20 septiembre 2010 - Valparaíso,
Chile — Durante esta mañana en la Revista
Naval, activistas de Greenpeace en varios
botes inflables alzaron el lienzo “Parques
Marinos Ahora” frente al Presidente
de la República, Sebastián Piñera,
que se encontraba en el Buque Escuela Esmeralda
durante la última actividad de celebración
del Bicentenario.
Los activistas buscan solicitar
al jefe de Estado que proteja el 10% de cada
una de las eco-regiones marinas de nuestro
país, en el marco de la próxima
Convención de Biodiversidad [CBD] que
se desarrollará en Nagoya, Japón,
en octubre próximo.
El Estado de Chile se comprometió
el año 2002 ante la CBD a poner bajo
protección oficial al menos el 10%
de sus eco-regiones al año 2010. Esto
sumado a que este es el Año Internacional
de la Biodiversidad de la ONU y que el reciente
Censo Marino Mundial señaló
que la biodiversidad chilena se encuentra
entre las más ricas del mundo.
Samuel Leiva, Coordinador
de Campañas de Greenpeace en Chile
explicó que “Nuestro país sólo
cuenta con un 0,81% de Áreas Marinas
Protegidas, por esta razón queremos
solicitar al Presidente que en este Bicentenario
también se haga presente el cuidado
de nuestros océanos a través
de una propuesta que cumpla con los objetivos
comprometidos internacionalmente”.
Para la organización
ambientalista es necesario establecer una
mayor homogeneización de las coberturas
de Áreas Marinas Protegidas a lo largo
de nuestro país, especialmente en el
norte y centro de Chile. Dicha homogeneización
debe desarrollarse mediando una red de Parques
Marinos en la zona centro y norte del país,
las cuales permitan recuperar los sistemas
deteriorados por la acción humana.
“El presidente Piñera tiene la mejor
oportunidad para avanzar mucho más
en la conservación marina que cualquier
otro gobierno y esperamos que esta invitación
sea una oportunidad que permita no seguir
perdiendo tiempo en la protección de
nuestros océanos”, señalo Leiva.
En Agosto de 2009, el gobierno
de Chile envió el IV reporte sobre
biodiversidad a la CBD; en él se señalaba
que ya se había puesto bajo protección
el 12% de la zona litoral. Sin embargo, para
Greenpeace este informe maneja los números
de manera poco rigurosa porque no se informa
que esta cobertura de protección es
sólo en el extremo sur de Chile y que
no cubre la totalidad de las eco-regiones
nacionales. Según la organización
ambientalista esto es un ardid numérico
y no un cumplimiento de las metas ante el
organismo internacional.
Notas al editor
El sistema de áreas
marinas protegidas (AMP) en Chile está
compuesto por tres subsistemas: I) El subsistema
privado, que administra áreas marinas
costeras protegidas de múltiples usos
AMCP-MU y concesiones con fines de investigación,
II) El subsistema público-privado que
administra áreas marinos costeras protegidas
de múltiples usos AMCP-MU y III) subsistema
público, que es manejado por el Servicio
Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y corresponde
a las figuras de Parques Marinos y Reservas
Marinas. Estas son creadas por SUBPESCA según
la facultad entregada por la Ley General de
Pesca y Acuicultura.
Según el Censo Pesquero
presentado el año 2010 por el Instituto
Nacional de Estadística INE, existen
71.880 pescadores artesanales y conexos los
cuales están compuestos por “todas
aquellas personas naturales que en forma personal,
directa y habitual realizan actividad pesquera
extractiva, con o sin el empleo de una embarcación
artesanal y además personas que realizan
otros oficios relacionados o conexos a la
pesca, como desconchadores, fileteadores,
encarnadores, entre otros”, sin considerar
los trabajadores de la industria pesquera.
Por lo que es posible considerar que Chile
es un país con “cultura pesquera”.
