15 septiembre 2010 - San
Juan, Argentina — Greenpeace denunció
este miércoles que por razones inexplicables
fue obstaculizado el encuentro con socios
y activistas en la
provincia de San Juan sobre la “Ley de Glaciares”
que se debate en el Senado de la Nación.
La reunión, que estaba
programada para hoy a las 19:30 en el Hotel
Albertina de la capital provincial, fue levantada
por los propietarios del lugar debido a que
sectores empresariales vinculados a la minería
convocaron a sus socios para que se movilicen,
y lo hagan también con sus empleados,
para intervenir en el encuentro de Greenpeace,
según se desprende de una cadena de
correos electrónicos que circuló
entre los miembros de la Cámara Argentina
de Servicios Mineros (CASEMI) que nuclea a
los empresarios del sector.
Los propietarios del Hotel
Albertina, alegando un mal entendido, cancelaron
la contratación de la sala en la que
miembros de Greenpeace habían invitado
a los más de quinientos socios provinciales
de la organización y sectores productivos
de la provincia para disertar sobre la Ley
de Glaciares luego de una rueda de entrevistas
personales con medios locales.
“Entendemos que los propietarios
del hotel se preocupen por lo que allí
pudiera pasar debido a la masiva convocatoria
de los sectores empresariales mineros, pero
nos asombra que todo esto ocurra cuando se
enteraron que íbamos a disertar sobre
la Ley de Glaciares, señaló
Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas
de Greenpeace.
Al mismo tiempo, Greenpeace
solicitó una audiencia con el Gobernador
José Luis Gioja para hablar sobre el
proyecto de Ley de Glaciares, aprobado en
Diputados en agosto pasado, pero de la Gobernación
de la provincia desmintieron en primera instancia
que haya existido ese pedido. Luego, a partir
de la ratificación pública de
la organización ambientalista de que
el pedido fue realizado, el Gobierno de San
Juan aseguró que el fax enviado con
la solicitud de audiencia no era legible.
Como respuesta Greenpeace envió nuevamente
el pedido de audiencia en una carta escrita
en letra más grande para que pueda
ser leído por los funcionarios.
+ Más
Greenpeace: La oposición
a la “Ley de Glaciares” demuestra que el gobierno
de San Juan no quiere revisar los proyectos
de Pascua Lama y Veladero
14 septiembre 2010 - San
Juan, Argentina — La organización ambientalista
Greenpeace presentó hoy un pedido de
audiencia al Gobernador de la provincia, José
Luis Gioja, con motivo del inminente tratamiento
de la “Ley de Glaciares”, que actualmente
se encuentra en tratamiento en el Senado de
la Nación.
Desde Greenpeace señalaron
como preocupante la posición asumida
por la provincia en relación a la “Ley
de Glaciares”, ya que se desconoce la facultad
del Congreso nacional de dictar normas de
Presupuestos Mínimos, que tienen por
objeto preservar y proteger los recursos naturales
según lo establece la Constitución
Nacional. Al mismo tiempo, la organización
ambientalista remarcó que la férrea
oposición del Gobierno de San Juan
a la norma pone en evidencia que en la provincia
existen proyectos mineros que hoy afectan
glaciares y áreas periglaciares (1).
“Resulta alarmante la oposición
manifestada por el Gobernador Gioja, ya que
la ley que hoy se debate en el Congreso nacional
sólo tiene como finalidad la protección
de los glaciares y el área periglacial
como reservas de agua dulce, indispensable
para la vida humana y las actividades productivas”,
señaló desde San Juan, Juan
Carlos Villalonga, Director de Campañas
de Greenpeace. “La dura oposición a
la Ley consensuada en el Congreso nacional
demuestra que hay proyectos mineros que hoy
están afectando las áreas que
la norma pretende proteger, y, por ello, aparecen
fuertes presiones de las corporaciones político-económicas
sobre el Senado para frenar la Ley”, agregó.
Greenpeace apoya y promueve
el proyecto de ley resultante de la media
sanción en el senado con las incorporaciones
realizadas por la Cámara de Diputados
en el mes de julio último. Para la
organización ambientalista el proyecto
consensuado establece las herramientas necesarias
para la urgente y adecuada protección
de las reservas de agua dulce y los ecosistemas
de alta montaña, en los cuales los
glaciares son un componente clave. Greenpeace
sostiene que las provincias en las que se
desarrollan actividades de alto impacto como
la minería, deben implementar estas
herramientas y, fundamentalmente, valorar
los servicios ambientales que prestan los
ecosistemas contribuyendo a sostener las economías
locales.
