Posted on 03 septiembre
2010
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife
y WWF España han presentado esta semana
nuevas alegaciones al proyecto de autovía
entre Toledo y Ciudad Real. Tras analizar
las cuatro opciones,
los grupos sólo encuentran viable,
desde un punto de vista ambiental y legal,
la cuarta alternativa cuyo trazado discurre
por la localidad de Puerto Lápice (Ciudad
Real). Por otra parte, las organizaciones
piden que se incorpore a las alternativas
propuestas la mejora de la N-401 anunciada
por el Gobierno Regional.
Después de examinar
las cuatro opciones propuestas por la Junta
de Castilla-La Mancha al trazado de la autovía
Toledo-Ciudad Real, los grupos ecologistas
se reafirman en la inviabilidad de cualquiera
de las alternativas que afectan al espacio
protegido de los Montes de Toledo y, en particular,
de la variante de Consuegra, que provocaría
el impacto más grave.
La legislación europea
de espacios protegidos, denominada como Directiva
Habitats, impide la afección a los
espacios protegidos de la red Natura 2000,
como es el caso de los montes de Toledo, si
hay alternativas que puedan evitarla. Por
ese motivo, los grupos entienden que la única
solución admisible es la que discurre
por Puerto Lápice (Ciudad Real) aprovechando
la autovía de los Viñedos, la
A-4 y la futura transmanchega.
Los grupos ecologistas declaran:
“Solicitamos a la Junta de Castilla-La Mancha
que no construya la autovía Toledo-Ciudad
Real, ya que supone un incremento del tráfico,
la contaminación y los efectos del
cambio climático”. Y añaden:
“Sin embargo, recordamos, que de llevarse
a cabo, sólo se podría realizar
legalmente la alternativa de Puerto Lápice
y no descartamos tomar medidas legales si
se eligieran otras alternativas para la autovía,
como la de Consuegra”.
Además, la alternativa
de Puerto Lápice frente a la de Consuegra
es mucho más barata (79 millones de
euros frente a 216), es más práctica,
ya que comparte trazado con la autovía
transmanchega, tiene una afección mucho
menor a los planes de recuperación
de especies amenazadas y, principalmente,
no afecta de forma significativa los Montes
de Toledo, uno de los espacios protegidos
mejor conservados y más valiosos de
todo el patrimonio natural español.
Ecologistas en Acción,
SEO/BirdLife y WWF España piden también
a la Junta que se incorpore al estudio de
alternativas la anunciada mejora de la N-401
entre Toledo y Ciudad Real, ya que de llevarse
a cabo haría innecesaria una nueva
autovía como la contemplada en las
propuestas iniciales. Los grupos no descartan
que una mejora bien diseñada sobre
el trazado actual con importantes medidas
correctoras y compensatorias pudiera ser la
solución mejor para todos
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Las ONG ambientales denuncian
el Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias
Posted on 08 septiembre
2010
Las organizaciones ambientales Ecologistas
en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife
y WWF han presentado a la Defensora del Pueblo,
Mª Luisa Cava de Llano, una denuncia
contra el nuevo Catálogo Canario de
Especies Protegidas en la que le instan a
presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Según el documento, el nuevo Catálogo
incurre en graves ilegalidades y vulnera las
competencias estatales en materia de protección
ambiental y conservación de la naturaleza.
La denuncia presentada hoy
por las ONG a la Defensora del Pueblo contra
la reciente reforma del Catálogo Canario
de Especies Amenazadas se basa en la falta
de competencia de las Comunidades Autónomas
para dictar leyes en materia de conservación
de la naturaleza si contradicen la norma estatal
básica, la Ley de Biodiversidad. El
Parlamento canario ha aprobado rebajar la
categoría de protección de numerosas
especies, desafiando la autoridad de las leyes
del Estado.
Contradicciones con la Ley
de Biodiversidad Estatal:
§ La normativa española,
aplicable a todo el territorio, establece
que las Comunidades Autónomas han de
crear Catálogos de Especies Amenazadas,
según su grado de amenaza. Canarias
ha elaborado un Catálogo de Especies
Protegidas en el que se ha rebajado la categoría
de protección de más de 300
especies, sin basarse en ningún tipo
de criterio científico y sin ofrecer
datos que justifiquen esta medida. La ley
estatal obliga a publicar y considerar la
información técnica y científica
en la categorización de las especies.
§ La ley estatal prohíbe
destruir cualquier especie protegida, independientemente
del lugar en el que se encuentre. La nueva
ley canaria crea una nueva categoría
de protección, la llamada ‘De interés
para los ecosistemas canarios’, que permite
la destrucción de todos aquellos ejemplares
y poblaciones de especies protegidas cuando
no se encuentren dentro del ámbito
geográfico de un Espacio Natural Protegido
(ENP). En la denuncia, los colectivos ponen
de relieve el grave peligro que corren numerosas
especies, como aves o peces, que no permanecen
en un mismo lugar geográfico.
§ Uno de los principios
básicos de la Ley de Biodiversidad
es la ‘prevalencia de la conservación
frente a la ordenación territorial
y urbanística’, lo que pone de relieve
la ilegalidad que supone en este nuevo catálogo,
la supremacía del ‘interés prioritario’
de una infraestructura frente a la conservación
de las especies. Con la nueva ley, se permitirá
la destrucción de especies clasificadas
como de ‘Interés para los Ecosistemas
Canarios’, y de ‘Protección Especial’.
§ La descatalogación
masiva de especies ha sido realizada pese
al conocimiento de su estado real de amenaza,
reflejado en el documento de Evaluación
del 2009 de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias.
Las organizaciones ambientales
denuncian la ilegalidad y arbitrariedad de
una norma emitida a modo de Ley -sin participación
pública ni científica-, con
el objetivo claro de salvar un escollo legal
impuesto por el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, al suspender las obras del puerto
de Granadilla, en Tenerife, por su afección
a especies y hábitats amenazados.
Según el escrito
presentado por las ONG, se ha vulnerado el
principio constitucional básico que
establece que: “Corresponde a los poderes
públicos (…) facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”, al haber
emitido una ley contraria a la legislación
nacional, que, además, ha sido llevada
a cabo a través de un procedimiento
que evita la participación pública.
Finalmente, todas las organizaciones reflejan
la clara finalidad política con la
que se ha redactado.
Las ONG confían
en que la Defensora del Pueblo eleve al Tribunal
Constitucional esta denuncia, dadas las numerosas
y contundentes evidencias sobre la ilegalidad
del nuevo Catálogo canario, para proteger
la rica biodiversidad canaria y sentar un
precedente en la conservación del medio
ambiente de todo el Estado español
que evite casos como este en el futuro.