En 1991, a través
de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA),
se estableció una zona de reserva para
la pesca artesanal, que va desde la orilla
de playa hasta las cinco millas náuticas
al oeste. Esto se traduce en que dicha zona
sería una reserva exclusiva para la
actividad extractiva artesanal.
Además, la misma
LGPA establece la creación de las Áreas
de Manejo y Extracción de Recursos
Bentónicos (AMERB), que son porciones
del litoral que le son entregados en concesión
a sindicatos o agrupaciones de pescadores
artesanales para que, previo a un plan de
manejo, exploten los recursos de estas zonas
en forma moderada y aseguren la sustentabilidad
de la actividad. Modalidad equivalente a un
huerto marino.
También en el año
1991 se instaura en la ley el concepto de
Áreas Marinas Protegidas. Estas AMP
tendrán diversas características,
por lo que se distinguen en la ley:
• Reserva marina (RM): el
artículo 2 Nº43 de la LGPA define
“Reservas Marinas” como un área de
resguardo de los recursos hidrobiológicos
con el objeto de proteger zonas de reproducción,
caladeros de pesca y áreas de repoblamiento
por manejo. Tales áreas quedan bajo
la tuición de SERNAPESCA y solo podrá
realizarse en ella actividades extractivas
por periodos transitorios previa resolución
fundada de la SUBPESCA.
• Parques Marinos (PM):
el artículo 3 letra D define “Parques
Marinos” como aquellos destinados a preservar
unidades ecológicas de interés
para la ciencia y cautelar áreas que
aseguren la mantención y diversidad
de especies hidrobiológicas, como también
aquellas asociadas a su hábitat. Para
la declaración se consultará
a los ministerios que corresponda. Los Parques
Marinos quedaran bajo la tuición de
SERNAPESCA y en ellos no podrá efectuarse
ningún tipo de actividad, salvo aquellas
que se autoricen con propósitos de
observación, investigación o
estudio.
+ Más
Greenpeace solicita al Presidente
de la República que defienda nuestros
oceanos
08 septiembre 2010 – Santiago,
Chile — En pleno año de la Biodiversidad
Greenpeace en Chile entregó al presidente
el mensaje “Defienda nuestros océanos”
el que busca acelerar la discusión
sobre áreas protegidas marinas.
Con un lienzo en el palacio
de Gobierno, activistas de Greenpeace solicitaron
al presidente de la República, Sebastián
Piñera, que defienda nuestros océanos,
instruyendo al recién creado Ministerio
del Medio Ambiente [MINAMB] para que inicie
la discusión sobre la identificación
del 10% de cada eco-región marina,
las que deben estar bajo protección
oficial al año 2012.
Greenpeace exige la necesidad de que el gobierno
de Chile esté presente en la Convención
sobre Biodiversidad que se celebrará
en Nagoya, Japón, con una propuesta
de Parques Marinos para cada eco-región
marina la cual, teniendo en consideración
las características de los ecosistemas
locales, permita asegurar la conservación
de la biodiversidad tanto biológica
como genética, y la recuperación
de los recursos marinos que se encuentren
deteriorados por la acción humana.
Para Samuel Leiva, Coordinador
de Campañas de Greenpeace en Chile
“Dado que estamos en el Año de la Biodiversidad
de la ONU y que contando con la información
del Censo Marino Mundial, el cual señala
que la biodiversidad chilena se encuentra
entre las más ricas del mundo, invitamos
al presidente Piñera a no esperar más
y presentar una propuesta de protección
en la reunión de Nagoya en Octubre
de 2010.”
El estado de Chile se comprometió
el año 2002, ante el Convenio de Biodiversidad
y en la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
a poner bajo protección oficial al
menos el 10% de sus eco-regiones al año
2010, hasta la fecha, Chile sólo cuenta
con sólo un 0,81% de áreas marinas
protegidas.
“Este gobierno debe remediar
la pereza expuesta por los gobierno anteriores
en materia de conservación marina,
y como el plazo de cumplimiento está
dentro de lo que dura el actual gobierno,
creemos que el Presidente Piñera podrá
cumplir los compromisos internacionales”,
recalco el vocero de Greenpeace en Chile.
