretendan
reproducir en otros países el desastre
que ya han causado aquí. “Su modelo
de negocio a corto plazo deja de lado los
peligrosos impactos sociales, medioambientales
y laborales de sus proyectos e hipoteca el
bienestar de las generaciones futuras a cambio
de beneficios rápidos para unos pocos.
El proyecto de Cabo Cortés puede tener
un impacto especialmente nefasto al afectar
un ecosistema único, protegido nacional
e internacionalmente y cuidado por los habitantes
de la zona. Por eso nunca debe construirse”,
ha explicado en México Mabel Bustelo
de Greenpeace España.
Las organizaciones demandan
que Cabo Cortés no sea autorizado y
en su lugar proponen que se promuevan intensivamente
los esfuerzos de protección de Cabo
Pulmo por parte de la comunidad local, que
ha usado un modelo de turismo respetuoso con
el medio ambiente.
“Nosotros hemos vivido del
ecoturismo y de la protección al área
marina protegida de Cabo Pulmo. El proyecto
Cabo Cortés pone en riesgo nuestro
sustento de vida. No hemos sido considerados
a pesar de que estamos en su área de
influencia. Es injusto que se le otorgue la
concesión de 4,5 millones de metros
cúbicos anuales de agua en una zona
desértica cuando a nosotros nos hace
falta y que se descarguen salmueras que vayan
a dar al arrecife”, concluyó Mario
Castro, habitante de la comunidad de Cabo
Pulmo y vicepresidente fundador de ACCP.
Impactos del proyecto:
- La planta desalinizadora
descargará 500 litros por segundo de
amargos y salmueras que pueden ir hacia al
arrecife de Cabo Pulmo.
- Contraviene la legislación
que establece que cualquier nuevo proyecto
turístico debe asegurar su propio abastecimiento
de agua y el de los núcleos de población
que se generen como consecuencia. Sin embargo
este proyecto, si se desarrolla íntegramente,
consumirá el agua equivalente a una
ciudad de 71.000 habitantes (4,5 millones
de metros cúbicos anuales).
- No se tienen en cuenta
los posibles impactos del cambio climático
y los pronósticos de un cambio del
nivel del mar en el Pacífico.
- La marina modificara el
perfil de la costa y afectará a la
vida en los fondos arenosos y a la disposición
de la arena. Cuando esté funcionando
se generará un importante tráfico,
que previsiblemente causará vertido
de combustibles, basuras y ruidos que afectarán
a la zona y más allá.
- La autorización
contraviene lo recomendado por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) ya que Cabo Pulmo se encuentra sin
duda en la zona de influencia del proyecto.
- El estudio presenta problemas
de identificación y de falta de muestreos
adecuados y suficientes se presentan en relación
aves, mamíferos y reptiles, varios
de ellos especies en riesgo.
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de resíduos
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de la Diputación de Guipúzcoa
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y Suelos Contaminados. El texto pretende trasponer
la Directiva Marco de Residuos (DMR) tal y
como exige Bruselas antes de finales de 2010.
Sin embargo, el documento elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino marca objetivos poco ambiciosos y
desalentadores en aspectos como la reutilización
o el reciclaje.
El anteproyecto deja la
puerta abierta para que la incineración
de residuos pueda ser considerada como una
alternativa, algo que eufemísticamente
se denomina como “valorización energética”.
Si bien la DMR todavía contempla esta
técnica, España no tiene ninguna
necesidad de recogerla en su propuesta de
trasposición. El Ministerio tiene todos
los datos y argumentos necesarios que demuestran
que la incineración es el peor de los
sistemas de tratamiento, por su alto coste
económico, sanitario, laboral y ambiental.
Por lo tanto, sólo es necesario voluntad
política para hacerlo.
Además, no plantea
la retirada definitiva de las bolsas de plástico
de un solo uso hasta el año 2018. Para
Greenpeace esto es inadmisible, ya que muchas
grandes superficies han necesitado escasos
meses para retirarlas de sus establecimientos,
por ello, propone que el año 2014 sea
la fecha tope para retirarlas del mercado
definitivamente.
“El anteproyecto es una
declaración de intenciones, que no
fija la reducción, separación
y reciclaje como una obligación para
todos. Los malos datos de recuperación
de residuos logrados hasta ahora muestran
que el sistema ha fracasado, por lo tanto,
insistir en lo mismo es apostar de nuevo por
un fracaso en la gestión de nuestras
basuras”, ha declarado Julio Barea responsable
de la campaña de contaminación
de Greenpeace.
En sus alegaciones Greenpeace
propone además incluir la certificación
forestal para mejorar la calidad del reciclado
de los materiales procedentes de la madera
y sus derivados. Tanto los envases como las
etiquetas fabricados a partir de madera constituyen
una alternativa mucho más sostenible
que otras tóxicas como los plásticos,
o más costosas y contaminantes como
el aluminio.
