Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO BirdLife y WWF buscan elevar
la queja al Tribunal Constitucional08 septiembre
2010 - España — Las organizaciones
ambientales Ecologistas
en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife
y WWF han presentado a la Defensora del Pueblo
una denuncia contra el nuevo Catálogo
Canario de Especies Protegidas en la que le
instan a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Según el documento, el nuevo Catálogo
incurre en graves ilegalidades y vulnera las
competencias estatales en materia de protección
ambiental y conservación de la naturaleza.
La denuncia presentada hoy
por las ONG a la Defensora del Pueblo contra
la reciente reforma del Catálogo Canario
de Especies Amenazadas se basa en la falta
de competencia de las Comunidades Autónomas
para dictar leyes en materia de conservación
de la naturaleza si contradicen la norma estatal
básica, la Ley de Biodiversidad. El
Parlamento canario ha aprobado rebajar la
categoría protección de numerosas
especies, desafiando la autoridad de las leyes
del Estado.
Contradicciones con la Ley
de Biodiversidad Estatal
?La normativa española,
aplicable a todo el territorio, establece
que las Comunidades Autónomas han de
crear Catálogos de Especies Amenazadas,
según su grado de amenaza. Canarias
ha elaborado un Catálogo de Especies
Protegidas en la que se ha rebajado la categoría
de protección de más de 300
especies, sin basarse en ningún tipo
de criterio científico y sin ofrecer
datos que justifiquen esta medida. La ley
estatal obliga a publicar y considerar la
información técnica y científica
en la categorización de las especies.
?La ley estatal prohíbe
destruir cualquier especie protegida, independientemente
del lugar en el que se encuentre. La nueva
ley canaria crea una nueva categoría
de protección, la llamada ‘De interés
para los ecosistemas canarios’, que permite
la destrucción de todos aquellos ejemplares
y poblaciones de especies protegidas cuando
no se encuentren dentro del ámbito
geográfico de un Espacio Natural Protegido
(ENP). En la denuncia, los colectivos ponen
de relieve el grave peligro que corren numerosas
especies, como aves o peces, que no permanecen
en un mismo lugar geográfico.
?Uno de los principios básicos
de la Ley de Biodiversidad, es la ‘prevalencia
de la conservación frente a la ordenación
territorial y urbanística’, lo que
pone de relieve la ilegalidad que supone en
este nuevo catálogo, la supremacía
del ‘interés prioritario’ de una infraestructura
frente a la conservación de las especies.
Con la nueva ley, se permitirá la destrucción
de especies clasificadas como de ‘Interés
para los Ecosistemas Canarios’, y de ‘Protección
Especial’.
?La descatalogación masiva de especies
ha sido realizada pese al conocimiento de
su estado real de amenaza, reflejado en el
documento de Evaluación del 2009 de
la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias,
?Las organizaciones ambientales
denuncian la ilegalidad y arbitrariedad de
una norma emitida a modo de Ley -sin participación
pública ni científica-, con
el objetivo claro de salvar un escollo legal
impuesto por el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, al suspender las obras del puerto
de Granadilla, en Tenerife, por su afección
a especies y hábitats amenazados.
Según el escrito
presentado por las ONG, se ha vulnerado el
principio constitucional básico que
establece que “Corresponde a los poderes públicos
(…) facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”, al haber
emitido una ley contraria a la legislación
nacional, que, además, ha sido llevada
a cabo a través de un procedimiento
que evita la participación pública.
Finalmente, todas las organizaciones reflejan
la clara finalidad política con la
que se ha redactado.
Las ONG confían en
que el Defensor del Pueblo eleve al Tribunal
Constitucional esta denuncia, dadas las numerosas
y contundentes evidencias sobre la ilegalidad
del nuevo Catálogo canario, para proteger
la rica biodiversidad canaria, y sentar un
precedente en la conservación del medio
ambiente de todo el Estado español
que evite casos como éste en el futuro.