+ Más
Greenpeace condena la sentencia
sobre Junichi Sato y Toru Suzuki, conocidos
como los Tokyo 2
06 septiembre 2010 - Tokyo,
Japón — Greenpeace considera desproporcionada
e injusta la condena de libertad condicional
de tres años impuesta a los dos activistas
de la organización ecologista que destaparon
la corrupción generalizada en el programa
del Gobierno Japonés de “caza científica”
de ballenas. El Tribunal ha condenado a libertad
condicional a los activistas durante tres
años y si violan cualquiera de los
términos durante ese tiempo serán
encarcelados durante un año.
Junichi Sato y Toru Suzuki
han sido hoy condenados por robo y allanamiento
después de haber realizado una investigación
en la que se denunciaba la malversación
de fondos públicos. Durante esta investigación
los dos activistas interceptaron como prueba
numerosas cajas que provenían del barco
ballenero Nisshin Maru y que contenían
carne de ballena destinadas al comercio privado,
iniciativa que está penalizada por
la regulación del programa de “caza
científica”.
“Aunque el Tribunal reconoce
que existen prácticas cuestionables
dentro de la industria ballenera, no se reconoce
el derecho a denunciarlas, como así
garantiza el derecho internacional” ha declarado
Junichi Sato. “El Pacto Internacional sobre
los Derechos Civiles y Políticos, sobre
los que nuestra defensa se ha basado, está
por encima de la legislación penal
japonesa pero en el procedimiento judicial
no se ha tenido muy en cuenta”, puntualizó
Sato a la salida del tribunal.
“Esta sentencia es totalmente
desproporcionada e inmerecida, quisimos revelar
la verdad sobre el programa japonés
de caza de ballenas y a cambio hemos sido
castigados, mientras que los criminales responsables
del uso incorrecto de los fondos públicos
se pasean libres por la calle”, afirmó
Toru Suzuki, el otro implicado en la investigación.
Después de su arresto
en junio de 2008, Sato y Suzuki fueron retenidos
durante 26 días, decisión que
fue criticada por el Grupo de Trabajo para
las Detenciones Arbitrarias de las Naciones
Unidas (1) ya que vulneraba sus derechos fundamentales
y estaba políticamente motivada. A
continuación se inició un proceso
judicial que ha durado dos años, durante
los cuales los oficiales y la tripulación
de la compañía ballenera se
han contradicho en declaraciones cruzadas
sobre las pruebas existentes sobre la malversación
de fondos.
Al comentar el caso, el
experto internacional en derecho, y testigo
de la defensa en el caso, el Profesor Dirk
Voorhoof ha declarado: “El caso de los dos
activistas ya ha constituido una violación
de sus derechos por la forma que han sido
tratados al ser arrestados durante 26 días.
Si bien la libertad condicional es preferible
al encarcelamiento directo, sigue constituyendo
un fracaso más en el respeto a los
derechos de los dos activistas que nunca debieron
ser arrestados y acusados. También
supone un desaliento para que en el futuro
organizaciones y periodistas investiguen las
malas praxis de las autoridades”.
El caso de Sato y Suzuki
ha generado interés internacional,
desde figuras políticas, como el premio
Nobel Desmond Tutu, hasta grupos de defensa
de los derechos humanos y expertos legales
(2). Durante una visita a Japón del
Comisario de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Navi Pillay, expresó su preocupación
por el caso, particularmente por la vulneración
de los derechos humanos, derechos de libertad
de expresión y asociación. Enfatizó
además la función tan importante
que realizan las ONG en la sociedad y cómo
su trabajo debe ser respetado.
En Chile, activistas de
Greenpeace entregaron una carta al embajador
de Japón en Chile y al ministerio de
Justicia Chileno, con el objetivo de denunciar
las prácticas en contra de los derechos
humanos.
