Reportaje - septiembre 3,
2010
¿Recuerdas a Junichi
y Toru? Los activistas de Greenpeace Junichi
Sato y Toru Suzuki, conocidos como los “Tokyo
Two”, están a la espera de que se les
dicte sentencia, este 6 de septiembre, en
Japón.
Zoom Justicia para los
"Tokyo Two"
De acuerdo con la justicia nipona, Junichi
y Toru son culpables de robo y allanamiento
y en los pasados dos años han sido
procesados por esas y muchas más razones.
Sin embargo, el “delito”
de Junichi y Toru fue en realidad denunciar
la corrupción que rodea a la cacería
comercial de ballenas en su país.
Con este juicio, hay muchos
temas en la mira: la corrupción del
gobierno, la censura, la adhesión de
Japón a la legislación internacional,
la libertad de expresión y el derecho
a la protesta, junto con la matanza comercial
de miles de ballenas. De hecho, en meses pasados
un grupo de trabajo del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas ya ha dictado
que, bajo la intención de los acusados
de exponer un escándalo de interés
público, sus derechos humanos han sido
vulnerados por el gobierno japonés.
La historia
En enero de 2008, Greenpeace
Japón comenzó una investigación
de cuatro meses a raíz de las afirmaciones
de un informador anónimo de que los
tripulantes de la flota ballenera japonesa
habían estado realizando contrabando
durante muchos años de cantidades significativas
de carne de ballena para vender con beneficio
personal y con aparente consentimiento oficial.
Mediante la información
proporcionada por antiguos y actuales trabajadores
de la compañía ballenera Kyodo
Senpaku, documentamos la descarga de carne
de contrabando a un camión especial,
ante la mirada de los encargados de Kyodo
Senpaku y tripulantes, cuando el Nisshin Maru
llegó a puerto el 15 de abril de 2008.
Junichi y Toru, interceptaron
una de las cuatro cajas dirigidas a un miembro
de la tripulación cuyos contenidos
estaban etiquetados como "cartón".
En su interior encontraron unesu curado o
"bacon de ballena", valorado en
cerca de 2.000.€ Un informador indicó
a Greenpeace que docenas de tripulantes se
llevaban hasta 20 cajas cada uno con el consentimiento
de la empresa ballenera Kyodo Senpaku.
Tras haber destapado este
escándalo, los dos activistas se enfrentan
a una pena de hasta 10 años de prisión.
Greenpeace Japón
denunció el escándalo en una
rueda de prensa y entregó la caja con
la carne de ballena al Fiscal del Distrito
de Tokyo, como prueba de la corrupción
inherente en el programa ballenero japonés
financiado con fondos públicos.
Antes de destapar públicamente
el contrabando, un funcionario de la Agencia
Japonesa de Pesca afirmó que nunca
se había entregado carne de ballena
a la tripulación. Una vez que salió
a la luz, las respuestas de aquellos relacionados
con el programa ballenero fueron muchas y
variadas. Kyodo Senpaku modificó su
versión tres veces en casi tres días.
La empresa ahora admite que cada miembro de
la tripulación recibe 9.5kg de carne
de ballena.
El Fiscal del Distrito de
Tokyo inició una investigación
que fue abandonada repentinamente el mismo
día que la oficina de Greenpeace en
Tokyo y los hogares de cuatro trabajadores
de la organización fueron registrados
por 40 policías antes los medios de
comunicación, que previamente había
sido avisados. Junichi y Toru fueron arrestados
y permanecieron en prisión preventiva
26 días. Durante este periodo fueron
interrogados diariamente hasta diez horas,
atados a una silla, sin acceso a un abogado
(una práctica común en Japón
que ha sido criticada repetidamente por el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas).
Finalmente, Junichi y Toru fueron acusados
del robo del "cartón" y de
allanamiento. Fueron puestos en libertad bajo
fuertes restricciones y se enfrentan a hasta
10 años de prisión.