+ Más
El Ministerio mexicano de
Medio Ambiente acepta que la autorización
del megraproyecto turístico de Cabo
Cortés fue un error
13 septiembre 2010 - España
— La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) declaró
como nula la autorización en materia
de impacto ambiental otorgada al proyecto
Cabo Cortés, promovido por la empresa
española Hansa Urbana en Baja California
Sur (México). Sin embargo, el proyecto
no está cancelado en su totalidad y
solo evidencia un error de la propia autoridad,
según denuncian las organizaciones
ecologistas Wildcoast/CostaSalvaje, Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.
Ante la presión de
distintas organizaciones, como Amigos para
la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP),
Niparajá, Wildcoast/CostaSalvaje, Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, Defensa Ambiental
del Noroeste (DAN) y Greenpeace en México
y en España, la SEMARNAT ha reconocido
que otorgó erróneamente la autorización
de impacto ambiental al proyecto de Cabo Cortés,
ubicado en Baja California Sur.
“A pesar que se cancela
el permiso, se da manga ancha para que sea
la misma SEMARNAT la que lo modifique según
lo que quieran los promotores del proyecto,
es decir Hansa Urbana. Esto no es aceptable,
con esta cancelación la SEMARNAT debe
solicitarle a Hansa un nuevo proyecto para
que vuelva a ser evaluado”, ha declarado Alejandro
Olivera, portavoz de Greenpeace México.
El proyecto se desplegaría
sobre una extensión superior a 3.800
hectáreas y contaría con 7,5
kilómetros privados de playa, un puerto
deportivo de 490 amarres, dos campos de golf,
capacidad para 30.000 habitaciones de hotel
y 5.000 viviendas para los trabajadores, es
decir una capacidad habitacional casi igual
a la de Cancún.
Este desarrollo, tal y como
está planteado, es limítrofe
con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional
que es parte de la lista del Patrimonio Natural
de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008
fue incluido en la lista de la Convención
RAMSAR para la protección de humedales
de importancia internacional. En ese mismo
año, la empresa Hansa Urbana obtuvo
la autorización por parte de la SEMARNAT
para iniciar la construcción de Cabo
Cortés.
Sin embargo, dos años
después de interponer un recurso legal,
se ha logrado que la SEMARNAT cambiara su
postura y reconociera que la autorización
no debió otorgarse. Esto pone en evidencia
el error de la misma dependencia al dar un
permiso de esta naturaleza.
“Si llega a ser edificado,
Cabo Cortés podría causar daños
irreparables una reserva marina de Cabo Pulmo,
ya que ahí se ubica el único
arrecife coralino del golfo de California.
Por ello, exigimos a la SEMARNAT cancele definitivamente
este proyecto, ya se violó el Plan
de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos
al haber otorgado una concesión a Hansa
Urbana para extraer 4,5 millones de metros
cúbicos de agua al año y permitir
la construcción de una marina que destruirá
las dunas costeras”, ha señalado Mabel
González Bustelo, portavoz de Greenpeace
España.
El resolutivo del recurso
de revisión interpuesto, firmado por
el subsecretario de gestión para la
protección ambiental Mauricio Limón
Aguirre, reconoce que no se consideró
el Programa de Ordenamiento Ecológico
Local (POEL) de Los Cabos, que establece que
no se puede construir sobre las dunas costeras
y que no estaban definidos los impactos de
las obras y actividades al área natural
protegida de Cabo Pulmo. A pesar de esto,
el permiso de SEMARNAT autorizaba la construcción
de una marina de 490 posiciones y el dragado
de canales.
“Con esto se demuestra que
Hansa no ha cumplido con la legislación
ambiental mexicana. Es inaceptable que esta
empresa que, al igual que otras, ha causado
un impacto gravísimo sobre las costas
españolas, busque exportar ese mismo
modelo, que no sólo consume grandes
cantidades de recursos naturales sino que
busca hacerlo al margen de la ley”, señaló
González Bustelo. “Nos alegramos de
que las autoridades mexicanas acepten que
hubo un error en la autorización del
proyecto, pero no es suficiente. Exigimos
que cancelen totalmente Cabo Cortés”,
concluye.