En este sentido, la organización
ambientalista salió al cruce de la
“Declaración de la provincias cordilleranas:
afirmación de sus competencias en materia
de cuidado ambiental” firmada por varios gobernadores
cordilleranos en julio pasado. En la declaración
pública firmada en Buenos Aires por
los gobernadores de San Juan, La Rioja, Catamarca;
Tierra del Fuego, Río Negro; Salta,
Jujuy y Santa Cruz, el grupo de mandatarios
“rebeldes” liderados por José Luis
Gioja, declaran que la “Ley General del Ambiente”
es legislación suficiente en materia
ambiental, ya que esa norma delega en las
provincias la evaluación de impacto
ambiental de las actividades que puedan afectar
a sus recursos.
Desde Greenpeace sostienen
que los gobernadores “rebeldes” deciden ignorar
concientemente que la propia “Ley General
del Ambiente” establece al “ordenamiento ambiental
del territorio” como el primero de los instrumentos
de la política y gestión ambiental,
estableciendo al mismo tiempo que uno de los
criterios que señala la norma para
desarrollar el mencionado ordenamiento es
la “conservación y protección
de ecosistemas significativos”: la “Ley de
Glaciares” intenta exactamente eso. Por otro
lado, los ambientalistas consideraron como
una señal preocupante que desde las
provincias se desconozca la función
del Congreso Nacional de dictar normas de
Presupuestos Mínimos, tal como lo establece
la Constitución Nacional en su Artículo
41.”
“La minería, tal
como la conocemos hoy, es una actividad que
comenzó a desplegarse en una escala
gigantesca en los últimos años.
Es por ello natural que frente a este nuevo
escenario, se procure adecuar el marco jurídico
del país a la nueva realidad. La “Ley
de Glaciares” es un paso en ese sentido. Nunca
antes se había desarrollado minería
de estas características a más
de 4.000 metros de altura. Es por ello que
la aparición de la explotación
minera en sitios en los que existen glaciares
de alta montaña exige hoy que se establezcan
mínimos criterios de ordenamiento territorial
en la Cordillera para preservar estos ecosistemas
del avance de los emprendimientos mineros”,
concluyó Villalonga.
Miembros de Greenpeace estaran
este miércoles y jueves en San Juan
reunidos con sus socios y activistas locales
y con sectores sociales y productivos que
apoyan la Ley de Glaciares aprobada en Diputados.
Nota:
(1) Un informe de la Comisión
Regional del Medio Ambiente de la Región
de Atacama publicado en Chile en 2005, da
cuenta de la existencia de una gran acumulación
de material sedimentable en la superficie
de los glaciares Toro 1 y Toro 2 que podría
atribuirse a los trabajos que se han realizado
durante varios años en la zona durante
la etapa exploratoria del proyecto Pascua
Lama. Lo anterior, indica el informe, “explica
en gran parte la alta pérdida de masa
que se ha presentado en algunos glaciares
de la zona” y luego advierte que “este mismo
fenómeno podría ocurrir en otros
glaciares y que de esta forma, no es aventurado
pronosticar la tendencia a la extinción
de los glaciares más expuestos a los
trabajos futuros de la minera”.
+ Más
Las provincias mineras lograron
suspender el tratamiento de la Ley de Glaciares
y peligra su sanción
08 septiembre 2010 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace denunció
hoy que el sector minero boicoteó nuevamente
la sanción de la Ley de Glaciares,
prevista para este miércoles.
A pesar de los reclamos
de organizaciones sociales de todo el país
y de los miles de correos electrónicos
y llamadas telefónicas que realizó
la ciudadanía, la Comisión de
Ambiente del Senado, en una sesión
a puertas cerradas, no aprobó el dictamen
que habilitaba el inmediato tratamiento del
proyecto de ley aprobado en Diputados y suspendió
su debate en el recinto hasta el 29 de septiembre,
lo que hace peligrar el futuro de la norma.
“Este atraso no tiene otra
razón que la presión de las
provincias mineras sobre los senadores. La
protección de los glaciares está
siendo boicoteada por las empresas mineras
y resulta lamentable que el Senado no haya
mostrado ninguna convicción en materia
ambiental”, señaló Juan Carlos
Villalonga, Director de Campañas de
Greenpeace Argentina.