Este lunes 6 de septiembre
se les dictará la sentencia. Mientras,
la cacería ilegal de ballenas por parte
de Japón continúa.
+ Más
Titubea Semarnat para cancelar
Cabo Cortés en BCS
En esta página Reportaje
- septiembre 15, 2010 - El Parque Nacional
Marino de Cabo Pulmo sigue bajo amenaza...
Esta semana la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió
que fue un error otorgar un permiso a la empresa
española Hansa Urbana para construir
el proyecto español Cabo Cortés
en la zona de La Paz, cuando se afectarían
dunas costeras y manglares.
Zoom Cabo Pulmo, Parque
Marino Nacional, forma parte de la lista del
Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO.
Sin embargo, en vez de cancelar toda posibilidad
de hacer ese megacomplejo turístico
en un lugar donde el agua es escasa, Semarnat
decidió pedirle más información
a Hansa Urbana y mantener el riesgo para los
ecosistemas de la región, a pesar de
que esta empresa ha sido muy criticada en
España por sus malas prácticas
en la construcción de desarrollos en
la costa, causando importantes daños
al medio ambiente.
El recurso de nulidad que
emitió la Semarnat recientemente a
este proyecto, es sólo un reconocimiento
de los errores cometidos en 2008, como indica
en su boletín la misma dependencia:
“el estudio de impacto ambiental presentado
por el promovente cuenta con elementos que
cumplen con lo que marca la ley ambiental
en cuanto al proyecto en su entorno, pero
en cuanto a las colindancias hace falta información
más detallada, científica, en
relación a los problemas de corrientes,
la dispersión de los sólidos
en suspensión de la columna de agua,
los cambios estacionales en la temperatura”.
El resolutivo del recurso
de revisiónpermite que esta dependencia,
a través de la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), modifique
el permiso de acuerdo con la conveniencia
del promovente, que es la empresa española
Hansa Urbana. Esto contraviene la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección
al ambiente y su reglamento pues no puede
ordenarse a la DGIRA en el resolutivo al recurso
de revisión, que realice una evaluación
de impactos, con información que no
tiene, cuando la generación de esa
información es responsabilidad del
promovente. No sabemos en que sentido irá
la nueva autorización que dará
la Semarnat, pero no debe dañarse la
reserva marina de Cabo Pulmo (2), que alberga
al único arrecife coralino del Golfo
de California.
Organizaciones ambientalistas
como Amigos para la Conservación de
Cabo Pulmo (ACCP), Niparajá, Wildcoast/CostaSalvaje,
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defensa
Ambiental del Noroeste (DAN) y las oficinas
de Greenpeace en México y España,
han exigido a Semarnat que cancele definitivamente
este proyecto, ya que se también se
violó el Programa de Ordenamiento Ecológico
Local (POEL) de Los Cabos al haber otorgado
una concesión a Hansa Urbana para extraer
4.5 millones de metros cúbicos de agua
al año y permitir la construcción
de una marina que destruirá las dunas
costeras.
Semarnat sigue titubeando
para cancelar definitivamente este proyecto,
ya que dos de sus áreas están
en desacuerdo, la DGIRA autoriza y la subsecretaría
de de gestión para la protección
ambiental da marcha atrás al resolutivo
después de dos años. No hay
claridad sobre la toma de decisiones para
aprobar y cancelar los proyectos que ponen
en riesgo nuestros ecosistemas, entonces,
¿qué pasará con otros
proyectos depredadores y que no son impugnados?
Con esto se demuestra que
Hansa no ha cumplido con la legislación
ambiental mexicana. Es inaceptable que esta
empresa que, al igual que otras, ha causado
un impacto gravísimo sobre las costas
españolas, busque exportar ese mismo
modelo, que no sólo consume grandes
cantidades de recursos naturales sino que
busca hacerlo al margen de la ley. Nos alegramos
de que Semarnat acepte que hubo un error en
la autorización del proyecto, pero
no es suficiente. Exigimos que cancele totalmente
el proyecto Cabo Cortés.
