Greenpeace se sumará
a la concentración contra el cementerio
nuclear que tendrá lugar esta mañana
a las 11:30 en el Ministerio de Industria22
septiembre 2010 - España — Greenpeace
denuncia que el Ministerio de Industria sigue
sin enviar a la Audiencia Nacional los informes
técnicos y de seguridad del cementerio
nuclear centralizado (ATC) y de su centro
de experimentación asociado que la
organización
ecologista había reclamado, a pesar
de haber transcurrido ya tres meses desde
que este tribunal así lo decidiera.
Por ello, Greenpeace ha presentado un escrito
ante la Audiencia Nacional reclamando que
el Ministerio cumpla lo determinado por este
tribunal y haga entrega inmediata de esta
importante documentación.
Asimismo, la organización
ecologista seguirá denunciando la ilegalidad
de este proyecto en los Tribunales y el carácter
antidemocrático del proceso emprendido
por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo
que animará a la ciudadanía
a continuar con la movilización ciudadana.
Antecedentes del recurso
ante la Audiencia Nacional
El pasado 23 de junio, derivado
del recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Greenpeace contra el proceso del cementerio
nuclear, la Audiencia Nacional ordenó
mediante un Auto al Ministerio de Industria
que incluyera en el expediente que ha de entregarse
a las organizaciones demandantes los siguientes
documentos: Proyecto Técnico del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares,
Estudio de Seguridad del ATC, Proyecto Técnico
del Centro Tecnológico Asociado al
ATC para experimentación con residuos
radiactivos y radiactividad, Estudio de Seguridad
del Centro Tecnológico y los Informes
sobre la protección física del
emplazamiento del complejo.
Estos son los informes clave del proyecto
del cementerio nuclear que promueve el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) y
que éste, a través del abogado
del Estado, se negaba a presentar, actitud
en la que persiste a pesar del Auto citado
de la Audiencia Nacional.
Greenpeace destaca que nadie,
ni siquiera los alcaldes de los pueblos que
se han postulado como candidatos a albergar
el cementerio nuclear, ni los parlamentarios
del Congreso de los Diputados, del Senado
o de los parlamentos autonómicos, han
podido ver estos documentos antes de que el
Ministerio de Industria pusiera en marcha
el proceso del ATC.
“El Ministerio de Industria
persiste en su actitud secretista y obstruccionista,
en una clara demostración de la falta
de transparencia del proceso del cementerio
nuclear”, ha declarado Carlos Bravo, responsable
de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Ilegalidades del proceso
promovido por el Ministerio de Industria
Este proceso se ha caracterizado
también por la ausencia de mecanismos
de participación pública previos
al inicio del proceso, por la actuación
a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda
de candidatos negociada en secreto. En ese
sentido, Greenpeace defiende que este proceso
puede considerarse ilegal, pues vulnera claramente
los principios jurídicos contenidos
en el Convenio sobre el acceso a la información,
la participación del público
en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (conocido
como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus
(Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado
por España mediante instrumento de
15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro
país desde el 29 de marzo de 2005.
Por ello, a finales del
pasado mes de febrero, Greenpeace interpuso
un recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional (al que se ha sumado
Ecologistas en Acción) para impugnar
la Resolución del 23 de diciembre de
2009 de la Secretaría de Estado de
Energía del Ministerio de Industria
que daba inicio al proceso de búsqueda
de candidatos para alojar el cementerio nuclear
centralizado (ATC) y su centro de experimentación
nuclear asociado.
Características del
ATC
El ATC es una instalación
muy peligrosa. Los procesos de manipulación
y almacenaje de los elementos de combustible
nuclear que se ubicarían en el interior
del cementerio implican riesgos de accidente,
además de la contaminación radiactiva
rutinaria que se produciría, incluida
la emisión de gases radiactivos al
exterior.
Además, los residuos
radiactivos se tendrían que transportar
desde cada central hasta el cementerio en
tren o por carretera, lo que expondría
a la ciudadanía al riesgo de escape
radiactivo en caso de accidente o sabotaje.
Los contenedores de transporte tienen serias
deficiencias en cuanto a su resistencia a
choques y al fuego. Los estándares
del Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) son fácilmente
superables: resistencia a un choque con una
superficie plana a un máximo de 50
Km/h; resistencia a un impacto sobre una superficie
metálica punzante a un máximo
de 16 Km/h; y resistencia a un fuego de 800
ºC durante tan solo un máximo
de 30 minutos.
Por otra parte, el “Centro
Tecnológico Asociado” sería
en realidad una instalación experimental
nuclear para investigar con técnicas
de transmutación (proceso aún
en fase experimental), lo que provocaría
riesgos adicionales de accidentes y la generación
de nuevos residuos.