“Las miles de llamadas y
correos electrónicos que recibieron
los senadores durante estos días, demuestran
que la Ley de Glaciares es muy importante
para los argentinos. Sin embargo los legisladores
priorizaron los beneficios de un sector por
sobre el bien común, que son los glaciares”,
afirmó Hernán Giardini, de la
Campaña de Clima de Greenpeace Argentina.
+ Más
Greenpeace instaló
un “glaciar” frente al Congreso de la Nación
y convocó a la ciudadanía a
reclamar por la Ley de Glaciares
07 septiembre 2010 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace instaló
en la Plaza de los Dos Congresos un bloque
de hielo de cuatro metros de altura por cuatro
metros de ancho para acompañar su reclamo
por la urgente sanción de la Ley de
Glaciares. La organización ambientalista
convocó a la ciudadanía a reclamar
a los miembros de la Comisión de Ambiente
del Senado que aprueben esta tarde el dictamen
que habilita el tratamiento del proyecto de
ley alcanzado, luego del acuerdo entre el
Senador Daniel Filmus y el Diputado Miguel
Bonasso, sancionado recientemente por la Cámara
Baja.
“Luego del trabajo realizado
por muchos diputados, senadores y organizaciones
de todo el país, se ha llegado a un
proyecto de ley que establece una mayor protección
de los glaciares. Hoy es necesario que los
senadores miembros de la Comisión de
Ambiente den dictamen favorable al proyecto
de ley aprobado en diputados” señaló
Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas
de Greenpeace Argentina, y agregó:
“Si bien esta ley es crucial para la protección
de los glaciares, hay un número importante
de senadores que hoy priorizan la expansión
de la minería en sus provincias a costa
de estas reservas de agua”.
Greenpeace instaló,
además, dos cabinas telefónicas
rojas frente al Congreso de la Nación
e invitó a la ciudadanía a llamar
a los Senadores para pedirles la urgente sanción
de la norma. Al mismo tiempo, en el sitio
web de la organización puede encontrarse
el listado de los senadores que apoyan el
proyecto, aquellos que lo rechazan y un número
de legisladores que aún no han decidido
su voto. Junto al nombre de cada legislador
indeciso, Greenpeace publicó el número
de su despacho para facilitarle a los ciudadanos
que les reclamen por su voto positivo.
“El grupo de Senadores indecisos
es el que puede inclinar la balanza a favor
de un dictamen de mayoría del proyecto
que ya fue aprobado en Diputados, por eso
es importante que los ciudadanos puedan manifestarles
su apoyo a la ley”, señaló Hernán
Giardini, de la Campaña de Clima de
Greenpeace. “Existen grupos de Senadores que
representan a las provincias que más
se resisten a cualquier Ley que proteja a
los glaciares, como San Juan y Salta, que
intentan que hoy no haya dictamen”
El proyecto aprobado en
Diputados, resultante del “acuerdo Filmus-Bonasso”,
establece las herramientas adecuadas para
la urgente y adecuada protección de
las reservas de agua dulce y los ecosistemas
de alta montaña, en los cuales los
glaciares son un componente clave. Greenpeace
sostiene que las provincias en las que se
desarrollan actividades de alto impacto como
la minería, deben implementar estas
herramientas y fundamentalmente valorar los
servicios ambientales que prestan los ecosistemas
contribuyendo a sostener las economías
locales.
+ Más
Greenpeace condenó
la injusta sentencia contra los dos activistas
que denunciaron el contrabando de carne de
ballena en Japón
Junichi Sato y Toru Suzuki
fueron sentenciados a tres años de
libertad condicional.06 septiembre 2010 -
Buenos Aires, Argentina — Activistas de Greenpeace
disfrazados de ballenas se concentraron esta
mañana en las puertas del Jardín
Japonés en Buenos Aires, para exigir
justicia sobre quienes las defienden, en una
actividad replicada frente a las embajadas
de Japón de todo el mundo.
Esta madrugada, Junichi
Sato y Toru Suzuki fueron condenados a tres
años de libertad condicional, por haber
realizado una investigación en la que
se denunciaba la caza de ballenas.
En el marco de esta investigación,
los activistas interceptaron como prueba dos
cajas que provenían del barco ballenero
Nisshin Maru y que contenían carne
de ballena que era revendida por funcionarios
del Gobierno del Japón. Días
después presentaron las evidencias
ante la policía local, y curiosamente,
fueron acusados por "robo" y "avasallamiento"
de propiedad privada.
“Esta sentencia es totalmente
desproporcionada e inmerecida”, afirmó
Toru Suzuki. “Quisimos revelar la verdad sobre
el programa japonés de caza de ballenas
y a cambio fuimos castigados, mientras que
los criminales siguen libres por la calle”.
Por su parte, Milko Schvartzman,
Coordinador de la campaña de Océanos
para Latinoamérica de Greenpeace Internacional,
declaró: “La caza de ballenas no solo
avasalla los derechos de otros países,
sino que ahora también castiga a quienes
se oponen a esta práctica dentro mismo
de Japón. Los criminales son los funcionarios
que conducen la matanza de ballenas.”
Greenpeace considera desproporcionada
e injusta la condena de libertad condicional
de tres años impuesta a los dos activistas
de la organización ecologista que destaparon
la corrupción generalizada en el programa
de caza de ballenas del Gobierno japonés.
+ Más
Greenpeace: la gasificación
de residuos urbanos supone más riesgos
al ambiente y la salud que la incineración
convencional
02 septiembre 2010 - Córdoba,
Argentina — Greenpeace señaló
hoy que las tecnologías alternativas
a la incineración convencional, como
la gasificación y la pirólisis,
representan un mayor riesgo que la incineración
de quema masiva de residuos urbanos. En los
últimos años no han logrado
convertirse en una opción viable debido
a numerosos problemas, tales como fallas técnicas,
emisiones de sustancias tóxicas y baja
eficiencia energética, entre otros.
La organización ambientalista
manifestó que tecnologías como
la gasificación que se están
evaluando en la provincia de Córdoba
para el tratamiento de residuos urbanos (RSU),
no han sido suficientemente probadas en el
mundo y, en muchos casos, han generado riesgos
para la salud y el medio ambiente.
En la actualidad se están
promocionando nuevas tecnologías para
obtener energía a partir de los residuos
sólidos urbanos, frente a los rechazos
de las comunidades ante la tecnología
más conocida, la incineración
con recuperación de energía.
Si bien algunas de ellas se utilizan con carbón
o petróleo desde hace décadas
(1), es muy poco lo que se ha logrado en materia
de residuos, según se analiza en el
informe “Nuevas tecnologías para el
tratamiento de residuos urbanos: viejos riesgos
y ninguna solución” (2) publicado por
Greenpeace.
En el caso de los RSU, son
pocas las plantas que operan comercialmente
a escalas significativas, por las dificultades
que plantea la heterogeneidad y variabilidad
de los residuos urbanos, que son una mezcla
de plásticos, papel, restos de alimentos,
metales, vidrios, residuos peligrosos domiciliarios,
material electrónico, entre otros.
De acuerdo a los ambientalistas, a diferencia
de los residuos homogéneos u orgánicos,
esta variabilidad complejiza y obstaculiza
el buen funcionamiento de estas plantas.
“Resulta preocupante que
en la provincia de Córdoba se evalúen
estas tecnologías para el tratamiento
de residuos urbanos que no han funcionado
en la mayoría de los casos. En los
últimos años, numerosos proyectos
fueron rechazados en países como Estados
Unidos y varias plantas en Alemania, por ejemplo,
han tenido grandes fracasos” señaló
Lorena Pujó, integrante de la campaña
contra la Contaminación de Greenpeace.
En distintos países
existen varios proyectos en estudio, plantas
piloto y una intensa campaña por parte
de empresas del sector a favor de este tipo
de instalaciones, pero la mayor parte de los
datos disponibles sobre las ventajas ha sido
muy difícil de comprobar. La mayoría
de las plantas de incineración con
recuperación de energía, por
ejemplo, en Europa, son convencionales, con
los perjuicios al ambiente y la salud conocidos.
“La gestión de los
residuos municipales debe pensarse en el mediano
y largo plazo, adoptando modelos que no afecten
el ambiente y la salud de la población.
La incineración convencional o por
etapas no es la solución a las necesidades
energéticas ni a los problemas actuales
de gestión de residuos, ya sean basurales
a cielo abierto o rellenos sanitarios”, concluyó
Pujó.
Para Greenpeace, la solución
adecuada en términos sociales, ambientales
y económicos, es la formulación
de políticas y la implementación
de programas de Basura Cero, que apuntan a
lograr la reducción y el reciclado
de residuos. A esto se debe sumar la sanción
de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) que determina
la responsabilidad de los fabricantes e importadores
de diversos productos en todas las etapas
de producción hasta el final de su
vida útil e impulsa el ecodiseño
y el reciclado.
